México: Protestan por libertad de mujer presa por abortar

Gladis Torres Ruíz/ Cimac

Organizaciones de mujeres procedentes de Baja California, activistas, feministas del país, así como integrantes del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), exigieron la inmediata liberación de una joven presa en el penal de Mexicali y sentenciada a 23 años por abortar.

Esta tarde aproximadamente 70 mujeres se dieron cita a las afueras de la representación del estado de Baja California en el Distrito Federal, para exigir la libertad de la joven de 21 años, así como de 23 mujeres más que se encuentran presas por motivos similares en la entidad.

Las activistas afirmaron que con estas detenciones se violenta el Estado laico y el derecho a decidir de las mujeres a ejercer una maternidad libre y voluntaria.

Precisaron que el caso de la joven recluida por más de dos años en el Cereso de Mexicali no es el único. Actualmente en ese mismo penal se encuentran presas cinco mujeres más en espera de sentencia y otras tres sentenciadas por el delito de homicidio en grado de parentesco.

De igual forma, en el Cereso de Tijuana hay tres mujeres presas en espera de sentencia y ocho más que ya fueron sentenciadas; mientras que en el reclusorio de Ensenada tres mujeres ya fueron sentenciadas y una se encuentra en espera del veredicto.

Una comisión encabezada por Marixtel Calderón Vargas, integrante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, fue recibida por Ricardo Emiliano Salazar Torres, representante del gobierno de BC en el Distrito Federal y por Gabriela Zendejas Jauregui, directora de Enlace Federal.

La activista informó que se les notificó a los funcionarios que el caso de la joven de 21 años no es el único en la entidad, que hay 23 casos más. Los empleados del gobierno de BC se comprometieron a revisar el asunto.

Calderón Vargas informó que continuarán en el DF realizando reuniones con funcionarios de alto nivel a quienes les expondrán los casos, a fin de que el Tribunal Superior del estado de Baja California resuelva la inmediata liberación de la estudiante de preparatoria.

Posteriormente, las manifestantes se condujeron a la avenida Viaducto Miguel Alemán para mostrar sus pancartas de protesta.

Según información de IPAS México, BC forma parte de las entidades federativas que incrementaron su razón de mortalidad materna de 2008 a 2009, siendo una de las causas el aborto.

En la entidad el aborto está permitido según el Código Penal en caso en violación; en este caso la ley contempla un plazo de 90 días de la gestación y que el hecho haya sido denunciado. Otras causales son: cuando el aborto es accidental y si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre.
http://www.cimacnoticias.com/site/11031809-protestan-por-liber.46525.0.html

México: No estamos conformes con el trato ni la condena, lanza una reclusa

Jaime Avilés y Carlos García/ La Jornada

Las cuatro jóvenes campesinas que purgan condenas de más de 25 años de cárcel, al ser señaladas culpables de homicidio por abortar, fueron presentadas esta tarde a reporteros y fotógrafos de distintos medios para declarar, por consigna, que no desean conceder más entrevistas de prensa.

Con una palidez extrema, sometidas a una presión tan evidente que una de ellas rompió a llorar a causa de un ataque de nervios –"¡me quiero ir!", gritó, cuando una de sus compañeras afirmó que las sentencias que les impusieron son "injustas"–, las internas Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana Dueñas y Araceli Camargo Juárez (que según el gobernador Juan Manuel Oliva "no existen") fueron obligadas a protagonizar una escena para que la Secretaría de Seguridad Pública estatal demostrara que no están "incomunicadas", como lo denunció La Jornada en su edición del 4 de agosto.

De acuerdo con el libreto oficial, la vocera de la dependencia, Alicia Arias Muñoz, iba a preguntarles, delante de los medios, si querían seguir dando entrevistas, a lo que las jóvenes campesinas debían responder que no. Pero antes de que empezara la representación, La Jornada se adelantó e interrogó a las reclusas: "¿Están de acuerdo con las sentencias que recibieron y con el trato que les dio el Ministerio Público?".

Con ojos impacientes, Alicia Arias tomó la palabra: "¡No, no, no! La pregunta es si quieren dar entrevistas". Y dirigiéndose a las internas les echó la pelota: "¿Quieren dar entrevistas?". De pronto se impuso un silencio insoportable, en el que sólo se escuchaba el zumbido de un ventilador.

