MinMujer impulsa el movimiento de ‘Mujeres en Defensa Popular de la Economía’

MinMujer Como parte de la creación del Órgano Superior para la Defensa Nacional de la Economía, dictaminado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, se realizó este viernes el ‘Encuentro Nacional de la unidades Productivas’ impulsadas por el Ministerio del poder Popular para Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), a fin de incorporar a la mujer venezolana en la lucha por la defensa de la economía del país.

En este sentido, desde el Teatro Municipal de Caracas, mujeres de diferentes estados, se congregaron para la conformación del Movimiento de Mujeres en Defensa Popular de la Economía.

La ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreína Tarazón, señaló que “en la lucha contra las arremetidas de la derecha internacional y sus lacayos que pretenden frenar el ritmo de Revolución Bolivariana con ataques económicos, las mujeres y los hombres de la patria se levantan con la moral en alto para la defensa del país, como nos enseñó el Comandante Chávez”.

Aseguró que actualmente Venezuela se encuentra librando una batalla que el pueblo sólo podrá ganar unido y organizado. “Esta batalla de todas y todos más allá del ámbito económico, la vamos a ganar con nuestra moral y nuestra conciencia”, dijo.

Mujeres de la patria a la fiscalización

La representante del despacho para la Mujer y la Igualdad de Género, anunció que en el marco de la conformación del movimiento ‘Mujeres en Defensa Popular de la Economía’, más de 2 mil 500 trabajadoras y trabajadores del MinMujer, asumirán la conformación de comités de la defensa popular de la economía en cada una sus sedes en el territorio nacional. “Este plan de acción nos compromete a fortalecer estos comités o instancias del poder popular para la fiscalización”, enfatizó.

Asimismo, informó que a partir de la próxima semana, más de mil mujeres se colocan a la orden de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (Sundecop) y del Instituto para la defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios (indepabis) para ser fiscalizadoras a nivel nacional en los mercados y en las redes de distribución.

Finalmente, Tarazón señaló que adicionalmente, más de 8 mil 300 comités de Madres del Barrio de 12 estados del país se sumarán a esta estrategia. “Ellas serán una fuerza organizativa más, para conformar estas instancias del poder popular en la lucha contra la guerra económica, y serán juramentados los próximos 02, 03 y 04 de octubre.

Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

La Araña Feminista

Declaración Pública

Por la MATERNIDAD LIBRE y SEGURA PARA TODAS

La maternidad voluntaria y libre, protegida y apoyada socialmente es un derecho humano fundamental, garantizado y protegido por nuestra Constitución. Esto implica reconocer a las mujeres como personas con autonomía y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos, y el tiempo entre los nacimientos.

Todas las mujeres queremos una maternidad deseada con alegría, vital y segura, no forzada por leyes ni obligada por imperativos ideológicos cargados de prejuicios, hipocresía y desconocimiento. Para que esto sea posible es indispensable que las mujeres puedan tomar con libertad y seguridad la decisión de continuar o interrumpir su embarazo.

La penalización de la interrupción del embarazo, que continúa vigente en nuestro Código Penal, niega a las mujeres la posibilidad de decidir sobre su cuerpo y lejos de evitar la práctica, la convierte en clandestina, insegura y un negocio muy lucrativo. En nuestro país las muertes por abortos que se complican por haberse practicado en condiciones insalubres representan la tercera causa de muertes maternas, cuyo índice tenemos el compromiso de disminuir urgentemente, según las metas asumidas para el milenio. Comparativamente Uruguay, que despenalizó la interrupción en 2012, registra cero muertes por esta causa.

La criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo nos afecta de manera desigual según nuestra clase social: mientras las mujeres con poder adquisitivo pueden acceder a servicios médicos privados, las pobres deben poner en riesgo sus vidas con brebajes, ganchos de ropa o anos no calificados que no ofrecen las condiciones mínimas.

Destacamos que la construcción de una sociedad humanista no será posible mientras las mujeres, especialmente las más pobres, continúen muriendo por interrupciones clandestinas de embarazo y sean objeto de condenas y castigos. Se trata de injusticia clara y manifiesta. La Revolución Bolivariana debe acabar con esta injusticia, como lo hizo la Revolución Cubana en 1965.

Las mujeres venezolanas merecemos que se nos reconozca capacidad para decidir y soberanía sobre nuestros cuerpos, además de, la comprensión de que detrás de las interrupciones hay embarazos que fueron forzados, falta de acceso a la anticoncepción, falla de algún método, pobreza, abandono, irresponsabilidad paterna, enfermedades o gestaciones con graves malformaciones, entre otros motivos.

Llamamos a la reflexión sobre algunas realidades de la interrupción del embarazo:

· La interrupción del embarazo tiene una larga historia de prohibición que sólo consigue hacer su práctica insegura y peligrosa, dando lugar a un negocio rentable que niega el derecho a la salud a las mujeres pobres exponiéndolas a graves consecuencias, incluso la muerte.

· La ilegalidad de la interrupción del embarazo transforma un acto de decisión personal en un acto criminal.

· La interrupción del embarazo es una decisión personal tomada habitualmente como último recurso.

· La penalización de la interrupción del embarazo discrimina a las mujeres frente a los hombres. Los hombres abandonan, las mujeres abortan.

· Las mujeres quedamos embarazadas contra nuestra voluntad, pero no lo hacemos solas: detrás de cada embarazo interrumpido hay una historia de irresponsabilidad, inconsciencia o predominio de un modelo sexual de dominación masculina.

· Graves consecuencias biológicas, sociales, psicológicas derivan de embarazos forzados.

· En la interrupción del embarazo subyace la complejidad de la sexualidad humana, en cuya comprensión tienen mucho que aportar los saberes ancestrales de las mujeres y los avances de la ciencia.

· El estado no debe obligar a las mujeres a tener hijos no deseados y menos recurriendo al Código Penal.

· El estado venezolano es laico y debe legislar como tal, sin presiones religiosas, ni prejuicios oscurantistas.

Las feministas venezolanas organizadas en redes y colectivos sociales, reclamamos un nuevo Código Penal sin discriminación sexual y de género, que despenalice y abra el acceso a una interrupción del embarazo legal, segura y gratuita como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública.

28 de septiembre: el aborto, derecho humano de las mujeres

Joana Etxano Gandariasbeitia

Rebelión El movimiento feminista lleva años reivindicando los Derechos de las Mujeres, su reconocimiento y legislación, su defensa y aplicación efectiva. Una expresión de esta denuncia y reivindicación fue el “Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres, Viena +20, Euskalherria 2013”, celebrado el 7 y 8 de junio en Bilbao. En él se presentaron diversos casos de distintas partes del mundo, enmarcados en tres ejes: derecho a una vida libre de violencia, derecho a un nivel de vida digno para las mujeres y derecho al aborto. Este artículo recoge varios de los análisis y propuestas que allí se expresaron.

Estamos en un momento que con la excusa de crisis el poder político, económico y religioso aúna sus fuerzas para imponer una regresión en los Derechos de las Mujeres, como es el derecho al aborto. Ahora mismo, mientras se celebra el 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto legal, seguro y gratuito, volvemos a vivir la amenaza del PP, con una nueva ley de aborto dentro del Código Penal. Proponen volver a un sistema que sólo admite la interrupción voluntaria del embarazo en algunos supuestos, cuestionando el derecho al aborto como derecho y volviendo a ser un delito con excepciones. Además la ley será más restrictiva que la de 1985.

Una vez más se quiere controlar el cuerpo de las mujeres. Estamos abocadas a la maternidad a pesar que no sea nuestro deseo, nuestro cuerpo pasa a ser un mero instrumento de gestación dejando de ser un ser con derechos, éstos se interpretan de tal forma que, en este pensamiento conservador impera el derecho de un feto frente al de la mujer.

El gobierno desconoce o ignora los distintos Acuerdos, Tratados y Convenciones internacionales que ha firmado y que debe garantizar todos los derechos de las mujeres; en vez de promover medidas que los cumplan realizan leyes que los violan. Se nos elimina el derecho a decidir si queremos desarrollar nuestra capacidad reproductiva y tomar las medidas necesarias para llevar a término o no un embarazo; esto es, no tenemos autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. No tenemos derecho a decidir, se subordina nuestra decisión a la valoración de la medicina y la judicatura, dado que se interpreta que no tenemos capacidad para ello, tutelando las decisiones de las mujeres.

Como expuso Marta Dolado quien ejerció como fiscal en el marco del Tribunal internacional de Derechos de las mujeres celebrado en junio en Bilbao, “la restricción del derecho al aborto es una violación de los derechos humanos. (...). Cuando un embarazo no es deseado y la ley requiere que la mujer lo continúe, esta situación puede constituir una intrusión gubernamental en el cuerpo de la mujer (…). El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha indicado que las restricciones al acceso al aborto legal y seguro pueden llevar a situaciones que constituyen un trato cruel, inhumano o degradante”.

Así ocurre en algunos Estados, como en El Salvador y Nicaragua entre muchos otros, donde los gobiernos no dejan que las mujeres aborten en ninguna circunstancia, agravándose la situación al máximo, vulnerando el derecho a la vida. Relegan la vida de una mujer entendiendo que es un mero instrumento para el feto.

La legislación sobre el aborto es muy diversa según el país y el gobierno que esté al frente, no obstante, en muchísimos Estados, si no la mayoría, continúa estando castigado en el Código Penal. Mientras el aborto esté en el Código Penal, el derecho a decidir será negado y subordinado a la judicatura, mientras abortar sea delito habrá una inseguridad jurídica para las mujeres y profesionales que lo realizan; sólo la despenalización y un aborto libre y gratuito respalda la libre decisión de las mujeres.

Cuando hablamos del derecho al aborto hablamos también del derecho a la autonomía. Justa Montero explicaba en el Tribunal que este derecho será efectivo cuando podamos practicar las decisiones tomadas y teniendo medios y servicios suficientes para poner en práctica nuestra decisión. Para ello, además de tener leyes que no restrinjan la libre decisión, el Estado debe garantizar medios suficientes para que podamos interrumpir un embarazo en la red sanitaria pública, así como elegir el método para hacerlo y castigar a quienes lo obstaculicen. De lo contrario se estará discriminando a las mujeres.

Asimismo, cada mujer podrá tomar la decisión individual que considere según su moral, credo o circunstancia pero no debemos admitir que la religión intervenga en la legislación de un Estado laico y aconfesional; se deben promulgar políticas públicas que además de respetar las creencias religiosas del ámbito privado, garanticen los derechos de las mujeres mediante políticas públicas. Hay que hacer frente a este pensamiento que considera que las mujeres el derecho que tenemos es el de ser madres y no a decidir, y lo principal a proteger es un embrión y no a la mujer.

