Piden mujeres Nobel impedir impunidad en Guatemala

Cerigua Cinco mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz hicieron un llamado al gobierno de Guatemala, para que respete los derechos de las y los sobrevivientes de las atrocidades cometidas durante la dictadura militar de Efraín Ríos Montt.

En conferencia de prensa en Irlanda del Norte, la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel emitió una declaración sobre el juicio que se lleva a cabo en Guatemala contra el ex militar por delitos contra la humanidad y genocidio.

El genocidio cometido contra los pueblos indígenas de Guatemala durante las dictaduras militares no debe olvidarse o negarse, señaló Jody William, activista estadounidense y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1997.

Ríos Montt gobernó Guatemala durante 17 meses, entre marzo de 1982 y agosto de 1983. De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas, más del 80 por ciento de las víctimas de violaciones cometidas durante el conflicto armado interno de Guatemala pertenecieron a la población indígena maya.

Leymah Gbowee, de Liberia, quien recibió el Nobel en 2011, dijo que después de la brutalidad de estas graves violaciones y la cobardía de negar su importancia durante décadas, Guatemala tiene la oportunidad y la obligación de reconocer su pasado doloroso.

La guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, señaló que “30 años después, los indígenas víctimas de los crímenes más terribles relataron sus experiencias ante un tribunal de justicia”, y agregó que “Guatemala no debe victimizar de nuevo a estas comunidades”.

Esta semana se informó que el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo llevará el juicio por genocidio contra los generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por decisión de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.

El pasado 10 de mayo el Tribunal A de Mayor Riesgo dictó una sentencia condenatoria de 80 años de prisión contra Ríos Montt, a quien declaró culpable por genocidio y delitos de lesa humanidad. Rodríguez Sánchez fue absuelto y dejado en libertad inmediata.

Diez días después la Corte de Constitucionalidad dio trámite a un amparo a favor de Ríos Montt que en consecuencia anuló el fallo y la etapa procesal de conclusiones, sin embargo, tanto la defensa del ex dictador como los abogados querellantes coinciden en que el juicio debe reiniciar desde el primer día.

México: Ataques a defensoras de DH, reflejo de un Estado autoritario

Anayeli García Martínez

(CIMAC).- Durante los últimos cuatro años el gobierno federal ha mostrado su desdén por los Derechos Humanos (DH), y aunque se ha visto obligado a incluir este tema en su discurso oficial, las amenazas y hostigamiento contra defensoras y activistas refleja la falta de voluntad política para crear un mecanismo de protección que les garantice seguridad.

Así lo señala la abogada Andrea Medina Rosas, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, quien litigó ante el sistema interamericano de Derechos Humanos el feminicidio del Campo Algodonero y posteriormente realizó un análisis jurídico feminista de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió contra el Estado mexicano por este caso.

Medina Rosas expone que las defensoras de DH son un importante referente en cualquier Estado que se precie de ser democrático, ya que mantienen viva la memoria de la sociedad, difunden la exigencia de justicia, ayudan a develar la verdad y, además, asumen la defensa y atención de las víctimas de la delincuencia y de la inacción de las autoridades.

En entrevista con esta agencia, asegura que en México, al igual que en toda la región mesoamericana, las defensoras corren mayores riesgos para ejercer su labor y cuentan con menos recursos para protegerse, por lo que el próximo 8 de marzo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, organizaciones civiles mexicanas, de Guatemala y Honduras denunciarán esta situación ante Naciones Unidas.

Las organizaciones se reunirán con la relatora especial sobre la situación de los defensores de DH de la ONU, Margaret Sekaggya, en Ginebra, Suiza, a quien le presentarán el informe “Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica”, un diagnóstico que elaboraron a partir de entrevistas, testimonios y reflexiones de activistas y defensoras de DH de esta región que han recopilado desde 2006.

--¿Qué reflejan los asesinatos de defensoras de DH como Josefina Reyes, Marisela Escobedo y Susana Chávez?

