Conquistas de mujeres difícil de concretar

Danilo Valladares
IPS La mujer mesoamericana, tras duras batallas, logró avanzar en el respeto de sus derechos en el decenio 2001-2010, pero aún cuesta materializar esas conquistas en la vida cotidiana, coinciden académicas. "Hay logros varios, sobre todo, en lo formal y legal en favor de los derechos de las mujeres", aseguró a IPS Adelay Carías, investigadora de la no gubernamental hondureña Feministas en Resistencia.

"Ahora todos los países poseen leyes contra la violencia doméstica y tienen institutos nacionales de la mujer. Además, hay fiscalías de la mujer y el movimiento feminista se ha posicionado ante los estados con una importante capacidad de incidencia y diálogo", agregó en referencia a la región mesoamericana.

La zona comprende los nueve estados del sudeste mexicano más Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con una población de unos 70 millones de personas, en gran parte mujeres y niños pobres.

A pesar de los progresos, la activista cree que estos logros aún no son tangibles para ellas. "Los cambios reales y sustanciales en la vida de las mujeres todavía son grandes desafíos", dijo.

Carías citó que en lo económico, la violencia y otros aspectos se siguen coartando los derechos femeninos, una situación que ha adquirido un tinte particular en Honduras derivado del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009.

"Las mujeres teníamos derecho a utilizar la pastilla anticonceptiva de emergencia desde hace 20 años pero al día siguiente del golpe la prohibieron. Hemos sido víctimas de represión y nuestro Instituto Nacional de la Mujer fue debilitado", se quejó.

Walda Barrios, directora del programa de género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Guatemala, dijo a IPS que, sin duda, en este decenio se ha caminado en la lucha por los derechos de la mujer mesoamericana.

"En países como Costa Rica, México, Guatemala y El Salvador hay legislación específica que condena la violencia de las mujeres de manera particular con el concepto de feminicidio", ejemplificó.

También observa adelantos en otros campos. "En el caso guatemalteco hemos visto que se han abierto espacios académicos e institucionales como la creación del Instituto Universitario de la Mujer de la universidad de San Carlos", mencionó.

Esta nueva institución comenzó a funcionar en 2005 y entre sus funciones está potenciar la participación de las mujeres en la conducción del desarrollo de Guatemala y plantear soluciones para eliminar la opresión, exclusión y discriminación de que son víctimas.

Barrios también reconoció que se fortaleció la Secretaría Presidencial de la Mujer, creada en 2000 con el fin de coordinar las políticas públicas para promover el desarrollo femenino.

Pero no todo han sido conquistas femeninas en la última década. La marginación de la mujer en la arena política continúa, consideró la activista. Y los datos lo confirman.

Según la Unión Interparlamentaria Mundial, en la región mesoamericana Costa Rica es el que cuenta con más representación parlamentaria femenina, con 39 por ciento del total de legisladores, seguida por México con 26 por ciento, hasta llegar a Belice que no tiene ninguna diputada.

"También hubo retrocesos como en el caso del aumento de la violencia contra las mujeres", indicó Barrios. Aunque, paradójicamente, ha aumentado el número de instituciones que velan por sus derechos y de leyes que castigan estos crímenes.

En 2009, organizaciones de mujeres denunciaron más de dos mil feminicidios ocurridos en los países de América Central y México. En Guatemala, el más hostil del área para las mujeres, más de 5.000 mujeres fueron asesinadas entre 2000 y 2011 sin que nadie pueda frenar las ominosas cifras.

"Es el machismo, el patriarcado, el pensar que nuestro lugar es ser madres, esposas y guardianes de la casa y producir conocimiento es cosa de hombres. Aunque ha ido cambiando, es la ideología dominante", señaló Barrios.

Mayra Alvarado de la no gubernamental Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG comparte los mismos criterios que Barrios, pero quiso poner énfasis en sus preocupaciones.

"Hay cambios favorables para las mujeres en sí, pero después de diez años el tema de la violencia se ha incrementado de manera desbordante, mientras que en materia política hay dificultades para que las mujeres puedan acceder a puestos públicos", dijo a IPS.

"Las condiciones de desigualdad social como la pobreza en que sobreviven la mayoría de las mujeres, el analfabetismo, menos oportunidades para la educación, etcétera, conducen a la violencia", explicó.

En el mundo femenino también hay grupos que sufren la marginación de forma particular, a menudo, más cruel: las mujeres indígenas, aunque en este campo también se han superado obstáculos.

