Informe: Los abusos intrafamiliares se ocultanApuñaladas, martilladas y macheteadas... Degolladas y descuartizadas. Así han sido encontradas decenas de mujeres asesinadas en el país por sus parejas, exconvivientes y otros familiares.
Unas han tenido en sus carteras las boletas de auxilio en contra de sus agresores de sexo opuesto por violencia intrafamiliar. A otras les quitaron la vida tras denunciar en la justicia los maltratos físicos, psicológicos y sexuales; y las intimidaciones a las que eran sometidas por sus compañeros sentimentales.
Son las historias extremas que mataron a más de 20 mujeres entre el 2010 y el 2011. Ocurrieron en barrios y zonas residenciales. Son también hechos por los cuales muchas mujeres no denuncian la violencia intrafamiliar, cuyo número va en aumento, pese a que desde 1995 el país tiene una Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Una legislación que recién pudo ejecutarse y aplicarse con su reglamento, que se publicó nueve años después, en el 2004.
Con 17 años de vigencia de la ley (conocida como la 103), seis de cada diez mujeres en el país han vivido algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, según la encuesta hecha a finales del 2011 a 18.800 mujeres de 15 años en adelante, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Según esta encuesta, el 60,6% de las mujeres aceptó ser víctima de la violencia de género. La agresión psicológica es la más frecuente (53,9%), seguida de la física, con 38,1%; la patrimonial, nueva categoría en el estudio (que se refiere al abuso de los recursos materiales y económicos a los que tienen derecho la mujer), 35,3%; y de la sexual, con el 25,7% de las consultadas.
Un diagnóstico que tiene antecedentes. En el 2004, el Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (Cepar) realizó la última Encuesta demográfica y de salud materna e infantil (Endemain). Ahí se preguntó a nivel nacional sobre violencia a 9.576 mujeres de 15 a 49 años, casadas y comprometidas.
En ese entonces, el 9,6% de las entrevistadas reportó algún tipo de violencia sexual; 41% de las mujeres, agresión psicológica en sus relaciones de pareja; y el 31% de las comprometidas denunció maltrato físico.
Las cifras actuales están sub-estimadas, dice Byron Villacís, director nacional del INEC, pues señala que muchas mujeres no reconocen la violencia.
Una medición que llega cuatro años después de que se declarara como política de Estado la erradicación de la violencia de género en todo el país.
El callar o no denunciar estos maltratos se debe a razones como el temor a represalias, la baja autoestima y la dependencia, la desconfianza en la justicia y la educación o patrones culturales que recibieron las víctimas y agresores en sus hogares, coinciden los abogados y psicólogos de las organizaciones que trabajan en la lucha contra esta problemática social.
Las agresiones más comunes las cometen los convivientes o exparejas de las mujeres. Incluso, el 90% de las afectadas por algún tipo de violencia no se ha separado de su pareja, revela la encuesta. Y algunas hasta la justifican, como Lisbeth Góngora, de 48 años, quien acompañó el pasado martes a una amiga a una Comisaría de la Mujer para exigir la pensión de alimentos.
“Es que yo busco que me pegue. Cuando llega tarde a casa o le encuentro mensajes amorosos de esas vagas (otras mujeres) en el celular, le reclamo y lo empiezo a provocar. Le digo que se vaya con esa zorra... Y entonces él se pone a la defensiva, y yo sigo y sigo hasta que me mete mi puñete”, dice. Ella, al igual que el 52,5% de mujeres violentadas, considera que, pese a todo, con “golpes e insultos”, el matrimonio no debe disolverse.
Otras, en cambio, no abandonan a su pareja por temor. “Prefiero seguir aguantando insultos y uno que otro golpe. Pero yo, ¡qué voy a denunciar a ese hombre!, ¿para que me mate? Si hasta por $ 20 matan. No... Pienso en mis hijos”, dice María Nazareno, de 37 años, habitante de Monte Sinaí, un populoso sector del noroeste de Guayaquil, quien procreó tres hijos.
Su opinión la comparten decenas de mujeres intimidadas o amenazadas por sus parejas o exconvivientes para que no los denuncien en los entes de justicia, como en las comisarías.
Por ejemplo, en los barrios de la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, la muerte de Juliana Cevallos, el pasado 11 de octubre, a manos de su esposo, atemorizó a quienes defendían derechos como los de la mujer, cuentan sus amigas. “Ella jamás dijo que tenía problemas con su esposo. Después de que él la mató nos enteramos de que era maltratada psicológicamente”, indica María Góngora, de la Asociación Mujeres Afro Unidas Triunfaremos, de la coop. Antonio Neumane.
La agresión psicológica es la más frecuente a escala nacional en la encuesta del INEC (53,9%). Y es la que menos se denuncia en la vida real, y la que escasas sanciones tiene, expresan quienes tratan estos casos.
“Si no hay evidencia física demostrada (o sea un morado por golpe), no le dan prisión al agresor. La violencia psicológica no tiene el mismo peso que la física, con rastro visible”, señala Luisa Macías, abogada que asesora a quienes acuden al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), ente que recibió a 100 víctimas más en el 2011, a diferencia del 2010.
A la violencia psicológica en la relación de pareja, que está en segundo lugar, con el 76,3%, no se la acepta aún como tal. Así se evidenció en un recorrido que este Diario realizó por las cuatro comisarías de la Mujer y de la Familia de esta ciudad y por fundaciones que trabajan con víctimas maltratadas.