--Primero la impunidad de los ataques iniciales. La impunidad es una responsabilidad del Estado mexicano y el hecho de que no se hayan investigado y sancionado anteriores ataques va haciendo una bola de nieve en la que no sólo las demás defensoras entramos en mayor riesgo, sino que los agresores adquieren confianza para generar estos niveles de violencia.

Otro punto importante es que no hay un reconocimiento del valor y el aporte del trabajo de las defensoras en el proceso de democratización del país y de la región mesoamericana. El propio gobierno y muchos medios de comunicación difunden que las activistas atacan al Estado. En Ciudad Juárez, por ejemplo, plantean que nos interesa minar el desarrollo económico del país y construyen campañas de difamación en contra del trabajo que realizamos.

--De acuerdo con la ONU, México es el segundo país más peligroso para las mujeres defensoras. ¿A que atribuyes esto?

--La violencia estructural de género nos afecta de manera particular a las defensoras. Hay una tendencia a analizar los ataques o la situación de defensores en general, pero nosotras hemos hecho un análisis donde resaltamos la importancia que tiene esta estructura de desigualdad.

En el diagnóstico “Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica”, encontramos que defender el derecho a una maternidad libre y voluntaria, la denuncia del feminicidio y la defensa de los derechos laborales, ponen en mayor riesgo a las mujeres porque son derechos que abren fisuras en la estructura de opresión contra las mexicanas.

La piedra angular de la construcción de las libertades fundamentales tiene que ver con el derecho al cuerpo y a la maternidad libre y voluntaria. No es coincidencia que sea uno de los derechos que más resistencia tiene socialmente y desde el Estado.

--En sólo cinco años, de 2004 a 2009, México acumuló 27 casos de amenazas contra defensoras, ¿esto se debe a la violencia del narcotráfico?

--Cuando se incrementa la violencia social es de manera generalizada, pero en una sociedad con una fuerte estructura discriminatoria contra las mujeres, son ellas quienes se llevarán una carga mucho más grave. Argumentar que el narcotráfico es la causa de estas agresiones puede llevarnos a no ver el impacto diferenciado que tienen estas formas de violencia.

--En este contexto, ¿consideras que hay una política de seguridad para las y los defensores de DH?

--Los derechos humanos no han sido un aspecto prioritario y transversal para el gobierno mexicano en esta administración. Tal vez lo incluye en el discurso, pero evidentemente no en las acciones. Un ejemplo es Todos Somos Juárez, un programa que canceló la mesa de trabajo sobre derechos humanos.

También es interesante que en este plan no hay medidas de acceso a la justicia, lo que demuestra que no se están planteando medidas de seguridad desde un enfoque de derechos humanos ni desde una perspectiva de género. Esto trae como consecuencia el ataque a la sociedad civil, del cual somos testigos.

--Hay promesas para generar un mecanismo de protección para defensores, ¿desde la sociedad civil cuáles son las propuestas?

--No hay un mecanismo efectivo de protección a defensoras y defensores debido a la falta de voluntad política del gobierno. Hay propuestas, las necesidades están planteadas, pero sólo se implementarán si el gobierno quiere.

La seguridad de las defensoras implica varios elementos y acciones que van desde las medidas de prevención, hasta aquellas de emergencia, pero se requiere de una respuesta ágil, oportuna y efectiva por parte de las autoridades.

En algunos de los casos que hemos tenido en los últimos meses se presentan las solicitudes de medidas de protección a las instancias de derechos humanos y su respuesta es que ellos, a su vez, las solicitarán. Al final el Estado no responde, no hay una coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Para Medina Rosas, es claro que la democracia no sólo es el voto, ni la alternancia de partidos, también significa que la ciudadanía puede ejercer sus derechos y contar con libertades fundamentales. Afirmó que si continúan la persecución y asesinatos de quienes defienden y promueven esos derechos México no tendrá condiciones mínimas de democracia.

