Se está librando una guerra contra las mujeres

Beatriz Gimeno

Escritora, activista y Diputada de PODEMOS en la Asamblea de Madrid

EconoNuestra En los últimos años leemos noticias que nos espantan en relación a la vida de las mujeres. Desde las matanzas indiscriminadas y extremadamente crueles de las que Ciudad Juárez es un ejemplo, hasta la imposición de 50 años de cárcel a mujeres que han sufrido abortos (incluso involuntarios) en El Salvador o Guatemala. Por supuesto que no se trata de que en determinados lugares (en este caso Centroamérica) sean más machistas que en el resto del mundo, ni de que determinadas culturas sean tampoco más patriarcales. Se trata de otra cosa, y las lecturas que he hecho este verano de la antropóloga Rita Segato me han ayudado a introducir un sentido de inteligibilidad en un magma incomprensible hasta este momento. Claro que hay machismo, patriarcado puro y duro y que esa es la base sobre la que se levanta esa violencia; pero patriarcado lo ha habido siempre y en todas partes. Lo que ahora se produce de nuevo es la expansión de un neoliberalismo brutal en territorios fronterizos, una guerra que se libra en el cuerpo de las mujeres y que se produce al mismo tiempo que ciertas victorias del feminismo en algunos ámbitos institucionales y culturales que han ayudado, paradójicamente, a convertir la masculinidad tradicional en una identidad de resistencia para muchos varones empobrecidos y desposeídos de todo por ese neoliberalismo

Esta violencia a la que hago referencia es una violencia extremadamente cruel que se produce contras las mujeres desde dos ámbitos diferenciados. Por una parte el ámbito de la ilegalidad en la que se producen los feminicidios de Ciudad Juárez, Guatemala, Honduras, El Salvador…violencia de una crueldad y brutalidad extremas que se produce contra mujeres desconocidas para los agresores. Además de la extrema crueldad de estos asesinatos, que siempre se producen después de torturas inimaginables, otra de sus características es la absoluta impunidad de los culpables, que jamás son detenidos. Por la otra parte, tenemos una violencia institucional que tiene como epicentro la supuesta lucha contra el aborto. La crueldad estatal en muchos de estos países roza el delirio. Así, cualquier pobre que acuda a un hospital después de un aborto, provocado o no, puede ser arrestada y condenada incluso a 50 años de cárcel. También en algunos estados de EE.UU se están dando casos de mujeres acusadas de asesinato por haber bebido alcohol durante el embarazo o por haberse caído y haberse malogrado dicho embarazo. En muchos países de Latinoamérica mientras los violadores gozan de una impunidad casi absoluta, el estado impide a niñas de once años abortar de embarazos producidos por sus padres o conduce a mujeres embarazadas con cáncer a la muerte antes que darles la quimioterapia que podría salvarles la vida. Son casos reales, no estoy exagerando. La violencia legal, la que practican estos estados contra las mujeres, tiene una importante función pedagógica.

El estado muestra así su poder y su crueldad demostrando que reconoce una jerarquía entre las personas, que las mujeres, especialmente las mujeres indígenas y las más pobres, ocupan el escalón más bajo de la misma; que existen seres humanos (mujeres) desechables y que no duda en usar su poder de manera arbitraria contra ellas.

Lo que vemos es que el poder, en su vertiente legal e ilegal, el estado y su reflejo, el narcoestado o el reflejo corrupto del mismo, toman a las mujeres como rehenes y víctimas de una guerra contra los pobres, por una parte, y entre las distintas facciones de los narcoejércitos, por la otra. Ese territorio fronterizo es el lugar en el que la vida humana no vale nada y en el que se dan cita multitud de negocios de los que el neoliberalismo completamente desregulado saca beneficio: trata de personas, tráfico de órganos, prostitución, tráfico de drogas, de armas, de medicinas…todos ellos negocios ilegales pero cuyos beneficios se blanquean en bancos y legales al otro lado de la frontera. Ese dinero de origen legal e ilegal es el que paga, además de ir al bolsillo de las enormes fortunas personales de los grandes capitalistas, las campañas electorales de todos los partidos de la región, la publicidad en los medios y la opinión editorial de todos esos medios de comunicación, vaciando de sentido la democracia representativa.

