Guatemala: Mujeres en el corredor de la muerte por no saber de salud sexual y reproductiva

Especial de SEMlac

Las indígenas de Guatemala no saben qué significa la palabra orgasmo. Tampoco de qué se habla cuando se menciona el término "satisfacción sexual", e ignoran lo que es un preservativo y el uso de la pastilla anticonceptiva.

Pareciera increíble, pero las mujeres q´eqchi´, una de la 22 etnias que conforman el 60 por ciento de la población de este país centroamericano, jamás han oído hablar de la salud sexual y reproductiva.

Eso, sin embargo, no se atribuye exclusivamente a que en su cultura el tema sexual es un tabú, porque los indígenas guatemaltecos no conciben el uso de métodos anticonceptivos y creen fervientemente en ix chel, la diosa de la fertilidad.

También prevalece el patriarcado. Entre las indígenas, siete de cada 10 mujeres piden permiso a la pareja para asuntos relacionados con su sexualidad y su reproducción, explicó la directora de la asociación de mujeres Tierra Viva, Evelyn Morales, "y eso es un obstáculo para el control prenatal", explica.

Mirna Ponce, quien dirige el observatorio de salud sexual y reproductiva del Congreso de la República, se lamenta de ese hecho y aclara a SEMlac que "la realidad es que ellas no saben nada porque aquí somos racistas y no nos interesa que las indígenas se enteren".

El hecho que refiere Ponce provoca que las descendientes mayas integren el llamado "corredor de la muerte", porque ni siquiera conocen cómo espaciar un embarazo o qué hacer durante el parto.

Si bien Guatemala es el país de Latinoamérica con el índice más alto de mortalidad materno infantil (por cada 100.000 niñas y niños nacidos vivos mueren 153 mujeres), las q´eqchi´ duplican esa cifra en una población de 780.000 habitantes.

En esa comunidad, donde no se habla español y tampoco hay traducciones para explicar el tema sexual y reproductivo, mueren 266 guatemaltecas por cada 100.000 nacidos vivos, cuando van a parir un hijo.

Tanto en la etnia q´echi´ como en el resto de las mujeres mayas del país, las causas de la mortalidad materno-infantil siguen siendo las hemorragias, las infecciones y la hipertensión, precisa Ponce.

Males que, según sostiene Jaqueline Lavidalie, del Programa Nacional de Salud Reproductiva del ministerio de salud Pública, siguen llevando a la tumba también a otras guatemaltecas que van a dar a luz.

Esas cifras mantienen vigentes los datos de la encuesta más reciente de salud materno infantil de 2003, según la cual cinco de cada 10 muertes maternas en el país ocurren en el hogar, y cuatro de cada 10 se registran en establecimientos de salud públicos o privados.

Distante es la atención sexual y reproductiva que hay entre una mujer mestiza y una indígena en Guatemala. Mientras las madres mayas mueren a razón de 211 por 100.000 nacidos vivos, entre las ladinas la cifra es de 70 por 100.000.

Las complicaciones del embarazo y el parto son las principales causas de muerte entre las mujeres de 15 a 49 años en el país, explica a SEMlac Edilzar Castro, gerente de mercadotecnia de la Asociación Pro Bienestar de la Familia (APROFAM), una entidad dedicada a la atención sexual y reproductiva en Guatemala.

Sólo cuatro de cada 10 nacimientos son atendidos por médicos o enfermeras. El resto lo hacen las comadronas.

En este país hay al menos 22.000 comadronas que pertenecen a las comunidades indígenas y, actualmente, reciben capacitación para atender partos y emergencias en caso de complicaciones, destacó Lavidalie a SEMlac.

Entrenar a las comadronas, en principios de ginecología y obstetricia, es una vía para intentar convencerlas de llevar a las mujeres embarazas a control prenatal por parte de médicos calificados en centros de salud. Ello, precisa Lavidalie, reduciría la cantidad de complicaciones durante el parto en lugares apartados.

Aun cuando hay hemorragias severas durante el parto, hay esposos, suegras e incluso comadronas que prohíben a la parturienta salir de su comunidad, autorizar que viaje a un centro de salud para una revisión de rutina es más complicado todavía.

