Trece veinticinco: la evidencia de la desigualdad

Elena Duque

AmecoPress. En octubre de 2010 la resolución 1325 de Naciones Unidas celebrará su décimo aniversario. Una década de vigencia sobre la que las voces sólo se alzan al unísono en una afirmación: era necesaria. 16 Planes de Acción nacionales lo avalan, pero sobre el terreno los efectos aún tardan en verse. Faltan acciones directas y asunción del significado de género en la aplicación de medidas, aún vagas.

En octubre de 2000 el Consejo de Naciones Unidas aprueba por unanimidad la resolución 1325 sobre Mujeres, Paz, y Seguridad. Con esta resolución un órgano internacional reconocía por primera vez la diferente dimensión en que las mujeres sufren el impacto de los conflictos armados y denunciaba el caso omiso que se hace de sus propuestas a en los procesos de paz, a pesar de su importante papel en la prevención y la solución de conflictos y en el mantenimiento de la paz y la seguridad.

El contenido de la R1325 se empezó a fraguar en 1995 durante la IV Conferencia Internacional de las Mujeres. Antes incluso. El primer documento que existe sobre el reconocimiento de la discriminación hacia las mujeres es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, aprobada en 1979.

Desde la firma de la R1325, 16 países han desarrollado Planes de Acción nacionales para implementarla, entre ellos España. La mayoría corresponden a países occidentales, pero también lo han aprobado Liberia y Costa de Marfil, ambos en situación de posguerra, y Uganda, aún en medio de un conflicto armado.

Defensa y participación de las mujeres

La resolución 1325 se estructura en tres líneas principales. Por un lado, enfatiza en el papel de las mujeres como tejedoras de la paz, y reclama un aumento en la presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones. Por otro lado, solicita acciones urgentes para terminar con el uso de la violencia sexual contra mujeres y niñas como instrumento de combate en los conflictos armados e insta a perseguir a los culpables y a proteger a las personas en situación de riesgo. Finalmente, establece la importancia de introducir transversalmente la perspectiva de género en todas las políticas, con el fin de conseguir alcanzar metas concretas dentro de las dos líneas anteriores.

Lola Fernández, miembro de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, resalta que “La 1325 no solo aborda el papel de las mujeres como victimas de la violencia de género sino también de las mujeres como actoras de paz, figura que se reconoce como imprescindible a la hora de reconstruir sociedades esquilmadas por las guerras”.

En los países en conflicto, las mujeres sufren los efectos de la contienda de diversas maneras. Una de ellas, la que más rápidamente identificamos, es la recurrente violencia sexual a la que son sometidas, ya sea o no con objetivos bélicos de dominación y miedo. En algunas zonas de Liberia, el 90 por ciento de las mujeres y las niñas han sido víctimas de abusos sexuales en algún momento de su vida. Hay sociedades en las que se viola a las mujeres de otras etnias para que tengan descendencia que termine con su herencia sanguínea, que consideran asociada sólo al varón. Muchos grupos armados secuestran a mujeres y niñas convirtiéndolas en esclavas sexuales de su batallón.


No sólo por abusos sexuales sufren las mujeres. La guerra se ceba en ellas cuando son forzadas a formar parte de esos grupos de combatientes para trabajar como cocineras, como cuidadoras o como una guerrillera más. Pero incluso cuando se quedan en sus hogares, la lucha armada les arrebata a sus esposos y deben hacerse cargo de su casa y de su familia sin más apoyo que su propia fuerza de voluntad. “Las mujeres son las obligadas sustentadoras de sus unidades familiares”, ha señalado Inés Alberdi, directora ejecutiva de UNIFEM, que resalta la importancia de que las mujeres participen en la toma de decisiones de los distintos niveles y grupos de poder. “Deben tomar decisiones que les afectan a todos, pero sobretodo a ellas”.

