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martes, enero 13, 2015

Las niñas perdidas

Carolina Vásquez Araya

Prensa libre.com De nada sirve cerrar los ojos y pretender la fantasía de una realidad alternativa, en la cual palpita la esperanza de un mejor mañana. Entre luces navideñas y fuegos de artificio se apagan temporalmente los estados alterados de conciencia, pero las cosas son como son y, entre ellas, soportar el embate imparable de organizaciones criminales en cada una de las actividades cotidianas es la nota predominante. Entre esas redes pasaron el 31 muchas de las niñas perdidas de Guatemala. Nadie sabe cuántas son. Las imperfectas estadísticas, el subregistro, el miedo a denunciar o, simplemente, la ausencia de reporte por voluntad de unos padres cómplices, ocultan una terrible realidad. Algunas fueron arrancadas de los brazos maternos, otras adolescentes cayeron camino a la escuela o mientras se dedicaban a las labores del hogar.

Pero también las hay entregadas a las redes por su propia familia. Estas niñas, cuyo valor ha sido determinado por el mercado de la trata —una de las múltiples variantes de las organizaciones criminales más poderosas del continente— son el objeto del deseo de una clientela dispuesta a pagar hasta el último de los costos acumulados en la operación, incluido por supuesto el precio de la joven esclava.

Las organizaciones civiles cuya misión es combatir este negocio perverso se estrellan contra toda clase de obstáculos en su intento por detener el tráfico humano. Amenazados de muerte e impotentes ante un muro de impunidad erigido hasta en las más altas instancias del sistema, carecen de los recursos para parar la enorme ola de intimidación e influencias que cruzan el país de extremo a extremo. Las niñas perdidas, mientras tanto, cruzan fronteras o se pudren en los cuartuchos inmundos de un prostíbulo de provincia, en donde nadie las reclama.

¿Qué maldición pesa sobre las niñas de Guatemala? Pobres de pobreza absoluta, privadas de oportunidades de estudio y a merced de la voluntad de quienes —por tradición o por fuerza— las someten a su dominio, muchas niñas de Guatemala cuyos talentos podrían representar un cambio significativo en la vida de sus comunidades, se pierden para siempre. Las autoridades responsables de buscarlas y regresarlas a sus hogares están sobrepasadas por las elevadas estadísticas de crímenes de mayor impacto, hacia donde derivan la mayoría de sus esfuerzos.

Hace algunos años se lanzó una campaña cuyo lema rezaba: “Niña educada, madre del desarrollo”, una campaña como muchas otras en búsqueda de equidad, educación y reconocimiento de talentos, acciones fundamentales para rescatar del olvido y la injusticia a miles de niñas cuyo destino permanece en jaque desde el momento mismo de su nacimiento. Esos esfuerzos deben ir mucho más allá de una campaña de duración limitada por un presupuesto.

Deben convertirse en iniciativas masivas de carácter ciudadano para que nunca más se pierda una niña entre las redes de las mafias internacionales, para que nunca más sea asesinada impunemente. Para que esas niñas relegadas a las tareas domésticas vayan a la escuela, se eduquen y crezcan en un ambiente de respeto por sus derechos humanos. Esto no es solo obligación del Estado, es una misión de nación.

Fuente: http://www.prensalibre.com/opinion/Las-ninas-perdidas_0_1277872397.html

sábado, diciembre 10, 2011

Violencia sexual en instituciones educativas colombianas: escándalos silenciados y delitos impunes

Brújula Comunicaciones Mientras en otros países los casos de violencia sexual dentro de las escuelas genera escándalos y supone serias consecuencias para los responsables, el problema en Colombia es invisibilizado, minimizado y queda impune.

La Defensoría del Pueblo y Women’s Link Worldwide abren este debate pendiente en la sociedad colombiana, y llaman la atención sobre la responsabilidad de las instituciones educativas y de las entidades encargadas de investigar y sancionar disciplinaria y penalmente los casos de abuso sexual en los centros educativos del país.

Con la intención de hacer de este tema una prioridad nacional, la Defensoría del Pueblo y Women’s Link Worldwide llevaron a cabo el Foro de discusión sobre la violencia sexual en instituciones educativas en Colombia: propuestas de acción para la prevención y el restablecimiento de derechos.

En el Foro se presentaron los resultados para Colombia de un informe llevado recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se analiza el fenómeno de la violencia sexual en las instituciones educativas en Bolivia, Ecuador, México y Colombia.

