La Declaración de Cádiz insta a los Estados a incluir la perspectiva de género en sus sistemas de justicia

Elena Duque

AmecoPress. Hoy se ha clausurado en Cádiz el XI Encuentro de Magistradas de los más altos órganos de Justicia de Iberoamérica “Por una Justicia de Género” y el I Encuentro Académico de decanatos y docentes universitarios de las facultades de Derecho de Iberoamérica, titulado “Igualdad y No Discriminación por Razones de Género en la Educación del Derecho”.

En estos eventos han participado más de un centenar de profesionales de más de 30 países, que se han adscrito a la Declaración de Cádiz cuya lectura ha clausurado el encuentro.

La encargada de la lectura ha sido la magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España, Celsa Picó. Dicha Declaración reúne las principales conclusiones de estos encuentros.

En ella se comprometen a solicitar a los Estados a incorporar la perspectiva de género en sus constituciones y se les alienta a ratificar los tratados de Derechos Humanos, en especial la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.

Exigen el cumplimiento del principio de no discriminación y el derecho a vivir una vida libre de violencia, incluso cuando esto implica erradicar prácticas culturales, tradicionales o creencias basadas en la inferioridad de uno de los sexos. Asimismo, solicitan el cumplimiento de la paridad en los órganos jurisdiccionales y el acceso en igualdad de condiciones de las mujeres a la justicia.

En el acto han estado presentes la presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, del codirector del Programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD, Master Rodrigo Jiménez, de la vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica de la Universidad de Cádiz, Mª José Rodríguez, y del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, José Blas, que realizaron una ofrenda floral al monumento de Las Cortes de 1812.

El feminismo frente al Derecho...

Por: Begoña Zabala

No hay buenas relaciones entre el feminismo y el Derecho, así, escrito con mayúsculas, en referencia al cuerpo legislativo de un Estado o de una comunidad concreta. Las actitudes se combinan desde una profunda desconfianza hacia las normas, pasando por una crítica implacable por lo que supone de normativa sexista o masculina, hasta llegar a considerar al sistema jurídico como un mal padre que pretende proteger a las mujeres, lo que conduce a un paternalismo que, como todos, resulta autoritario, cuando no extremadamente represivo.

Sin embargo, las apelaciones al Derecho y a los derechos, no son sólo infrecuentes, sino cada vez más constantes en muchos ambientes feministas. Incluido el llamado al sistema penal, y por tanto a la punición más pura y dura. Miles de mujeres agredidas, desatendidas, en precario, que sufren injusticias, invisibilizadas, ninguneadas,… acuden esperanzadas al mundo del derecho para solucionarsus problemas. La transformación de los temas o problemas sociales en asuntos legales es casi inmediata. Pareciera que el derecho tiene solución para todo.Cualquier reivindicación, queja, o demanda aspira a convertirse en una normativa concreta que especifique y regule cómo se materializa el ejercicio de tal derecho.Es lógico pensar esta ansiedad en el feminismo llamado oficial o institucional,p ues casi es una justificación de sus flamantes puestos y profesiones. Más difícil es aceptarlo en movimientos feministas reivindicativos y radicales, que desconfían, y con argumentos certeros, de todo lo que sea el sistema de poder y su entramado jurídico-institucional.

Realiza Carol Smart (1994) una interesante llamada de atención sobre este fenómeno o estrategia que supone dar al derecho un lugar especial en la resolución de problema sociales, lo que contribuye, además de al otorgamiento de más poder, a extender el “alcance imperialista del derecho”, utilizando el término como “proceso de legalización de la vida cotidiana que en los países occidentales desarrollados se ha hecho cada vez más visible… la idea de que todo problema social tiene una solución legal se ha convertido en una cuestión aceptada, y cuando el derecho fracasa en la solución se propone más derecho para encubrir las deficiencias del derecho existente”.

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