BOLIVIA: El acoso y violencia política contra las mujeres será sancionado hasta con ocho años de cárcel

fmbolivia.com.

Tras una espera de 11 años, finalmente la "Ley contra el acoso y violencia política en razón de género" será tratada en el plenario de la Cámara de Diputados en la segunda semana de abril, en la que incluye una sanción de hasta con ocho años de cárcel a los infractores.

La información fue confirmada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, durante la última socialización del proyecto de ley que se realizó ayer en la ciudad de La Paz.

El proyecto de ley especifica 17 actos de acoso y/o violencia política contra las mujeres y señala sanciones administrativas y penales. Entre las primeras define amonestaciones escritas y descuentos de hasta 15 días de haber, mientras que en las penales se sanciona con penas privativas de libertad de dos a cinco años en el caso de acoso político y de tres a ocho años de cárcel en el caso de violencia política.

Definiciones
Se define acoso político al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias, con el propósito de impedir, inducir u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

En cambio la definición de violencia política, son las acciones, conductas y/o agresiones con el fin de suspender, impedir o restringir el ejercicio del cargo u obligarlas a tomar decisiones en contra de su voluntad.

La elaboración de esta ley fue propuesta en 2001 por la Asociación de Concejalas de Bolivia, Acobol, ante la inexistencia en la legislación nacional y municipal de artículos que permitan pedir un amparo legal para los casos de acoso y violencia política.

Entre el 2000 y el 2001 Acobol recibió más de 300 denuncias de concejalas y alcaldesas sobre acoso y violencia política. Las denuncias eran en su mayoría por presiones recibidas para que renuncien a su cargo, actos de violencia (sexual, física y psicológica), exceso de autoridad, impedimento del ejercicio de sus funciones, alternabilidad ilegal de la concejalía, entre otras denuncias.

El proyecto de ley fue varias veces presentado a las comisiones legislativas pero nunca llegó a ser tratado en el plenario, aunque sí en algunas comisiones, donde causó incomodidades y fue objeto de malas interpretaciones; incluso parlamentarias mujeres se opusieron a su tratamiento, según contaron activistas que impulsaban esta norma. Ahora el proyecto ingresó a la Comisión de Derechos Humanos donde se la analizará en la primera semana de abril.

La Presidenta de Diputados anunció que esta vez la ley sí será debatida y aprobada. "Ya tendremos el tiempo de debatir fuertemente en la Cámara de Diputados y ¡uay que se opongan!", expresó Rebeca Delgado, quien anunció que en esta gestión también se tratará la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y se incorporará en el Código Penal el tema del feminicidio.

La socialización del proyecto de Ley contra el acoso y violencia política fue organizada por Acobol y tuvo la asistencia de organizaciones y activistas feministas, organizaciones sociales de mujeres, y representantes de instituciones públicas y privadas que apoyaron esta iniciativa a lo largo de 11 años.
mp/eb

Venezolanas ya no callan el acoso sexual en el trabajo

Por:Emma Grand / ABN

El acoso sexual en los lugares de trabajo dejó de ser sólo un momento desagradable para muchas mujeres en Venezuela, y pasó a tener su real significado, una forma de violencia que es penalizada.

Hasta no hace mucho tiempo esta agresión no era denunciada por las venezolanas, en parte por el desconocimiento de las agraviadas y por vacíos legales que castigaran a los victimarios y protegieran a las víctimas.

Una ley, sancionada apenas dos años atrás, Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, castiga el acoso sexual.

El artículo 48 de la referida ley estipula: 'El que solicitare a una mujer un acto o comportamiento de contenido sexual para sí o para un tercero o procurare un acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral o docente o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, con la amenaza de causarle un daño relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado con prisión de uno a tres años'.

Florángel Parodi, directora de Prevención y Atención de la Violencia Contra las Mujeres del Instituto de la Mujer (Inamujer), señaló que con los esfuerzos que ha hecho este organismo para informar el contenido de la ley 'hubo un momento en que el acoso sexual fue una de las formas de violencia más denunciadas'.