Efectos débiles

A menudo, la crítica a esta resolución viene desde la implementación que en estos diez años se ha conseguido. Para muchos es difícil valorar su eficacia por la falta de datos y de indicadores con los que medir su alcance. “No podemos olvidar el poder de los números”, ha manifestado Alberdi, muy crítica con el poco éxito, a su entender, de esta resolución. “Se habla de género, pero apenas se ponen recursos para ello. Las propias Naciones Unidas sólo cuentan con 2 mujeres entre los 40 altos representantes”.

Fernández coincide en citar la falta de recursos y de voluntades como una de las carencias. “Es sabido que la mera aprobación de una resolución no sirve de nada si no cuenta con la dotación política y económica necesaria, a la par que se asume por parte de los estados la necesidad de llevarla a efecto”. Otra de las críticas parte de la poca implicación masculina en la consecución de objetivos.

Para María Villellas, investigadora de la Escola de Cultura de Pau de Barcelona, “Cabe destacar una ausencia masculina en los foros e iniciativas surgidas a raíz de la 1325. La implementación de la 1325 ha quedado en manos casi exclusivas de mujeres, lo que refuerza el círculo vicioso de ausencias de mujeres en los órganos de toma de decisiones sobre la paz y la seguridad. Es necesario implicar a más hombres comprometidos con la equidad de género en la promoción de la 125”.

Carmen Magallán, directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, es tremendamente prudente en su valoración. “La Resolución tiene traducción a 180 idiomas, todavía está en proceso de darse a conocer. Choca con las estructuras y con los regímenes de subordinación preexistes. Es por ello un proceso lento, pero es importante contar con la 1325 y se va logrando implicación”.

Aporta dos ejemplos, los mismos y únicos que después aparecen una y otra vez. “En Nepal, si bien estuvieron fuera del proceso de paz, sirvió a las organizaciones de mujeres como respaldo a sus demandas de conseguir representación política y para conformar agendas de género de carácter transversal. En Sri Lanka, durante las fallidas negociaciones de paz de 2002, se creó una subcomisión de género entre mujeres del Gobierno del país y del grupo armado en la oposición”.

R1325 en la política española

España cuenta con un Plan de Acción para la Aplicación de la Resolución 1325 y un Plan de Acción: Mujeres y Construcción de la Paz de la Cooperación Española. Para Mila Ramos, de Mujeres en Zona de Conflicto, “la valoración que hay que hacer sobre la aplicación del Plan de Acción español respecto a la 1325 es positiva”. Pero considera que se está dando una interpretación demasiado militarizada y por lo tanto insuficiente en este Plan de Acción, en lo que se refiere al objetivo número 1, donde el texto dice: “velar porque se aumente la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones (…) para la prevención, la gestión y la solución de conflictos”.

“Estamos preocupadas por una visión excesivamente militarizada de este objetivo. El texto de la resolución promueve el fortalecimiento de la sociedad civil. Sin embargo, el único Ministerio competente para aplicarlo es el de Defensa. Hace falta más transversalidad. También tendrían que estar Exteriores y Cooperación”.

Ramos reprocha que sólo se estén reclutando más mujeres para las fuerzas armadas y considera que se están omitiendo acciones necesarias como una profunda formación y capacitación en la perspectiva de género. “Hay que entender que las mujeres son las que lo tienen realmente difícil. Se trata de visibilizar a esas mujeres en los procesos de paz. No sólo en la perspectiva de la justicia y la reparación, sino dándoles participación política y capacidad de decisión. Hay que entender una sociedad en paz no como la no guerra, si no una sociedad sin violencia estructurada”.

Desarrollo en el seno de la ONU

Esta resolución, a pesar de contemplar la violencia sexual como arma de guerra, se demostró insuficiente en este aspecto, por lo que en 2008 el Consejo de Naciones Unidas alumbró una nueva resolución, la 1820, específica para la denuncia de este tipo de violencia, la protección de las víctimas y las personas en situación de vulnerabilidad, la reparación, la declaración de culpables y el establecimiento de penas. Además de esta, después, en 2009, se aprobaron las resoluciones 1888 y 1889 para concretar los compromisos a adoptar en el cumplimiento de la 1820 y de la 1325, respectivamente.