Los grupos anti-elección que se enorgullecen de hacer esa defensa a ultranza sobre la vida, no cuestionan que ésta la tenemos que “sobrevivir” como podamos, porque día a día, hay más recortes sociales, laborales y económicos avalados por el mismo poder que relegan toda la carga de la reproducción social en las familias, que en definitiva recaen en las mujeres. Hay que analizar esta reforma de Gallardón en un contexto más amplio donde no sólo se está recortando el derecho al aborto sino que están imponiendo una serie de medidas que están suponiendo un retroceso en los avances de los derechos de las mujeres, abocando a las mujeres a las posiciones de ama de casa y cuidadora a tiempo completo.

Es más, cuestionamos que realmente lo que se quiere proteger sean vidas ya que las políticas restrictivas sobre aborto lo que muchas veces conlleva son muertes maternas por abortos en clandestinidad de aquellas mujeres sin recursos.

A día de hoy el aborto está criminalizado y estigmatizado, tanto legal como socialmente. Hay que diferenciar entre un debate político y uno moral. La política no puede basarse en la moral de quien legisle sino en la justicia para todas las personas, incluidas las mujeres. Si bien es un tema que desde el feminismo se lleva reivindicando muchos años, sigue siendo un tema tabú y hay que lograr que se genere una conciencia colectiva de la sociedad sobre esta vulneración del derecho. Tendremos que sumar todas las fuerzas de los colectivos sociales para hacer frente a esta injustica.

El 28 de septiembre debemos exigir nuestro derecho a decidir, la despenalización del aborto y que éste sea gratuito, en definitiva, que se cumplan los Derechos Humanos de las Mujeres. Llamamos a salir a las calles para movilizarnos y participar en los actos de protesta que se realizarán en contra de la reforma que propondrá Gallardón.

Gure gorputza, gure erabakia (Nuestro cuerpo, nuestra decisión)

Joana Etxano Gandariasbeitia. Mugarik Gabe.

Políticas corporales: las mujeres deciden

Begoña Zabala González

Viento Sur Se legisla, se reglamenta y se decide de forma abundante sobre los cuerpos de las mujeres, por personas e instituciones ajenas a ellas mismas, a veces más que ajenas, claramente enemigas. Los Estados, las Iglesias, los organismos internacionales, las buenas costumbres, la moral, las normas no escritas.... todo ello va tejiendo un entramado de expropiación de los cuerpos femeninos, que deriva en que cualquiera puede dictar y dicta sobre sus cuerpos, menos las mujeres mismas, que no tienen reconocida la libertad para decidir. Ni siquiera la elemental y más unida a su biología de decidir sobre su maternidad.

No sólo se produce este control en los temas referentes a la maternidad y a la procreación, sino de forma más extensa, a los cuerpos en su movilidad, apariencia, disciplinamiento postural, salud, higiene, alimentación, relaciones sexuales.... Todo lo que las mujeres quieren y deben hacer con su cuerpo aparece enormemente normativizado, controlado, incluso con controles informales, que son a veces los más importantes. ¿que norma decide la talla de las mujeres, su altura, gordura, las depilaciones, la talla de sujetador, las modas, y un largo etcetera? Normas invisibles, impuestas por la dominación patriarcal, cuya transgresión es sentenciada con la marginación social o la expulsión de los espacios normalizados de relaciones sociales. Cuando la transgresión se enfrenta a una norma explícita la sanción puede ser mayor, incluso la cárcel o la expulsión del territorio.

Está dicho que el decálogo del patriarcado ha sido escrito a sangre y fuego sobre los cuerpos de las mujeres. Más o menos de eso va este tema. Del control de los cuerpos femeninos, vía penalización y criminalización. La propuesta de reforma del Código Penal, una vez más, a propuesta del titular de Justicia, Gallardón, ya está en la lista de espera de los proyectos a aprobar por el Gobierno próximamente.

Toda la información que se posee sobre el tema son las declaraciones del propio titular del Ministerio, más los siempre aberrantes comentarios de las jerarquías católicas, que suele ser su inspiración ideológica. Una vez más la transparencia no es precisamente la cualidad del gobierno de Madrid. Así que fiándonos, -!poco, muy poco!- de lo que dice, vayamos a analizar esta propuesta de modificación de los supuestos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que serán considerados legales, aunque no por ello, cubiertos por la asistencia pública. “A sensu contrario” las no contempladas en los causales serán consideradas delitos.

La primera arremetida fuerte que limita los actuales supuestos legalizados, es la desaparición de los supuestos de IVE a petición de la mujer, hasta las 14 semanas de embarazo. Aduce razones de índole católico-supersticioso, como que el feto es una persona, si bien especial, “nasciturus”, cuya expulsión del seno materno equivaldría a la muerte de una persona, por más señas, indefensa.

Convendría señalar algunos datos de la incidencia de este supuesto en las actuales prácticas sanitarias. Según los últimos datos de los que disponemos, del año 2011, facilitados por el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en ese año se practicaron 118.359 interrupciones voluntarias del embarazo, de las que 106.523 -el 90%-, lo fueron a petición de la mujer, por su voluntad propia y sin tener que alegar ninguna otra causa más que su libre decisión. En las cifras que hemos estudiado para Euskal Herria, los datos suben al 93,69%, del total de 4.982 casos, que son realizados antes de las 14 semanas.

O sea, que como oía decir en mis tiempos de estudiante se comprueba que “la simple pluma del legislador, puede echar por la borda cientos de miles de escritos de sabia y consolidada práctica jurídica y jurisprudencial”, -y ciscarse de paso en los derechos de las mujeres, añadiría-. En este caso, y lo que es más grave, los 106.523 casos de IVE practicadas en centros sanitarios y hospitalarios, con todo tipo de garantías sanitarias y jurídicas, pasarían “ipso facto” a ser consideradas como delito.

La nueva propuesta de reforma no es ya muy grave solamente por el paso de la conceptualización de un derecho a un delito, como tantas veces se ha denunciado por el movimiento feminista, con todo lo que ello conlleva de judicialización y criminalización de las prácticas de interrupciones voluntarias, sino que el supuesto por excelencia, el que se aplica nada menos que en el 90% aproximadamente de los casos, se consideraría delito y por tanto se criminalizarían estas conductas, tanto para las mujeres, como para el personal sanitario que interviene. Para este personal, con los supuestos de penas más graves, incluso, y el añadido de inhabilitación, lo que supone expulsión de su carrera profesional.

A mi entender es sobre estos datos y sus consecuencias sobre las que tiene el ministro actual que definirse, y dejar un poco al lado tanto argumentario filo-místico y de superstición.

Hay otro dato que también se destaca cuando se habla de las IVE y yo entiendo que se debe poner sobre la mesa. A pesar de que siempre representan con truculencia y horror la realización de un aborto y falsifican imágenes de fetos con apariencia de bebés, la práctica de una IVE no tiene nada que ver con esa plasmación, si se realiza tempranamente, con métodos adecuados y con garantías de higiene y sanidad. Así, según los datos a que se hace referencia del Ministerio, se puede ver que el 55,10 % de las IVE, se realizan mediante métodos no quirúrgicos o farmacológicos, realizados antes de las 8 semanas /1. Asimismo, los métodos utilizados hasta las 14 semanas son en general muy poco agresivos para el cuerpo de las mujeres y, desde luego, nada tienen que ver con esas carnicerías que a menudos nos enseñan los video-montajes de los enemigos del derecho a decidir.

Esto, unido a la mitificación y personalización que se hace del feto y del embrión, hace que una práctica que puede ser bastante inocua para la existencia de las mujeres se cargue de enormes significados de sufrimiento, tanto físicos como psicológicos, y de sentimientos de culpabilidad y vergüenza, para así doblegar la libertad de las mujeres. Por poner un ejemplo cercano, una IVE no es en absoluto ni la décima parte de dolorosa o violenta, que una “buena” carga policial en concentración no autorizada o una detención en casco urbano de inmigrante sospechosa de no tener papeles. Si el embarazo no era deseado, desde el inicio, la práctica se convierte en un alivio importante para la propia mujer.

La otra modificación importante que parece que va a traer cola, es que los supuestos causales en los que se va a permitir la interrrupción voluntaria del embarazo, van a ser solo tres: violación, salud de la madre e incompatibilidad del feto con la vida o inviabilidad absoluta del mismo fuera del seno materno. Es decir, además de reducir los supuestos a las causas específicas y en los plazos señalados, desaparece un supuesto: las malformaciones del feto. No es éste equiparable al caso anterior, en número, ya que los datos reseñados nos sitúan en un 3,5%, más o menos de los abortos acogidos a este supuesto. Lo que sí destaca de la supresión de este supuesto es su crueldad hacia la mujer embarazada, a la que se le va a obligar a parir una criatura con deficiencias muy graves, contra su voluntad y sus proyectos de vida. Se vuelve a introducir un tergiversación de la causa de la IVE. No es la causa el que el feto tenga malformaciones o el que la mujer haya sido violada o el que la mujer tenga problemas serios de salud. La causa de la realización del aborto es simplemente la voluntad de la mujer. Voluntad que obviamente se ve mediatizada por los supuestos más graves de embarazos no deseados, o devenidos no deseados. La causa no es el hecho de que la criatura va a ser altamente “dependiente” toda vida, sino que la causa real es que la mujer no quiere parir una criatura en esas condiciones.

Este debate conviene hacerlo con mucha tranquilidad, pues ya ha habido algunas asociaciones de personas discapacitadas que ven en la causa de “malformación del feto”, la introducción de prácticas eugenésicas y la no aceptación de las personas minusválidas o con discapacidad funcional en nuestra sociedad. Y lo que en realidad se está reivindicando es la decisión de la mujer. En estos momentos de recortes sociales, por llamar de alguna forma al desmantelamiento de los servicios públicos de atención social, parece que raya con el cinismo más políticamente de derechas el hacer recaer la culpa de la no atención a la discapacidad sobre una mujer que ejerce su derecho al aborto, antes que a las políticas claramente genocidasd de este gobierno y sus políticas neoliberales.

Esta modificación del Código Penal que pretende el Gobierno del PP tiene que ver con muchas líneas maestras de su programa: la criminalización de las conductas disidentes, la penalización de la libertad de decidir de las mujeres, la conceptualización de la familia y del papel en ella de las mujeres y las niñas y los niños,... Todas las líneas maestras que están justo en la diana de las luchas del movimiento feminista.