Vigiladas a escasos centímetros por una robusta custodia vestida de negro, inmóviles, uniformadas con pantalones y camisola color caqui, alineadas de espaldas a la pared de una estrecha sala de juntas en la que había al menos 12 reporteros (que habían sido despojados de sus cámaras y grabadoras), la más alta y morena de las jóvenes, echando el corazón por delante, dijo con firmeza y claridad:

"Voy a contestar por educación. No, no estamos conformes con las sentencias ni con el trato del Ministerio Público. Fueron injustas. Pero ustedes ya conocen nuestras versiones y lo que pensamos, y somos respetuosas del reglamento".

En ese instante, la más bajita de las cuatro estalló en llanto, se dio la vuelta y pegando la cara contra la pared, gritó: "¡Me quiero ir, me quiero ir!".

La custodia la abrazó para consolarla. La vocera de la SPP esbozó una delgada sonrisa de desaliento y los reporteros volvieron a la aduana donde habían dejando sus pertenencias, lamentando el hecho de haber participado en un montaje tan degradante para las internas, para las propias autoridades y para la prensa, que también fue víctima de la mordaza oficial.

Incomunicadas cuatro mujeres mexicanas presas por abortar

Prensa Latina

Cuatro mujeres mexicanas, sentenciadas a más de 25 años de cárcel por abortos involuntarios, permanecen incomunicadas en el penal de Puentecillas, en el estado de Guanajuato, para impedir declaraciones a la prensa, destacan hoy periódicos nacionales.

Fueron llevadas a condiciones de aislamiento mientras dos legisladoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leticia Quesada y Claudia Elena Torres, reclamaron ante la Procuraduría General de Justicia del estado la inmediata liberación de seis féminas, juzgadas por perder el embarazo.

Para este miércoles se espera el arribo al país de la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, que podría tomar nota del caso.

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la solicitud de que sea investigada la presunta violación de las garantías individuales de al menos media docena de mujeres en prisión por abortar.

También pidieron a la entidad que se interese por otras 160, quienes podrían ir a prisión por la misma razón.

Las jóvenes campesinas María Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas fueron obligadas a firmar un documento en el que expresan su deseo de "no realizar entrevista con medio alguno", denuncian aquí los medios de comunicación.

Al parecer las cuatro mujeres perdieron sus embarazos por desnutrición, nula atención ginecológica y otros factores relacionados con la miseria, y fueron denunciadas ante el Ministerio Público por los médicos que las asistieron en urgencias de los hospitales públicos de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, pertenecientes a Guanajuato.

En ese territorio el aborto es castigado con hasta tres años de cárcel y se concibe la libertad bajo fianza, pero las seis mujeres cumplen sanciones mayores.

Ellas fueron acusadas de "homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación", delito que puede ser sancionado hasta con 35 años de encierro, denunció la organización Las Libres.

Actualmente, 166 mujeres de Guanajuato están sujetas a proceso de averiguación previa ante la Procuraduría estatal, denunciadas como presuntas responsables de aborto, y 43 de ellas fueron consignadas por el Ministerio Público ante un juez.

El centro Las Libres, asociación civil dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato, anunció dos movilizaciones por la libertad de las presas en las penitenciarías de Puentecillas y Valle de Santiago.

“Se redujo el miedo, la culpa y el estigma”...

La investigadora Ana Amuchástegui revela los efectos positivos para las mujeres de la norma sancionada hace tres años.

Por Mariana Carbajal/ Página 12

La legalización del aborto en la ciudad de México generó efectos “muy buenos” para las mujeres: en primer lugar, les dio seguridad y tranquilidad, y a la vez “redujo el miedo, la culpa y el estigma” asociados a la interrupción voluntaria de un embarazo, enumera la mexicana Ana Amuchástegui, psicóloga social e investigadora de la Universidad Metropolitana del Distrito Federal, quien llevó adelante un estudio cualitativo sobre las consecuencias en la subjetividad femenina de la reforma legal que cumple por estos días tres años y que despenalizó el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación.

Desde que entró en vigencia, a fines de abril de 2007, casi 40 mil mujeres del DF y de otros estados del país han interrumpido sus embarazos sin complicaciones y en condiciones seguras en hospitales públicos de la capital mexicana. En una entrevista con Página/12, Amuchástegui reveló los hallazgos de su investigación.