El epidemiólogo del programa de Salud Reproductiva, Julio Colindres, considera que, mientras más mujeres tengan sus partos en casa, más posibilidades de morir tienen. La principal causa es la hemorragia, que ni una partera experimentada puede detener, ya que para ello son necesarios medicamentos y conocimientos que ellas no poseen.

Aun cuando se logra que se le permita a la mujer ir a un centro de atención médica, la falta de vías de tránsito adecuadas produce demoras fatales.

El presidente Álvaro Colom anunció en septiembre pasado que su gobierno buscaría reducir de 153 a 140 la tasa de mortalidad de mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos.

Uruguay: Mujeres marcharon por derechos sexuales "Desnudas y pintadas"

Fuente: EFE

Este jueves una veintena de mujeres marcharon con sus torsos desnudos y pintados, desde el Palacio Legislativo a la Plaza Libertad, para reivindicar el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Uno de los principales reclamos fue la despenalización del aborto.

Enmarcada en la campaña "Tus derechos sexuales y reproductivos valen", de la organización Mujer y Salud en Uruguay, la iniciativa atrajo la atención de numerosas personas, que se detuvieron para contemplar el desfile y, en muchos casos, tomar fotografías.

Con el rostro maquillado de blanco y la imagen de la campaña, una flor rodeada de colores, pintada en el torso, el colectivo trató de "instar a la reflexión sobre la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, que afectan a la calidad de vida de mujeres y hombres", dijo su organizadora, Daniela Tellechea.

La activista indicó que otro de los objetivos de esta intervención urbana pasa por "demandar al sistema político que haga propuestas" concretas e incluya temas como el aborto o la homofobia en la campaña electoral en curso para las elecciones del 25 de octubre.

"El sistema político tiene que contar cómo va a solucionar problemas como el crecimiento del VIH entre las mujeres o el aborto ilegal y clandestino", señaló Tellechea, quien animó a "todos los uruguayos" a sumarse a esta iniciativa.

El presidente Tabaré Vázquez, vetó el año pasado un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos aprobado por el Parlamento que despenalizaba el aborto en las 12 primeras semanas del embarazo.

En la marcha de este jueves, que inició su recorrido en el Palacio Legislativo, se podían leer frases como "¿Qué propone tu candidato?" o "Cada 20 minutos, un aborto clandestino en Uruguay".

La movilización se detuvo en la Plaza de la Independencia, frente al Edificio Libertad donde se encuentra la nueva sede de Presidencia, y por último, se detuvieron en la Plaza Libertad, "un lugar muy emblemático" y escenario de muchas otras "demandas de este tipo, en defensa de los derechos humanos", indicó Tellechea.

Nicaragua: Penalizar el aborto es tortura, advierte la ONU

Por: José Adán Silva / IPS

Por primera vez, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas abordó este mes el caso de la penalización de toda forma de aborto en un país como una medida que violenta derechos humanos fundamentales. Ese país es Nicaragua.

El Comité, reunido en su 42 periodo de sesiones en la ciudad suiza de Ginebra, urgió al Estado nicaragüense a revertir la reforma legal que en 2006 penalizó sin excepciones el aborto voluntario, y demandó flexibilidad, en especial en casos de violación e incesto.

Fue el día 14 cuando el Comité contra la Tortura expresó "su profunda preocupación por la prohibición general del aborto", contenida en varios artículos del Código Penal reformado en 2006 y puesto en vigencia en 2008.

El gobierno del sandinista Daniel Ortega no ha reaccionado hasta ahora sobre un pronunciamiento que vincula la prohibición del aborto terapéutico con la tortura.

Nicaragua se convirtió en 2006 en uno de los escasos países del mundo que castigan penalmente a las mujeres que se realicen un aborto cuando se trata de gestaciones fruto de violaciones sexuales o incesto, o cuando la vida de la madre corra peligro, los supuestos en que anteriormente era legal la interrupción del embarazo.

Chile, El Salvador y República Dominicana son los otros países latinoamericanos que penalizan el aborto inducido sin excepciones, a los que se unen Malta y Filipinas en el resto del mundo.