Notas

1/ Ver un ejemplo práctico en www.youtube.com/watch?v=YZysFEdVQfg.

Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article8324

MinMujer impulsa constitución de Comités de Familia e Igualdad de Género en consejos comunales

MinMujer Este domingo el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), visitó la comunidad José Leonardo Chirinos, en el municipio José Rafael Revenga, del estado Aragua, con el fin de impulsar la constitución de los Comités de Familia e Igualdad de Género en cuatro consejos comunales del sector.

La asamblea se realizó en cumplimiento al llamado del Presidente Nicolás Maduro y el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, por la construcción de las comunas en todo el territorio nacional, "para que de manera efectiva pueda darse el empoderamiento de las políticas sociales y económicas por parte del Poder Popular", detalló la viceministra para las Estrategias Socioeconómicas con Perspectiva de Género del MinMujer, Dulce Medina, quien encabezó la actividad.

Durante la asamblea, mujeres organizadas de los consejos comunales Tierra Nueva y Jose Leonardo Chirinos 1, 2 y 3 - pertenecientes a la Comuna Paula Correa- además de constituir sus comités, presentaron una diversidad de proyectos socioproductivos que beneficiarán a las familias de la comunidad y que abarcan desde el tema agrícola hasta el tema de la vivienda.

En este sentido la representante del MinMujer invitó a la población a integrarse al Sistema Económico Comunal. "Tenemos en nuestras manos nuevas formas de organizar la economía de las comunidades, a través de unidades productivas y empresas de propiedad social, y de esta manera contribuimos al país combatiendo contra la guerra económica que nos están aplicando", exhortó.

Por su parte, Jean Franco Cícero, promotor social del MinMujer en Aragua, explicó que con esta estrategia de integración y participación, el pueblo organizado tiene la autonomía para resolver por sí mismo, sus problemáticas,"sin depender de la estructura de un Estado burgués"

América Latina, con más mujeres en cargos de poder

Anayeli García Martínez

Cimacnoticias América Latina (AL) es la región con mayor participación política de las mujeres, toda vez que en sus parlamentos la presencia femenina representa el 24.8 por ciento; sin embargo, en estos países a nivel local y municipal ellas tienen menos posibilidades de ocupar cargos públicos.

La consultora en género Lilian Soto afirmó que en la región hay una amplia participación política femenina gracias a medidas como las cuotas de género en candidaturas, una norma que en su opinión ha ayudado, pero que resulta insuficiente.

Soto aseguró que persisten elementos culturales que evitan la incursión femenina en el ámbito político, por lo que es necesario que las activistas se organicen y promuevan la participación de las mujeres.

En un foro organizado por instituciones federales a propósito del 60 aniversario del voto femenino –que se conmemora el próximo 17 de octubre–, la paraguaya Lilian Soto dijo que el sistema de cuotas ha permitido avances significativos y recordó que ahora hay tres países gobernados por mujeres: Dilma Rousseff (Brasil), Cristina Fernández (Argentina), y Laura Chinchilla (Costa Rica).

En su participación, la experta mencionó que si bien ahora hay mujeres como primeras mandatarias y en el caso de Chile hay dos candidatas a la Presidencia, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, hay países donde esta participación es baja y llega sólo a 10 por ciento en sus congresos.

La ex ministra de la Función Pública de Paraguay mencionó que la cuota de género y la paridad son dos acciones afirmativas que ayudan a las mujeres, pero explicó que hay estados al interior de los países donde sin contar con estas medidas se extiende la presencia de las mujeres en los puestos de decisión.

Mencionó que de acuerdo con los observatorios legislativos de instancias internacionales en los parlamentos unicamerales, donde hay un solo órgano legislativo, hay una mayor presencia femenina por lo que mencionó que los sistemas electorales de cada Estado es un factor que también interviene en la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad.

La fundadora de la Red de Mujeres Munícipes de Paraguay agregó que un elemento clave para la presencia de más mujeres en puestos de elección es la cultura social, es decir el imaginario que se construyen las personas a través de ideas, símbolos, conceptos y palabras que hacen creer o no que ellas no son aptas para la política.

Ante esto Lilian Soto, quien este año fue candidata presidencial en su país, mencionó que hay que multiplicar los factores que favorecen la igualdad, por ejemplo, contar las historias de lucha y rebeldías de las mujeres, intercambiar experiencias sobre las dificultades de estos procesos, y generar redes feministas.

A decir de esta mujer, estas acciones hacen que el tema de género y la política se vuelvan un discurso políticamente correcto, que las organizaciones internacionales y de cooperación se enfoquen en el tema y al final generará que se modifique la idea de que las mujeres tienen un papel reproductivo y que su lugar está en la casa.

Según Soto, el trabajo sostenido y conjunto de las organizaciones de mujeres ayudará a generar una mayor y más frecuente presencia femenina en instancias de poder político y dejar de ser consideradas las candidatas impuestas por líderes, esposos, parientes o amigos políticos.

Feminicidio: La impunidad lleva intrínseco un mensaje de permisividad

Norma Loto

(Especial de SEMlac).- En América Latina algunos países poseen legislaciones que condenan las muertes violentas de mujeres por razones de género (feminicidio/femicidio); sin embargo, aún parece quedar un vacío en el plano investigativo y pericial.

A veces quienes administran justicia no hacen un análisis integral de los casos, lo que conlleva la impunidad basada en prejuicios arraigados en el plano jurídico-penal.

Aunque se emplea indistintamente un término u otro y falta consenso la respecto, suele utilizarse femicidio para aludir a los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, sea por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ellas. Feminicidio señala al acto de asesinar a una mujer por el solo hecho de serlo, con el matiz político añadido de denunciar la inactividad de los Estados en el incumplimiento de las convenciones internacionales.

De acuerdo con un informe de 2012 realizado por la organización Small Arms Survey, más de la mitad de los 25 países con mayor incidencia de casos de femicidio/feminicidio están en la región de América Latina y el Caribe.

En tanto, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, señaló que en 2011 la tasa de impunidad para esos crímenes era cercana a 77 por ciento en El Salvador y Honduras.

Ante esta realidad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres, junto a personas expertas de Iberoamérica, redactaron el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.

"El Protocolo es una herramienta de suma importancia y se apeló a un grupo multidisciplinario para su diseño. Brinda diversos abordajes, no solo desde la abogacía, pues incluye la mirada de personas que han dedicado gran parte de su vida a investigar el tema", manifestó a SEMlac la abogada Ana Lorena Delgadillo, integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Delgadillo dirigió el área de Verdad y Justicia en la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, en México, y participó como testigo en el caso González y otras (Campo Algodonero) contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El conocido como Caso Algodonero se instaló en el plano internacional, tras las haberse conocido las irregularidades de la investigación de los feminicidios de Esmeralda Herrera Monreal (15 años), Laura Berenice Ramos Monarrez (17) y Claudia Ivette Gonzáles (20), ocurridos en la en la zona de Campo Algodonero, en Ciudad de Juárez.

Tras varias instancias judiciales en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el patrón de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y emitió sentencia contra el Estado mexicano por incumplir con su deber de investigar, y con ello garantizar, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, en perjuicio de las víctimas.

Al hacer una lectura integral de la situación en América Latina, la experta considera que el protocolo no será la solución, pero sí una guía de "parámetros para que los Estados comiencen a tomarse en serio el tema".

En su opinión, si no se investiga adecuadamente y se implementan ciertas reglas, no se podrá demostrar qué hay detrás de estos delitos en los que prevalece el factor de odio contra las mujeres. "De hacer lo contrario, se está enviando un mensaje de impunidad, lo que lleva intrínsico un mensaje de permisividad, para que esta violencia se siga cometiendo".

Destacó además que el protocolo crea estrategia para el sistema de justicia, pero también para las víctimas. "Una vez que se tiene el Protocolo, las personas afectadas sabrán qué deben exigir a las autoridades y cuál es el estándar o nivel de diligencia para estas investigaciones", precisó a SEMlac.

Los hechos indican hasta hoy que las formas de investigar por parte de la maquinaria jurídico- penal no son integrales, no miran todo el contexto ni la historia de la víctimas. De ahí, quizás, los errores que terminan en impunidad, como sucede con los casos de mujeres incineradas.

Delgadillo observa que a veces hay datos que no son evaluados, por tratarse de la información de contexto. "No es vano recordar que el femicidio/feminicidio es una acto de culminación de violencia y ese acto es producto de otros actos que afectaron a la víctima, a su familia. Esa información de contexto debe tenerse en cuenta, será la que también nos irá diciendo qué es lo que pasó"

En conversación con SEMlac, la experta expresó que hay medidas estructurales que deben llevar a cabo los Estados y que nada tienen que ver con el penalismo sino con la prevención.

"Es la única forma de ir bajando paulatinamente la violencia contra las mujeres. La prevención se tendría que dar en un nivel primario y elemental, de la mano de la educación, el trabajo, las oportunidades, entre otros factores, pues el derecho penal no va a resolver problemas tan arraigados en la sociedad", dijo.

Respecto a la adopción de medidas contra el femicidio/feminicidio, Delgadillo observa que hubo más avances en países donde se registraron casos de mayor gravedad, como el del Campo Algodonero en México. También en El Salvador, que tiene un protocolo muy avanzado para el femicidio/feminicidio".

Según cifras de instituciones internacionales, El Salvador es el país donde se registra la tasa más alta de feminicidio/femicidio del mundo y actualmente posee una legislación que lo posiciona entre las naciones más avanzadas para enfrentar este tipo de violencia en Centroamérica.

De enero a abril de 2013, ocurrieron allí 64 femicidios/feminicidios, lo que reflejó una caída de 65,6 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2012, de acuerdo a registros policiales.

La implementación del protocolo será parte de un proceso que, sin dudas, pondrá en jaque algunas barreras simbólicas, según Delgadillo, quien invita a comparar la futura implementación del protocolo con el proceso del Protocolo de Estambul, una herramienta de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes (creado en 2000).

"Fue muy difícil de aceptar (el Protocolo de Estambul) en países donde no había una cultura democrática suficientemente fuerte. Quizás con el protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género encuentre barreras en países más desiguales y con mayor discriminación", sostuvo.

Máxico: Tamaulipas y Veracruz, con mayor índice de trata de personas

Juan Carlos Uribe Fuentes

Cimacnoticias Organizaciones civiles y sobrevivientes de trata de personas urgieron al gobierno mexicano a definir y elaborar políticas públicas específicas para abatir este flagelo y que el presupuesto en la materia sea transparente.

