Roberto MontoyaKaos en la red Estos días se cumplen 10 años desde la aprobación de la Resolución 1.325 de la ONU, y gracias a este instrumento y otros complementarios posteriores también muy importantes, Naciones Unidas ha comenzado a incorporar a una gran parte de sus organismos, misiones y actividades, la problemática de la violencia de género ligada específicamente a los conflictos armados y a los periodos de construcción y mantenimiento de la paz.
Días atrás, a inicios de octubre, representantes de Naciones Unidas dieron a conocer en Madrid, en el marco del seminario “Instrumentos eficaces para la igualdad en el desarrollo”, que tres de cada mujeres en el mundo han sufrido violencia machista en algún momento de su vida. La ONU aclara que la mitad de esas agresiones sexistas la sufrieron menores de 16 años. En pleno siglo XXI se calcula que 140 millones de niñas y adolescentes sufren mutilación genital, que 30 millones de niñas viven en las calles, expuestas a la violencia sexual.
Diez millones de niñas en el mundo son obligadas a casarse antes de los 12 años; 86 millones de niñas crecen sin educación alguna; miles de niñas en Afganistán son atacadas por los talibán por atreverse a ir a la escuela, las escuelas de niñas son consideradas objetivos militares.
Más de 5.000 mujeres mueren al año en el mundo víctimas de los llamados “crímenes de honor” realizados por sus propias familias.
Días atrás, a inicios de octubre, representantes de Naciones Unidas dieron a conocer en Madrid, en el marco del seminario “Instrumentos eficaces para la igualdad en el desarrollo”, que tres de cada mujeres en el mundo han sufrido violencia machista en algún momento de su vida. La ONU aclara que la mitad de esas agresiones sexistas la sufrieron menores de 16 años. En pleno siglo XXI se calcula que 140 millones de niñas y adolescentes sufren mutilación genital, que 30 millones de niñas viven en las calles, expuestas a la violencia sexual.
Diez millones de niñas en el mundo son obligadas a casarse antes de los 12 años; 86 millones de niñas crecen sin educación alguna; miles de niñas en Afganistán son atacadas por los talibán por atreverse a ir a la escuela, las escuelas de niñas son consideradas objetivos militares.
Más de 5.000 mujeres mueren al año en el mundo víctimas de los llamados “crímenes de honor” realizados por sus propias familias.
Hay guerras como las de Afganistán en las que Occidente utilizó de forma propagandista y oportunista la asfixiante opresión sufrida por las mujeres como muestra de la crueldad del enemigo talibán, pero nueve años después su situación, si bien es de reconocer ciertos avances con respecto a la siniestra época talibán, no ha mejorado de una forma más radical a causa del retrógrado, corrupto y autoritario gobierno de Hamid Karzai aupado al poder por EEUU y sus aliados.
En Irak, tras siete años de guerra, y cientos de miles de muertos después, EEUU y sus aliados reivindican la victoria, reivindican haber estabilizado el país, pero las mujeres han perdido terreno en materia de derechos y en su rol en la sociedad. Históricamente las mujeres iraquíes habían ido conquistado importantes derechos, muchos más avanzados que en el resto de países de su entorno, teniendo un gran protagonismo en la vida política y social. Su apogeo lo tuvieron durante los años 70, paradójicamente, bajo la dictadura de Sadam Husein..
Las guerras, sean en Africa, Asia, Oriente Medio o en cualquier parte del mundo, siguen agravando enormemente los niveles de violencia sexual contra las niñas y mujeres.
Esas agresiones, esos crímenes, no son lamentablemente casos aislados protagonizados por puñados de soldados o milicianos psicópatas de un bando u otro. Son parte ya integrante de las guerras.
Las mujeres siguen siendo como en las guerras primitivas parte sustancial del botín de guerra. Con las agresiones a cientos de miles de niñas y mujeres en países como Sudán, la República Democrática del Congo o tantos otros, no sólo se traumatiza a las víctimas directas de por vida, se dispara el número de embarazos no deseados y se expande el virus del Sida. También se logra humillar y denigrar a toda una comunidad.
En continentes como Africa, donde la mujer de las zonas rurales juega un papel económico, social y familiar vital, más que en otras zonas del mundo, las consecuencias de las violaciones sistemáticas y masivas son aún mayores.