El Comité citó en su informe sobre la nación centroamericana que la prohibición del aborto para las víctimas de agresiones sexuales significa "una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas" y supone "un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos, tales como ansiedad y depresión".

En Nicaragua el aborto terapéutico era legal desde 1893 y su prohibición fue posible por la unión a favor de los dos principales partidos políticos del país, el izquierdista y ahora gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y el derechista Liberal Constitucionalista.

La penalización absoluta del aborto se produjo en plena campaña de las elecciones que devolvieron a la presidencia a Ortega en 2007. Las organizaciones de mujeres coinciden en que cálculos electorales llevaron al político a pactar la prohibición absoluta del aborto con la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas.

Analistas coinciden en que el retorno al poder del ex guerrillero se facilitó por un pacto político-religioso con el cardenal Miguel Obando y Bravo, quien ahora preside una comisión humanitaria gubernamental, después de haber sido jubilado por el Vaticano como líder de la Iglesia Católica en el país.

Ortega gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, primero como miembro de la junta establecida por los sandinistas tras derrocar a la dictadura de la familia Somoza y luego como presidente. Entonces Obando y Bravo era uno de los líderes opositores.

El Comité encargado de registrar y denunciar los actos de tortura humana, instó al Estado de Nicaragua a reformar la ley y restablecer el aborto en situaciones de emergencia y cuando medie la violencia de género.

"El Comité urge al Estado Parte a que revise su legislación en materia de aborto, tal como fue recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", dictó en su informe.

En concreto propuso al país estudiar "la posibilidad de prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto", y así cumplir las directivas de la Organización Mundial de la Salud.

El Ministerio de Salud, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Nicaragüense de la Mujer y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía que desde la Presidencia administra la esposa de Ortega, Rosario Murillo, declinaron comentar a IPS el pronunciamiento del Comité.

La Curia Arzobispal en Managua dijo a IPS que la postura de la Iglesia Católica respecto al aborto es inalterable.

El no gubernamental Movimiento Autónomo de Mujeres, participante destacado en la lucha por la despenalización del aborto terapéutico, consideró que el pronunciamiento del Comité contra la Tortura es "una condena internacional contra Nicaragua".

"El Comité ha señalado que la penalización total del aborto, sin dejar excepciones, violenta el status legal de las mujeres, al no permitirles salvar su propia vida o disminuir los riesgos en su salud física o psicológica", señaló a IPS Juana Jiménez, dirigente de la organización.

Jiménez dijo que el órgano rector internacional da la razón a las mujeres organizadas del país que denunciaron la reforma legal como una imposición por motivaciones políticas y "una contradicción con los pactos de derechos humanos y las convenciones específicas en materia de reconocimiento a los derechos de las mujeres".

El Movimiento Autónomo fue una de las organizaciones que envió sus consideraciones al Comité contra la Tortura, con el argumento de que la ley que penaliza el aborto terapéutico "contiene todos los elementos de la tortura determinados en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura".

Desde que se aprobó la penalización total del aborto, decenas de organizaciones de mujeres, médicas y de derechos humanos demandaron también la reversión de la norma ante la Corte Suprema de Justicia.

Pero el caso está paralizado en el máximo tribunal del país, critican los demandantes.

Finalmente, en abril, el vicepresidente de la Corte Suprema, el magistrado Rafael Solís, anunció un anteproyecto de sentencia que revertiría la reforma antiabortista, en respuesta a las demandas de la sociedad civil.

El anuncio formaría parte de un nuevo cambio en las relaciones de Ortega con la jerarquía católica, con la que está ahora fuertemente enfrentado. La Iglesia acusa a Ortega de fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008 y el presidente replica rodeándose en público de imágenes católicas y proclamándose como el "cumplidor" de los designios divinos para "el pueblo".

Sectores feministas interpretan el anuncio de la Corte Suprema como una amenaza a la jerarquía católica si sigue con sus críticas a los resultados electorales, y no como una voluntad de impulsar una sentencia que reponga el derecho parcial al aborto.

El magistrado de la Corte Suprema, Sergio Cuarezma, cercano a la oposición liberal, confirmó a IPS que no existen proyectos de sentencia favorables a restituir el aborto terapéutico. Pero no se pronunció sobre el dictamen del Comité.