En conferencia de prensa, sobrevivientes de trata compartieron sus experiencias y dieron recomendaciones para el abordaje de esta problemática, a fin de que sus necesidades se vean reflejadas en las acciones del gobierno, grupos ciudadanos, academia y medios de comunicación.

Marcela Loaiza, integrante del Comité Asesor de Sobrevivientes de Trata de Personas (CAST), resaltó que este delito es el tercero más lucrativo a nivel mundial después del tráfico de drogas y tráfico de armas, y alertó que los estados con mayor incidencia son Tamaulipas y Veracruz.

Hizo hincapié en que es frecuente que los medios las revictimicen, estigmaticen y discriminen, por lo que instó a que se respete la confidencialidad a partir de un enfoque de Derechos Humanos y género, ya que es de vital importancia para promover la confianza y la denuncia de las víctimas y sus defensoras.

El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), el Colectivo Contra la Trata de Personas México, el Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y Tráfico de Personas Capítulo México y CAST, llamaron al gobierno, academia y sociedad civil a generar un trabajo articulado para identificar y atender las necesidades de los diferentes grupos sociales que están en vulnerabilidad.

Florencia Molina, también integrante de CAST, apuntó que para hacer frente a esta problemática es necesario que quienes han sido víctimas participen activamente en la elaboración de políticas públicas para que se respete la seguridad integral de las sobrevivientes.

Entre las recomendaciones a los gobiernos mexicano y estadounidense resalta el apoyo a las asociaciones civiles y generar mecanismos que permitan a las víctimas reunirse con sus familias.

Gretchen Kuhner, directora del Imumi, aseguró que el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, la impunidad y la falta de apoyo de México ha ocasionado la disminución de denuncias de trata por parte de mujeres víctimas por temor a ser deportadas o revictimizadas.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cada año 20 mil personas son secuestradas en México con fines de explotación laboral y sexual, el 80 por ciento son mujeres y niñas.

La sobreviviente de trata Florencia Molina, originaria de Puebla, relató que en busca de una mejor vida para ella y su familia emigró a Los Ángeles, viajando primero al DF y luego a Tijuana, donde conoció a su tratante, una mujer.

En EU ella entró a trabajar a un taller de corte y confección, pero tenía prohibido comunicarse con las demás trabajadoras y fue obligada a alojarse en una bodega.

Narró que constantemente era agredida físicamente y que trabajó jornadas excesivas por más de un mes hasta que pudo escapar.

Su agresora fue juzgada en EU como una patrona abusiva y no como tratante, por lo que sólo fue sentenciada a arresto domiciliario y a pagar una multa de 75 mil dólares.

A partir de la denuncia, comenzaron las amenazas contra Florencia y su familia. La mujer advirtió que a la fecha su tratante sigue buscándola y que incluso ofreció una recompensa para dar con su paradero, por lo que la sobreviviente de trata se unió a CAST.

Niñas objeto

Cecilia Lavalle*

Cimacnoticias Sorprende, pero no lo suficiente como para escandalizarnos. Incomoda, pero no lo bastante como para una reflexión colectiva. De hecho se acomoda en nuestra sociedad en silencio, como los venenos administrados en pequeñas dosis. Me refiero a la hipersexualización de las niñas.

“Hipersexualización” es un concepto acuñado por la sexóloga canadiense Jocelyne Robert, y hace referencia a la erotización de posturas, vestimenta y expresiones en las menores de edad. Es la exacerbación de una precoz sexualidad cargada de erotismo.

Y si bien los niños no están exentos de este fenómeno, lo cierto es que en su abrumadora mayoría son niñas las afectadas. Así que particularmente hablamos de la exaltación de la sexualidad de niñas, que son presentadas como miniadultas sexualmente excitantes.

Pasamos de los concursos de belleza de mujeres adultas a los concursos de belleza de niñas menores de ocho años. Pasamos de mirar pasarelas con modelos esqueléticas, a pasarelas de niñas disfrazadas de adultas.

¿Qué pasa? Pasa que el mensaje de que las mujeres somos objetos sexuales para el placer de los hombres ahora se transmite desde una edad más temprana.

Pasa que ahora se entrena a las niñas para que valoren su físico por encima de todo. Pasa que se ha llegado a la perversidad de querer que las niñas parezcan adultas, que las adultas parezcan jóvenes y que las jóvenes parezcan niñas.

Pasa que hacer de las mujeres cosas, objetos de placer, es inhumano y exacerba y justifica la violencia contra las mujeres y las niñas.

Por fortuna las alertas se han prendido. No, aún, en México. En Francia.

En diciembre de 2010, la famosa revista Vogue publicó fotografías de varias niñas en poses sensuales y provocativas. Todas lucieron con una gran cantidad de maquillaje, vestidos ajustados, tacones, joyas.

Este hecho, además de costarle el cargo a la directora de la revista, Carine Roitfeld, movió conciencias a mayor nivel.

La senadora Chantal Jouanno trabajó en un informe que publicó en 2012 titulado “En contra de la hipersexualización: una nueva lucha por la igualdad”.

Y, entre otras cosas, señaló que 37 por ciento de niñas menores de 11 años aseguraba estar a dieta. Afirmó asimismo que “se disfraza a las niñas como golosinas sexuales en una carrera por la apariencia, la belleza, la seducción”.

En países de habla hispana, psicólogas y terapeutas son quienes han alertado de los riesgos de la hipersexualización de las niñas e incluso han relacionado este fenómeno con la anorexia y bulimia en la adolescencia.

Pero en Francia ya comenzaron a tomar cartas en el asunto. La semana pasada el Senado aprobó por aplastante mayoría la iniciativa presentada por la senadora Jouanno.

La iniciativa prohíbe los concursos de belleza para niñas y la ropa de adultos en tamaño para niñas, incluidos brasieres con relleno y zapatos de tacón alto para niñas.

Esta propuesta aún deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional, y ya se anticipa un ríspido debate, en especial por los intereses de marcas comerciales (e, intuyó, por más de uno encantado con este asunto).

No se ha dicho la última palabra, pero, al menos, ya comenzaron a decirse palabras en voz muy alta. Espero que pronto ese ejemplo cunda en México.

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com.

*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

Impulsan protocolo contra feminicidio en Amárica Latina

Norma Loto

SEMlac Poner fin a la impunidad es el objetivo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (feminicidio/femicidio), documento redactado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y ONU-Mujeres, junto a personas expertas de América Latina (AL).

Si bien hay avances en relación con la tipificación de esos hechos en distintos países de AL, las iniciativas a veces sólo parecen quedar en intentos, letra muerta y la escasa acción del sistema jurídico-penal, que sigue arraigado a columnas patriarcales que impiden una correcta actuación.

En medio de este panorama, representantes de 15 países de Iberoamérica se reunieron en Panamá del 9 al 13 de septiembre con el fin revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.

A la reunión de Panamá asistieron magistrados, jueces, policías, forenses, abogadas, abogados y especialistas de la academia de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

El objetivo fue recoger experiencias y recomendaciones a fin de garantizar la aplicación del Protocolo Latinoamericano.

En la actualidad se apela al término femicidio para referirse a los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ellas.

En cambio, feminicidio es un término con impronta política, acuñado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde y que alude al acto de asesinar a una mujer por el sólo hecho de ser mujer, pero con el matiz político añadido de denunciar la inactividad de los Estados en el incumplimiento de las convenciones internacionales.

“Se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. Por ello afirmo que el feminicidio es un crimen de Estado”, refiere Lagarde.

Poner énfasis en estos crímenes sirve para fortalecer la concientización sobre la más grave de las violencias contra las mujeres.

Según el informe 2012 del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, en 2011 se registraron mil 139 homicidios de mujeres por el hecho de serlo en ocho países de la región.

La representante regional de ACNUDH, Carmen Rosa Villa, afirmó en un comunicado que la muerte violenta de mujeres por razones de género pone a millones “de todas las edades en una situación de desasosiego permanente”, y agregó que “los Estados, las sociedades y el sistema de las Naciones Unidas tienen que trabajar de la mano para luchar contra ese fenómeno y contra la impunidad que los rodea”.

Esa iniciativa responde a diversos llamados de atención provenientes de instituciones internacionales de Derechos Humanos sobre deficiencias y dificultades que persisten en las investigaciones del feminicidio/femicidio.

Entre otras, las instituciones dieron cuenta de algunos vicios instaurados en el sistema judicial, como los prejuicios y estereotipos en las personas que integran el aparato judicial, demoras en el inicio de las investigaciones, estancamiento de expedientes, y negligencias e irregularidades en la obtención de pruebas.

Moni Pizani, directora de ONU-Mujeres para las Américas y el Caribe, señaló que el diseño de Protocolo “es un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los funcionarios judiciales, fiscales y policía, directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados”.

“No es un instrumento obligatorio; lo que estamos buscando es que sea reconocido y utilizado. Es una herramienta que les ofrece a los operadores de justicia directrices para la implementación penal y, en ese sentido, ayudará a desterrar algunos vicios”.

“El Protocolo ofrece un estándar de las diligencias que redundará en la reducción de la impunidad”, aseguró Pizani en diálogo con SEMlac. Detalló que el protocolo proporcionará directrices generales y criterios dirigidos a mejorar las prácticas de los operadores de justicia.

La idea es terminar con un conjunto de arbitrariedades y brindar “una perspectiva de género en la actuación de las instituciones a cargo de la investigación, sanción y reparación”, afirmó a SEMlac.

A la par, esta herramienta práctica busca garantizar los derechos de las víctimas, sobrevivientes y familiares en el ámbito de la justicia, además de que garantiza su participación en las etapas de investigación y juicio de los feminicidas/femicidas, detalló.

Entre otros puntos, el Protocolo refiere la importancia de las pruebas de contexto, es decir, todos los hechos que antecedieron al femicidio, como las denuncias realizadas en la policía, el testimonio de familiares, entre otros. Son factores a los que a veces la justicia no les brinda el valor suficiente a la hora de emitir un juicio, ya que se remiten a la información contundente.

Toda la información de contexto son evidencias. “Por eso debe haber una trabajo de capacitación a funcionarios y operadores de justicia, para que analicen de una forma distinta”, refirió Pizani.

PROCESO EN CONSTRUCCIÓN

Interrogada por SEMlac acerca de las regiones más resistentes a aceptar el protocolo, Pizani prefirió una mirada en positivo del proceso, que data de hace pocos años, y abogó por elogiar a los países que ya tienen tipificado el feminicidio/femicidio.