Esos negocios, legales o ilegales, que se establecen en la parte pobre de la frontera necesitan territorios en los que nada ni nadie se les oponga, ni personas, ni leyes, ni mucho menos la sociedad civil u organizaciones sociales de ningún tipo. Para ello siembran el terror de manera arbitraria, demostrando un poder soberano sobre el territorio. Los cuerpos de las mujeres siempre han sido, en todas las guerras clásicas, equiparadas al territorio, lugares de conquista. Ahora ya no se trata de conquistar el territorio, sino de arrasarlo, porque el neoliberalismo no quiere conservar ninguna estructura, ni cultural, ni familiar, ni simbólica ni material. El asesinato indiscriminado de mujeres sirve para demostrar un poder ilimitado sobre las vidas, una crueldad ilimitada también, una voluntad de aniquilar las estructuras comunitarias, familiares y sociales. Pero, al mismo tiempo, se convierte en expresión de masculinidad, en una especie de intercambio ritual entre las bandas, en un aviso, en un rito de iniciación entre las mismas. La masculinidad extrema, la fratría, se ha convertido en uno de los rasgos característicos de un estado paralelo que utiliza a las mujeres como obreras explotadas en las maquilas, como mercancía y objetos de consumo en la prostitución y como objeto sacrificial proveedor de masculinidad para los miembros de la fratria. Masculinidad, por otra parte, cuestionada y presionada por ciertos avances del feminismo que ha provocado cambios sociales y simbólicos.

El estado se comporta también como una banda más castigando a las mujeres pobres y/o indígenas para destruir en ellas la posibilidad de la emergencia de economías alternativas, la resistencia de las economías tradicionales, de las sociedades apegadas a vínculos que no tienen espacio en el neoliberalismo desregulado, donde todo vínculo social o cultural es un impedimento en la extensión del capital. Castigando a las mujeres pobres y/o indígenas buscan destruir cualquier resquicio comunitario, cualquier atisbo de economía tradicional, la que busca el sustento en la agricultura, la que busca cuidar de los bosques o los ríos, la que se basa en la reciprocidad o la solidaridad. Al castigar a las mujeres pobres e indígenas los estados buscan destruir la resistencia de los pueblos.

Al mismo tiempo, apoyando el negocio de la trata de personas, apoyando la prostitución, declarando la impunidad de los asesinatos machistas, el poder, legal e ilegal, si bien aterra por un lado, se garantiza por el otro cierta cohesión social básica que impida un estallido incontrolable. En una sociedad en la que millones de personas han sido desposeídas de todo, de futuro, del trabajo, en la que los salarios han sido reducidos al límite de la subsistencia, y en la que, al mismo tiempo, el feminismo ha buscado ofrecer a las mujeres oportunidades y nuevas libertades que ponen en cuestión las masculinidades tradicionales, se hace necesario, al menos, no privar a los hombres de lo poco que les queda, su sentido de la masculinidad; se les asegura así que al menos por debajo de ellos hay otra clase: las mujeres. El estado contribuye a la conversión de las mujeres en mercancía y a su señalamiento como desechables. Eso ayuda a que los hombres que no tienen nada sientan que, al menos, les queda la masculinidad como un bien valioso.

En definitiva, la violencia creciente contra las mujeres, simbólica y también material, hay que entenderla, cada vez más, como un elemento más de la desigualdad económica y de la desposesión neoliberal; como una compensación subjetiva para los sujetos masculinos a los que se les ha privado de todo, incluido su sentido fuerte de la masculinidad. Los cuerpos femeninos en los territorios de frontera son cuerpos basura, desechables, cuerpos sacrificiales que se destruyen como símbolo, y que se compran y se venden como objetos. Es en este contexto en el que tenemos que entender tanto los feminicidios como, por ejemplo, la represión de los estados a las mujeres que han abortado o que incluso han sufrido violencia sexual.

Trece veinticinco: la evidencia de la desigualdad

Elena Duque

AmecoPress. En octubre de 2010 la resolución 1325 de Naciones Unidas celebrará su décimo aniversario. Una década de vigencia sobre la que las voces sólo se alzan al unísono en una afirmación: era necesaria. 16 Planes de Acción nacionales lo avalan, pero sobre el terreno los efectos aún tardan en verse. Faltan acciones directas y asunción del significado de género en la aplicación de medidas, aún vagas.

En octubre de 2000 el Consejo de Naciones Unidas aprueba por unanimidad la resolución 1325 sobre Mujeres, Paz, y Seguridad. Con esta resolución un órgano internacional reconocía por primera vez la diferente dimensión en que las mujeres sufren el impacto de los conflictos armados y denunciaba el caso omiso que se hace de sus propuestas a en los procesos de paz, a pesar de su importante papel en la prevención y la solución de conflictos y en el mantenimiento de la paz y la seguridad.