Como resultado de la presentación de la situación de violencia sexual que experimentan, principalmente niñas, en instituciones educativas de diversos países de la región, la Comisión instó a los “Estados a supervisar a las instituciones educativas a efecto de prevenir diligentemente violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y a garantizar que éstos puedan ser escuchados y tengan acceso a la justicia como cualquier persona mediante mecanismos efectivos que se adapten a sus necesidades”.

Entre los diferentes tipos de abuso se encuentra la violencia sexual institucional que incluye el acoso, las relaciones sexuales bajo coacción, el abuso sexual, y el chantaje sexual, además de la petición de favores sexuales a cambio de calificaciones escolares.

El género, la raza, la edad, la etnia, la ruralidad, la opción sexual, la existencia de alguna discapacidad o la situación de desplazamiento son factores de mayor vulnerabilidad.

El problema en Colombia, a través de las cifras

Si bien casi a diario los medios de comunicación de todo el país registran hechos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, son pocas las cifras oficiales que se conocen sobre este problema y menor aún la sanción penal, disciplinaria o social a este tipo de delitos.

Datos y estadísticas de Medicina Legal

En el año 2006 se practicaron 322 exámenes médico-legales sexológicos a niños, niñas y jóvenes (en promedio seis exámenes semanales) por presunto delito sexual ocurrido dentro de las instituciones educativas.

En 2009 se practicaron 489 exámenes por la misma razón, en promedio 9 semanales. De estos, 7 de cada 10 exámenes sexológicos fueron practicados a niñas y los 3 restantes, a niños.

Datos y estadísticas de la Procuraduría General de la Nación (PGN)

Entre enero de 2005 y junio de 2011, la PGN asumió 208 quejas disciplinarias por presuntos delitos sexuales perpetrados en los planteles educativos de carácter público.

En los últimos años, el número de denuncias conocidas por la Procuraduría en todo el territorio nacional han ido en aumento de la siguiente manera: 44 en 2008; 55 en 2009 y 62 en 2010.

Siete de cada diez quejas tienen como presunto victimario a un docente.

De las 208 quejas disciplinarias conocidas por la PGN, solamente se han resuelto 32 casos. Es decir, de cada 10 denuncias sólo se resuelven 1,5 casos.

Los departamentos en donde más casos se han denunciado ante la PGN son, en su orden: Santander (39), Antioquia (26) Cundinamarca (19), Tolima (14), Atlántico (12), Risaralda (11) y Bogotá (11).

Factores de riesgo que favorecen la violencia sexual en las instituciones educativas

El informe regional presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encuentra preocupante la sistematicidad de los hechos, las tendencias deficientes en el manejo de las denuncias-

y los patrones de encubrimiento y tolerancia en todos los países estudiados, que dan lugar a una serie de factores de riesgo que se reproducen en Colombia y permiten la repetición de los hechos sexuales abusivos en las escuelas:

1. Cultura de tolerancia del abuso sexual y normalización de relaciones abusivas entre alumnas/os y docentes o directivos.

El tipo de relaciones que se crean en los planteles supone altos niveles de cercanía, confianza e intimidad que pueden dar pie a que el personal escolar, utilizando su posición de poder, cometa un acto sexual abusivo, sin que el hecho sea visto como un episodio de abuso por parte de los menores ni de sus representantes.

Esto es posible ya que se parte del supuesto erróneo de que cualquier acto abusivo hace parte del proceso de formación y del estereotipo de la incapacidad del menor de denunciar un episodio de este tipo en un contexto de protección institucional.

2. Encubrimiento para no poner en riesgo el prestigio: las instituciones educativas prefieren encubrir casos de abuso sexual para evitar escándalos que afecten su prestigio, sin importar el riesgo que esto implica para otros estudiantes del plantel.

3. Falta de interés y prioridad en la investigación y sanción de este tipo de conductas por parte de las instituciones que tienen a su cargo la investigación disciplinaria de los hechos, cuando el maestro, auxiliar administrativo, bibliotecario o directivo es un funcionario público. (Ver cifras de la Procuraduría General de la Nación).

4. Falta de coordinación y cooperación entre las instituciones educativas y las autoridades disciplinarias y judiciales que resulta en una impunidad rampante, que a su vez refleja el poco interés de proteger a los niños, niñas y jóvenes de la violencia sexual de la que son víctimas precisamente en los lugares encargados de formarlos para la vida en sociedad.

“Es inadmisible que la escuela se convierta en un lugar amenazante para los menores de edad y que las violaciones a sus derechos humanos no se traten con la debida diligencia en las instancias disciplinarias y penales.

