María Esther EspinosaMujeresNet No estamos en la Edad Media , ni son los tiempos de la Santa Inquisición , pero para las autoridades de Guanajuato pareciera que si, ahora no van tras las "brujas", sino tras las mujeres que abortan, aunque a decir verdad, sólo tras aquellas que son indígenas o pobres e ignorantes. Con ellas se ensañan como si fueran las peores delincuentes de este México que a diario se tiñe de sangre de cabo a rabo por un narcotráfico incontrolable y mafias que permean todos los estratos sociales y se infiltran en las estructuras más insospechadas de nuestra vulnerable Nación. Tal parece que ser mujer, indígena, pobre e ignorante es un delito múltiple, mientras que los verdaderos infractores de la ley se apoderan de México y nos ponen en peligro a todos los habitantes.
Recientemente se han documentado una cantidad de casos que purgan condenas mayores en las cárceles de nuestro país. Coincidentemente todos ellos de mujeres marginales, indígenas e ignorantes que estuvieron embarazadas. Su delito: vivir en Guanajuato y abortar involuntariamente. Así le paso a Karla, a Sonia, a María, a Araceli, el nombre es lo de menos son más de 160 mujeres que enfrentan un proceso penal por haber sufrido un aborto espontáneo, al menos 4 ya fueron sentenciadas con hasta 29 años de cárcel y otras 9 enfrentan la justicia bajo libertad condicional.
En las cárceles de Guanajuato, en el Cereso (Centro de Readaptación Social) ni están todos (as) los (as) que son, ni son todos (as) los (as) que están. Ser mujer, pobre y estar presa significa ser triplemente discriminada.
Qué gran contradicción: Guanajuato cuna de la Independencia de México viola los derechos humanos de sus mujeres. La doble moral impera en las autoridades, en médicos, en quienes ostentan el poder. Esa doble moral vulnera el derecho de las mujeres a optar por una maternidad voluntaria, libre y elegida.
Recientemente se han documentado una cantidad de casos que purgan condenas mayores en las cárceles de nuestro país. Coincidentemente todos ellos de mujeres marginales, indígenas e ignorantes que estuvieron embarazadas. Su delito: vivir en Guanajuato y abortar involuntariamente. Así le paso a Karla, a Sonia, a María, a Araceli, el nombre es lo de menos son más de 160 mujeres que enfrentan un proceso penal por haber sufrido un aborto espontáneo, al menos 4 ya fueron sentenciadas con hasta 29 años de cárcel y otras 9 enfrentan la justicia bajo libertad condicional.
En las cárceles de Guanajuato, en el Cereso (Centro de Readaptación Social) ni están todos (as) los (as) que son, ni son todos (as) los (as) que están. Ser mujer, pobre y estar presa significa ser triplemente discriminada.
Qué gran contradicción: Guanajuato cuna de la Independencia de México viola los derechos humanos de sus mujeres. La doble moral impera en las autoridades, en médicos, en quienes ostentan el poder. Esa doble moral vulnera el derecho de las mujeres a optar por una maternidad voluntaria, libre y elegida.
La legislación de Guanajuato castiga el delito de aborto con 3 años de cárcel y con la posibilidad de la libertad provisional, sin embargo, para castigar a la mujeres con la pena máxima las autoridades les han adaptado el delito de homicidio en razón de parentesco.
Verónica Cruz Sánchez, directora de la asociación civil Las Libres, afirmó que las mujeres enjuiciadas enfrentan, además, hostigamiento judicial, maltrato del Ministerio público, de policías ministeriales y de los jueces, así como abusos de los doctores.
Los 4 casos de sentenciadas por homicidio en razón de parentesco sufrieron violencia sexual; no tenían acceso a los servicios de salud pública e ingresaron a la cárcel entre los 18 y 19 años de edad.
Mientras las mujeres encarceladas soportan el olvido, la soledad, la marginación e injusticia jurídica derivada de una doble moral en las cárceles y reclusorios, para el gobernador del estado Juan Manuel Oliva, en Guanajuato no hay mujeres presas por aborto sino por "infanticidio".
