(CIMAC).- Diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua propusieron el pasado 16 de marzo ante el Pleno de aquél país, una iniciativa de ley para despenalizar el aborto terapéutico, con el fin de reducir la mortalidad materna asociada al desarrollo de embarazos de alto riesgo.
Dicha propuesta plantea que el aborto no se constituya como delito si se practica para salvar la vida de la madre, “siempre y cuando no se considere factible médicamente llevar el embarazo a término y preservar la vida de la mujer”, dijo el diputado José Pallais, miembro del Partido Liberal Constitucionalista al diario local “La Prensa”.
De acuerdo con un informe gubernamental, 28 mujeres fallecieron en 2008 por complicaciones obstétricas indirectas, es decir, enfermedades existentes antes del embarazo y por complicaciones derivadas de tales padecimientos durante la evolución del mismo.
“13 de las 28 muertes pudieron haberse evitado en caso de haberse realizado una interrupción terapéutica del embarazo”, precisa el documento y añade que el 54 por ciento de las mujeres que presentaron alguna patología agravada con el embarazo, eran menores de 24 años.
Los legisladores exhortaron desde el pasado 26 de febrero al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a salvaguardar la vida de “Amalia” una joven embarazada de 27 años, a quién se le negó el tratamiento de quimioterapia y radioterapia para combatir el cáncer metastático que padece.
Pidieron por medio de un comunicado al ejecutivo nicaragüense, la disolución inmediata de la Ley 603 y el artículo143 del Código Penal vigentes desde el 26 de octubre de 2006, que estipulan respectivamente, la penalización de 1 a 3 años de prisión para las mujeres que consientan esta práctica, y de 2 a 5 años de inhabilitación médica al médico que lo practique.
En caso de que se descubra que el aborto terapéutico no era necesario y que los médicos falsificaron sus dictámenes, la sentencia va de 4 a 13 años de prisión, detalló el diputado Pallais.
Mientras tanto, el Vicario de la Catedral Metropolitana de Managua, Bismack Conde, argumentó que la propuesta de ley busca la legalización del aborto inducido. El presbiteriano calificó la iniciativa presentada ante la Asamblea Nacional como “una banderita de lucha” en contra de la ‘vida’ humana.
El religioso sostuvo su opinión pese a las cifras crecientes de abuso sexual en contra de niñas y adolescentes en el país centroamericano.
Información de Amnistía Internacional, revela que entre 2005 y 2007, mil 247 niñas fueron violadas y 198 de ellas resultaron embarazadas. De esa suma, 172 tenían entre 10 y 14 años de edad.
Quienes también se manifestaron en contra de la iniciativa, fueron los representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El diputado José Figueroa, declaró a una televisora que esa reforma pretende restituir la figura del aborto terapéutico que había sido penalizada en el Código Penal.
“El Frente Sandinista viene impulsando un proyecto de vida, un proyecto en donde hemos asumido el compromiso tanto de defender a la madre como a su hijo”, recalcó el diputado.
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