La feminista y ex-guerrillera lucha para despenalizar el cese voluntario del embarazo, que puede comportar penas de 30 a 50 años de prisiónMorena Herrera, feminista y ex-guerrillera salvadoreña lucha hoy a favor de la despenalización del aborto en su país. En el año 97, El Salvador entró en la lista restringida de países latinoamericanos que penalizan todo tipo de aborto. Se modificó la Constitución en esos términos: "Se reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción". En El Salvador hoy abortar es un delito, y puede ser calificado de homicidio agravado. Las penas oscilan en este caso entre 30 y 50 años de prisión. Morena Herrera junto con las mujeres de la organización feminista La Colectiva han presentado al Congreso de los Diputados de San Salvador un recurso de anticonstitucionalidad para avanzar en la lucha a favor de la despenalización del aborto.
Desde el año 97 en El Salvador se penaliza todo tipo de aborto, del terapéutico al consentido. ¿De qué manera se aplica esta ley?
En El Salvador, la legislación se aplica de manera oficial y oficiosa. Estamos frente a un tipo de "delitos" en que la fiscalía es bastante eficaz en la persecución de mujeres. Eso genera unas condiciones de miedo entre el personal hospitalario presionándolo para que renuncie al secreto profesional y denuncie los casos de aborto. Muchas de las denuncias provienen de los hospitales públicos. La mayoría son mujeres que viven en situación de pobreza. Si tienen una complicación en el momento del embarazo, no pueden acudir a un hospital privado. En las clínicas privadas, cuyo número se multiplicó por tres en diez años, se respeta el secreto profesional, no hay denuncias. Las mujeres que sufren de la ley anti-aborto son mujeres jóvenes con bajo nivel de instrucción. No tienen recursos para contratar defensoría legal. Son mujeres que han transitado literalmente del hospital a la cárcel. Nosotras, con la ayuda de abogados, les ofrecemos la posibilidad de acceder a la justicia.
¿Se puede comparar lo que pasa hoy en Salvador con lo que pasa en los demás países que condenan el aborto en América Latina : Chile, Nicaragua, República Dominicana?
En otros países como Chile, el aborto está penalizado totalmente pero no hay una persecución a las mujeres. Aquí, el código penal incluye un artículo que penaliza también a quien incite al aborto, entonces este artículo generó mucho miedo, porque incitar es una palabra muy ambigua. Hubo unos años de autocensura por parte del movimiento feminista.
¿Cómo empezaron a investigar los casos de mujeres encarceladas por aborto?
En el año 2000, un centro de investigación de Nueva York hizo un informe sobre las primeras mujeres presas. Lograron ubicar a 49 mujeres encarceladas en aquel momento. A partir de entonces empezamos a organizar acciones de sensibilización, pero no lográbamos encontrar fuerza de continuidad. Luego, en el año 2004, vino a Salvador el periodista Jack Hitt del New York Times. Hitt investigó un caso específico de una mujer condenada a 30 años por aborto. Nosotras, al leer el reportaje del NYT decidimos actuar por esta mujer. Traducimos la revista, la investigamos. Yo sola pude entrar en la cárcel para verla porque por suerte tengo un apellido común con esta mujer. Llevaba cinco años presa. Le dije que queríamos iniciar un proceso para ayudarla, aclarando que lo hacíamos para ella, pero también para conocer cómo se está aplicando la legislación.
¿Cómo lograron ayudarla?
Nos costó encontrar especialistas para investigar su caso, porque fue un aborto espontáneo en el fin del embarazo. Necesitábamos pruebas forenses muy específicas. Conseguimos ayuda de la Fundación Carolina y de la Universidad de Granada desde España. Tardamos años. El tribunal finalmente aceptó la revisión. Hubo mucha movilización, la gente se identificaba con esta mujer. Hicimos venir a un forense de Argentina y otro de Guatemala. Logramos conformar un equipo de abogados. Y por fin, el 9 de julio del año pasado, logramos la libertad de Karina. Y vinieron otros casos. Recientemente logramos la conmutación de 30 a 3 años de cárcel. Ha sido la primera vez en Salvador que se lograba una conmutación tan grande.
¿Concretamente a qué se arriesga una mujer que aborta en El Salvador?
Si se acusa por aborto consentido y propio, son 8 años de cárcel. Lo que ocurre con esas mujeres es que la fiscalía cambia el motivo del delito. Al principio es delito por aborto y luego, por el hecho de no haber protegido la vida de su hijo, se transforma en homicidio. Cambian la calificación del delito y la acusan de homicidio agravado. Entonces la pena es entre 30 y 50 años. El año pasado tuvimos un caso de una muchacha, Marlene, quien tuvo un aborto natural, tuvo que ir al hospital, y del hospital a la cárcel, está en tercer año de bachillerato. La clave está en la palabra homicidio, ella no tiene derecho a audiencia preliminar, va directa a la cárcel. Ojala la fiscalía tuviesa el mismo nivel de diligencia para los grandes asesinatos de este país. En el caso de esta muchacha ya la habían acusado inmediatamente de doble delito, aborto y homicidio. Cosa que no se puede legalmente. Así encontramos el caso. Logramos que saliera libre el 14 de enero de este año.
Y lograron organizarse...
Entre la libertad de Karina, y la libertad de Marlene, decidimos que íbamos a conformar una agrupación ciudadana para la despenalización del aborto terapéutico, ético, genésico. Las tres cosas. En Nicaragua el aborto terapéutico incluye los tres, pero aquí no. En este momento estamos trabajando sobre seis casos de mujeres encarceladas por aborto, cuatro de ellas por homicidio agravado.
¿Cómo trabajan en una sociedad donde la religión tiene tanto poder?
Intentamos sensibilizar a la población, promoviendo reflexiones sobre los fundamentalismos religiosos en la sociedad. Trabajamos también con religiosas feministas para "despenalizar las conciencias" como decía la periodista cubana María López Vigíl.
¿Cuál es el riesgo para ustedes?
Hace años recibía llamadas a mi casa de amenazas, lo que asustaba a mi hija. En enero de este año nos manifestábamos frente al juzgado para defender al caso de Marlene. Y de repente llegaron seis caros de patrullas, enviados porque se recibió una llamada diciendo que había un grupo de mareros amenazando. Y éramos nosotras. Fue una locura. Hablé con el jefe del operativo, y le dije que estábamos ejerciendo ciudadanía, porque nos impedían entrar en el juzgado. Le insistí en que era nuestro derecho y al final nos hizo caso, levantó el operativo.
Sin miedo...
Intentamos mantener una actitud, lo que no significa que no tengamos miedo. Pero solo por el miedo, no haríamos nada. Y sí, creo que hay un nivel de conciencia de la gente que es una ley injusta.
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