El Estado no está cumpliendo con su deber de proteger a los niños, niñas y jóvenes”, asegura Katherine Romero, abogada de Women’s Link Worldwide.

Entre tanto, Mónica Roa, directora de programas de Women’s Link se pregunta “¿por qué en Colombia y en general en Latinoamérica, la violencia sexual en instituciones educativas tanto religiosas y laicas, como públicas y privadas no genera los escándalos y responsabilidades que sí se han dado en otros lugares del mundo?”.

Por su parte el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, señaló que se precisan acciones de prevención eficaces por parte de las entidades responsables, para identificar los factores de riesgo y promover una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos en las instituciones educativas.

“Las situaciones de omisión de denuncia y de negligencia en la investigación de los hechos, debe enfrentarse con el fin de que la violencia sexual en centros educativos sea investigada y sancionada con celeridad y eficacia.

Este foro es una evidencia del compromiso de la Defensoría del Pueblo para promover compromisos institucionales y para intensificar el seguimiento sobre esta situación", concluyó Volmar Pérez.
http://notimundo2.blogspot.com/2011/12/violencia-sexual-en-instituciones.html

sábado, abril 03, 2010

Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil. Cobran fuerza redes de trata infantil con el uso de tecnología

Por Cirenia Celestino Ortega (CIMAC).- La Red Internacional de Organizaciones contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, (ECPAT) por sus siglas en inglés, alertó sobre la modernización en estrategias para las redes de trata infantil que a través del uso de la tecnología, como celulares e Internet, incorporan cada vez a más víctimas menores de edad

En el contexto del Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil que se conmemora el 4 de abril, la Policía Cibernética reportó en su informe 2004 la existencia de 14 millones de sitios pornográficos en la red en el mundo, con un crecimiento de 500 nuevos sitios diarios, que generan más de 20 millones de dólares anuales.

Es decir que a nivel mundial 3 millones de niñas y niños son víctimas de explotación sexual y de esa cifra, 16 mil son mexicanos, de acuerdo con el informe “Progreso para la Infancia” 2009, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La investigación destaca, que cada año un millón de menores de edad, se suman al comercio sexual en el mundo, ubicando a México como un país de origen, destino y tránsito de víctimas de trata, en donde las principales víctimas son niñas.


De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más del 80 por ciento de las víctimas de trata son niñas y mujeres.

En un segundo informe de Unicef denominado “Estado Mundial de la Infancia” (2009), Awa N´deye Ouedraogo ex presidenta del Comité de los Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas, advierte que los autores de este delito buscan a menores de edad atemorizados y los separan de sus familias, a menudo con el consentimiento de sus progenitores con la promesa de un mejor futuro.

La especialista añade que una vez separados de sus familias niñas y niños son expuestos a abusos graves como explotación sexual, violaciones a sus derechos humanos fundamentales, también se ven expuestos a la carencia de protección legal y son vulnerables al matrimonio prematuro, a la esclavitud, al trabajo forzado, mendicidad, prostitución infantil y pornografía.

Un problema mayor que identificó Ouedraogo es que las y los niños rescatados de las diferentes formas de explotación, no reciben la atención suficiente, ni un tratamiento adecuado, pues generalmente se incorporan a sus familias sin haberse rehabilitado, enfrentándose a estigmas, discriminación y rechazo.

En este sentido -revela la publicación-, además del trauma y las lesiones físicas que produce la explotación sexual, las niñas y niños abusados comúnmente dejan de asistir a la escuela, están expuestos a contraer infecciones de transmisión sexual, así como embarazos no deseados.


ESTRATEGIAS EN MEXICO

En 2007, el relator especial de Naciones Unidas contra la Venta de Niños, la Explotación Sexual y la Pornografía Infantil, Juan Miguel Petit, señaló que cerca de 80 mil niñas y niños en México son víctimas del abuso con fines de pornografía y prostitución forzosa.

Ante dicha problemática, el Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra la niñez, de la ONU, hizo un llamado los Estados partes al reforzamiento de las iniciativas destinadas a combatir el uso de tecnologías de información (Internet, teléfonos móviles y juegos electrónicos) en la explotación sexual infantil.

En 2007, las reformas al Código Penal a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de explotación sexual infantil, contemplan duplicar las penas, destituir e inhabilitar a padres de familia, funcionarios públicos, sacerdotes y miembros de cualquier culto religioso que violen o abusen de niñas y niños.