Para alertar sobre este tema, Medina Rosas, junto con las organizaciones Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS), Feministas en Resistencia de Honduras y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas se reunirán este 8 de marzo con la relatora de la ONU, Margaret Sekaggya.

Para la abogada es importante visibilizar el problema porque estos tres países se han convertido en los más violentos e inseguros del continente americano, con un clima de corrupción e impunidad que hacen poco o nada efectivos los mecanismos de protección y procuración de justicia para la población en general, y para las defensoras de derechos humanos en particular.

Los derechos humanos en Marruecos desde la perspectiva de género

Paulina Retamal
AmecoPress. En la sede de ACSUR-Las Segovias tuvo lugar la entrevista de Ameco Press a Nidal Hamdache, integrante de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), invitada por esta organización a la mesa redonda “Derechos Humanos en el Magreb: ¿papeles mojados?”, realizada la semana pasada en el Ateneo de Madrid.

Nidal Hamdache es economista, forma parte del Bureau Central de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y es coordinadora del Comité central de jóvenes. Desde el inicio de su participación en AMDH, forma parte del Comité de Mujeres de la asociación.

Con sede en Rabat, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, trabaja por “la protección de la dignidad humana”, así como por “el respeto de todos los derechos humanos en su universalidad y su carácter global”. Además, de la “protección, defensa y promoción de estos derechos”.

La AMDH es una de las asociaciones de Marruecos que más miembros tiene, con 15.000 adherentes dentro de los cuales un 20 por ciento son mujeres. Con presencia en diferentes ciudades y pueblos de Marruecos, realizan un trabajo de base principalmente, en los derechos de las mujeres, los derechos políticos y civiles, entre otros.

Derechos humanos e igualdad de género

“A contra corriente de un gran río que van intentando subir”, así graficó Hamdache el quehacer de AMDH. Asimismo, apuntó que una de estas corrientes serian los grupos islámicos, “que van en aumento que tienen un discurso en que la mujer siempre sale perdiendo, y luego esta el conservadurismo del Estado que es muy difícil moverlo de sus estrategias y voluntades”.

En la organización una de las cosas que tiene gran importancia es la igualdad de género. Cuando se fundo la AMDH en 1979, no había ninguna mujer en el Comité ejecutivo. Actualmente, no sólo participan un gran número de mujeres, sino que además quien preside la asociación es una mujer. “Lo que intentamos es tener una media al menos de un tercio de mujeres en la asociación, en la perspectiva de la igualdad”, indicó Hamdache.

Según enunció Hamdache en Marruecos “no existe una toma de conciencia colectiva de igualdad, la no legalidad esta presente y no tiene nada que ver con cultura o más estudios, porque puedes ver que a un profesor de universidad diciendo que la mujer no es igual al hombre, que el hombre es mejor y según dice el Corán”.

Magreb

Sobre la realidad de los derechos humanos de las mujeres del Magreb, Hamdache enfatiza “todos los países del Magreb el contexto general tiene una serie de características iguales”. En este sentido, acerca de los derechos políticos de estos países Hamdache asegura que “el denominador común es que la presencia de la mujer en los parlamentos, en todo lo que sea puntos de decisión, es bastante baja, a lo mejor en Marruecos puede haber mayor presencia de la mujer en todos estos órganos de decisión, más que en Libia”.

En relación con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), acogida en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Hamdache expresó “la CEDAW Argelia, Túnez y Marruecos, la han ratificado pero con muchas reservas, lo que hace que se debilite la firma de la convención”.

Cada año la AMDH realiza todo tipo de informes sobre derechos humanos, derechos económicos de las mujeres y otros. En esta dirección la asociación cada vez que Marruecos presenta un informe sobre derechos humanos ante las Naciones Unidas o ante cualquier otro organismo, esta organización presenta uno paralelo.

Ley de la familia

Concerniente a la ley de la familia en Marruecos Hamdache sustentó “tuvo un impacto muy mediático, todo el mundo se enteró de lo que había hecho Marruecos”, pero que en realidad, “la ley de la familia está por debajo de las normas internacionales de igualdad”.

