Por Anayeli García Martínez(CIMAC).- Debido al aumento de abusos cometidos por militares, la escalada en la violencia de género, el constante acoso a periodistas y activistas, y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y acceso a la justicia, durante 2009, la organización Amnistía Internacional (AI) calificó como preocupante la situación de los Derechos Humanos en México.
En el Informe 2010 “El estado de los derechos humanos en el mundo”, elaborado en dos partes: una regional y otra que incluye 159, destaca especialmente la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México.
En una “aparente reacción contra la despenalización del aborto promulgada en 2007 en el Distrito Federal”, los congresos locales de 17 de los 31 estados del país, aprobaron modificar sus Constituciones locales para “garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción”.
Para defender los derechos femeninos, a la fecha sigue pendiente de resolución un recurso que interpuso la Procuraduría estatal de Derechos Humanos de Baja California ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la modificación Constitucional en la entidad que niega la interrupción legal del embarazo.
En este mismo sentido, el informe menciona que el 16 de abril de 2009 se hizo pública la NOM-046 sobre violencia familiar y sexual que prevé el derecho de las victimas de violación sexual a recibir información sobre la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo y a acceder a estos, si esa es su decisión.
En respuesta, el gobernador panista del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, impugnó esta norma ante la SCJN, por lo que desde el 17 de mayo de 2010, este tribunal discute su constitucionalidad.
SENTENCIA HISTÓRICA
A toda esta situación, dice el informe de AI, se suma un hecho histórico: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) juzgó y condenó al Estado mexicano en dos ocasiones: una por la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco y otra por el feminicidio de tres, de 8 mujeres, en un campo algodonero de Ciudad Juárez., lo que demuestra el papel del Estado mexicano frente a las violaciones a DH.
Durante la presentación del informe, el presidente de AI sección México, Alberto Herrera dijo que si bien el organismo reconoce la reciente liberación de las presas de conciencia Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, indígenas otomíes acusadas falsamente del secuestro de 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, así como la importante labor llevada a cabo por activistas, miembros y simpatizantes que desembocó en esta buena noticia, la Procuraduría General de la República, aún tiene cuentas que rendir.
Señaló que esta dependencia a cargo de Arturo Chávez Chávez, tiene importantes explicaciones que dar respecto de la acusación injustificada y motivada por razones de identidad que le arrebató a estas tres mujeres indígenas otomíes años importantes de su vida, así como actualmente se los está arrebatando a los presos de conciencia Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja en el estado de Campeche, quienes el día de hoy cumplen 13 días en huelga de hambre.
INCREMENTO SUSTANTIVO DE TORTURAS
El informe precisa que se observó en México un incremento sustantivo en las desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias a manos de la policía federal, estatal y municipal y del ejército, lo que se traduce en graves violaciones a los DH.
Durante 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuló 30 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre casos confirmados de abusos perpetrados por miembros del ejército, es decir, superó la cifra de 2008, cuando sólo formuló 14 recomendaciones a esta institución.
Aunque la CNDH actúo en estos casos, algunas víctimas y sus familiares, que intentaron presentar denuncias, fueron objeto de amenazas, mientras que el sistema de justicia militar siguió investigando y juzgando las violaciones de DH relacionadas con miembros del ejército, afirma el informe y señala que aún así las autoridades gubernamentales, se niegan a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad.
AI critica también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entró en vigor en enero de 2009, y que preveía un aumento de la profesionalización y coordinación de la policía y una cierta mejora de la protección de los derechos humanos.
No obstante, en junio de 2009 se promulgó la Ley de la Policía Federal, que establecía un único cuerpo federal de policía dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias, investigar delitos y realizar labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas; pero no contaba con adecuados controles judiciales.
Como consecuencia, AI tuvo conocimiento de varios informes sobre violaciones de DH a manos de estas policías, donde la población civil fue la principal afectada.
RENDICIÓN DE CUENTAS
El recuento sobre México destaca que se registraron frecuentes violaciones de mujeres migrantes, mientras que varios periodistas, defensoras y defensores de los DH fueron víctimas de homicidios, actos de acoso y cargos penales falsos.
También cuestiona que las comunidades marginadas en cuyas tierras se deseaba llevar a cabo proyectos de desarrollo económico corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o ver negado su derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada.
El documento puntualiza que 2009 fue un año en que la rendición de cuentas era un ideal remoto para muchas personas, ya que sus “vidas seguían laceradas” por la represión, la violencia, la discriminación, las maniobras de poder y el estancamiento político que vivieron México y otros 159 países.
Aun así, este informe también argumenta que la exigencia de rendir cuentas ya no se circunscribe sólo a la reparación por homicidio o tortura, sino que abarca la garantía de todos los derechos cuyo disfrute necesitamos para vivir dignamente.
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