Actualmente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal trabaja en una iniciativa de la Ley General de Educación, propuesta el 9 de marzo de 2010, para promover mecanismos de orientación, comunicación y prevención del abuso sexual, así como el uso adecuado de Internet, la cual esta en espera de ser aprobada.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, establece en su artículo 19 la responsabilidad del Estado para proteger a la infancia de toda forma de descuido, abuso físico o mental, incluido el abuso y la explotación sexual.


martes, agosto 11, 2009

Paraguay: Niñas dan la espalda a la explotación sexual

Natalia Ruiz Díaz / IPS (Tomado de: Insurrectas y Punto)
Claudia tenía 13 años cuando llegó a la capital de Paraguay procedente de una pequeña localidad rural. Apenas unas semanas después deambulaba por las céntricas calles de Asunción, víctima de explotación sexual.

Su historia repite la de otras tantas niñas y adolescentes que cotidianamente caen en las redes del comercio sexual de menores en Paraguay, uno de los países latinoamericanos donde más prospera este urticante delito.

Claudia * había dejado atrás una familia desarticulada y sumida en la pobreza, alentada por su hermana mayor que ya vivía en Asunción. Pero las promesas de una vida mejor se evaporaron rápidamente y la falta de recursos y de protección la llevaron a la calle.

Fue allí donde la encontraron las educadoras del no gubernamental Grupo Luna Nueva, dedicado a brindar atención a niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual.
"El abordaje fue muy difícil, porque Claudia tenía un vínculo especial con la hermana, quien ya ejercía el trabajo sexual desde hacía un tiempo", comentó a IPS Nidia Ríos, educadora de Luna Nueva.


La organización cuenta con un equipo que se ocupa de identificar a niñas y adolescentes en situación de riesgo. "Nuestra tarea es contactarlas y generar un vínculo de confianza, para luego plantearles la propuesta de Luna para ellas", apuntó Erika Almeida, responsable del equipo.

Claudia aceptó ingresar al albergue de la organización e inició la primera etapa del proceso, denominado Kunu'u (mimar en lengua guaraní).

En esa etapa se realiza un estudio psicológico, se identifican sus vínculos familiares y se evalúa su situación escolar. Con todo ello, se establecen el diagnóstico general, las prioridades en la atención y un plan de trabajo individualizado para cada menor rescatada, que dura varios meses.

Las rescatadas pueden vivir en el centro y con sus hijos, cuando los tienen, o seguir el programa como externas. El único requisito es dejar de prostituirse y, a cambio, reciben apoyo psicológico, se integran a un trabajo social y participan de una dinámica que las motiva a expresarse.

Cuando llegan, muchas no saben leer ni escribir, y el acceso a la educación les abre también nuevas oportunidades y una nueva relación con su entorno.

Claudia retomó sus estudios y restauró paulatinamente la relación con sus padres y hermanos, algo a lo que se resistía por haber sido muy maltratada en el hogar.

"El mayor problema es que las familias están desestructuradas y no ayudan en este proceso. Las chicas se sienten solas, necesitan de sus afectos, pero ese alguien no está", señaló Ríos.

La posibilidad de desertar del programa siempre está allí, en ocasiones promovida por las propias familias, sumidas en la pobreza y en la descomposición de valores.

"Muchas veces las familias, ante sus necesidades, naturalizan el tema de la explotación como una forma de ingresos, por lo que las chicas se ven obligadas a abandonar el programa", explicó Ríos.

Los educadores de Luna recorren de día y de noche las calles de las zonas donde se ejerce la prostitución en Asunción y los municipios vecinos, sin olvidar la terminal de ómnibus, las centrales de camioneros y el mercado central de abastos.

Almeida explicó que a las niñas que trabajan en el mercado como vendedoras en variadas ocasiones les ofrecen comprar su mercancía a cambio de favores sexuales. Otras veces, la contratación de menores como servicio doméstico sirve de "pantalla" para la posterior explotación sexual, encontró la organización en un estudio realizado en marzo.

Los educadores informan a las explotadas sobre el programa y cómo pueden ingresar, además de realizar campañas de concienciación y prevención sobre salud sexual y reproductiva.

"Si no quieren venir, buscamos mantener el vínculo, apoyándolas desde afuera con actividades concretas", resaltó Almeida.

El programa de Luna acoge a niñas y adolescentes de 11 a 17 años desde 1995, cuando las autoridades capitalinas intentaron sacar de las calles a las trabajadoras sexuales, en un país donde el ejercicio de la prostitución es legal después de los 18 años.