"Muchas mujeres crecieron ya en conciencia de ser personas valiosas que pueden aportar y eso es una batalla ganada, porque ha sido un pueblo siempre relegado", dijo a IPS la mexicana Margarita Mayoral del no gubernamental Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas.

"Se creía incluso que no eran personas, sino animales", remarcó.

"Por supuesto que falta mucho", reconoció, pero "hay que reconocer la conciencia de muchos indígenas mujeres y hombres que han recuperado su dignidad".

Fuera del decenio, en México, donde conviven 62 pueblos autóctonos, consideró que fue clave el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), "porque se visibilizaron los pueblos indígenas quienes dijeron estamos presentes y queremos que nos tomen en cuenta como sociedad".

El 1 de enero de 1994, miles de indígenas del sureño estado mexicano de Chiapas organizados en el EZLN declararon la guerra al gobierno e informaron que avanzarían hacia la capital para instaurar el socialismo, algo que tras 15 días de combates finalmente no sucedió, pero que sí llamó la atención de estos pueblos.

Pero la lucha continúa. "Las y los indígenas tienen que ser los sujetos activos de su propio desarrollo en la medida que van creando conciencia de su ser, de personas valiosas y que pueden aportar a toda la sociedad y a todo el mundo", concluyó.


Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98591

Centroamérica: Violencia de Género agrava problemática sobre la Mujer...

Por: Yeanny González Peña

La violencia contra la mujer cobra cada año su cuota de sangre en todo el mundo, y Centroamérica no está exenta de este flagelo, principalmente en sus países más pobres.

De acuerdo con organizaciones humanitarias, las cifras más desalentadoras se concentran en el denominado Triángulo Norte Centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala), donde hay elevados índices de pobreza y aumenta la acción del crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas.

En Honduras fueron asesinadas unas 250 féminas en lo que va de 2010, indican fuentes oficiales.

El pasado año, el país registró 325 crímenes contra el sector, mientras que en Guatemala se reportaron 546, en El Salvador 475, en Nicaragua 69, en Panamá 45 y en Costa Rica 34.

En esos países, empobrecidos por las políticas neoliberales, las guerras y los desastres de la naturaleza, las precarias condiciones de vida aparecen como el gran detonante de la violencia.

La inseguridad en el istmo va de la mano con los índices de miseria y sus consecuencias, como el analfabetismo, la carencia de servicios de educación y salud, así como la falta de empleo, entre otros males, consideran expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Honduras, con una pobreza que alcanza al 73 por ciento de su población, posee unos 36 mil pandilleros; El Salvador, que presenta una pobreza de 41.40 por ciento, le sigue con 30 mil; y Guatemala, con 47.40 por ciento de pobreza, tiene unos 14 mil mareros, según cálculos oficiales.

La mujer no escapa a la criminalidad causada por la delincuencia, las pandillas juveniles y los escuadrones de la muerte, que continúan actuando en la región pese a las políticas de mano dura.

Esa situación es más evidente en los últimos seis años, cuando los crímenes contra ellas se duplicaron bajo el denominador común de la impunidad, denunció el Consejo de Ministras de la Mujer en Centroamérica (COMMCA).

"Ante esas muertes, seguimos escuchando las mismas respuestas: que se trata de ajustes de cuentas, problemas pasionales, pandillas y narcotráfico; sin embargo, jamás se ahonda en sus verdaderas causas", explicó Carolina Sierra, coordinadora de la organización.

Para la directora del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá, Markela de Herrera, las principales causas del feminicidio también están en "el hábito, la cultura y la práctica de verlas como un objeto; de vivir en una sociedad machista donde el hombre cree que es dueño de las decisiones y la vida de ellas".

Esa institución considera urgente reaccionar ante el hecho de que los asesinatos de mujeres crecen más rápidamente que los de hombres en la región.

La directora ejecutiva del Centro Feminista de Información y Acción de Costa Rica, Ana Carcedo, ejemplificó al respecto con El Salvador, donde entre 2000 y 2006 los homicidios aumentaron en un 40 por ciento frente a un 111 por ciento en el género opuesto, tendencia similar en Guatemala y Honduras.

La violencia hacia el denominado sexo débil ha sido reconocida como un problema mundial de grandes dimensiones, el cual causa más muertes y daños a las mujeres de entre 15 y 44 años, que la malaria, el SIDA y la guerra.