Como denuncian las organizaciones que trabajan en la zona, tras ser víctimas de violaciones, las mujeres de una comunidad, por temor, dejan de ir a cosechar a los campos más alejados y no acuden a los mercados, alterando así toda la vida económica de las familias y comunidades, ahondando aún más su extrema pobreza.
Por eso, por todo ese panorama tan desolador que se le presenta a la mujer, desde niña, en tantos países todavía hoy día, cualquier avance que se de es importante. No se pueden minusvalorar los pasos que poco a poco y en forma desigual se están logrando en muchos lados, estimulados por la Resolución 1.325. Pero tampoco se pueden sobrevalorar creyendo que su simple existencia es de por sí garantía de un cambio profundo, radical, en todo el mundo.
Muchos programas que llevan adelante distintos organismos de la ONU u ONGs apoyadas por Naciones Unidas en numerosos países, han supuesto un estímulo, un cambio palpable para la situación de muchas mujeres afectadas por conflictos bélicos, durísimas sequías, hambrunas, mujeres desplazadas de sus casas y pueblos, mujeres hacinadas en campos de refugiados en Africa, Asia, América Latina y el Caribe.
Sabemos que Naciones Unidas aprueba muchas veces resoluciones y promueve tratados internacionales sobre los temas más variados, sobre la tortura, sobre los derechos de los niños, sobre el control de armas de todo tipo, sobre el racismo, sobre la protección del medio ambiente y un larguísimo etcétera, que, de cumplirse estrictamente, harían del planeta un lugar más justo e igualitario para vivir.
Pero sabemos también que esa mancomunidad de naciones, la más grande del mundo, donde están representados 192 países, está muy lejos de ser perfecta, está muy lejos de ser gobernada colectivamente, de forma democrática por sus estados miembros y no por un puñado de potencias que pujan constantemente por sus propios intereses, aplicando dobles raseros, violando ellas mismas los tratados contra la tortura o las Convenciones de Ginebra, y utilizando sistemáticamente, como hace desde hace décadas EEUU, su derecho de voto, para impedir la aplicación de todas aquellas resoluciones aprobadas mayoritariamente que les sean perjudiciales para sí o para sus aliados.
No nos debe extrañar por tanto que estas serias limitaciones que muestra a menudo la ONU también sean extensivas al tema de la aplicación de la resolución 1.325 y a toda la normativa en defensa de la mujer existente.
Las incoherencias de Naciones Unidas
¿Cómo es posible entender, si no es así, que en 62 años de operaciones de paz de la ONU haya habido sólo siete mujeres con rango de representante especial del Secretario General de Naciones Unidas para alguna misión, o que sólo haya dos mujeres en el equipo de 40 personas que componen la Secretaría General? Todo ello, paradójicamente, a pesar de que la Resolución 1.325, en su texto insta al Secretario General de la ONU y a los Estados miembros a garantizar un aumento de mujeres en todos los ámbitos de construcción de la paz, así como en carácter de enviadas especiales.
¿Cómo es posible que diez años después de la aprobación de la resolución 1.325, sólo 20 países –entre ellos España—hayan decidido llevar a cabo un Plan de Acción específico sobre el tema, y que de ellos sólo 11 están en vías de elaboración? Y esto después de una década.
¿Cómo es posible que queden impunes las violaciones y abusos contra niñas y mujeres cometidas por “cascos azules” encargados precisamente de protegerlas, de dar el ejemplo. Muchas de esas mujeres han sido violadas por milicianos o soldados en conflictos bélicos y cuando lograr refugiarse en un campamento de la ONU o estar en una zona bajo control de los “cascos azules”, vuelven a vivir esa pesadilla. Y esto no ha sido ni un caso ni dos, sino muchos, en distintos países y con cientos de “cascos azules” de distintas nacionalidades involucrados.
A través del llamado Informe Machel, elaborado por Gracia Machel, ex ministra de de Educación y Cultura de Mozambique y esposa de Nelson Mandela, la ONU reconoció por primera vez públicamente en 1996 la responsabilidad de sus “cascos azules” en violaciones, trata de mujeres y abuso infantil en misiones desarrolladas en Angola, Mozambique, Bosnia, Croacia, Somalia, Ruanda y Camboya.
Esto sucedió antes de la resolución 1.325, sí, pero se volvió a producir en Haití a partir de 2004, y en Sudán, especialmente en la región de Darfour, y en la República Democrática del Congo, donde la propia ONU reconoció en un informe en 2005 que se habían producido 105 denuncias contra “cascos azules”, que se aprovechaban de niñas y mujeres congolesas desesperadas para practicar sexo con ellas a cambio de comida o unas monedas.