“Ella no necesita tanto de terapias psicológicas... Si el esposo no le ha pegado, no la ha maltratado aún. Solo le dice que no sirve para nada...”, repetía insistentemente un familiar de una joven que acudió a la Fundación María Guare porque la comisaria la envió a esta entidad para que la evalúen como parte del proceso legal tras la denuncia.
En la encuesta del INEC a nivel de relaciones de pareja, el 87,3% ha experimentado la violencia física por parte del exconviviente o del compañero sentimental. Las víctimas ponen hasta excusas para justificar estos maltratos extremos y recibir atención médica en centros y subcentros de salud. Mas los hematomas (moretones), heridas o hinchazones las delatan.
“Me golpeé con la puerta”, decía una joven de 27 años, quien cubría con un pañuelo la hinchazón del lado derecho de su rostro cuando fue a la maternidad del Guasmo. Pero desistió de atenderse cuando una vecina que la acompañaba le decía: “Los doctores se darán cuenta de que él te pegó”.
En las comisarías, muchas no cuentan todos los abusos o la realidad de sus hogares. La mayoría acude a denunciar cuando los golpes fueron mayores, cuando están amenazadas o cuando se sienten heridas por el abandono de hogar de la pareja por otra relación, coinciden autoridades, abogados y psicólogos como Sandra Torres, quien atiende casos de violencia en la Fundación María Guare.
A las comisarías también llegan las víctimas que fueron agredidas en la vía pública. Muchas van casi “obligadas” por las autoridades que las atendieron en el momento del delito flagrante. Así sucedió el pasado martes. Cerca de las 13:30, un patrullero de la Policía llegó a la Comisaría Tercera de la Mujer y la Familia, en Pascuales, con un detenido y una mujer con vendas en la parte izquierda del ojo y con huellas de sangre.
Tras presentarse ante la comisaria empezaron los gritos e insultos. “¡Mira cómo me has dejado!”, decía la mujer que no pasaba de 35 años... “A ella le gusta que le peguen, está acostumbrada a eso... Los otros maridos que ha tenido le hacían lo mismo...”, replicaba el hombre enojado, al tiempo que la comisaria ordenaba la detención inmediata y remitía el caso a la Fiscalía de Daule, pues el hecho (agresión) se produjo en esa jurisdicción.
En tanto, la víctima mostraba preocupación por saber adónde iba a ir su agresor, pues acotó que eran familia y que no quería más problemas.
El subteniente Luis Ruiz, quien llevó a la víctima –que necesitaba sutura por un costado del ojo izquierdo– a la comisaría, comenta que de los auxilios que reporta la comunidad a la UPC de Daule, en la que trabaja, el 90% son por violencia intrafamiliar, sobre todo en los sectores considerados residenciales, como La Joya y Villa Club.
Los maltratos físicos y psicológicos provocan que incluso las mujeres abandonen el hogar, como el 27,1% de la encuesta. La razón: buscar seguridad, como le sucedió a Alexandra, de 35 años, el pasado lunes. Ella dejó ese día su vivienda y a dos de sus tres hijos porque su conviviente la amenazó en la mañana con matarla, después de regresar de conversar con su “amante”. No era la primera vez. En el 2010 lo denunció por primera vez y estuvo detenido dos días.
Luego su conviviente le pidió perdón y le juró que no lo iba a hacer más. “Pero fue mentira. El fin de semana me puso un cuchillo que estaba oxidado en la barriga. Yo luché con él y pedí ayuda a mis hijos. Han sido 14 años de maltratos”, relata Alexandra, mientras espera que le emitan otra boleta de auxilio en la Comisaría de Pascuales.
En las comisarías, muchas mujeres desisten de demandar.
En las estadísticas sobre casos de violencia intrafamiliar de la Dirección Nacional de Género se registran 63.837 denuncias por abusos tramitadas por mujeres y 9.011 de hombres en el 2009; mientras que en el 2010 hay 68.603 causas de mujeres y 10.487 de hombres; y en el 2011 la cifra bajó a 57.725 casos de mujeres y 9.508 de hombres. De estas cifras totales, 13.109 agresores fueron a prisión y 9.847 pagaron multas.
La violencia de género sobrepasa el 50% en todos los niveles de instrucción de las entrevistadas del INEC, en donde el 52,8% de mujeres con posgrados han sufrido algún tipo de abuso.
Solo en enero de este año, la Fiscalía del Estado reporta 157 casos de delitos por lesiones por violencia intrafamiliar. El último que engrosará las cifras de los asesinatos fue el ocurrido la noche del viernes en Bastión Popular, cuando Mónica León, de 34 años, descansaba en su hogar. Su esposo la acuchilló varias veces en el pecho, sin motivo aparente. La hija de ambos, de 16 años, presenció el suceso.
Detalles Campañas y resultados
Medida
En septiembre del 2007, mediante el Decreto Ejecutivo 620 se declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género.
Autoridades involucradas
A los ministerios de Gobierno (quien lo preside), Educación, Salud, Inclusión Social y Justicia les compete hacer cumplir el plan nacional.
Campaña se inicia en 2010
La campaña ‘Reacciona Ecuador, el machismo es violencia’ sólo consistía en spots publicitarios y en visitas a planteles educativos.