Ese fenómeno impacta de forma significativa los hogares más humildes, en muchos de los cuales el panorama económico es particularmente sombrío pues el trabajo femenino es la única barrera que los separa de la indigencia.

Este sector de la población, uno de los más vulnerables, necesita con urgencia de la acción del estado, tanto en la provisión de seguridad como en la elaboración de políticas que lo cobijen de los avatares de la economía.

Las insuficientes políticas públicas encaminadas a reducir la desigualdad y la violencia de género conducen a la necesidad de visibilizar y lograr el reconocimiento público de estos problemas.


Fuente: PL

Desde mi activismo feminista...

Por Josefina Pantoja Oquendo /Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora

A pocos días de haber conmemorado el centenario del Día Internacional de la Mujer, me permito mirar hacia atrás con ojos feministas para repasar cómo y cuándo me incorporé a esta forma de vida sin la cual no podría imaginarme. No fue en la adolescencia, ni siquiera en mi paso por la universidad, aunque allí comencé a abrir los ojos a tantas realidades que evidencian el discrimen por diferentes causas. Entonces no había cursos de género y eran muy pocas las profesoras que abordaban sus clases desde esa perspectiva. Aunque me chocaban las limitaciones que el Código Civil les imponía a las mujeres, no fue hasta mi último año en Derecho que una investigación sobre el estudio que hizo la Comisión de Derechos Civiles sobre el discrimen por sexo en Puerto Rico desnudó ante mis ojos la situación que sufrían las mujeres. El impacto quedó en suspenso pues me ahogó la preparación para la reválida, la búsqueda de empleo y mucha decepción ante la realidad de que el ejercicio del Derecho no necesariamente te permite conseguir que se haga justicia. Afortunadamente, el primer triunfo del Partido Nuevo Progresista en el 1976, me llevó a cambiar de trabajo. Fue así como en Servicios Legales la unión que nos representaba me pidió que participara en la Segunda Conferencia de la Mujer Trabajadora.

Compañeras de labores como María Dolores Fernós y Frances Díaz, que habían participado en la Federación Puertorriqueña de Mujeres y otras feministas que hoy son mis grandes amigas, estaban allí. Los talleres, diálogos, consensos y diferencias sobre múltiples temas vinculados al género, contribuyeron a que la vegabajeña que todavía no se acostumbraba al área metropolitana, encontrara otra forma de vivir. Algo tenía que hacer para contribuir a que las cosas cambiaran. Las pocas organizaciones feministas que existían y las mujeres no afiliadas enfrentaban con sus posiciones y propuestas de equidad los males del Patriarcado. En el 1982 se constituyó la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, como secuela de las discusiones de aquella Segunda Conferencia y posteriores reuniones. Me siento muy orgullosa de haber contribuido a la formación de la OPMT que se mantiene viva y militante.

En todos estos años de activismo feminista muchas han sido las banderas levantadas en contra del discrimen por género: la desigualdad salarial que favorece a los varones en trabajos iguales o comparables; la clasificación de profesiones y oficios en términos de género; el techo de cristal que dificulta ascender a puestos de mayor poder donde se establecen políticas públicas y se toman decisiones; la falta de reconocimiento del valor social y económico del trabajo doméstico y la protección de las mal llamadas amas de casa. Otra de las banderas por la que más angustia e impotencia siento es la violencia por género que atenta contra nuestro derecho a vivir en paz, con dignidad. ésta es la más degradante manifestación del discrimen. La feminización de la pobreza, los múltiples roles que se nos adjudican, la intromisión de los sectores religiosos fundamentalistas en asuntos de legislación y políticas públicas para despojarnos del derecho básico a controlar nuestros cuerpos y sistemas reproductivos y el aval que les dan las personas que detentan el poder político por intereses electorales y partidistas, también son agenda constante.