"En la Corte Suprema de Justicia se encuentran dos recursos de inconstitucionalidad, uno, en contra de la ley del 2006 que deroga el aborto terapéutico del Código Penal antiguo y el otro en contra de la ley del 2008, Código Penal vigente que no contempla dicha figura", informó.

Cuarezma precisó que hay 72 recursos interpuestos contra la disposición legal y que la población y los recurrentes deben saber que "no hay proyecto circulando, pero sí voluntad de resolverlo".

La administración de Ortega ha sostenido desde su ascenso al poder en 2007 una relación conflictiva con las organizaciones feministas y las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, a las que acusa de ser "agentes del imperio" y de "conspirar" para derrocarlo.

Para la activista Jiménez, las autoridades deberían cumplir las recomendaciones del Comité rápidamente "porque ser señalados de estar cometiendo tortura contra las mujeres, que representamos más de la mitad de la población nicaragüense, implica el riesgo de ser calificado internacionalmente como un Estado violador de los derechos humanos".

La Convención que da vida al Comité reconoce como tortura "todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido".

Además considera tortura el acto de castigo físico o mental para intimidar o coaccionar "por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia".

"La ley contra el aborto terapéutico es una tortura. Causa dolor y sufrimiento, fue impuesta con motivaciones específicas, refleja el propósito de intimidar y coaccionar a mujeres y médicos, como trata de imponer una creencia religiosa a costa de la salud, aun cuando el país es laico según la Constitución, y es infligida como política de Estado", denunció Jiménez.

México, estancado en políticas de salud sexual y reproductiva

Por Sandra Torres Pastrana/ CIMAC

México ha tenido avances muy importantes con respecto a salud sexual y reproductiva en la Ciudad de México, pero los gobiernos conservadores, sobre todo en el norte y centro del país, no han tenido una agenda que responda a ello, marcando retrocesos en programas que fueron muy exitosos en su momento y que ahora están abandonados.

Así lo manifestó en entrevista para Cimacnoticias María Antonieta Alcalde, coordinadora del área de comunicación de la Federación Internacional de Planificación Familiar del Hemisferios Occidental (IPPF/RHO).

Para México, el cumplimiento de políticas que aborden la protección de los derechos sexuales y reproductivos responde a las recomendaciones de la plataforma de El Cairo, signada durante la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) de Naciones Unidas.

La cuadragésima segunda reunión de sesiones de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) de Naciones Unidas, conocida como Cairo+15, se llevará acabo del 30 de marzo al 3 de abril en la ciudad de Nueva York.

El tema central es “La contribución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo a los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

Los miembros de la mesa serán: como presidenta, Elena Zúñiga Herrera (México) y como Vice-Chairpersons: Mr. Raja Nushirwan Zainal Abidin (Malaysia), Ms. Yera Ortiz de Urbina (Spain), Ms. Ivanka Tasheva (Bulgaria) and vicepresidentes, Raja Nushirwan Zainal Abidin (Malasia), Ortiz de Urbina Año (España), Ivanka Tasheva (Bulgaria) eIrene Bwalya Muloshi Tembo (Zambia) Irene Bwalya Muloshi Tembo (Zambia).


MÉXICO ESTANCADO

En suma, afirmó Alcalde, en México hay un estancamiento en programas de planificación familiar y educación sexual, las estadísticas se detuvieron, “no avanzan ni retroceden”, lo cual es muy grave porque demuestra que el Gobierno no presta atención a los temas y que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) deben de realizar estrategias diferenciadas e inmediatas.

Asimismo, indicó que esta contradicción en cuanto a los avances que hay en la Ciudad de México, sobre todo referidos a la interrupción legal del embarazo (ILE) y de los retrocesos en el norte y centro del país, con cambios constitucionales que otorgan personalidad jurídica al feto, es una alerta y habla de que las OSC que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las mujeres se concentran en el Distrito Federal, pero no han sabido fortalecer a las organizaciones que están trabajando en los estados del país.