“Es como una ola que despierta la atención en otros países y, seguramente, genera acciones que se multiplicarán”, comentó.

Desde 2007, varias naciones de AL han desarrollado un proceso de tipificación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, bajo la denominación de femicidios o feminicidios, según los países.

El Salvador, Guatemala, Colombia, Nicaragua y Bolivia han creado leyes especiales de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, en tanto que Costa Rica, Chile, Perú, Argentina, Honduras y México han reformado las normas penales nacionales existentes.

El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género es parte de las acciones de la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, del secretario general de las Naciones Unidas, ACNUDH y ONU-Mujeres, que en junio de 2012 organizaron la primera reunión de expertas y expertos para iniciar el trabajo de redacción.

Poner fin a la impunidad por la violencia contra las mujeres es una de las metas que se propone Naciones Unidas. El estudio del secretario general de la ONU “'Poner fin a la violencia contra la mujer”', de 2006, se refirió así al efecto que tiene la impunidad sobre la vida de las mujeres: “La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control de los hombres sobre las mujeres”.

El estudio también hace referencia al papel del Estado cuando no responsabiliza a los autores de actos de violencia y sostiene que “la impunidad no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es aceptable o normal”.

A 40 años del Golpe de Estado en Chile: memoria de mujeres

Fabiola Gutiérrez

Cimacnoticias.- En un nuevo aniversario del 11 de septiembre, Chilevisión puso al aire “Chile: Las imágenes prohibidas”. En tanto, Canal 13 nos muestra “Los 1000 días de la Unidad Popular”. Se suman una serie de actividades, seminarios, exposiciones para conmemorar los 40 años del Golpe de Estado.

El 30 de agosto se conmemoró el Día Nacional del Detenido Desaparecido, en memoria de mujeres y hombres cuyos cuerpos aún no han sido encontrados y donde las agrupaciones de Derechos Humanos (DH) siguen acusando impunidad. Existe una deuda histórica y la institucionalidad no ha sido suficiente para dar respuestas y hacer justicia.

Hoy más que nunca se reivindican los procesos democráticos. Nadie puede estar ajeno, con crítica o no, a lo que significó el gobierno de la Unidad Popular (UP). Más allá de las respuestas que aún se buscan, es importante detenerse a pensar en el rol que jugaron las mujeres en el gobierno de Salvador Allende.

Para algunos historiadores, el presidente Allende respaldó el movimiento de mujeres, con hechos y no con promesas paternalistas, incluso con el desagrado de la mayoría de los dirigentes de la propia UP, atravesados por la tradicional ideología patriarcal.

El presidente Allende estimuló la participación de las mujeres en varías áreas: en empresas donde se desarrollaba la producción; en las Juntas de Abastecimiento y control de Precios (JAP); en las juntas de vecinos y comandos comunales.

Incluso Allende llegó a proponer el Ministerio de la Familia, aunque no pudo concretarlo. De todos modos se creó la Secretaría Nacional de la Mujer en 1971 como organismo asesor del gobierno.

Las mujeres se involucraron como actores sociales, políticas y de apoyo con el mundo de los trabajadores y pobladores. Hubo, además, un estímulo a la sindicalización de las empleadas del hogar y muchas mujeres formaron parte de las brigadas de salud. Asambleas de Mujeres se reunieron para impulsar los Centros de Reforma Agraria.

Este protagonismo social fue la antesala para articular al movimiento de mujeres y feminista que cobraría un rol fundamental con la irrupción, en un proceso democrático, de la dictadura militar.

A 40 años del Golpe de Estado y mientras aún persisten grandes deudas con los DH y se presentan quejas ante el Consejo Nacional de Televisión, acusando a los programas que están al aire de engendrar odio y otros resuelven sus pugnas editoriales, celebramos la serie de actividades conmemorativas que se han preparado.

Este nuevo 11 de septiembre también nos invita a preguntarnos por aquellas mujeres que, desde lo público, desde las dirigencias políticas, desde sus territorios, cumplieron un rol activo en el gobierno de la UP. El Observatorio de Género y Equidad (OGE) conversó con algunas de esas mujeres y queremos compartir sus memorias.

“LAS MUJERES AL PODER”

– OGE: De acuerdo con lo que has investigado, ¿en qué estaban las mujeres durante el gobierno de la UP?

– Paula Raposo, profesora de Historia en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (PR): Las mujeres estaban en muchos lugares y estaban viviendo desde la década de los años 60 muchos cambios que las afectaban.

“La reforma agraria, por ejemplo, en especial las leyes asociadas a la promoción popular que les permitió sindicalizarse fue un hecho importante, aunque no se les permitió ser poseedoras de tierra. Ellas podían acceder a un terreno sólo si lo heredaban.

“El ingreso de la píldora anticonceptiva fue muy importante a nivel de la vida cotidiana, aunque quizás ha sido poco estudiada su recepción en Chile.

“En la vida cotidiana existía toda una efervescencia social, de la cual las mujeres también fueron parte, como las tomas de terrenos por ejemplo, pero no podríamos decir que fue acompañada de una reflexión feminista o algo similar.

“Por otro lado, estaban las otras mujeres que sí tenían una conciencia respecto de su clase social. Las mujeres de derecha, que sí logran articularse en un movimiento potente, que muchas veces ha sido subestimado y comprendido como un grupo de mujeres manipuladas por sus maridos. No comparto esa visión.

“Estas mujeres sabían perfectamente lo que representaban y entendían el rol que como mujeres les correspondía dentro de su propia clase.

“En ellas primaba la defensa de un territorio, de un lugar, de un estatus, es decir, tenían claro que el gobierno de la UP representaba una amenaza para su forma de vida. Su discurso interno era coherente, como lo fueron sus movilizaciones en contra del gobierno.

“En todo caso, durante el gobierno del presidente Allende se producen cambios por todos lados. Los movimientos sociales, políticos, van profundizando cada vez más sus demandas en pos de un nuevo proyecto nacional, inédito y con una participación ciudadana que antes no se conocía.

“Lo que va pasando con las mujeres en su vida cotidiana queda subsumido en parte por todos estos procesos, sin embargo están allí, y la labor de los nuevos investigadores es rescatarlas como sujetos históricos.

“También es importante decir que tras los 40 años del Golpe surge la necesidad de saber qué hacían las mujeres que vivieron la UP como algo positivo, aquellas que compartieron el proyecto, cómo fueron sus vidas durante esos casi tres años, por qué militaban las que lo hicieron y cuáles eran sus proyectos.

“Porque las mujeres como actores sociales han quedado subsumidas en lo terrible del Golpe o bien, después del Golpe, en la cara visible de la defensa de los DH. En este contexto es difícil establecer en qué estaban las mujeres durante la UP”.

¿Cómo llegas a ese diagnóstico?

En el marco de algunas investigaciones hice muchas entrevistas. Podría decir que, resultado de ese trabajo, una pregunta que surge es ¿qué hacía la izquierda para incorporar las demandas de las mujeres o las demandas feministas? Desde mi punto de vista no hacía mucho, pero también es ingenuo pensar que no pasaba nada.

“Las mujeres que fueron a la toma o mujeres militantes que estaban en los partidos políticos, daban sus peleas y se entiende que en ese momento no había una conciencia de necesidades feministas, si es que ésta fuera la pregunta, pero sí hubo claridad por alcanzar una sociedad más justa, abierta y democrática”.

Pero ¿qué pasaba con las militancias políticas de las mujeres?

Las mujeres no estaban en la toma de decisiones. En mi tesis doctoral sobre militancia política en general, entrevisté a muchas mujeres de partidos de izquierda.

“Hay un caso bien emblemático, de una mujer del Partido Socialista que me cuenta cómo llegó a estar en altos cargos. Mientras militaba en los años 70 en el partido, jamás se cuestionó el tema de género porque no tuvo problema en acceder a un puesto importante al interior del partido, pero una vez que llegó el Golpe, sale al exilio, se va a Alemania, conoce a las feministas de ese país y le preguntan qué pasa en Chile con los derechos de las mujeres y los temas de género, lo que la desconcierta profundamente.

“Hay historias como las que te ejemplifico, donde las mujeres por primera vez se miran y se dan cuenta de que en realidad la estructura de los partidos de izquierda es completamente masculina y las mujeres ingresaban en ese esquema o bien se quedaban en la periferia. Ahora, ingresar a ese esquema no significó que se modificara la estructura, sino que te adaptabas a ella. No era un problema de cupo femenino, sino de cómo se ejercía el poder”.

A partir de lo que has recogido, ¿de qué manera o cómo estaban presentes las mujeres en el discurso del presidente Allende?

Tengo la impresión de que en todos los proyectos políticos, donde hay un discurso sobre un proyecto nacional, de alguna manera les asignan un lugar a las mujeres. En el discurso de la dictadura es fácil: mujer pilar de la patria, preservación de la nación, traspasa los valores, etcétera. Las mujeres cumplen una función bastante más terrorífica y disciplinante.

“Si entramos en el discurso de la UP no existía una homogenización tan clara de ese proyecto, pero también interpela a las mujeres en tanto su rol dueña de casa y mujer trabajadora. En todo caso no hubo una política clara de querer incorporar a las mujeres en espacios de poder o públicos”.

¿Qué crees que hubiese pasado con las mujeres sin Golpe de Estado?

No sabemos que podría haber sucedido. Quizá sería interesante revisar más en detalle las políticas existentes en la UP. Es en el contexto de la dictadura militar donde aparece fuertemente el movimiento feminista y de mujeres. Aunque creo que proyectos como la Escuela Nacional Unificada, eran iniciativas importantes para el tipo de ciudadanía que se iban a formar, sin una Iglesia encima. Está claro que eran muchos mejores tiempos.

“En mi opinión, creo que igual se hubiese dado una transformación importante y positiva para las mujeres. Ahora, habría que preguntarse si la UP iba a ser el gobierno que liberaría a las mujeres. No había una conciencia de género y feminista en los años 70, tampoco el tema estaba instalado en el patriarcado de la izquierda política”.

“SE ROMPIERON LOS SUEÑOS”

¿Cómo participó del gobierno de la UP?

Blanca Cariqueo, pobladora de Villa El Rodeo, La Pincoya (BC): Durante la UP estuve en la Junta de Abastecimiento y Control de Precios (JAP) en La Pincoya (suburbio de Santiago). Luego participé en la última toma que se hizo durante el gobierno de la UP. Fue una toma que hicimos alrededor de 20 familias, el 31 de agosto de 1973, en La Pincoya. Realizamos esta acción porque no teníamos casa, vivíamos de allegados.