Esta mirada en retrospectiva me satisface porque ondear colectivamente esas banderas de lucha por los derechos de las mujeres ha rendido buenos frutos, aunque falta la mejor cosecha. El tema de los derechos humanos de las mujeres ha cobrado más presencia. Ahora hay cursos y currículos sobre género en las universidades. Con mucho esfuerzo hemos logrado importante legislación que contribuye a hacer más efectiva la garantía constitucional de que no se discrimine por razón de sexo. Esto es el resultado de una de las características más importantes del feminismo: la búsqueda de consensos, la aceptación de la diversidad, el trabajo en redes y coaliciones para tener mayor fuerza e influencia en contra de las personas, políticas y poderes que obstaculizan la reivindicación de nuestros derechos. Siento que el movimiento feminista mantiene un espacio de respeto en la sociedad civil, que contribuye además a influenciar las luchas que se están dando en otros escenarios como el ambiental y la protección a los recursos naturales, en el área laboral, cultural, en las comunidades. Nuestra presencia se ha sentido en la jornada que contra las medidas de reestructuración económica implantadas por el gobierno actual llevan a cabo los frentes y coaliciones organizadas. No ha sido fácil hacerlo porque dondequiera se cuecen habas y el movimiento sindical en Puerto Rico mantiene muchos resabios machistas. Aun así hemos perseverado porque el impacto principal de las medidas de Fortuño ha recaído sobre las trabajadoras que son mayoría en el sector público.

Esta mirada sobre el feminismo pone también de manifiesto los múltiples retos que tenemos. Hemos avanzado en este largo camino, pero no tenemos tregua. Apenas estamos celebrando una victoria cuando “las fuerzas del mal” integradas por religiosos fundamentalistas, legisladores de pocas luces y ansias de poder, patronos ambiciosos, medios de divulgación pública inescrupulosos, analistas radiales y de televisión, procuradoras nombradas con criterios partidistas y no por sus méritos, pretenden arrebatarnos los derechos y los espacios logrados con lucha, organización, determinación y militancia. Esto nos coloca en la posición de defender sin tregua lo alcanzado y al mismo tiempo tratar de avanzar en la reivindicación de los derechos que como humanas nos corresponden.

Tengo mucha esperanza en las feministas jóvenes. Hasta hace pocos años sentía gran preocupación porque no las veía incorporadas al trabajo organizado. Sin embargo, de un tiempo para acá, siento un gran alivio. Ellas están ahí y de qué manera: en el Movimiento Amplio de Mujeres, en las Masfaldas, en el Movimiento al Socialismo, en Taller Salud, en la facultad de Derecho de la UPR, en Coordinadora Paz para la Mujer, en la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y en tantos otros espacios. Son mujeres con formación en asuntos de género, amplia capacidad en el área tecnológica cibernética; con mucha creatividad para hacer actividades distintas e innovadoras; valientes en la acción y en la palabra. Me llenan de orgullo y de tranquilidad espiritual porque sé que por sus convicciones y conciencia de género levantarán las banderas de las metas que nos faltan por alcanzar. Las estrategias podrán ser distintas y es bueno que lo sean, pero el compromiso es el mismo. Disfruto mucho las actividades en las que participamos juntas y aprendemos unas de las otras.

El discrimen y la opresión contra las mujeres todavía es una realidad, pero comenzamos a ver más parejas con una división equitativa de los roles y las tareas y el tema de la equidad de género llegó para quedarse en el espacio público. Los cambios sociales son lentos y nosotras no podemos desalentarnos en el empeño por alcanzarlos. Mientras hay vida hay esperanza, dice el refrán y yo digo que sin esperanza en la lucha, no vale la pena vivir. Por eso soy feminista.

La autora es abogada y portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora.

Alertan del aumento del feminicidio y la trata de mujeres en Centroamérica

Fuente: AFP

El femicidio y la trata y tráfico de mujeres "están alcanzando categoría de epidemia" en los países centroamericanos, alertaron dos informes presentados este martes por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Agencia Española de Cooperación (AECID) en Madrid.

"El femicidio y la trata y tráfico de personas son dos fenómenos en alza de violencia contra las mujeres en los países de Centroamérica", son las conclusiones de estos informes, elaborados por el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA), órgano del SICA especializado en temas de género, en colaboración con la AECID.

En algunos países hay más de 100 por 100.000 habitantes, por lo que "los niveles de homicidios de mujeres en la región están alcanzando categoría de epidemia", declaró la autora del estudio, Ana Carcedo.

Guatemala es el país más afectado, con algo más de 5.000 entre 2000 y 2009, seguida por Honduras, El Salvador y República Dominicana, mientras en toda la región el número de feminicidios se duplicó entre 2003 y 2009.

Estos datos aparecen en un contexto de incremento general de los homicidios en los últimos años, pero los de mujeres crece con más rapidez: entre 2003 y 2007, el número de asesinatos de hombres aumentó un 50%, mientras que el de mujeres se incrementó un 160%.