El contenido de la R1325 se empezó a fraguar en 1995 durante la IV Conferencia Internacional de las Mujeres. Antes incluso. El primer documento que existe sobre el reconocimiento de la discriminación hacia las mujeres es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, aprobada en 1979.

Desde la firma de la R1325, 16 países han desarrollado Planes de Acción nacionales para implementarla, entre ellos España. La mayoría corresponden a países occidentales, pero también lo han aprobado Liberia y Costa de Marfil, ambos en situación de posguerra, y Uganda, aún en medio de un conflicto armado.

Defensa y participación de las mujeres

La resolución 1325 se estructura en tres líneas principales. Por un lado, enfatiza en el papel de las mujeres como tejedoras de la paz, y reclama un aumento en la presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones. Por otro lado, solicita acciones urgentes para terminar con el uso de la violencia sexual contra mujeres y niñas como instrumento de combate en los conflictos armados e insta a perseguir a los culpables y a proteger a las personas en situación de riesgo. Finalmente, establece la importancia de introducir transversalmente la perspectiva de género en todas las políticas, con el fin de conseguir alcanzar metas concretas dentro de las dos líneas anteriores.

Lola Fernández, miembro de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, resalta que “La 1325 no solo aborda el papel de las mujeres como victimas de la violencia de género sino también de las mujeres como actoras de paz, figura que se reconoce como imprescindible a la hora de reconstruir sociedades esquilmadas por las guerras”.

En los países en conflicto, las mujeres sufren los efectos de la contienda de diversas maneras. Una de ellas, la que más rápidamente identificamos, es la recurrente violencia sexual a la que son sometidas, ya sea o no con objetivos bélicos de dominación y miedo. En algunas zonas de Liberia, el 90 por ciento de las mujeres y las niñas han sido víctimas de abusos sexuales en algún momento de su vida. Hay sociedades en las que se viola a las mujeres de otras etnias para que tengan descendencia que termine con su herencia sanguínea, que consideran asociada sólo al varón. Muchos grupos armados secuestran a mujeres y niñas convirtiéndolas en esclavas sexuales de su batallón.


No sólo por abusos sexuales sufren las mujeres. La guerra se ceba en ellas cuando son forzadas a formar parte de esos grupos de combatientes para trabajar como cocineras, como cuidadoras o como una guerrillera más. Pero incluso cuando se quedan en sus hogares, la lucha armada les arrebata a sus esposos y deben hacerse cargo de su casa y de su familia sin más apoyo que su propia fuerza de voluntad. “Las mujeres son las obligadas sustentadoras de sus unidades familiares”, ha señalado Inés Alberdi, directora ejecutiva de UNIFEM, que resalta la importancia de que las mujeres participen en la toma de decisiones de los distintos niveles y grupos de poder. “Deben tomar decisiones que les afectan a todos, pero sobretodo a ellas”.

Efectos débiles

A menudo, la crítica a esta resolución viene desde la implementación que en estos diez años se ha conseguido. Para muchos es difícil valorar su eficacia por la falta de datos y de indicadores con los que medir su alcance. “No podemos olvidar el poder de los números”, ha manifestado Alberdi, muy crítica con el poco éxito, a su entender, de esta resolución. “Se habla de género, pero apenas se ponen recursos para ello. Las propias Naciones Unidas sólo cuentan con 2 mujeres entre los 40 altos representantes”.

Fernández coincide en citar la falta de recursos y de voluntades como una de las carencias. “Es sabido que la mera aprobación de una resolución no sirve de nada si no cuenta con la dotación política y económica necesaria, a la par que se asume por parte de los estados la necesidad de llevarla a efecto”. Otra de las críticas parte de la poca implicación masculina en la consecución de objetivos.

Para María Villellas, investigadora de la Escola de Cultura de Pau de Barcelona, “Cabe destacar una ausencia masculina en los foros e iniciativas surgidas a raíz de la 1325. La implementación de la 1325 ha quedado en manos casi exclusivas de mujeres, lo que refuerza el círculo vicioso de ausencias de mujeres en los órganos de toma de decisiones sobre la paz y la seguridad. Es necesario implicar a más hombres comprometidos con la equidad de género en la promoción de la 125”.

Carmen Magallán, directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, es tremendamente prudente en su valoración. “La Resolución tiene traducción a 180 idiomas, todavía está en proceso de darse a conocer. Choca con las estructuras y con los regímenes de subordinación preexistes. Es por ello un proceso lento, pero es importante contar con la 1325 y se va logrando implicación”.