“Había un terreno desocupado y las familias decidimos irnos a tomar ese lugar, pero nunca imaginamos que 11 días más tarde habría un Golpe de Estado.

“Debo reconocer que estaba crítica la cosa, estaba todo ‘como revuelto’. Tenía 19 años, con dos hijos y un día llega mi marido y me dice ‘hay una toma ahí...’; ‘¿dónde?’, le pregunto yo. Me dice ‘voy a comer y vamos’. Decidimos ir, paramos una bandera, un nylon (tienda de plástico) y nos instalamos.

“Poco a poco se sumó la gente, mi marido se transformó en una suerte de dirigente y comenzó a inscribir a la gente. Llegamos a ser 260 familias las que estábamos en ese terreno ubicado en La Pincoya.

“Cuando fue el Golpe de Estado nosotros no nos fuimos de la toma. Ese día 11 de septiembre llegaron los milicos (soldados) en la noche; se llevaron detenidos a los maridos y quedamos las puras mujeres con los niños.

“Estuvimos día y noche custodiados, porque nos acusaban de comunistas. No nos pudieron hacer nada porque no estábamos inscritos en el partido. A los maridos los tuvieron detenidos todo un día y una noche en un lugar que se conocía como las Siete Canchas. No sabíamos nada de ellos.

“Teníamos mucho miedo. Las mujeres hicimos guardia, llegaron familias de otros lugares porque querían ser parte de la toma, pero no había más espacio, ya éramos muchos. Estuvimos rodeadas de milicos, de punto fijo, día y noche, alrededor de tres meses. Nos intentaron sacar, pero fuimos porfiadas (necias) y nos quedamos.

“La toma no tenía color político, estábamos sin casa. Las mujeres cumplimos un rol clave, porque mientras los maridos trabajaban, nosotras defendíamos la toma frente a los milicos, incluso yo les dije ‘no me mueven de aquí, si quieren me matan...’. Igual pensamos en algún momento que se podía dar una masacre, pero como estábamos tan unidos y éramos muchas familias, sería muy evidente que algo así pasara en una toma”.

¿Cuánto tiempo se quedó en esa toma?

Llevó 40 años en la toma. Crié cuatro hijos e hicimos ollas comunes. Estuve en los “Comprando Juntos”, donde familias de dos o tres manzanas, con el dinero que juntaban, se hacían cargo de la compra de alimentos en La Vega. Esas compras nos permitían ahorrar dinero y organizar a la gente.

¿Qué fue lo que interrumpió el Golpe de Estado en Chile?

Se rompieron los sueños y el tener un mejor porvenir no sólo para mí, sino para muchas familias. Se rompieron los sueños de un país. Vengo del sur, donde existe pobreza, pero acá nos enfrentamos al racismo que cada vez se puso peor durante la dictadura.

“Hay mucha rabia y dolor. Rabia por lo que sucedió, gente que por pensar diferente fue ejecutada o desaparecida, eso me duele mucho porque no había motivos, somos de un mismo país y que venga un tipo a tomarse el poder y diga ‘matemos a todos los que no nos sirven’, es terrible. Esto va a seguir doliendo. Nunca va a terminar, hasta que no se aclare todo lo que pasó. Siempre habrá gente o personas que estaremos recordando y nuestros hijos también, y los hijos de los hijos...”.

Y en su vida ¿qué significó esa ruptura?

Pasaron muchas cosas. Vivíamos sin luz, sin agua y con mucho miedo. Se instaló la desconfianza, había ‘sapos’ (espías) en la misma toma, hablábamos con cuidado, siempre negando el color político. Fue muy caótico todo.

“Se interrumpió la posibilidad de vivir en mejores condiciones, de estudiar, porque hubo una postergación de los deseos y sueños de las personas. No tuve ninguna pérdida, sólo una tía que se fue a vivir a Argentina.

“En el plano familiar, con mi marido, éramos dos personas jóvenes que vivíamos el día a día, criando dos niños chicos en ese momento. Los hijos nunca cuestionaron nada. Fue duro, estuvimos dos años viviendo sin agua y hacíamos el esfuerzo constante para pagar la luz. Fueron tiempos difíciles para las familias.

“Mientras los maridos trabajaban, participamos en la Iglesia, nos hacían cursos y nos ayudaban a salir adelante, porque éramos gente joven que no tenía mayor educación y sin saber desenvolverse bien, lo que en el fondo nos truncó. Si no hubiese llegado la dictadura para mí sería otro el nivel de vida. Así lo pienso, porque nos dejaron estancados, no nos dejaron crecer”.

“BUSCANDO A NUESTRAS PERSONAS DESAPARECIDAS”

¿Cómo participó del Gobierno de la UP?

Viviana Corvalán, coreógrafa y ex integrante de la Brigada Ramona Parra (VC): Estudiaba danza en la Escuela del Conservatorio de la Universidad de Chile. Como jóvenes, participábamos activamente y más allá de un tema de patriotismo, sentíamos que éramos importantes en tanto personas a nivel nacional. Sentía que estábamos construyendo cosas para toda la gente.

“En 1971 formé parte de la Brigada Ramona Parra y participé en la campaña de Salvador Allende. Fui parte de las mujeres que integraron la Brigada Ramona Central, que estaba encabeza por Danilo, ‘El Gitano’, Bahamondes.

“Íbamos a los colegios, a las universidades y realizábamos murales con la sigla cruzada de Salvador Allende, que decía ‘Viva Salvador Allende’, la ‘V’ de victoria... Eran instancias entretenidas, lo pasábamos muy bien. Usábamos mamelucos, teníamos un sótano que era un espacio de encuentro, armábamos la pintura. Fue una experiencia maravillosa, era la construcción de un sueño”.

¿Qué fue lo que interrumpió el Golpe de Estado en Chile?

En lo social interrumpe un gobierno que fue democráticamente electo. Además echaron por tierra todos los avances democráticos y de bienestar para la gente, resultado de años de lucha. Se pierde todo. Se reprivatiza la salud, el cobre, la educación pública. Se repite la misma historia que vivimos hoy en día, donde gobiernan las grandes empresas capitalistas.

“Lo que significó toda una vida de agitación y de sueños se transformó en una vida de tortura, prisión, secuestros. Siempre con el temor de que nos fueran a tomar detenidos. Se atropellaron todos los derechos de las personas y a 40 años del Golpe de Estado seguimos en la misma situación.

“No ha habido justicia, no sabemos quién está a nuestro lado. Quizá el médico o el dentista que te atiende torturó a un hermano o amigo.

“A 40 años del Golpe conocemos el caso de Pablo Germán Athanasiu Laschan, hijo de una pareja de estudiantes chilenos, apropiado durante la dictadura militar argentina que se convierte en el nieto número 109 en averiguar su verdadero origen, gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo. A ello sumamos la historia de Ernesto Ledjerman, que involucra al general retirado Juan Emilio Cheyre.

“Frente a todo lo que hemos conocido, los programas de televisión que se están realizando, admito estar feliz. Después de 40 años se está haciendo algo de justicia, por fin estamos mostrando el horror de la dictadura militar. El Golpe fue duro, pero lo terrible es que aún sigamos buscando a nuestros desaparecidos, con la sensación de impunidad y la falta de justicia”.

Y en su vida ¿qué significó esa ruptura?

Desde ese día no sólo tuve que dejar de ver a mis compañeros y amigos; me echaron de la Universidad como a muchos otros jóvenes. No pude volver a pisar un recinto universitario, porque en cada uno de ellos había un listado de personas que no podíamos ingresar. A nivel personal “se me fue todo a la cresta”.

“Mi familia pasó a la clandestinidad. Mi padre, Luis Corvalán, ex secretario general del Partido Comunista, fue dirigente en la UP, por lo tanto, nos podían tomar presos en cualquier momento.

“Desde el mismo día del Golpe, con mi hermana menor de 11 años, teníamos plena claridad de lo que estaba pasando. La Junta llamaba a delatar a los dirigentes políticos, entre ellos mi padre que fue detenido el 25 de septiembre de 1973.

“Estuvo detenido en la Escuela Militar, en Isla Dawson, en Ritoque, en Tres Álamos. Mi hermano también había sido detenido y luego lo encontramos en los alrededores del Estadio Nacional.

“De alguna forma, de ahí en adelante buscamos garantías de que no nos quitaran la vida. Fui detenida y después de estar un tiempo corto en una comisaría, tuve arresto domiciliario.

“En octubre de 1975 mi hermano fallece a consecuencia de las torturas. Si bien fue liberado y viajó a Bulgaria, allá muere por las torturas, incluso está reconocido en el Informe Rettig como ejecutado político.

“Con mi hermana menor salimos al exilio. No podía hacer nada en Chile, no me dejaban estudiar. En Moscú terminé mis estudios, y si bien es una vida distinta en relación a quienes se quedaron en el país, también estuvo llena de sufrimientos. En el exilio participé en la campaña ‘Solidaridad con Chile’, con dirigentes de la UP. En 1989 me vine definitivamente a Chile.

“No obstante, tengo una gran frustración. Veo gente que en los gobiernos de la Concertación no ha hecho mucho con el tema de los DH. Debemos seguir en la lucha de nuestros ideales, porque tenemos un compromiso también con quienes hoy no están”.

“MI CONCIENCIA SE ACRECENTÓ”

¿Cómo participó del Gobierno de la UP?

Isabel Encina, mujer militante de izquierda (IE): Fui militante desde muy joven, la política entra en mi vida cuando la reconozco como la posibilidad de lograr cambios y transformaciones en la sociedad.

“Una mirada acerca de nuestra realidad golpeó mi conciencia, así como le ocurrió a una parte importante de la sociedad, buscamos diferentes caminos para luchar por nuestras ideas, por crear condiciones que realmente garantizaran la libertad, la igualdad, el respeto y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.

“En el periodo de la UP se hizo mayor mi compromiso con la clase trabajadora, y el trabajo que ya venía realizando con algunos sindicatos me llevó junto a otros compañeros a acompañar sus luchas, no sólo por mejorar sus condiciones laborales, sus condiciones económicas, sino a su lucha política por un nuevo Chile, en el que ellos serían parte importante de su construcción.

“Dejar de ser ciudadanos de segunda categoría y convertirse en verdaderos actores de los cambios estructurales que esperaban lograr. De allí que la disposición de muchos sindicatos de las empresas situadas en la zona norte de Antofagasta a formar lo que se dio en llamar un Cordón Industrial, nos convocara y nos hiciéramos parte de la formación de esa nueva organización de trabajadores.