El informe sobre feminicidio alerta de que "crece el riesgo para las mujeres más jóvenes, con menos experiencia y menos conocimiento para buscar ayuda", "se cometen más en lugares públicos" y "por redes y grupos organizados" y "la impunidad alimenta" este crimen, según las conclusiones, difundidas por la AECID.

Además "los escenarios históricos de marginación se fortalecen y se establecen sinergias con los nuevos", mientras "aumenta el uso de armas de fuego en relación directa con la dinámica armamentística de la región".

En cuanto al informe sobre la trata y tráfico de mujeres, el primero realizado en la región, se constata que es "un problema social en expansión".

"Tiene fines de explotación sexual fundamentalmente, pero coexiste con (...) la venta de niños y niñas nacidos en el contexto de la trata", hay un reclutamiento "constante", se lleva a cabo con "complicidad policial" y "no existen en los países estudiados protocolos o prácticas de repatriación" de las víctimas.

Los estados centroamericanos "son países de origen, tránsito y destino", según el informe, que señala que "hay un 'mercado regional' y también trata interna".

"Existen condiciones estructurales como la exclusión social o la violencia contra las mujeres que favorece" la trata, y las víctimas, que "intentan escapar de forma permanente pese a los riesgos", la consideran "una manifestación más de una historia de maltratos, abusos e impunidad", concluye.

Estos estudios se han realizado en colaboración con la AECID, que desde 2006 colabora con el COMMCA y ha destinado a proyectos sobre género 1,7 millones de dólares desde ese año.

Entre 2004 y 2008, España ha multiplicado por seis los recursos dedicados a promover la igualdad de género en América Latina, que en 2008 se situaron en 299 millones de euros (406 millones de dólares).

América Central: El trabajo informal, un nicho femenino...

Por Danilo Valladares /IPS. - "Trabajo en la calle desde niña. Mis padres no me pusieron a estudiar y así es muy difícil conseguir un empleo", contó Carol Orozco, una vendedora ambulante de 31 años de Guatemala, en una historia repetida en América Central.

Orozco dijo a IPS que ahora debe rebuscárselas porque "tengo cuatro hijos que mantener, pues su padre no se ocupa de ellos", mientras ofrecía golosinas a los conductores de los vehículos en una céntrica calle de Ciudad de Guatemala, a la espera de que el semáforo se pusiese en verde.

Ella forma parte del contingente de mujeres centroamericanas que trabajan en la economía informal, un segmento donde superan con creces a los hombres.

Un 64 por ciento de las mujeres de la región trabajan en ese sector frente a 50 por ciento de los varones, según el Tercer Informe sobre Mercado Laboral en Centroamérica y República Dominicana, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Sistema de Integración Centroamericana.

A Orozco le encantaría contar con un seguro social, un salario y prestaciones laborales, porque los 214 dólares que logra ganar al mes apenas le alcanzan para vivir y vestir, alimentar, educar y mantener sanos a sus hijos. "Aquí trabajo, sin sanitario ni agua, de siete de la mañana a ocho de la noche bajo el sol, la lluvia y el frío", dijo la vendedora, armada de dulces y golosinas que, cual municiones, lleva atados al cuerpo para ofrecer a los automovilistas mientras el semáforo permanece en rojo. Recuerda que una vez consiguió un empleo formal como vendedora de seguros funerarios. "Me ofrecieron novecientos quetzales (107dólares) a la quincena, pero después de haber vendido varios seguros y reclamar mi dinero, no me pagaron", dijo con una decepción persistente. Ahora trabaja en una esquina de la zona 9 de la capital, un sector de edificios de oficinas muy transitado, donde compite con otros 11 vendedores ambulantes, con los que comparte lugar de trabajo y también las desventajas de la economía informal.

De las mujeres trabajadoras en Guatemala, 73 por ciento se ocupan en el sector informal, en El Salvador 64 por ciento y en Costa Rica 45 por ciento, según el estudio, que califica como informal al autoempleo, al asalariado en microempresas sin regular, al trabajo no remunerado y al servicio doméstico.

La pobreza, la falta de educación y la discriminación hacen que el panorama laboral para la mujer en la región se complique, si bien la población económicamente activa femenina, crece desde 2001 a un mayor ritmo que la masculina, de acuerdo al observatorio difundido en octubre.

"Con niños no aceptan a una en los trabajos", dijo a IPS Paulina Mazariegos, de 32 años, mientras ofrecía frutas frescas en una canasta, a la vez que cuidaba a su hijo Erick, de dos años, cerca de una parada de autobuses de la capital.