Por un lado, dijo que la Ciudad de México avanza pero se está generando también una ola de retroceso que golpea a todas las organizaciones del interior de la República, los cuales la pasan muy mal, lo cual hace necesario revisar las estrategias e identificar cómo se descentraliza la experiencia y trabajo que se realiza desde la ciudad.

RETOS PARA LA REGIÓN

En cuanto a la experiencia en América Latina y el Caribe, Alcalde afirmó que no hay duda de los avances y que la plataforma de El Cairo ha sido muy importante para estos, por ejemplo, en la reducción de la mortalidad materna, pero que sigue siendo un reto en muchos países, aunado al incremento en el uso de anticonceptivos.

Otro de los temas pendiente y prioritarios, consideró Alcalde, es el aborto, sobre todo en los países donde ya es legal y hay causales para tener acceso, pues ahí se deben crear normas y lineamientos adecuados para que las mujeres verdaderamente puedan hacer uso de esas leyes y puedan acceder a la interrupción legal del embarazo.

Además, insistió en que se debe ampliar la despenalización del aborto, por lo menos en los casos donde el embarazo sea producto de una violación, donde la vida de la mujer corra peligro o en caso que el producto pueda tener malformaciones.

Otro de los retos para los países de la región, puntualizó Alcalde, es la inclusión de la morbilidad materna, no incluida en los programas de salud y donde se reportan muchas mujeres afectadas de por vida.

El tema de jóvenes y sus derechos sexuales y reproductivos, el acceso a los servicios de salud reproductiva, dignos y amigables que estén especialmente diseñados para ellos, es un tema que pocos países han cumplido, refirió.

Por otro lado, la integración de la educación sexual a las escuelas ha sido cumplida por muy pocos países y, por lo tanto, hace recordar la importancia del acuerdo que se firmó el pasado agosto en México, en el contexto de la Conferencia Internacional sobre SIDA, donde ministros de educación y salud de toda la región suscribieron la declaración “Prevenir con educación” para detener el VIH en Latinoamérica y el Caribe.

Otro tema que muchos países han descuidado es la disminución de la maternidad en adolescentes, pues ésta va en aumento. Y en materia de VIH/SIDA la mayoría de los países de la región tiene identificados como grupos de mayor incidencia a los hombres que tienen sexo con hombres o solo a trabajadoras del sexo comercial.

Sin embargo, destacó, existe una amenaza latente de que ocurra una epidemia generalizada, si los países no trabajan con mujeres específicamente en prevención.

Para Alcalde, las tazas de prevalencia de mujeres que se infectan cada vez crecen más, por lo tanto es fundamental que los gobiernos vean a las mujeres y no olviden un tema fundamental, como lo es la violencia hacia las mujeres.

Un tema que aunque no está en la agenda, pero es trasversal, puntualizó Alcalde, es la rendición de cuentas y acceso a la información, los cuales son fundamentales. “Así como las OSC, vimos a Cairo como nuestra agenda, también tenemos que ser consideradas y estar sentadas en la mesa donde se toman las decisiones”.

INFORME REGIONAL DE OSC

Además, necesitamos datos que sean mucho más claros por parte de los gobiernos, nosotros en IPPF con otras OSC nos organizamos para hacer un informe regional y analizar cómo va el avance de la plataforma de El Cairo en la región, con seis indicadores específicos, y uno de los datos fue que o no hay estadísticas o más demasiados datos y estos se contradicen entre ellos.

Ejemplo de esto son los datos del Sistema de las Naciones Unidas que se contradicen con las estadísticas nacionales y a su vez se contradicen con las investigaciones alternativas, como las de OSC. Por lo tanto, es fundamental fortalecer los sistemas de información, de tal manera que las OSC podamos saber qué está pasando, pero que también los gobiernos puedan tomar decisiones sobre bases sólidas.

“Es escandaloso que no se pueda tener datos sólidos, por lo tanto las decisiones se toman un tanto intuitivas debido a que no se sabe en realidad lo que está pasando”.

Finalmente, Alcalde manifestó que actualmente existe una necesidad muy grande de las OSC de replantearse qué es lo que se va ha realizar a cinco años que le quedan a los programas de acción de El Cairo, por tanto es importante priorizar temas y trabajar coordinadamente.