“La ley de la familia autoriza la poligamia, un hombre puede casarse con cuatro mujeres. Además, ha fijado el casamiento de las chicas a los 18 años, pero deja la puerta abierta a todo tipo de excepciones. Nos encontramos con muchas chicas que se casan con 14, 15 y 16 años, es decir, que los jueces lo autorizan el casamiento de menores” agregó Hamdache.

Referente a las agresiones sexuales en Maruecos, Hamdache señaló “no hay ninguna ley que restringa esto y esta totalmente autorizado. Una de las reivindicaciones del movimiento feminista y de la AMDH es una ley que ponga en su sitio las agresiones, que estén penadas. La violencia hacia las mujeres forma parte del cotidiano, del día a día de las mujeres. Cuando hay una agresión, la mujer tiene que ir a la policía, denuncia la agresión, pero la policía les pide testigos, y sino hay testigos, pues no puede realizar la denuncia”.

Derechos laborales


En el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, un tema de suma importancia, por ejemplo, es la baja por maternidad, la cual “no es respetada por las empresas”, ya que según explicó Hamdache, “si tienes una baja por este motivo corres el riesgo de que no te vuelvan a coger. La igualdad entre hombres y mujeres no la conciben, da lo mismo que sea un hombre o una mujer la que este en la empresa”.

En paralelo, otro tema relevante son las mujeres que trabajan en las casas, las llamadas ’petit bom’. Al respecto Hamdache dijo “no hay ninguna ley que las proteja, estas mujeres que suelen emplear la clase media y alta, trabajan las 24 horas, por salarios irrisorios, y sufriendo todo tipo de agresiones por parte de la familia con la que trabaja. Hay un montón de problemas abusos sexuales, violaciones, mujeres embarazadas, muchas de las ’petit bom’ son madres solteras que ha embarazado el jefe, también hay chicas que han muerto por torturas”.

Un gran porcentaje de la economía de Marruecos se basa en la agricultura, sector en el que volvemos a encontrarnos con la discriminación de las mujeres y la invisibilización de su trabajo. “Las mujeres tienen derecho a heredar la tierra; tiene que heredarla el marido o el hermano mayor, y si el padre muere, ellas no pueden heredar, y esas tierras se las queda el Estado. Hay doscientas mujeres en este momento en esa situación”, añadió Hamdache.

La defensora de los derechos humanos también hizo referencia a la situación de las mujeres en el Sahara. “Como bien se sabe siempre la que sufre más es la mujer. Sin embargo, las mujeres tienen un rol más central, más de matriarcado, ellas toman muchas más decisiones, que las que pueden tomar las mujeres marroquíes; por ejemplo si una mujer en Marruecos se divorcia esta por debajo del status normal de cualquier mujer, esta mal vista, esta señalada de por vida. En cambio en el Sahara las divorciadas se pueden volver a casar y no hay ningún problema.”

Amnistía Internacional: Preocupante, la vulneración de Derechos Humanos de las mujeres en México...

Por Anayeli García Martínez(CIMAC).-

Debido al aumento de abusos cometidos por militares, la escalada en la violencia de género, el constante acoso a periodistas y activistas, y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y acceso a la justicia, durante 2009, la organización Amnistía Internacional (AI) calificó como preocupante la situación de los Derechos Humanos en México.

En el Informe 2010 “El estado de los derechos humanos en el mundo”, elaborado en dos partes: una regional y otra que incluye 159, destaca especialmente la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México.

En una “aparente reacción contra la despenalización del aborto promulgada en 2007 en el Distrito Federal”, los congresos locales de 17 de los 31 estados del país, aprobaron modificar sus Constituciones locales para “garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción”.

Para defender los derechos femeninos, a la fecha sigue pendiente de resolución un recurso que interpuso la Procuraduría estatal de Derechos Humanos de Baja California ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la modificación Constitucional en la entidad que niega la interrupción legal del embarazo.

