Gloria MoránAmecoPress.- – En lo que va del año el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) ha recibido 2.800 denuncias de casos de violencia contra la mujer, según Yanira Argueta, directora de dicha entidad. Los casos atendidos son de violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia social.
Es a raíz de la violencia que sufren las mujeres que el ISDEMU firmó una carta de compromiso junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), con la cual pretenden aunar esfuerzos para apoyar la implementación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
La medida obedece al Artículo 1 de esa Ley Especia Integral, en el que dice que “La presente ley tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad”.
El ISDEMU adquiere la obligación de promover y apoyar la implementación de la Ley Integral en todas las instancias del Estado, para que éste fortalezca su institucionalidad política, administrativa y técnicamente en pro de la defensa de los derechos humanos. “El fin es desarrollar diferentes medidas que coadyuven a garantizar los derechos de la mujeres, uno de estos esfuerzos están plasmados en la carta de compromiso”, dijo Argueta.
Es a raíz de la violencia que sufren las mujeres que el ISDEMU firmó una carta de compromiso junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), con la cual pretenden aunar esfuerzos para apoyar la implementación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
La medida obedece al Artículo 1 de esa Ley Especia Integral, en el que dice que “La presente ley tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad”.
El ISDEMU adquiere la obligación de promover y apoyar la implementación de la Ley Integral en todas las instancias del Estado, para que éste fortalezca su institucionalidad política, administrativa y técnicamente en pro de la defensa de los derechos humanos. “El fin es desarrollar diferentes medidas que coadyuven a garantizar los derechos de la mujeres, uno de estos esfuerzos están plasmados en la carta de compromiso”, dijo Argueta.
Y añadió que la violencia contra la mujer no respeta estatus sociales y que se da en todos los niveles afectivos también, desde una pareja de novios, amigos hasta dentro de una familia y de ahí surge la importancia de concientizar a toda la sociedad.
Mientras que el Ministerio de Justicia se comprometió a garantizar, por medio de la Policía Nacional Civil (PNC), el cumplimiento de acuerdos internacionales y nacionales que se relacionen a la equidad e igualdad de género.
La Carta Compromiso destaca la aprobación de parte de la PNC de la Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género. La Carta también asegura que la PNC deberá elaborar y llevar a cabo un plan de implementación de la política aprobada por la institución para monitorearla y evaluarla; debe poner énfasis, entre otros puntos, en los lineamientos enfocados a garantizar una respuesta diligente ante situaciones de violencia contra las mujeres.
Por parte del ISSS, uno de los compromisos adquiridos es la generación de mecanismos de difusión para la sensibilización de los derechos de las mujeres; además de la ampliación en todos los centros de atención del ISSS de los protocolos para el reporte de los casos de violencia hacia la mujer detectados.
El plan piloto por parte del ISSS se llevará a cabo en el Hospital Regional de Santa Ana. Otra de las prioridades del ISSS es bridar asistencia psicológica a derechohabientes que estén sometidos a “altos grados de estrés” por el trabajo que realizan y a las posibles víctimas que resulten perjudicados por situaciones de violencia. Ejemplo de quienes recibirán este tratamiento son los agentes de la entidad policial.
Policías y feminicidios
El ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, dijo durante el acto de firma de la Carta Compromiso que hay cuatro casos en el que efectivos de la PNC han asesinado a sus esposas.
A raíz de esos casos es que buscarán brindar atención psicológica a los miembros de la PNC, aunque Munguía Payés reconoció que es difícil atender de manera personalizada a 22.000 efectivos de la entidad policial. Sin embrago dijo que uno de los métodos implementados hasta hoy son terapias grupales sobre cómo manejar el estrés.
Payés aseguró que los ataques de los elementos policiales hacia sus esposas no han sido premeditados, sino que han sido provocados por el estrés del trabajo unido a discusiones de pareja.
Si bien es cierto alguno de los casos han sido perpetrados con su arma de equipo policial, Payés afirmó que no están evaluando la posibilidad de prohibir que los agentes se lleven su pistola hacia sus hogares.
Casos de feminicidios
La Organización de Mujeres Salvadoreña por La Paz (ORMUSA), en su observatorio de la violencia contra la mujer indica que más de 120 mujeres han sido asesinadas en lo que va del 2012.
Entre los casos específicos en los que han participado elementos policiales está el ocurrido el 19 febrero de este año, cuando un agente de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), Edwin Gálvez Escobar, de 39 años de edad, mató a tiros a su esposa Rina Aracely Bonilla, de 40 años de edad, y luego se suicidó.
El homicidio ocurrió frente a los hijos de la pareja de 12 y 3 años de edad. La familia residía en Las Margaritas, Soyapango.
Mientras que El 3 de marzo de este año, el agente Florentino Bonilla, de 32 años de edad, llegó a la casa de su ex esposa y al encontrarla con su actual novio le disparó a quemarropa, frente a sus hijos; él también se suicidó.
El 11 de abril pasado, en El Congo, Santa Ana, Milton Castro Marroquín, de 42 años, agente de la División de Tránsito de la PNC de ese departamento, le disparó a su esposa Claudia Marisol Rodríguez, de 25 años, y luego se quitó la vida.
A diferencia de los otros casos, Rodríguez no murió a pesar de las heridas con arma de fuego que su esposo le provocó.
