AmecoPress. La titularidad compartida en las explotaciones agrarias ha sido una de las grandes e históricas reivindicaciones de las mujeres rurales en el estado español. Una lucha de décadas logró que se aprobara una ley que fue publicada en el BOE de 4 de octubre de 2011 por la que agricultoras y ganaderas obtenían el reconocimiento jurídico, social y económico del importante, pero invisible papel, que siempre han desempeñado las mujeres en el ámbito agrario. Sin embargo, después de haber transcurrido dos años desde la aprobación de la normativa y según datos del Ministerio de Agricultura, sólo 75 explotaciones agrarias se han dado de alta en el registro.
En España se calcula que hay cinco millones de mujeres rurales. Son cerca del 20 por ciento de la población total. Viven en municipios de menos de 10.000 habitantes y trabajan sobre todo en explotaciones agrícolas. Históricamente, han compartido con los hombres las tareas agrarias sin que esta labor haya gozado del suficiente reconocimiento jurídico, valor económico y reflejo social. En la mayor parte de los casos, tan sólo los hombres figuran como titulares de las explotaciones, mientras que las mujeres aparecen como cónyuges en la categoría de “ayuda familiar”.
El reclamo histórico y la presión de las organizaciones de mujeres rurales hizo que se aprobara la Ley de Titularidad Compartida, que otorga el derecho a las mujeres a figurar como cotitulares de la explotación agraria, por lo que sus rendimientos económicos, derechos y obligaciones se reparten al 50 por ciento. Esta ley fue celebrada como un éxito y un importantísimo paso adelante. Es cierto que supuso un salto cualitativo muy importante y el reconocimiento por parte de los poderes públicos de esa realidad existente. Pero sin la aplicación de recursos humanos y económicos que garanticen su implementación, no podemos hablar de reconocimiento real.
Dos años después de la entrada en vigor de la ley, sólo se han dado de alta 75 mujeres en toda España. La ley, como bien han denunciado organizaciones como la Confederación de Mujeres del Mundo Rural –CERES-, “no pisa el campo”. Los motivos son diversos pero, más allá de algunas carencias en materia administrativa, básicamente tiene que ver con la falta de compromiso con los derechos de las mujeres del medio rural que tienen las instituciones y las estructuras sociales en general.
La Ley insta a los ministerios responsables de la Política de Igualdad y de Desarrollo rural a que den forma jurídica a la Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias a través de la administración regional. “Sin embargo, estamos recibiendo decenas de consultas de asociadas que quieren hacer efectivo este derecho ciudadano y que no pueden porque hay gobiernos autonómicos que no han habilitado los registros oficiales para ello”, denuncian desde CERES.
Los datos del Ministerio de Agricultura así lo constatan: en 6 Comunidades Autónomas no se ha realizado ningún registro (Andalucía, Canarias, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y P. Vasco) y en tres el número de explotaciones registradas es tan solo 1.
También la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), ha reclamado en varias ocasiones la puesta en marcha en todas las Comunidades Autónomas del Registro de Explotaciones de titularidad compartida, cuyo funcionamiento se está retrasando en muchos territorios de una “forma inexplicable” para las mujeres rurales que quieren ejercer su derecho a compartir la titularidad de sus explotaciones agrarias con su cónyuges o parejas de hecho.
Asimismo, las expertas denuncian que la ley tiene carencias administrativas y que no ha habido desarrollo reglamentario, por lo que no están reconocidas situaciones como divorcios o fallecimientos.
Perpetuar la invisibilización
“La desidia de las diferentes administraciones, trabas burocráticas, falta de recursos e incentivos y escasa comunicación con el sector están obstaculizando que el reconocimiento jurídico, económico y social de la mujer sea un realidad”, afirma Inmaculada Idáñez, responsable del Área de la Mujer de COAG, al tiempo que subraya que “los avances legislativos no sirven de nada si se quedan en el BOE y no llegan al campo”.
Evidentemente los cambios sociales necesitan reforzarse desde el ámbito legal. Y a su vez, los cambios legales, para que sean efectivos, necesitan el impulso de medios y medidas orientadas a la práctica. Las organizaciones vienen demandando acompañamiento e información a las mujeres, incentivos y medios tecnológicos, y las instituciones deberían escuchar y responder a tales demandas. Si no, nos mantendremos en la situación actual: tener una ley que no pisa el campo y que, de ese modo, contrariando al espíritu feminista que le dio origen, contribuye a perpetuar una situación de desigualdad e invisibilización del trabajo que históricamente han llevado a cabo y desarrollan hoy las mujeres rurales.