En este mismo sentido, el informe menciona que el 16 de abril de 2009 se hizo pública la NOM-046 sobre violencia familiar y sexual que prevé el derecho de las victimas de violación sexual a recibir información sobre la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo y a acceder a estos, si esa es su decisión.

En respuesta, el gobernador panista del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, impugnó esta norma ante la SCJN, por lo que desde el 17 de mayo de 2010, este tribunal discute su constitucionalidad.

SENTENCIA HISTÓRICA

A toda esta situación, dice el informe de AI, se suma un hecho histórico: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) juzgó y condenó al Estado mexicano en dos ocasiones: una por la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco y otra por el feminicidio de tres, de 8 mujeres, en un campo algodonero de Ciudad Juárez., lo que demuestra el papel del Estado mexicano frente a las violaciones a DH.

Durante la presentación del informe, el presidente de AI sección México, Alberto Herrera dijo que si bien el organismo reconoce la reciente liberación de las presas de conciencia Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, indígenas otomíes acusadas falsamente del secuestro de 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, así como la importante labor llevada a cabo por activistas, miembros y simpatizantes que desembocó en esta buena noticia, la Procuraduría General de la República, aún tiene cuentas que rendir.

Señaló que esta dependencia a cargo de Arturo Chávez Chávez, tiene importantes explicaciones que dar respecto de la acusación injustificada y motivada por razones de identidad que le arrebató a estas tres mujeres indígenas otomíes años importantes de su vida, así como actualmente se los está arrebatando a los presos de conciencia Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja en el estado de Campeche, quienes el día de hoy cumplen 13 días en huelga de hambre.

INCREMENTO SUSTANTIVO DE TORTURAS

El informe precisa que se observó en México un incremento sustantivo en las desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias a manos de la policía federal, estatal y municipal y del ejército, lo que se traduce en graves violaciones a los DH.

Durante 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuló 30 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre casos confirmados de abusos perpetrados por miembros del ejército, es decir, superó la cifra de 2008, cuando sólo formuló 14 recomendaciones a esta institución.

Aunque la CNDH actúo en estos casos, algunas víctimas y sus familiares, que intentaron presentar denuncias, fueron objeto de amenazas, mientras que el sistema de justicia militar siguió investigando y juzgando las violaciones de DH relacionadas con miembros del ejército, afirma el informe y señala que aún así las autoridades gubernamentales, se niegan a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad.

AI critica también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entró en vigor en enero de 2009, y que preveía un aumento de la profesionalización y coordinación de la policía y una cierta mejora de la protección de los derechos humanos.

No obstante, en junio de 2009 se promulgó la Ley de la Policía Federal, que establecía un único cuerpo federal de policía dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias, investigar delitos y realizar labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas; pero no contaba con adecuados controles judiciales.

Como consecuencia, AI tuvo conocimiento de varios informes sobre violaciones de DH a manos de estas policías, donde la población civil fue la principal afectada.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El recuento sobre México destaca que se registraron frecuentes violaciones de mujeres migrantes, mientras que varios periodistas, defensoras y defensores de los DH fueron víctimas de homicidios, actos de acoso y cargos penales falsos.

También cuestiona que las comunidades marginadas en cuyas tierras se deseaba llevar a cabo proyectos de desarrollo económico corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o ver negado su derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada.

El documento puntualiza que 2009 fue un año en que la rendición de cuentas era un ideal remoto para muchas personas, ya que sus “vidas seguían laceradas” por la represión, la violencia, la discriminación, las maniobras de poder y el estancamiento político que vivieron México y otros 159 países.

Aun así, este informe también argumenta que la exigencia de rendir cuentas ya no se circunscribe sólo a la reparación por homicidio o tortura, sino que abarca la garantía de todos los derechos cuyo disfrute necesitamos para vivir dignamente.

Pinar Selek, feminista turca amenazada a prisión de por vida...