Según relató, apenas gana 3,5 dólares diarios, porque solo percibe una porción de las ventas y el resto queda para la dueña del pequeño negocio que le provee la mercancía.

Mazariegos sabe que su situación laboral es muy precaria, en parte porque nunca asistió a la escuela, ya que "antes los papás no lo mandaban a estudiar a uno". De modo que se ha ganado la vida trabajando en casas particulares o vendiendo comida.

Un 38,4 por ciento de la población ocupada en América Central no terminó la primaria y 73 por ciento tiene, si acaso, educación media incompleta, según el informe. De los 20 millones en edad de trabajar, 60 por ciento tienen "poca calificación", dice el estudio.

La región, con 43 millones de habitantes, está catalogada como una de las áreas más desiguales del mundo, donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, según organismos internacionales.

En ese contexto, las mujeres son las que soportan menos oportunidades de empleo, ganan menos que los hombres en todos los sectores, en especial el manufacturero, y sufren un punto más de desempleo que los varones.

La ministra salvadoreña de Trabajo, Victoria Velásquez, recordó que dos de cada cinco personas que conforman la fuerza laboral del área son mujeres y que ello obliga a los Estados a adoptar políticas de "mayor inclusión" para no forzarlas a refugiarse en los nichos laborales más precarios.

La fuerza laboral de América Central y República Dominicana (país caribeño sumado a la subregión dentro de la OIT) es de 20 millones de personas, de los que 61,9 por ciento son hombres y 38,1 por ciento mujeres, con un elemento muy llamativo: 60 por ciento de la mano de obra se autoemplea y es informal.

La clave está en la educación. La tasa de participación en el empleo de mujeres con educación superior es de 69,4 por ciento, mientras solo 34,6 por ciento de las que carecen de instrucción son económicamente activas.

La participación laboral femenina es mayor en Guatemala (44,7 por ciento), seguida por Panamá (43,3 por ciento), Costa Rica (41,6 por ciento), El Salvador (41,3 por ciento), Nicaragua (38,5 por ciento) y Honduras (36 por ciento).

Otto Navarro, de la estadounidense y no gubernamental Iniciativa para la Equidad Global, dijo a IPS que el trabajo informal está creciendo en el área, según un estudio realizado en 2009 por su institución en Guatemala y Nicaragua.

Y como parte del fenómeno, destaca la participación de la mujer en las ventas callejeras, el sector de las artesanías y las labores agrícolas.

Las barreras de género saltan a la vista en sus investigaciones. Un 31 por ciento de los entrevistados en Nicaragua respondieron que los hombres tienen más oportunidades que las mujeres para conseguir un trabajo.

La discriminación laboral es repetitiva en los países centroamericanos. "Vine a poner mi negocio de ropa y los otros vendedores me dijeron que no podía hacerlo, así que tuve que cambiar mi producto y ahora vendo accesorios", dijo a IPS Ada Ortiz, de 33 años.

Obligada por lo poco que gana en su trabajo formal como terapista pulmonar, Ortiz instaló la pequeña venta en un mercado de la capital guatemalteca, para poder mejorar los ingresos y mantener a sus dos hijos.

Luis Felipe Linares, ex ministro de Trabajo en Guatemala y ahora miembro de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales, dijo a IPS que hay una presencia importante de mujeres y jóvenes en el empleo informal, mientras persiste la discriminación de género.

"Las mujeres reportan ingresos menores por actividades similares a las que se dedican los hombres. También son los hombres quienes tienen mayor acceso a capital para poner negocios de mayor magnitud y eso les permite más ingresos", dijo el experto.

El principal obstáculo para generar empleos formales en América Central surge en las negociaciones entre el sector empresarial y laboral porque "es una negociación entre desiguales", según Linares.

"La temática laboral se resuelve a base de la negociación. Pero para que ese diálogo dé resultados beneficiosos para la mayoría, se necesita que el terreno de juego esté más equilibrado y que haya un buen árbitro con capacidad de propuestas y peso", dijo.

Irma Montes, dirigente de la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala, dijo a IPS que el Tratado de Libre Comercio de América Central con Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés) y la crisis económica mundial aceleraron la incorporación de las mujeres a la economía informal.

"Las mujeres hasta se inventan formas para vender en los mercados o en la calle. Precisamente acabamos de ver formalizado un sindicato de vendedores de comida en triciclos", dijo la dirigente.