“Lo creí y aún lo creo. El gobierno de la UP se caracterizó no sólo por ser el gobierno de los trabajadores, sino también por un respeto irrestricto a la dignidad de nuestro pueblo, por alcanzar la libertad plena de todos y cada uno de las chilenas y chilenos, de terminar con las desigualdades y por el pleno ejercicio de los derechos universales y particularmente los DH”.

¿Qué fue lo que interrumpió el Golpe de Estado en Chile?

La llegada del gobierno de la UP se hizo en el marco de la legalidad, un gobierno elegido democráticamente, que fue desconocido como tal, perseguido, intentando desvirtuarlo sistemáticamente, utilizando para ello todo el poder fáctico dominante en el país.

“Instalando una dictadura militar que trató de anular cualquier intento de oposición o cuestionamiento, ejecutando una política de guerra apoyada en el poder que le conferían las armas.

“Sus seguidores fueron detenidos, desaparecidos, torturados, asesinados. Se arrasó con los territorios sociales, perseguidos dirigentes de cualquier organización con olor a popular. Se eliminan las organizaciones gremiales, de trabajadores, de empleados, colegios profesionales, en fin, todo tipo de organización.

“Se despidió a cientos de miles de trabajadores. Se expulsó a los chilenos del país. Los partidos dejados fuera de la ley. Su objetivo el desarme total, el desarme moral de nuestro pueblo. Hoy se puede constatar que no lo lograron, basta mirar lo que ocurre diariamente en nuestras calles.

“Lo que aconteció fue de una ilegalidad absoluta. Se utilizó todo el poder para impedir que se instalara en nuestro país un régimen profundamente democrático, justo, que se hiciera cargo de realizar los cambios estructurales para que nuestro pueblo alcanzara el bienestar que le ha sido negado, así como un futuro digno para las nuevas generaciones.

“El trato que este pueblo recibió desde 1973 en adelante, cuando el presidente Allende electo democráticamente fue acorralado de manera cobarde para borrar su imagen, es una deuda que no ha sido pagada.

“Más bien hoy, la ciudadanía de este país reclama, día a día, el respeto a sus derechos, el término de la enorme brecha de desigualdad existente y muchas exigencias relativas al funcionamiento de una democracia verdaderamente participativa.

“Desde mi punto de vista, el objetivo de aniquilar, de desarmar moralmente, de inmovilizar, de apoderarse de las conciencias no se ha logrado en absoluto, no sólo los seguidores de esos años, sino importantes sectores de las nuevas generaciones están en pie de lucha por una sociedad más equitativa, más igualitaria y con profundas ideas libertarias.

“En las luchas actuales, las de hoy, como trasfondo está presente la figura de Allende, no porque todos vean en él a un líder, sino porque en ellos sobreviven sus ideas, esas ideas por las que dio la vida y que él intentó materializar. “Hoy vemos en las calles a los estudiantes, a los trabajadores, a las mujeres, quienes son la demostración viviente de que no nos derrotaron, perdimos una batalla pero no la guerra y – ojo – nos referimos a combates políticos y no al uso de armas como muchas veces se intenta hacer creer”.

Y en su vida ¿qué significó esa ruptura?

Cuando ocurre el Golpe fue un dolor terrible, pero nunca pudimos hacer el duelo porque estábamos en la pelea; debimos transformar ese dolor en fortaleza, y más y más voluntad.

“Debí partir al exilio, no tuve opción, me persiguieron y mis dos hijos eran pequeños. Partí con ellos. Empezar una nueva vida, me habían despojado de todo, mi familia, mi trabajo, mis amigos. Cuando te despojan de todo y te expulsan es como que te borran, te quieren convertir en cero, pero no lo logran.

“En algo me siento satisfecha porque no fui indiferente para nada con lo que ocurrió, no me vencieron. Mi conciencia se acrecentó y no se achicó con el Golpe de Estado. Actué en consecuencia a eso. Mi historia es la de otras cientos de miles personas. Pusimos en juego la vida de nuestros hijos y expusimos a nuestras familias, lo que conlleva una satisfacción, pero también una culpa.

“Como dice la canción, siento que no todo está perdido. Hemos sobrevivido y nos reconocemos en todos aquellos que hoy luchan por un Chile para que la democracia plena sea una realidad. Ello no sólo nos llena de esperanza, sino que nos insta a acompañar sus luchas”.

CLANDESTINIDAD

¿Cómo participó del Gobierno de la UP?

Eugenia Jofré, Agrupación de Mujeres Democráticas (EJ): Era una ama de casa bastante inquieta. Con tres hijos, uno más pequeño, por lo tanto había varias actividades que me frenaban un poco. A pesar de eso, era militante del Partido Comunista.

“El gobierno de la UP fue la idealización de todos nuestros sueños. Nos sentíamos personas. Todo lo que hacíamos era lleno de ilusión, soñábamos con que esto durara.

“En mi casa funcionaba la JAP, organización de poder popular con la cual combatíamos el mercado negro y el acaparamiento de alimentos. También funcionaban los Comités de la Unidad Popular (CUP). Quizá fuimos muy abiertos, conocidos, y por eso con la represión perdimos mucha gente”.

Haydee Vera, Agrupación de Mujeres Democráticas (HV): Estaba trabajando por el gobierno de la UP en el momento previo de las elecciones y cuando se ganó no lo podía creer, era lo más maravilloso que me había sucedido, era un sueño hecho realidad.

“Cuando salimos a celebrar el triunfo del presidente Allende hubo una felicidad, pero con mucho temor. A partir de ese momento también me empecé a dar cuenta de que la cosa no venía fácil. El enemigo era muy grande. Sabíamos que Estados Unidos no iba a permitir un gobierno socialista.

“Siempre me acordaré cuando salí a celebrar a la Alameda, pero con una angustia muy extraña. Después viene el proceso del Golpe... creo que esto se generó desde el comienzo, nunca aceptaron el triunfo de Allende.

“Yo era una mamá que tenía una guagüita (bebé) y era una angustia terrible, porque no sabía que los alimentos estaban guardados y tenía una vecina que se jactaba de tener mucha comida. Era todo muy terrible porque no sabía que en mis narices se estaba gestado el Golpe. Hubo un complot horroroso...”.

Eugenia y ¿qué paso con la JAP?

Estuve muchas veces en filas, entregando las tarjetas y otras actividades. Nunca vi a nadie que le faltara el dinero para comprar comida, pero las cosas no alcanzaban para todos. Nos dimos cuenta de que la producción del país no alcanzaba para todos... lo poco que se producía estaba en manos que no eran las nuestras.

¿Qué fue lo que interrumpió el Golpe de Estado en Chile?

Vivimos 17 años atemorizadas. Murieron nuestros sueños. Mis padres eran de derecha, nos quedábamos solos, aunque ellos me protegieron como hija. Se perdió la confianza, había que cuidar las relaciones con los otros, se sembró el terror.

Me acuerdo que cuando fue el Golpe, yo iba a dejar unos documentos donde mi suegra. Veía cómo pasaban los autos tocando bocinas, felices todos. Y yo sólo dije “qué vamos a hacer”... muchas de las puertas se nos cerraron. Se nos cerró el futuro, el presente.

“Ese día mi ex marido me dijo ‘no vayas a trabajar’. Yo era funcionara del Ministerio de Justicia, afortunadamente no fui, porque sencillamente me iban a detener. En mi trabajo por suerte nunca di la dirección de mi casa, porque quizá otra sería la historia”.

Y en sus vidas ¿qué significó esa ruptura?

A mis tres hijos los expulsaron del Colegio Manuel de Salas por las actividades de sus padres. La Iglesia nos prestó apoyo y se pudieron ir a otro colegio. Cuando mi hijo mayor cayó preso por primera vez, al llegar a la casa, mi hija me dijo “tu hijo está preso... no llores, tú nos formaste, nos entregaste ideas y por ellas vamos a luchar”.

“Nosotros como familia tuvimos la posibilidad de irnos del país, pero mis hijos mayores simplemente nos dijeron ‘si ustedes quieren se van... nosotros no’. La pregunta es ¿qué hacemos? Nos quedamos, aguantando la cesantía del marido y a parar la olla como se pudiese. Porque mis tres hijos son militantes políticos.

“Sin embargo, a partir de todos los horrores, prestamos ayuda a mujeres que no sabían dónde estaban sus maridos o compañeros. De ahí nace nuestra Agrupación de Mujeres Democráticas, muy en la clandestinidad en sus inicios, a riesgo de la integridad física de quienes participábamos, que luchábamos por los DH, brindando asistencia material y apoyo moral y jurídico a quienes lo necesitaban.

“Reunimos a amigos, vecinos y otras personas, logrando reunir 16 canastas para los detenidos en distintos centros. Íbamos a las casas de sus familiares, porque no queríamos que les faltara la leche a los niños.

“Nuestra agrupación creció, no era fácil la reunión. Comenzamos a operar con la misma estructura del partido, formar células en todas partes. Cada célula tenía el nombre de una mujer mapuche. Nuestra líder más importante fue Olga Poblete, quien era excelente para organizar actividades.

“Cuando volvimos a la seudo democracia, muchos pensaron que nuestro trabajo hasta aquí llegaba, que no tenía razón de ser. Las mujeres pensamos lo contrario y hasta el día de hoy nos juntamos y hemos cumplido 40 años. Hay tanto por hacer...”.

Nos vimos con un caos encima. Mi madre era dirigente del Partido Comunista y cuando llegó el Golpe no sabía que había pasado con ella, luego se sumergió en un estado de la que era imposible sacarla.

“Mi hermano, profesor de la Universidad Técnica, no lo vi hasta cinco meses más tarde. Lo detuvieron y no teníamos noticias. Fui al Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, al Estadio Nacional, recorrí una serie de lugares porque no estaba en las listas de detenidos. Ese fue mi diario vivir.

“Luego, cuando apareció mi hermano me relató los horrores vividos, jugaban a la ruleta rusa con los detenidos y tuvo la suerte de no morir porque la bala no salió... y ahí me contó que al estar en el Estadio Nacional de Chile conoció a Víctor Jara y, pese a las torturas, el cantautor nunca perdió la entereza.

“Tanto mi hermano como mi madre decidieron irse del país. Cuando me lo ofrecieron a mí, dije que no, ‘me quedo’, tenía que resolver una situación personal. Me sentí con la libertad de hacer otras cosas y no estar tan preocupada de que a la familia le fuese a pasar algo. Me sumé a la Agrupación de Mujeres Democráticas y desde ahí no paramos de trabajar.