En 1988, Pinar Selek, socióloga, militante feminista, tenía veintisiete años, no esperaba en absoluto ser víctima de una trama político judicial.

Por: Hassan Zerrouky- L´Humanité / Tomado de: Kaos en la Red

“Lo siento, dios mío (…) concededme al menos el permiso de vivir como una cucaracha”, escribía en prisión después de haber sido terriblemente torturada.

En 1988, Pinar Selek, socióloga, militante feminista, tenía veintisiete años. En el mes de julio, al salir del taller artístico que había creado para ayudar a los niños de la calle, no esperaba en absoluto ser víctima de una trama político judicial. La policía, que la detuvo, quería que facilitase los nombres de las personas entrevistadas en el marco de un proyecto de investigación universitaria sobre la cuestión kurda. Será en prisión donde ella conocerá, viendo la televisión, que estaba acusada de haber puesto una bomba que había provocado la muerte de siete personas, el 9 de julio de 1998, en el bazar egipcio de Estambul.

Una acusación dirigida contra ella por un denominado Abdülmecit Öztürk, que además se retractó ante el tribunal al afirmar que esta acusación ¡le había sido arrancada bajo tortura! Peor todavía, aunque seis informes de expertos concluyeron que la deflagración no había sido debida a una bomba sino a la explosión accidental de una bombona de gas, la justicia sólo aceptó la tesis policial de un acto terrorista. Pinar Selek pasaría dos años y medio en prisión. Liberada en diciembre de 2000, luego definitivamente absuelta en 2006 tras un proceso que habría durado más de cinco años.

Ahora está de nuevo bajo la amenaza de un recurso de apelación, donde corre el riesgo de cadena perpetua. Viviendo en Alemania, becada en el marco del programa “Escritores en el exilio” de PEN- Alemania, Pinar Selek está convencida de que se la quiere “condenar”. “En Turquía, todo el mundo sabe que estoy contra la violencia, que milito por la paz en Kurdistán, y para que ya no se niegue las matanzas de armenios”,dice a L´Humanité. Orhan Pamuk, Yasar Kemal, numerosos intelectuales y organizaciones feministas turcas apoyan su combate.

Traducción de J.A.
http://www.humanite-en-espanol.com/

Nicole Kidman defiende los derechos de las mujeres en el Congreso Estadounidense

La actriz australiana y ganadora del Oscar Nicole Kidman ha pedido ante el Congreso de EEUU una respuesta "integral" a la violencia dirigida contra las mujeres en el mundo y mayores ayudas para programas de desarrollo en países pobres.

La violencia contra las mujeres y niñas es, quizá, la violación de los derechos humanos más amplia y sistemática en el mundo. No reconoce fronteras ni raza ni clase", ha dicho Kidman en su testimonio ante el subcomité de Organizaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

Las víctimas de la violencia "necesitan y merecen nuestro apoyo, no con una caja de curitas (tiritas) sino con una respuesta integral y bien financiada que reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos", ha enfatizado.

Kidman ha acudido ante el subcomité en calidad de embajadora de Naciones Unidas del Fondo de Desarrollo para la Mujer (Unifem), puesto que ocupa desde 2006, junto a otros líderes y activistas políticos de Estados Unidos.

"Hasta hace poco, la violencia contra las mujeres y la inestabilidad que eso causa permanecía oculto. Creo que la atención (en esta audiencia) subraya el reconocimiento de que es un asunto urgente y debe ocupar un espacio central en la agenda política", ha afirmado Kidman.


"Las leyes no se aplican y la impunidad es la norma"

La actriz se ha quejado de que, pese a que muchos países cuentan con leyes contra la discriminación por género, la violación, el abuso conyugal y el matrimonio de menores, "en el mundo real, las leyes no se aplican y la impunidad es la norma".

Kidman ha compartdo con los congresistas sus experiencias en el seno de Unifem, entre éstas su viaje a Kosovo, donde se enteró de la tragedia de una mujer que fue violada y abusada repetidamente por soldados, quedó embarazada y con profundas huellas físicas y psicológicas.

