miércoles, agosto 04, 2010

Incomunicadas cuatro mujeres mexicanas presas por abortar

Prensa Latina
Cuatro mujeres mexicanas, sentenciadas a más de 25 años de cárcel por abortos involuntarios, permanecen incomunicadas en el penal de Puentecillas, en el estado de Guanajuato, para impedir declaraciones a la prensa, destacan hoy periódicos nacionales.

Fueron llevadas a condiciones de aislamiento mientras dos legisladoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leticia Quesada y Claudia Elena Torres, reclamaron ante la Procuraduría General de Justicia del estado la inmediata liberación de seis féminas, juzgadas por perder el embarazo.

Para este miércoles se espera el arribo al país de la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, que podría tomar nota del caso.

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la solicitud de que sea investigada la presunta violación de las garantías individuales de al menos media docena de mujeres en prisión por abortar.


También pidieron a la entidad que se interese por otras 160, quienes podrían ir a prisión por la misma razón.

Las jóvenes campesinas María Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas fueron obligadas a firmar un documento en el que expresan su deseo de "no realizar entrevista con medio alguno", denuncian aquí los medios de comunicación.

Al parecer las cuatro mujeres perdieron sus embarazos por desnutrición, nula atención ginecológica y otros factores relacionados con la miseria, y fueron denunciadas ante el Ministerio Público por los médicos que las asistieron en urgencias de los hospitales públicos de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, pertenecientes a Guanajuato.

En ese territorio el aborto es castigado con hasta tres años de cárcel y se concibe la libertad bajo fianza, pero las seis mujeres cumplen sanciones mayores.

Ellas fueron acusadas de "homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación", delito que puede ser sancionado hasta con 35 años de encierro, denunció la organización Las Libres.

Actualmente, 166 mujeres de Guanajuato están sujetas a proceso de averiguación previa ante la Procuraduría estatal, denunciadas como presuntas responsables de aborto, y 43 de ellas fueron consignadas por el Ministerio Público ante un juez.

El centro Las Libres, asociación civil dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato, anunció dos movilizaciones por la libertad de las presas en las penitenciarías de Puentecillas y Valle de Santiago.

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