En el registro de llamadas a la línea 0-800-MUJERES, donde las usuarias tienen la posibilidad de solicitar información, asesoría jurídica y ayuda inmediata en situaciones de violencia, el acoso sexual se encuentra entre los cinco tipos de agresiones contra la mujer más denunciadas.

En un registro de las llamadas a esta línea en el mes octubre, donde se atendieron a casi 800 casos de violencia contra la mujer, arrojó que la psicológica fue la agresión más denunciada, luego la física, la amenaza, el acoso, el acoso sexual, la doméstica, la sexual, la patrimonial, la laboral, la obstétrica, la institucional y la carnal.

En este mismo mes, el estado Delta Amacuro reportó 18 denuncias de acoso sexual, Monagas 7, Mérida 6, Barinas y Cojedes 4, Aragua, Bolívar, Distrito capital, Miranda, Sucre, Táchira y Trujillo un sólo caso.

Desde que la línea 0-800-MUJERES implementó una nueva plataforma tecnológica, hace un poco más de un año, el servicio de llamadas funciona las 24 horas, los 365 días al año, lo que ha permitido mayor acceso a las usuarias para hacer sus denuncias y recibir asesoría e información.

Igualmente, las mujeres víctimas de violencia que necesitan asistencia médica inmediata o policial, por esta línea telefónica se hace un enlace interinstitucional con hospitales, policías y bomberos, que se se acercan hasta el domicilio de la denunciante.

Comentó la directora de Prevención y Atención de la Violencia Contra las Mujeres que en Carabobo y Zulia la ayuda interinstitucional policial ha sido imposible.

El Distrito Capital es la región del país con mayor índice de llamadas para denunciar violencia contra la mujer, el segundo es Miranda, con preponderancia en Los Valles del Tuy, le siguen Carabobo, Lara y Zulia.

Entre enero a septiembre de este año se han atendido 7.668 llamadas, en enero 948, en febrero 239, en marzo 960, en abril 773, en mayo 902, en junio 1.165, en julio 1.082, en agosto 821 y en septiembre 778.

Las agraviadas que llaman a la línea son referidas al Ministerio del Trabajo, tribunales civiles, fiscalías, policías, CICPC, comisarías, jefaturas, Inamujer, Defensoría de la Mujer y Ministerio Público.

Senado uruguayo aprobó por unanimidad proyecto de ley sobre acoso sexual

Fuente: Prensa Latina

El Senado uruguayo aprobó por unanimidad un proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en los ámbitos laboral y educativo.

Promovida por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Educación y Cultura, y de Desarrollo Social, la iniciativa queda ahora sujeta a la aprobación de la Cámara de Diputados, donde también se espera sea sancionada.

Además de definir la figura del acoso sexual y establecer sanciones que contribuyen a evitarlo, el texto establece que, sin perjuicio de las acciones administrativas y penales que correspondan, las víctimas de acoso sexual serán indemnizadas por daño moral con seis meses de salario.

De configurarse una situación de despido indirecto, se considerará despido abusivo y la reparación será el doble.

Si el autor del acoso fuera un trabajador dependiente, podría ser despedido por notoria mala conducta. En el caso de los funcionarios públicos, el acoso sexual será de considerado una falta grave.

Caso que el sujeto de acoso sexual sea un estudiante, el monto de la indemnización se calculará en base al salario del docente o jerarca culpable.

El proyecto establece que entre las obligaciones de empresarios y jerarcas del sector público para prevenir el acoso sexual figuran el investigar las denuncias y presentar sus conclusiones en un plazo no mayor a 30 días.

Los empleadores o jerarcas serán considerados responsables de acoso sexual si, en conocimiento de una situación semejante de parte de un empleado o subalterno, no adoptan las medidas necesarias para corregir la situación.