La charla transcurre en el luminoso café del Malba, en Palermo. La tarde es soleada. Por la mañana, Amuchástegui visitó el Museo de la ESMA junto a un grupo de investigadoras e investigadores, intelectuales y activistas de numerosos países de América latina, Africa y Asia, que llegaron a Buenos Aires para participar de un encuentro organizado por el Instituto Gino Germani-UBA y el Cedes, para debatir los lazos entre sexualidades, género, política, derechos, movimientos sociales, salud y desigualdades estructurales. Todavía está impresionada por el recorrido por el edificio que albergó al emblemático centro clandestino de detención. Luego de la entrevista, tiene previsto un paseo más relajado: piensa disfrutar de las colecciones del Museo de Arte Latinoamericano.

Desde mediados de los ’90, Amuchástegui trabaja sobre el proceso subjetivo asociado a los derechos sexuales y reproductivos. La pregunta que se ha hecho desde hace 15 años es cómo la gente reconoce que la sexualidad y la reproducción son materia de derechos. Realizó entrevistas a activistas gays, a militares viviendo con VIH que fueron expulsados por esa razón del Ejército, a mujeres de sectores populares, entre otros grupos. En cuanto se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, empezó a entrevistar a mujeres que iban a realizarse una interrupción legal de embarazo (ILE, como la llaman en el DF).

La reforma fue aprobada el 24 de abril de 2007 por la Asamblea Legislativa del DF. Y los servicios de ILE se organizaron rápidamente en una serie de hospitales públicos de la ciudad, adonde se circunscribe el alcance del cambio que legalizó la práctica médica. La mayor parte de las entrevistadas fueron jóvenes solteras, para algunas no era su primer embarazo, pero la mayoría no tenía hijos.

La investigación abarcó 25 entrevistas. El proyecto, que lleva adelante desde la Universidad Metropolitana del DF, en asociación con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Lo financia la Fundación Ford.

–¿Qué impacto tuvo la legalización del aborto en la subjetividad de las mujeres que deciden recurrir a una ILE?

–Los efectos sobre las mujeres son múltiples. El primer impacto es saber que no se van a morir. Lo primero que ellas dicen es que con la ley se generó la seguridad, y la tranquilidad. Lo que más aprecian es que la ley permite que el proceso se haga en un hospital público. Ellas hacen una serie de pasajes: cuando te hablan de abortos clandestinos te dicen que nadie se hace cargo, “nadie se hace responsable si algo me pasa, en cambio aquí ellos se tienen que hacer responsables de mi salud”. Pasan de un contexto de impunidad a la posibilidad de exigir si algo sale mal. El Estado mexicano ha sido muy paternalista y la cultura ciudadana en México diría que es incipiente, errática, así que las mujeres no hablan de derecho, algunas incluso hablan de agradecer. “Le agradezco al gobierno que tiene esto para las mujeres, pero lo debería tener para todas”, dicen.

–¿Cómo abortaban antes de la reforma?

–Clandestinamente, donde podían. Hay un uso extendido del misoprostol, pero como sabemos hay muchos abortos incompletos que acababan con legrados. Así las que conocen el misoprostol, pero muchas no lo conocen.

–¿Qué otros aspectos cambiaron con la legalización?

–Ellas dicen que la culpa es menor. Sienten que si los servicios de ILE se publicitan a través de Internet y en la radio, si el Gobierno está proveyendo el servicio, quiere decir que esta decisión que están tomando es una decisión legítima. Antes, el aborto era tanto un delito como un pecado, ahora puede ser un pecado –para algunas– pero ya no es delito. En algunos momentos dicen: “Yo sé que está mal, pero yo no puedo tener este hijo y como ahora tengo la posibilidad, lo puedo hacer, y además el gobierno lo avala”. Hacen una separación entre la cuestión moral y la cuestión de ciudadanía. La cuestión de la conciencia se la quedan para su vida privada, mientras que ejercen su derecho.

–¿Es menor el estigma que suele pesar sobre el aborto en un contexto en el que la práctica no está criminalizada?