Ese caso, ha recordado, fue a parar al Tribunal Internacional para Yugoslavia, lo que a su juicio fue un paso definitivo para que las violaciones en tiempos de guerra se procesaran como un crimen contra la humanidad.

Por otra parte, Kidman ha dicho que es hora de que se pongan en marcha políticas integrales que involucren a los diversos sectores de la sociedad civil para que puedan cumplir con su objetivo. El plan de acción, ha continuado, "debe forjar fuertes alianzas con los hombres y colaborar con líderes religiosos y tradicionales", además de que requerirá de "voluntad política en los niveles más altos".

La lucha contra la violencia, clave para combatir la pobreza

Kidman ha asegurado que la violencia contra las mujeres priva a los países de una fuente clave para combatir la pobreza y lograr la estabilidad. En ese sentido, ha elogiado un proyecto de ley ante el Congreso de EEUU que, de ser aprobada, incrementaría la asistencia económica a organizaciones que fomentan el avance y desarrollo de las mujeres en el mundo.

El presidente del subcomité, el demócrata Bill Delahunt, ha coincidió con Kidman en que la violación contra las mujeres impide la estabilidad económica de los países y crea problemas de seguridad regional.

Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra las mujeres causa más discapacidades y muertes en mujeres entre 15 y 44 años de edad que el cáncer, la malaria, accidentes de tráfico y guerras.

Fuente: El País

SOS: minan en Latinoamérica derechos sexuales y reproductivos

Por: Sandra Chaher

Una durísima avanzada fundamentalista se expande sobre América Latina, especialmente América Central, desde hace tres años. Nicaragua, México y República Dominicana son los primeros países en los que los sectores conservadores están logrando minar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

La semana pasada el Parlamento de República Dominicana aprobó, en el marco de un proceso de reforma de la Constitución, un artículo que consagra que ''el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte''.

México también se encuentra en estado de alerta: desde octubre del 2008, 11 estados aprobaron leyes que dan estatus jurídico al embrión al ''proteger la vida desde el momento de la fecundación o la concepción hasta su muerte natural''.

En República Dominicana más de 170 diputados y diputadas le dieron el visto bueno a la propuesta del Poder Ejecutivo, y sólo 30 se opusieron, pero existe aún la posibilidad de que este voto minoritario por el momento se expanda si, en una segunda lectura del proyecto, se logra el apoyo de la mitad del Congreso.

Apostando a que en la segunda instancia la medida pueda ser revertida, se conformó la Coordinación Nacional de Asistencia al Retroceso, que reúne a numerosos sectores de la sociedad civil que en estos días están intentando que sus voces trasciendan las fronteras y así lograr un apoyo que presione sobre el Poder Ejecutivo.

Si bien el aborto está prohibido en todos los casos en República Dominicana –al igual que en El Salvador, Honduras, Chile y Nicaragua--, la consagración del derecho a la vida desde la concepción en la Constitución Nacional sería un antecedente que dificultaría enormemente cualquier intento de apertura en la legislación.

MÉXICO Y NICARAGUA

México también se encuentra en estado de alerta: desde octubre del 2008, 11 estados aprobaron leyes que dan estatus jurídico al embrión al ''proteger la vida desde el momento de la fecundación o la concepción hasta su muerte natural''. Los proyectos fueron presentados por parlamentarios del Partido de Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes ya presentaron iniciativas similares en otros siete estados que serán tratadas en los próximos meses.

Esta fue la articulada y enérgica respuesta de la derecha política ante la aprobación de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal de México hace exactamente 2 años (el 24 de abril del 2007).

En Nicaragua, donde el aborto terapéutico estaba permitido desde 1893, la prohibición llegó arropada con el traje del Frente Sandinista de Liberación Nacional que hizo campaña para las elecciones nacionales del 2006 incluyendo como una de sus banderas la penalización total del aborto, hasta lograr la reforma del Código Penal en junio de ese año.