Igualdad de género en AL y el Caribe, demandan feministas

(CIMAC).- Organizaciones feministas de América Latina y el Caribe, denunciaron hoy que la desigualdad de condiciones entre mujeres y hombres sigue siendo una constante en la región, por lo que demandaron a los gobiernos latinoamericanos y caribeños acciones concretas para abatir esta problemática.

Durante la inauguración de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se lleva a cabo en Brasil, las participantes del Foro de Organizaciones Feministas (FOF) de la región, demandaron a las representaciones de los Estados, presentes en el acto, políticas públicas que transformen la sociedad actual en una más igualitaria y justa para las mujeres.

Las feministas suscribieron la Declaración del FOF ante la Undécima Reunión sobre la Mujer– CEPAL “¿Qué Estado para que Igualdad?”, luego de dos días de trabajos, en la que señalan que a pesar de los avances, a 15 años de Beijing, la superación de las desigualdades entre hombres y mujeres, “aún no constituye una dimensión inherente de la justicia social”.

Esta realidad obedece a que Estados y gobiernos, latinoamericanos y caribeños, mantienen una contradicción entre los compromisos internacionales suscritos, y la concreción de políticas para la igualdad, y garantía de derechos.

Las mujeres de la región enfrentan problemáticas debido a su condición de género, etnia, estrato económico y orientación sexual. Entre las problemáticas que desfavorecen la calidad de vida de las mujeres, está el trabajo gratuito que ellas realizan en casa, considerado “uno de los principales obstáculos para la autonomía y el bienestar de las mujeres”.

Asimismo, las feministas señalaron que las mujeres de la región se ocupan en empleos marginales, sin protección social, en los que sus derechos laborales, como la jornada de ocho horas, son atropellados por los patrones con la permisibilidad de los Estados. Muestra de ello, es el trabajo doméstico remunerado.

Otra preocupación que externaron las activistas de la región es por el aumento de la violencia contra mujeres y niñas, la cual se agrava con la violencia política, y el racismo institucional contra las mujeres afrodescendientes e indígenas.

La violencia sexual, familiar y el feminicidio evidencian que los avances legales e institucionales en casi toda la región, no han sido suficientes para garantizar la protección a las mujeres y sus derechos humanos.

Otros factores, que agravan la violencia de género es la violencia generada por el control de amplios territorios del narcotráfico y otras redes del crimen organizado, las cuales se sobreponen al poder del Estado.

Esta circunstancia, “tiene un impacto devastador sobre los vínculos sociales, afectando la vida cotidiana de las mujeres y comunidades pobres”, refieren.

A la exigencia de empleos dignos y de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, las feministas de la región sumaron sus voces para reclamar servicios de salud de calidad que disminuyan la mortalidad materna, pues la maternidad continúa representando para muchas mujeres un riesgo de vida.

En este sentido, manifestaron que el aborto en condiciones inseguras, su criminalización y penalización, son una realidad que afecta la vida y la salud de las mujeres, adolescentes y jóvenes.

La prohibición del aborto está vinculada con que en la mayoría de los gobiernos la laicidad del Estado es vulnerada. “La injerencia de las jerarquías religiosas en las estructuras institucionales impide a las mujeres ejercer la autonomía sobre sus cuerpos”, coinciden las organizaciones feministas.

Otro hecho, igualmente lamentable, es el bajo nivel de participación política de las mujeres y su acceso a espacios de poder, los cuales fueron calificados como “escandalosos”, aún más para las indígenas y afrodescendientes.

Pese a los compromisos adquiridos por los gobiernos para el logro de la paridad, en el marco del Consenso de Quito, y de la creación de mecanismos como las cuotas de género, “no se ha logrado transformar el discurso en estrategias, metas concretas y recursos suficientes”, por lo que las feministas demandaron a los Estados que se materialicen las políticas públicas.

Otras acciones que demandaron fue un nuevo modelo de desarrollo, es decir que los Estados fomenten transformaciones socioculturales y productivas que aseguren una relación sustentable con la naturaleza, la preservación de los bienes comunes de la humanidad y la pluralidad de las culturas.

Ante este panorama, las organizaciones feministas urgieron a los gobiernos a enfrentar los desafíos necesarios para garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Y en este sentido, concluyeron que “resulta inadmisible la militarización de la seguridad ciudadana y el incremento de los presupuestos militares en detrimento de la inversión pública para el bienestar de las personas”.