–Creo que ése puede ser un cambio eventual. Este cambio entre el pecado y una decisión legítima desde luego trae como efecto inmediato una disminución en el miedo y en la culpa. Pero ellas siguen manteniendo mucho silencio. Comparten la decisión con muy poca gente. Presentes en el proceso se encuentran muchísimas suegras, mamás, novios, parejas, no sólo amigas. Pero en muchas ocasiones no lo sabe más que una amiga. No es una decisión que la harían pública ni la convertirían en una bandera política ni de militancia, pero en términos de su experiencia esta legitimidad sí produce efectos muy buenos. El estigma queda reducido. De todas formas, lo que observamos es que la culpa que pueden llegar a sentir depende de una serie de condiciones: una de ellas es en qué tipo de vínculos se produjo el embarazo, si es una relación inestable, si es lo que llamamos en México “casa chica”, la amante, si es en una relación con un contexto de violencia. Es diferente si es una buena relación en la que incluso se había planeado formar una familia. Mientras más deseo de tener un hijo, hay más dolor. En general, todas hablan –menos una– de que están postergando el momento de tener un hijo. La mayoría no habla de que no quieren tener un hijo, sino de que no pueden. “Yo no puedo, yo estoy estudiando.” Las que no tienen hijos, hablan de postergar el momento de tenerlo. Las que tienen ya, dicen que interrumpen ese embarazo para poder cuidar a los hijos que ya tienen. Es decir, paradójicamente deciden no ser madres en ese momento para poder ser mejores madres.

Aborto: México en la pura confrontación

Ángela Castellanos Aranguren

SEMlac.- Latinoamérica ha visto en los últimos dos años candentes debates a favor y en contra del aborto en muchos países, pero ninguno cómo en México, donde esta puja ha logrado concretarse en medidas evidentes tanto para su despenalización como para su total desaprobación.

En efecto, México está enfrentando una confrontación legal sobre el establecimiento del punto de partida para la protección a la vida. Mientras que en 2007 la Corte Suprema aprobó la ley que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de embarazo en Ciudad de México, en los últimos dos años 18 Estados de esa nación respaldaron reformas constitucionales en las que se define el estatus de persona desde el momento de la concepción.

"Creemos que las reformas constitucionales son una reacción a la derrota en el Distrito Federal, que fueron planeadas y organizadas por la derecha ultra-conservadora liderada por la jerarquía de la Iglesia Católica y los abogados católicos agrupados para este fin -quienes lo admitieron públicamente- y los partidos políticos", aseguró María Consuelo Mejía, de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir.

Mejía, quien también actúa como Directora de Católicas por el Derecho a Decidir (México), participó en el Foro Latinoamericano de Estrategias para la despenalización del Aborto, realizado del 24 al 26 de febrero en Bogotá, bajo el auspicio del grupo colombiano "Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres".

"La idea de este foro es compartir experiencias entre activistas de América Latina y de Colombia, no sólo de Bogotá, sino de las regiones", explicó a SEMlac Beatriz Quintero, representante de la Mesa.

Las reformas en los Estados mexicanos se han producido en una coyuntura electoral caracterizada por el anhelo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por recuperar el gobierno, el cual jugó un papel fundamental. "Si el PRI no hubiera apoyado las reformas, estas no se aprueban. Y lo hizo en todos los Estados, tanto en los priístas como en el resto", aseguró Mejía.

De acuerdo con un estudio presentado en 2008 por el Colegio de México y las organizaciones Population Council y el Intituto Guttmacher, anualmente se realizan 880.000 abortos, muchos en condiciones antihigiénicas y mediante procedimientos caseros que ponen en riesgo la vida de las mujeres.

El Population Council llevó a cabo dos encuestas entre los residentes de Ciudad de México, en 2007 y en 2008, una justo antes de la ley y la otra, un año después de aprobarse la despenalización del aborto en la capital. Estos sondeos encontraron que había un significativo aumento de apoyo a que la normativa fuera extendida a otras partes de México.

"Actualmente se han hecho 40.000 interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales (públicos) de Ciudad de México, sin contar los casos de los servicios privados", aseguró Mejía, máster en Estudios Latinoamericanos.

En todos los Estados mexicanos hay circunstancias excepcionales en que el aborto es autorizado. Las excepciones, que varían según el Estado, son cuando está en peligro la salud de la mujer, en caso de violación e inseminación artificial no consentida, cuando hay malformaciones genéticas del feto, y por razones socioeconómicas cuando la mujer tiene más de tres hijos. Esta última solamente está aprobada en el Estado de Yucatán.