"Un grupo de mujeres organizadas apoyaron a esas trabajadoras y así lograron identificar entre ellas a un gran número de niñas y adolescentes", contó a IPS Raquel Fernández, coordinadora general de Luna Nueva.

Ese fue el origen de una organización nacida para promover los derechos de las niñas y adolescentes en situación de explotación sexual. En 2008, Luna Nueva apoyó a 36 niñas y adolescentes y a 14 hijos, y de ellas 24 con sus 11 hijos se mantienen en el programa.

Datos de un escándalo

No hay cifras oficiales sobre cuántas niñas o adolescentes son víctimas del comercio sexual en Paraguay, pero un informe especial del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) mostró en 2005 los grados de escándalo que alcanza el delito en este país.

Dos de cada tres trabajadoras sexuales son menores en Paraguay, donde la venta de niñas, la prostitución infantil y la utilización de menores en pornografía son "tangibles y frecuentes" y las víctimas son iniciadas en el comercio entre los 12 y 13 años. Casi todas las explotadas en Asunción provienen del interior y rompieron sus lazos familiares tras sufrir abusos sexuales o físicos.

Unicef detalló que 98 por ciento de las niñas explotadas reciben entre seis y 10 dólares por cada "servicio". Durante su visita a Paraguay en 2004, el relator especial sobre la Prostitución Infantil, Juan Miguel Petit, se declaró "conmocionado" por los muchos testimonios de niñas de corta edad que se prostituían por un dólar o por un plato de comida.

Y la explotación sexual infantil no se limita a Asunción. Se extiende por todo el país y adquiere caracteres de drama en la sudoriental Ciudad del Este, capital del departamento del Alto Paraná y epicentro de la llamada Triple Frontera, donde Paraguay converge con Brasil y Argentina, una zona asociada a actividades ilícitas de todo tipo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó en 2002 un estudio en Ciudad del Este, en el que registró a unas 650 trabajadoras sexuales. De ellas, 250 eran niñas y adolescentes víctimas del comercio sexual y del interconectado crimen organizado. La magnitud del problema llevó a la OIT a establecer allí un centro especial para estas víctimas.

La llamada formalmente explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes se nutre en Paraguay de cuatro factores que se retroalimentan: pobreza, inequidad, exclusión social y dominante cultura patriarcal, según el latinoamericano Centro para Especialistas en Explotación Infantil y Adolescente, creado en 2006 tras un primer foro regional sobre el delito.

Paraguay es uno de los países con mayor pobreza de América Latina. Veinte por ciento de sus 6,1 millones de habitantes sobreviven con menos de un dólar al día y otro 36 por ciento viven en situación de pobreza.

Este año, la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA) rescató del semi abandono el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, lanzado en 2003.

Celeste Oudin, directora de Planificación de SNNA, explicó a IPS que el plan pretende ayudar a poner la atención de las instituciones sobre el problema y a impulsar medidas enfocadas en los derechos de las víctimas.

Pero por ahora la SNNA no cuenta con un programa de intervención directa frente a un delito que no despierta el repudio social esperable. Pero sí articula su tarea con organizaciones como Luna Nueva y el sistema de Justicia.

La funcionaria admitió que es difícil enfrentar un problema cuya solución no pasa solo por sacar de las calles a las menores explotadas y menos aún por su arresto, cuando "no se arresta, por ejemplo, a los clientes y proxenetas".

Para Oudin, la explotación existe porque hay una demanda de quienes buscan tener relaciones sexuales con menores de edad, así que hay que llegar hasta los explotadores: clientes y proxenetas, y eso requiere acciones múltiples e interdisciplinarias.

Pero Fernández, la coordinadora de Luna, es optimista sobre la posibilidad de concretar una política pública eficaz contra el flagelo, con base en la voluntad política y el trabajo mancomunado de instituciones públicas y privadas.

Claudia muestra también un camino a la esperanza. Siete años después de su llegada a Asunción, estudia la carrera de enfermería, está insertada socialmente y vive con una tía cerca de la capital, después de pasar cuatro años dentro del programa que la ayudó a aprender que otra vida era posible.

Para las educadoras, la adolescente puso todo de su parte y resistió las persistentes presiones de su mayor afecto, su hermana, para que volviese a las calles. Costó mucho recomponer su autoestima y sus lazos familiares, pero ahora mantiene contacto con sus padres y cada tanto los visita. "Todo un triunfo y un ejemplo", dijeron.

* El apellido se mantiene en reserva a pedido de la fuente.