Pero mantener el negocio no es fácil. "A veces no las dejan vender, les recogen la mercadería porque no tienen autorización o por estar en lugares prohibidos", señaló Montes al detallar los maltratos a los que están sometidas las vendedoras ambulantes.

Las mujeres "exponen su vida a diario porque tienen necesidad de subsistir" ellas y sus familias, que en alta proporción están a su cargo exclusivo, sentenció.

Mujeres en Haití y República Dominicana: Ciclo letal entre violencia y VIH

Por: Valeria Vilardo/ Kaos en la Red

Cuando fue al médico, la joven dominicana Francisca Barros tuvo dos noticias, una buena y deseada: estaba embarazada, y otra que la dejó aterrada: era portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

"No quería decir nada a mi esposo por miedo a su reacción violenta y él nunca me dijo que vivía con la enfermedad", recordó Barros a IPS. A sus 25 años tiene que soportar que su familia la "trate como la culpable de haber traído el VIH a nuestra casa".

En los países del Caribe insular y en otras áreas donde el virus causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) se propaga sobre todo por contagio sexual, el porcentaje de mujeres infectadas crece en forma alarmante, en un momento en que a nivel mundial la proporción de mujeres entre la población que vive con VIH se ha estabilizado.

Cifras del Reporte Global del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) mostró que en el Caribe insular las mujeres pasaron a representar la mitad de la población total que vive con el virus, cuando en 1999 las infectadas sólo eran 30 por ciento de ese total.

La feminización de la epidemia se concentra sobre todo entre las mujeres de entre 15 y 24 años, que en ese arco de edad significan 62 por ciento de las personas contagiadas.

El sistema de vigilancia y seguimiento de la incidencia del VIH deja mucho que desear en varios países del Caribe, pero permite concluir que es en las áreas urbanas donde el virus se expande en forma más acelerada y adquiere indicadores de epidemia, aunque todavía haya mayor número de seropositivos en las zonas rurales.

Una situación que es particularmente evidente en República Dominicana y Haití, los dos países que comparten la isla La Hispaniola (Quisqueya, según su nombre indígena) y donde tiene lugar la mayor epidemia de VIH en la región, de acuerdo a o­nusida.

En República Dominicana se estima que 1,2 por ciento de la población vive con VIH en las áreas urbanas, mientras que en el medio rural lo hace 1,3 por ciento del total. En Haití la tasa de prevalencía de VIH es de tres por ciento en las áreas rurales y dos por ciento en las zonas urbanas.

En Haití, se calcula que 120.000 de sus 10 millones de habitantes tienen el virus. De los portadores del virus, 60 por ciento son mujeres. En la otra parte de La Hispaniola, 60.000 de los 9,5 millones de dominicanos son seropositivos y del total de infectados, 51 por ciento son mujeres.

"Hay factores fisiológicos que hacen que las mujeres y las niñas tengan mayor riesgo de infección a través de relaciones sexuales sin protección, pero la feminización del sida se debe sobre todo a la discriminación social, la desigualdad de género y la falta de empoderamiento de las mujeres", dijo a IPS Myrna Flores Chian, de la organización no gubernamental (ONG) dominicana Profamilia.

La infección por VIH/sida se asocia con la violencia de género de manera directa a través de la violencia sexual, y de manera indirecta por la incapacidad de las mujeres para negociar el uso de preservativos o las condiciones bajo las cuales se tienen las relaciones sexuales, indicó la coordinadora del Programa Género y Derechos de la o­nG.

Profamilia atendió a 95.000 personas en 2007 en sus cinco centros de salud, ubicados en las zonas más afectadas por la violencia contra la mujer y el VIH. Es, además, la o­nG más activa en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Muchas mujeres soportan hechos de violencia desde temprana edad y a lo largo de toda su vida, aseguran las evidencias de Profamilia.

En el estudio Vidas Vividas en Riesgo, realizado en 2007 en República Dominicana por Development Connections (DVCN), el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) y la Organización Mundial de la Salud, 25 por ciento de las mujeres entrevistadas afirmó haber empezado su vida sexual antes de los 15 años y 75 por ciento antes de los 19 años.

Entre ellas, 71 por ciento confió haber sido víctima de abusos sexuales durante su infancia, por parte de familiares directos, amigos de la familia, primos o conocidos.