A pesar de las reformas constitucionales provinciales, estas excepciones siguen vigentes, ya que no se han modificado los Códigos Penales. En Guanajuato hubo dos intentos de eliminar el aborto en caso de violación, "pero no lo lograron porque hubo una gran movilización social", explicó la activista colombiana residente en México.

"Lo que sí se ha logrado con estas reformas es obstaculizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud e impedir que haya un avance como el de Ciudad de México", agregó.

No obstante, las mexicanas que interrumpen voluntariamente su embarazo en los casos no autorizados corren el riesgo de ser condenadas a varios años de prisión. "Hay denuncias de que en estados como Puebla, Veracruz y Guanajuato hay mujeres en prisión por haberse practicado un aborto. Hay que sacar a esas mexicanas de las cárceles", declaró la antropóloga Mejía.


La Cámara aprueba la laicidad en la Constitución Mexicana

Varios tipos de acciones legales se han elevado en contra de las reformas a las constituciones provinciales, entre ellas dos acciones de inconstitucionalidad, las tutelas (o amparos) individuales, y las controversias constitucionales presentadas por municipios.

"En la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir hemos sido partidarias de tener una respuesta multi-estratégica", aseguró la directora de Católicas por el Derecho a Decidir que integra dicha Alianza junto con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Equidad de Género, el Population Council e IPAS.

"Además, vamos a seguir con campañas públicas de educación sobre el papel de la iglesia y el deber de los legisladores, y el tema del Estado laico. La laicidad es un valor republicano, pero desde el gobierno de Vicente Fox, esto se ha ido perdiendo, así que estamos trabajando para incluir, en el artículo 40 de la carta magna, que México es una república laica".

Este artículo fue aprobado hace dos semana en la Cámara de Diputados y ahora pasa a debate para su aprobación por el Senado. Hasta ahora, la laicidad sólo estaba en una ley secundaria, no en la Constitución Nacional.

Existe la probabilidad de que se elabore una ley federal en el mismo sentido de las reformas constitucionales, que extendería a todo México el concepto de que "la vida debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural".

"De hecho, ya se han presentado iniciativas legislativas de este tipo. El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, que es un liberal del PRI, presentó una y luego se arrepintió. Pero aún sigue su curso, pues no se puede retirar así no más", aclaró Mejía.

Las perspectivas presentan varios escenarios. Uno, que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional las reformas en los dos Estados en que se presentaron las acciones de inconstitucionalidad. Otro es que los Estados empiecen a promover cambios en los Códigos Penales, lo cual podría poner en riesgo las causales de excepción en que la interrupción voluntaria del embarazo es legal.

Según Mejía, dado que la definición de estos escenarios pasa por procesos jurídicos, el panorama es bastante incierto, toda vez que en muchos de ellos la interpretación de la norma tiene bastante peso.

83 de cada 100 habitantes del DF - México por la despenalización del aborto

Por: Lourdes Godínez Leal / Cimac

El 83 por ciento de las y los capitalinos se han pronunciado porque la Ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación vigente en el Distrito Federal desde 2007 se extienda hacia otras entidades federativas, mientras que el 90 por ciento consideró que éste es un derecho que sólo compete a la mujer para que ejerza su maternidad libre y voluntaria.

Así lo dio a conocer hoy en conferencia de prensa, la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar), en el marco del 28 de Septiembre Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, al presentar la encuesta ¿Qué piensan quienes habitan en el Distrito Federal sobre la Ley que permite a las mujeres obtener la ILE hasta las 12 primeras semanas de gestación?

Los resultados de la investigación realizada por Population Council, Ipsos-BIMSA e Insad, demostraron que en dos años, tras la aprobación y constitucionalidad de la ILE en la capital, la Ley ha sido más aceptada por los resultados que ha demostrado, pues a septiembre de este año 30 mil mujeres han salvado su vida al no tener que recurrir a los abortos clandestinos.

De acuerdo con el sondeo realizado los años 2007, 2008 y 2009 hubo un incremento significativo y favorable de opinión sobre la despenalización del aborto.