“Sin embargo, es claro que todo se empezó a poner cada vez más difícil. No tenías a quien recurrir, porque todos estaban con problemas, unos más terribles que otros. A 40 años del Golpe, aún siento mucha rabia”.

¿Cómo lograron, con ese temor y dolor, organizarse?

Siempre tuvimos un pensamiento de la comunidad, una no es una... hay más personas que nos necesitaban. Teníamos miedo y nos pusimos en contacto con Paz Rojas, quien nos dio charlas sobre el miedo y nos enseñó a manejarlo. Íbamos a las marchas muy arregladas porque sabíamos que la gente de derecha era muy clasista, entonces andábamos de punta en blanco.

Me incorporé a la Agrupación unos meses más tarde. Caí en una total depresión. No quería nada, cuando dos amigas (Norma Araya y María Inés Moreno) me dijeron “juntémonos”... y me gustó, me sentí viviendo lo de mis compañeras. Esto me incentivó a realizar muchas cosas.

*Texto retomado del portal Observatorio de Género y Equidad (OGE).

Foto: Viviana Corvalán, Paula Raposo, Eugenia Jofré y Haydee Vera; abajo: Isabel Encina y Blanca Cariqueo | Imágenes retomadas del sitio Observatorio Género y Equidad.

España: La Justicia criba casi la mitad de las peticiones de protección de víctimas de violencia de género

Gloria López

AmecoPress. La memoria anual de la Fiscalía publicada esta semana recoge que 23.461 mujeres solicitaron órdenes de protección en 2012 y la Justicia rechazó 10.541 por "no concurrir los requisitos previstos" en la ley. Solo se adoptaron medidas cautelares en 22.982 de los 142.309 casos de violencia de género incoados en 2012. Una criba, “más allá de lo razonable”, opinan las juristas expertas en la materia.

"Las medidas cautelares constituyen uno de los principales instrumentos para atajar el fenómeno de la violencia de género y que las mujeres se sientan protegidas, pero su implantación queda en manos del juez, que con la utilización del criterio ambiguo de los requisitos previstos en la ley, puede denegarla", explica la presidenta de Themis, Altamira Gonzalo.

Para la experta, los datos arrojados por el informe de la Fiscalía, que señalan que la Justicia rechazó el 45 por ciento de las peticiones de protección de las víctimas de violencia machista, ponen de manifiesto que “algo está fallando” y que la protección y el apoyo a las víctimas no está siendo la prioridad, como debería ser. Ello genera un “desánimo en las mujeres a la hora de denunciar, porque no se sienten respaldadas”.

Uno de los problemas es el escaso valor y credibilidad que se da al testimonio de las mujeres, que muchas veces es la prueba fundamental. Altamira señala que la ausencia de pruebas suficientes es “por falta de investigación policial y judicial”, lo cual desemboca en otro dato destacado de la memoria anual de la Fiscalía y que indica un alto grado de condenas absolutorias: 14.845 de un total de 47.049 sentencias por violencia de género -45.306 por delito-.

Se desmonta, una año más, el mito de las denuncias falsas

Lo que vuelve a demostrar la memoria del Ministerio Público es que el mito de las denuncias falsas en violencia de género no es más que eso, un falso mito. Solo hubo, el año pasado, 32 procedimientos por esta causa, del total de 128.543 denuncias interpuestas por violencia machista. Esto supone que solo el 0,0038 por ciento de las denuncias no eran ciertas. Un porcentaje muy bajo, inferior a las denuncias falsas que se realizan en otro tipo de delitos.

Es importante destacar este bajo porcentaje, a pesar de que por ser habitual tal vez no debería ser noticia. Por contrarrestar el ruido de los que se empeñan en decir que sucede lo contrario y sostienen que las mujeres hacen un "mal uso" de la Ley Integral sobre Violencia contra la Mujer, aprobada en 2004, para obtener "ventajas o privilegios". Estas personas suelen identificar, erróneamente –y, con frecuencia, haciendo uso de una mala intención o al menos falta de sensibilidad- , los supuestos de denuncias falsas con fallos absolutorio.

Destacan labor de Observatorio de Género en justicia argentina

Karina Thove

La República de las Mujeres A su paso por Montevideo, la doctora en Filosofía Diana Maffía dio una conferencia en la Intendencia de Montevideo (IM) centrada en el trabajo que realiza desde el Observatorio de Género en la Justicia (OGJ), recientemente instalado en Buenos Aires, Argentina. Su objetivo es cambiar la mentalidad de operadores y operadoras para que las políticas públicas resulten exitosas.

A instancias de Lucy Garrido, integrante de Cotidiano Mujer que la introdujo junto con Elena Ponte, responsable de la Secretaría de la Mujer de la IM, Diana Maffía recordó a la ya desaparecida revista feminista argentina Feminaria (1988-2007), de cuyo consejo directivo formó parte.

Feminaria –al igual que Fempress, en Chile, y Cotidiano Mujer, en Uruguay– fue una revista de teoría feminista que llegó a tener también una Feminaria Literaria.

En la actualidad, su colección completa, junto con las bibliotecas personales de quien fuera su directora, Lea Fletcher, la propia de Diana Maffía y la de la historiadora Lili Soza, conjuntamente con la de Católicas por el Derecho a Decidir, se encuentran agrupadas como “consorcio de bibliotecas” a disposición del público del Centro Cultural Tierra Violeta, que preside la filósofa.

Allí también se han hecho los seminarios “Feminaria revisitada”, rescatando todos los aportes que durante tantos años hizo esa revista al feminismo de su país y del continente latinoamericano.

Una faceta quizás más conocida de la académica es que fue diputada por Buenos Aires de 2007 a 2011 por la coalición cívica/ARI, aunque confesó que “no quise aceptar un segundo periodo” por estar “deseosa de volver a la universidad”.

Le fue propuesto integrar como consejera de la oposición al gobierno de Buenos Aires, en manos de Mauricio Macri, el Consejo de la Magistratura, un espacio donde trabajar con la capacitación y selección de jueces.

Sin embargo Maffía, que también trabajó en la Defensoría del Pueblo, se vio obligada a renunciar a este puesto porque, según contó, el macrismo le habría exigido que vote determinadas propuestas a cambio del cargo ofrecido siendo de la oposición.

Finalmente, aceptó ser consejera académica del mismo y estudió qué se hacía en materia de género en la justicia. Se encontró con que no se hacía casi nada y que las mujeres casi siempre aparecían como víctimas de violencia intrafamiliar y poco más.

OBSERVAR Y DIAGNOSTICAR

Maffía propuso crear el OGJ (2012) dentro del Consejo de la Magistratura, el que preside en la actualidad. Según puede leerse en su Facebook, su objetivo es “contribuir a visibilizar, prevenir, abordar y erradicar la discriminación basada en el género en la justicia local. Fue creado para lograr un sistema judicial más igualitario, tanto para la ciudadanía como para sus integrantes”.

La filósofa recordó que las dos primeras juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –Elena Highton de Nolasco y
Carmen Argibay– han llegado en fechas muy recientes a ocupar esos lugares.

La primera está al frente de la Oficina de Violencia
Doméstica (OVD), creada en 2008 en Buenos Aires (provincias como Tucumán, Salta y Santiago del Estero emularon esta iniciativa); la segunda preside la Oficina de la Mujer que, a través del Centro de Formación Judicial, ha capacitado a jueces, fiscales y defensores en temas de género.

El OGJ se propone no sólo fortalecer todo lo que tenga que ver con la capacitación en género de los integrantes del Poder Judicial, sino también realizar investigaciones sobre igualdad de oportunidades y trato, promover el acceso a la justicia de aquellos grupos sociales que se ven más afectados por la discriminación, cooperar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, elaborando y difundiendo información útil para superar las inequidades.

Advirtiendo que era necesario elaborar un buen diagnóstico hasta hoy inexistente, realizaron una encuesta entre los integrantes del Poder Judicial de la ciudad sobre percepciones de la desigualdad de género y entrevistas en profundidad que se están procesando.

No sólo se observan aspectos cuantitativos (porcentaje de hombres y mujeres que trabajan en los distintos niveles del Poder Judicial), sino también la asignación de roles y estereotipos marcados por el género –derecho penal para los hombres, derecho de familia para las mujeres–, segregaciones verticales y horizontales.

También se encontraron con situaciones de acoso y hostigamiento laboral, no existiendo ninguna dependencia donde atender estos casos específicos. Otro aspecto a trabajar es el lenguaje sexista y androcéntrico, tanto verbal como el que sigue encontrándose en leyes y sentencias.

Maffía comentó que en la feria del libro del año anterior el mejor stand institucional fue el del Poder Judicial, no obstante lo cual la estética y el lenguaje utilizado fue siempre desde el falso neutral masculino.

ACCESO A LA JUSTICIA

En relación con los problemas de acceso universal a la justicia,
que afecta no sólo a las mujeres sino a otros grupos igualmente discriminados, y a los prejuicios que inspiran muchos fallos judiciales, Maffía se detuvo a explicar todo lo que está pasando con la nueva ley de identidad de género en su país.

Hasta antes de la aprobación de esa ley, la asignación de género pasaba por un largo proceso determinado por el saber médico –fundamentalmente psiquiatras– mientras que ahora la identidad autopercibida pasa a ser la asignada, sin más trámites.

A su vez, esta identidad autopercibida no necesariamente obliga a la persona a cambiar y adaptar su cuerpo a esa identidad. Eso es opcional, debiendo el Estado hacerse cargo del tratamiento correspondiente a nivel de la salud (quirúrgico, hormonal), lo que quiere decir que la identidad se piensa y se fundamenta en forma independiente de la genitalidad, por lo que la norma es de avanzada en el mundo.

Loana Berkin, conocida militante travesti de Argentina, es una de las escasas personas de esa colectividad que hoy está trabajando en el Consejo de la Magistratura y que busca crear una oficina de identidad de género.

Maffía abordó un poco más el tema, trayendo el caso de los bebés que nacen intersexuales (uno de cada dos mil), donde la visión hegemónica sigue siendo la de la intervención biologicista y mecánica porque “no se soporta la ambigüedad”.

Si bien el OGJ tiene muy poco tiempo de vida, cada vez le vienen reclamando más intervenciones, como la observación de juicios orales y sentencias. “Cualquier institución tiende a quedarse como está, si no, piensen en el patriarcado”, sentenció la académica.