"Varias entrevistadas comenzaron a tener relaciones sexuales en su adolescencia. Por abandono familiar o violencia dentro del hogar deciden dejar sus casas y buscar otras oportunidades", dijo a IPS Wendy Alba, investigadora del estudio.

"Por salir de una situación de pobreza, discriminación y violencia estas mujeres son más vulnerables a que la violencia se continúe perpetrando contra de ellas en edad adulta y en sus relaciones de pareja" abundó Alba.

Precisó que estudios efectuados en el país por la o­nG estadounidense DVCN evidenciaron que las víctimas de violencia tienen casi cuatro veces más posibilidad de padecer una infección de transmisión sexual que las mujeres que no sufrieron maltrato.

Con ese contexto, los últimos datos de la gubernamental Secretaria de Salud Pública (Sespas) indican que 82 por ciento de las transmisiones de VIH se producen durante relaciones sexuales entre heterosexuales, y de ellas casi 20 por ciento ocurren entre parejas establecidas.

"De niña veía como mis padres vivían peleando. Él entraba a la casa y acusaba a mi mamá de haberle sido infiel y la golpeaba encima de mí, así que escapé y me junté con un hombre que no quería que hablara con nadie y dormía con un cuchillo debajo de la almohada", narró en un testimonio una joven entrevistada en Vidas Vividas en Riesgo.

"Me obligaba a tomar alcohol para tener sexo. No aguanté y me metí con otro hombre, pero me salió peor (...). Él era dulce, pero tenía otras relaciones, ya murió de sida", siguió contando una de las mujeres que viven con VIH.

Cuando las mujeres revelan que son seropositivas se arriesgan al maltrato o al abandono por parte de sus parejas, familiares y amigos y deben enfrentar los obstáculos para obtener el tratamiento que necesitan, como le sucedió a la joven Barros, que contó a IPS su historia en uno de los Centros de Atención Integral de Santo Domingo.

Barros explicó que fue incapaz de negociar el uso del preservativo con su marido, quien fue la fuente de su infección, según aseguró.

El caso de las mujeres haitianas

En relación a las mujeres haitianas o dominicanas de origen haitiano, la situación de vulnerabilidad, estigma y discriminación es aún más profunda en República Dominicana.

En las zonas fronterizas donde se concentra la inmigración haitiana hacia su vecino más próspero es donde se verifican los niveles más elevados de pobreza de este país.

En esa área también es donde 40 por ciento de las haitianas son sometidas a diferentes tipos de violencia, cuando el promedio dominicano de las mujeres maltratadas es de 20 por ciento, según cifras de 2007.

Además, en estas zonas la prevalecía del VIH puede llegar hasta al 3,2 por ciento.

"La condición de migrantes de las haitianas favorece comportamientos sexuales de riesgo relacionados con su estatus ilegal, su mala situación económica, la discriminación y barreras lingüísticas y culturales", dijo a IPS Sara Iglesias, coordinadora del Proyecto VIH y Violencia Contra la Mujer de la o­nG Colectiva Mujer y Salud.

Por ello, esa o­nG realiza en cinco provincias fronterizas un proyecto que vincula la violencia contra la mujer y el VIH y que cuenta con el financiamiento de Unifem, explicó Iglesias.

Su objetivo es capacitar a prestadores y prestadoras de servicio, al personal policial, de las Fiscalías y de los Destacamento Provinciales de la Sespas, para que tomen en cuenta los vínculos entre VIH y violencia contra la mujer y pasen a tratar los dos problemas en conjunto, detalló la coordinadora.

En la actualidad, más de 30 organizaciones de la sociedad civil, o­nG, instituciones del Estado y agencias de la Organización de las Naciones Unidas se unieron en un Comité Gestor para diseñar e implementar un plan estratégico con el objetivo de disminuir los niveles de violencia contra la mujer y los contagios de VIH en República Dominicana.

"Este plan estratégico de cinco años de duración se lanzará a fines de este año y tomará en cuenta las necesidades de las mujeres dominicanas y haitianas en las áreas más afectadas por el VIH y la violencia contra la mujer en el país", subrayó Alba.

Pese a los avances hechos en el país, todavía más de la mitad de las personas que necesitan tratamiento de antiretrovirales se quedan sin esa prestación. Sólo 9.000 de los 20.000 adultos entre 15 y 45 años que necesitan tratamiento están recibiendo atención, lo que pone en riesgo miles de vidas.

En Haití, únicamente 10.000 de las 120.000 personas que viven con VIH están recibiendo tratamiento.