Para el año 2007 cuando entró en vigor la norma en el DF, el 38 por ciento de las y los capitalinos pensaban que era una buena Ley, a 2009 la cifra se incrementó a 73 por ciento, en tanto, los que se manifestaron en contra de la misma mostraron un decremento, ya que mientras en 2007 el 52 por ciento manifestó su rechazo, a 2009 se ubicó tan sólo el 21 por ciento.

En 2009, 83 de cada 100 capitalinas y capitalinos consideran que la legislación debe extenderse a otras entidades del país contra un 16 por ciento que expresó su desacuerdo.

Otros resultados muestran que 84 de cada cien personas consideran que la Ley beneficia de manera especial a las mujeres de escasos recursos.

Asimismo se ha incrementado la aceptación entre la población para que las mujeres de otras entidades federativas -donde se ha criminalizado el aborto, incluso por violación- se trasladen al Distrito Federal para recibir servicios de ILE.

Mientras en 2007 el 45 por ciento opinó no estar a favor de esta medida, a 2009 la cifra se incrementó a 73 por ciento.

En relación a que las adolescentes (menores de 18 años) ejerzan su derecho a solicitar una ILE, la encuesta demostró que hay mayor apertura a que así sea ya que el 61 por ciento consideró que es un derecho al que deben tener acceso.

En dos años la opinión de las y los capitalinos sobre la ILE ha mejorado debido a los resultados obtenidos desde que entró en vigor que demuestran que es una Ley que no obliga a las mujeres a abortar, que además ofrece consejería e información así como métodos anticonceptivos después de realizarla.

Cabe recordar que únicamente se ha registrado un deceso desde que la norma está vigente, el de una joven de 15 años que murió a causa de una hemorragia y del cual la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), concluye en la recomendación emitida, que la muerte no se debió en sí a la ILE sino a la negligencia médica del doctor que no realizó los estudios que se exigen en los lineamientos ya que la menor de edad tenía más de 12 semanas de gestación.

Según cifras de la Secretaría de Salud capitalina a septiembre de este año 30 mil mujeres han salvado su vida al tener acceso a una ILE en la red de hospitales capitalinos.

Como ha insistido el movimiento feminista, la ILE es una decisión que compete únicamente a las mujeres y es un derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre ejercer una maternidad libre y voluntaria, por ello la encuesta ahora señala que en comparación con 2007 cuando el 75 por ciento opinaba que esta elección era de la mujer, a 2009 se incrementó a 90 por ciento.

Varios descensos importantes se evidencian en la encuesta que demuestra que la proporción de personas que pensaban que esta es una decisión que corresponde a un médico o a un juez bajó del 15 por ciento en 2007 a 5 por ciento en 2009.

Otro indicador importante es la proporción de personas que consideran que el embarazo no se debe interrumpir bajo ninguna circunstancia la cual pasó de 10 por ciento en 2007 a 5 por ciento en 2009.


ILE, UN DERECHO

Para la antropóloga y feminista Marta Lamas, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las organizaciones que conforman Andar, para que se eche atrás este derecho ganado por las mujeres del Distrito Federal tiene que haber todo un proceso.

Si bien, sostuvo que 15 entidades federativas han blindado sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación y se pretende llegar a más para solicitar el cambio constitucional, es un proceso a largo plazo que no se daría de manera inmediata, dijo.

“Es todo un proceso el que tiene que darse que no lo veo cercano en el horizonte”, dijo Lamas quien además sostuvo que estas reformas “son actos políticos, de conveniencias políticas y de pactos, expresión de la simulación y de la hipocresía”.

Cuestionada qué tanto valió la pena la despenalización del aborto en el DF, cuando había estados que advirtieron que de darse en la capital ellos harían lo contrario, la feminista sostuvo que “sí valió la pena porque es una medida que es justa para las mujeres, tú no la puedes detener porque en otros estados no se acepte, habrán estados que se asusten y que se blinden pero es un proceso”, dijo.

Andar consideró que estas modificaciones son graves y significan un grave retroceso para los derechos de las mujeres, incluso dijeron, han causado mucha inconformidad y división entre católicos, al tiempo que señalaron que hay movilizaciones contra estas medidas, ejemplo de ello son los amparos, recursos y controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De igual manera, no descartaron que haya una sobredemanda en los servicios capitalinos a donde ya están acudiendo las mujeres de otras entidades federativas para solicitar su derecho a la ILE.

Las organizaciones que conforman Andar son: Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), GIRE, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia e IPAS México.