¿Cómo se puede compatibilizar la resolución 1.325 de la ONU con la Convención de Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas, vigente desde 1946, y que establece que el país receptor de “cascos azules” no puede juzgarlos en su territorio aunque cometan en él delitos o crímenes?
¿Qué es lo que hace la ONU ante denuncias de ese tipo entonces? La Oficina de Supervisión Interna de la ONU es la encargada de investigar si un “casco azul” ha violado un texto interno llamado “Diez normas: Código de conducta personal de los Cascos Azules”.
¿Y qué puede hacer esa Oficina de Supervisión Interna si confirma las denuncias? La ONU no tiene ningún tribunal interno, por lo que su única opción es entregar al “casco azul” a su país de origen para que lo juzgue.
Hasta ahora sólo en un par de casos se concretó esto, en el de “cascos azules” italianos que habían actuado en Somalia, a pesar de que ya son cientos y cientos los soldados denunciados. En la mayoría de los casos sólo se adelanta la vuelta a casa del “casco azul” agresor, sin que esto lo inhabilite para participar en otras misiones de país en el futuro.
Queda mucho, muchísimo por hacer todavía en todas las instituciones, en todos los ámbitos, para erradicar esta lacra. Y la violencia sexual, a pesar de lo grave que es, no es el único problema que atender. Es necesario que la mujer pueda participar activamente en los procesos de pacificación, empezando por las propias instituciones que los planifican y llevan a cabo.
La vicepresidenta primera española, María Teresa Fernández de la Vega, defendió en enero pasado en la conferencia “Mujeres, paz y seguridad”, celebrada en Bruselas por la Comisión Europea y la OTAN, una propuesta para que se establecieran cuotas para lograr que las mujeres participen a todos niveles, civil y militar, en los procesos de paz y solución de conflictos. No es la única que lo ha propuesto en organismos internacionales. Pero su idea no prosperó, y el primero en rechazarla por “irrealista”, fue el propio secretario general de la OTAN, Andres Rogh Rasmussen. El jefe máximo de la OTAN dijo que era imposible lograr algo así en el seno de la Alianza Atlántica dadas “las diferentes tradiciones nacionales de que partimos”.
Y ahí se acabó la discusión.
Es de reconocer que España tiene el doble de mujeres militares en misiones exteriores que la media de la Unión Europea, lo que puede ayudar a tener una mayor sensibilidad para tratar un tema como las agresiones a las mujeres. Actualmente entre el 7% y el 9% del total de soldados que tiene España involucrados en misiones de pacificación son mujeres, cuando el promedio en el conjunto de la Unión Europea es de sólo el 4%.
Es un dato alentador el de España en esta materia, como es alentador un caso como el de Liberia. En un país como ese, sumergido en una cruenta guerra desde inicios de los 90 hasta 2003, con más de 250.000 víctimas mortales, con un altísimo número de violaciones, con una de cada 10 mujeres violadas menor de 5 años, la larga lucha de las mujeres ha empezado a dar sus frutos. Ellas, con sus protestas callejeras, con sus multitudinarias manifestaciones, jugaron un papel clave en el fin de la guerra y en la construcción de la paz.
Hoy día Liberia tiene presidenta, Ellen Johnson Sirleaf, la primera presidenta de Africa. Gracias a su labor y a la de tantas mujeres organizadas, hoy día el 20% de los efectivos de las fuerzas de seguridad liberianas son mujeres.
Hace dos años se creó en Liberia el primer tribunal especializado en violencia de género de toda Africa.
Desde este mes, Liberia cuenta con una Ley de Libertad de Información, la primera también en Africa. Y ahí la ONU ha financiado la Radio Democracia Mujeres Liberianas, que tiene cada vez mayor capacidad de emisión a todo el territorio nacional.
Son datos alentadores sin duda, pero el camino aún es muy largo y para que se avance de una forma sostenida en todo el mundo es fundamental que se acentúe la presión social y mediática sobre la clase política y todas las instituciones internacionales. Y como todas las batallas que se libran por la igualdad real de la mujer, no puede ser sólo una batalla de las propias mujeres, sino una batalla de mujeres y hombres, porque en ella se está jugando un aspecto esencial del futuro que queremos para la Humanidad.
http://www.kaosenlared.net/noticia/mujer-doble-victima-guerras-10-anos-resolucion-1.325
