(CIMAC).- Las mujeres pobres, indígenas y/o afrodescendientes, rurales y migrantes, enfrentan mayores obstáculos para acceder a información sobre salud sexual y reproductiva, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Este día la CIDH presentó el informe Acceso a la Información en Materia Reproductiva desde una Perspectiva de Derechos Humanos, que analiza e identifica los estándares regionales e internacionales de derechos humanos con relación al acceso a la información en materia reproductiva.
De acuerdo con el documento, las mujeres que habitan en la región americana (países de América Latina) enfrentan diversas barreras para lograr el acceso a información sobre salud y planificación familiar, lo que en muchos casos llega a constituir violaciones a sus derechos fundamentales.
El derecho al acceso a la información se encuentra ampliamente relacionado con el derecho a tomar decisiones de manera informada y sin que exista algún tipo de coerción. El que no exista la posibilidad de acceder a información, señala la CIDH, representa una barrera para poder decidir libremente sobre temas relacionados a la salud.
Las barreras se amplían particularmente en los casos de mujeres que habitan en zonas rurales o marginales, pues, el poder acceder a información adecuada sobre como cuidar su salud sexual o la manera de planificar su familia resulta casi imposible.
La CIDH señaló, a través del informe, que resulta un deber del Estado suministrar información pública adecuada para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, por lo que exhortó a los gobiernos a garantizar a la población femenina el acceso a la información de salud sexual y reproductiva.
El análisis surgió con base en las denuncias presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por mujeres a las cuales se les había practicado una esterilización sin su consentimiento, o bien, se les proporcionó información tergiversada por parte de los funcionarios públicos.
La Comisión tomó como referencia para la elaboración del informe las disposiciones contenidas en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), en donde se establece la obligación de los Estados de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres.
Dentro del informe, financiado por los gobiernos de España y Finlandia, se presentaron catorce recomendaciones encaminadas a apoyar a los Estados pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA) a garantizar y proteger efectivamente el derecho a la información sin discriminación.
Dentro de las recomendaciones se pide a los Estados garantizar la confidencialidad de las mujeres en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como asegurar que la información que sea proporcionada sea completa y adecuada al público que la requiera.
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