Aporta dos ejemplos, los mismos y únicos que después aparecen una y otra vez. “En Nepal, si bien estuvieron fuera del proceso de paz, sirvió a las organizaciones de mujeres como respaldo a sus demandas de conseguir representación política y para conformar agendas de género de carácter transversal. En Sri Lanka, durante las fallidas negociaciones de paz de 2002, se creó una subcomisión de género entre mujeres del Gobierno del país y del grupo armado en la oposición”.

R1325 en la política española

España cuenta con un Plan de Acción para la Aplicación de la Resolución 1325 y un Plan de Acción: Mujeres y Construcción de la Paz de la Cooperación Española. Para Mila Ramos, de Mujeres en Zona de Conflicto, “la valoración que hay que hacer sobre la aplicación del Plan de Acción español respecto a la 1325 es positiva”. Pero considera que se está dando una interpretación demasiado militarizada y por lo tanto insuficiente en este Plan de Acción, en lo que se refiere al objetivo número 1, donde el texto dice: “velar porque se aumente la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones (…) para la prevención, la gestión y la solución de conflictos”.

“Estamos preocupadas por una visión excesivamente militarizada de este objetivo. El texto de la resolución promueve el fortalecimiento de la sociedad civil. Sin embargo, el único Ministerio competente para aplicarlo es el de Defensa. Hace falta más transversalidad. También tendrían que estar Exteriores y Cooperación”.

Ramos reprocha que sólo se estén reclutando más mujeres para las fuerzas armadas y considera que se están omitiendo acciones necesarias como una profunda formación y capacitación en la perspectiva de género. “Hay que entender que las mujeres son las que lo tienen realmente difícil. Se trata de visibilizar a esas mujeres en los procesos de paz. No sólo en la perspectiva de la justicia y la reparación, sino dándoles participación política y capacidad de decisión. Hay que entender una sociedad en paz no como la no guerra, si no una sociedad sin violencia estructurada”.

Desarrollo en el seno de la ONU

Esta resolución, a pesar de contemplar la violencia sexual como arma de guerra, se demostró insuficiente en este aspecto, por lo que en 2008 el Consejo de Naciones Unidas alumbró una nueva resolución, la 1820, específica para la denuncia de este tipo de violencia, la protección de las víctimas y las personas en situación de vulnerabilidad, la reparación, la declaración de culpables y el establecimiento de penas. Además de esta, después, en 2009, se aprobaron las resoluciones 1888 y 1889 para concretar los compromisos a adoptar en el cumplimiento de la 1820 y de la 1325, respectivamente.

ONU deplora situación de la Mujer en Irak

Fuente: Prensa Latina

La ONU deploró la condición marginal de la mujer iraquí, agravada con la guerra desatada tras la invasión militar de Estados Unidos, y llamó a asumir compromisos y prácticas efectivas para proteger sus derechos.

En un comunicado emitido simultáneamente en Bagdad y Ammán, al cual tuvo acceso Prensa Latina, la organización mundial señaló que años de violencia, conflicto interno y guerras han hecho más lentos los progresos hacia la igualdad de las iraquíes.

Al respecto, lamentó que se vean comprometidos sus derechos fundamentales a educación, atención médica, empleo y plena participación política.

Una gran prioridad de la ONU para 2009 es mejorar las condiciones para las mujeres y niñas que aún no han podido sentir todos los beneficios de la recuperación de Iraq, afirmó el coordinador residente y humanitario de la organización para el país, David Shearer.

Consideró, sin embargo, “algunos signos prometedores” como que uno de cada cuatro vencedores en la reciente elección provincial es mujer.

Según la ONU, “hay todavía mucho por hacer”, porque una de cada 10 casas iraquíes es manejada por mujeres, más del 80 por ciento de las cuales son viudas.

Las mujeres representan el 17 por ciento de la fuerza laboral iraquí, frente al 81 por ciento de los hombres, lo cual les excluye de buenas oportunidades económicas, a lo que se suma que el 24 por ciento de las mujeres y niñas mayores de 10 años son iletradas.

Ese indicador es del 11 por ciento para los varones, agregó la fuente, al señalar que en años recientes muchas estudiantes se han abstenido de acudir a la escuela debido a los altos niveles de violencia en el país.

Para la ONU, las mujeres iraquíes están atrapadas en una “emergencia de silencio”, más aún si se toma en cuenta que los índices de salud también son preocupantes porque la mortalidad materna ronda las 84 por cada 100 mil nacidos vivos.

En Jordania y Siria las cifras son de 41 y 65 por cada 100 mil nacidos vivos, respectivamente, contrastó la fuente al asegurar que muchos de los decesos infantiles y maternos pueden ser prevenidos mediante simples intervenciones con cuidados prenatales y obstétricos.