Verónica Cruz Sánchez explica que desde comienzos de la década, más de 40 mujeres han sido procesadas por aborto, cuya condena está penada hasta con tres años de cárcel por el código de justicia de Guanajuato-, nueve de estos casos fueron sentenciadas a la pena máxima. "El gobierno siempre ha negado que haya encarceladas por delito de aborto, así que tuvimos que ir de cárcel en cárcel para comprobarlo".
La legislación sobre el aborto es variable en los 32 estados de la República , sólo en el Distrito Federal está legalizado. Las demás entidades lo tipifican en su código de justicia con diversas penas y sanciones. La ley federal contempla algunas causales en las que cualquier mujer, sin tener en cuenta donde viva, puede someterse a un aborto en caso de violación o que su vida corra peligro a causa del embarazo. Sin embargo, en los últimos años tales condiciones se han endurecido. Tal parece un retroceso para las 18 entidades que han aprobado legislaciones para penalizar el aborto.
Las mujeres en Guanajuato son víctimas por partida doble. El Estado las vuelve a violar y las obliga a ser madres. Son vejadas, humilladas, tratadas como animales y sin ninguna garantía de respeto a sus derechos constitucionales y humanos.
El 8 de mayo de 2009, la LX Legislatura de Guanajuato aprobó una reforma al Artículo 1º de la Constitución Política para el Estado, donde se protege la vida -desde la concepción hasta la muerte natural-. Esta reforma representa un fuerte retroceso para los derechos humanos de las mujeres, pone en peligro la única opción legal que les permite tener acceso al aborto en caso de violación y con ello, coloca en la indefensión a las víctimas de violación que recurran al aborto porque podrían ser castigadas por la ley.
Guanajuato, orgullo de cultura, dónde cada año se concentran intelectuales y artistas de talla mundial en su prestigioso Festival Internacional Cervantino, viola los derechos humanos de las mujeres, es el único estado del país, según Cruz Sánchez, que se negó a promulgar una ley contra la violencia de género como se dictaminó federalmente. Se dijo "que no existía violencia contra el sexo femenino y que no era necesaria", Cruz asegura también, que hace dos años, las autoridades intentaron eliminar la causal de violación justificante del aborto y la oposición de activistas lo impidió.
El retroceso se manifiesta también, en el índice más alto que tiene de embarazos adolescentes, debido a la negativa de impartir educación sexual en las escuelas. Quién no recuerda al alcalde de Guanajuato, Eduardo Romero, quien intentó prohibir los besos en la vía pública, olvidándose del tan famoso Callejón del Beso y de sus leyendas de amor. Las críticas de la sociedad lo llevaron a retractarse y declarar la urbe como "la capital del beso". Recientemente, la responsable del Instituto de la Mujer Guanajuatense calificó a las mujeres que tienen tatuajes como personas faltas de valores.
Después de que la prensa y las organizaciones que apoyan a las mujeres encarceladas injustamente, entre ellas Las Libres dieran a conocer las arbitrariedades de que son objeto, fueron incomunicadas para evitar que siguieran hablando con los medios de comunicación.
Engañadas también por las defensoras de oficio, quien en lugar de ayudarlas las hundieron más: "pídanle mucho a Dios porque les van a dar muchos años, desde el momento que tiraron a sus hijos ustedes son culpables y se merecen muchos años de cárcel" -les decían-. Continúan su condena sin que ninguna autoridad federal, ni mucho menos Felipe Calderón hagan algo al respecto.
Mujeres, indígenas pobres, jóvenes, encarceladas estigmatizadas, incomunicadas, obligadas a callar su verdad ante los medios de comunicación, difícilmente podrán rehacer sus vidas, las autoridades y su doble moral han acabado con ellas.
La Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Kyung-wha Kang manifestó su indignación por la situación que se vive en Guanajuato: "Estoy muy enojada, estoy indignada frente a todas estas situaciones que me están planteando de las mujeres, y siempre me pregunto ¿por qué, aunque hacemos más por avanzar en los derechos de las mujeres pareciera que no ha funcionado?".
Cabría aquí el cuestionamiento que hace Adriana Ortiz-Ortega en su libro Si los hombres se embarazaran ¿El aborto sería legal? Y también surge otra interrogante: ¿Qué lastre es más fuerte, el machismo, la corrupción, la desigualdad social o todos combinados en medio de un enorme rezago educativo y deshumanización.
