Chile: Por el derecho a elegir la identidad de género

Tamara Vidaurrázaga Aránguiz

(SEMlac).- Vicente tiene 23 años y se encuentra en tránsito hacia la identidad de género que eligió, aunque nació niña y fue bautizado como "Camila". Los trámites a los que ha sido sometido para cambiar su identidad han sido tortuosos, lentos e irrespetuosos del momento que vive, porque en Chile no existe Ley de identidad de género y, quienes requieren cambiar su identidad, deben hacerlo utilizando la normativa para cambio de nombres que existe en el país.

El tránsito de Vicente

Ya a los cinco años Vicente sentía incomodidad. No le gustaba que le pusieran faldas ni vestidos y se negaba a salir de la casa si lo vestían de rosado, pidiendo que le regalaran los juguetes que veía en manos de niños. "Recuerdo que jugaba con las barbies de mis hermanas, pero siempre pedía que me regalaran autos, soldados o juguetes "de niño".

A veces aceptaban regalarme ciertas cosas, pero siempre diciendo que eran de niño y que no eran para mí. Ahí, de cierta manera, comencé a notar que no era como el común de las niñas, que no calzaba con el modelo. Veía a los niños y quería ser como ellos, vestirme como ellos y jugar con sus juguetes", indicó a SEMlac.

Siendo adolescente notó cambios corporales incómodos, que evidenciaron su desarrollo hacia una mujer, identidad que no se ajustaba con cómo se autopercibía. Insatisfecho con su cuerpo femenino, cada vez fue más introvertido, cuestión que se exacerbó al notar que le gustaban las mujeres "entonces comencé una lucha interna como para hacerme hetero. Recuerdo que pasaba mucho tiempo pensando en eso, me angustiaba pensar el tema del pololeo", recuerda.

A los 21, por primera vez una amiga le señaló que, tal vez, era una persona trans, abriéndosele un mundo nuevo con la posibilidad de transitar hacia una identidad de género con la que se sintiera más cómodo, a pesar del miedo al rechazo y el maltrato.

Sin embargo, esta decisión sería solo el comienzo de un largo proceso para transformarse en quien deseaba ser. "Me presenté como trans en mi familia y comunidad cercana. Empecé a investigar sobre los procesos, las hormonas, operaciones". Luego vendrían los trámites legales que implican hacer una rectificación del acta de nacimiento como si se tratara de cualquier cambio de nombre, pero exigiéndosele que diera pruebas de que era un hombre y no la niña inscrita al nacer.

Hace más de un año Vicente está siendo asesorado por la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, y debió presentar dos testigos que dieran fe de conocerlo hace más de cuatro años con su actual identidad. Luego vendría el peritaje físico y psicológico en el Servicio Médico Legal, procedimiento voluntario pero que aumenta las posibilidades del cambio de identidad.

"El examen físico se basó en preguntas de mi cuerpo, como si tenía malformaciones, algún daño en extremidades. Un chequeo de todo el cuerpo. Aparte se me pidió mostrar los pechos y la vagina (…) Luego de esto, me dieron hora para el peritaje sicológico. La entrevista duró cerca de media hora, donde el perito me preguntó por violencia infantil, abusos, orientación sexual, rendimiento académico. En todo momento muy hostil, frio y distante".

"Hizo hincapié en que si me gustaban los hombres no había problema en decirlo, si me habían abusado lo podía decir, si tenía algún familiar homosexual, casi como presionando a darle una razón para escribir en el informe que había una causa traumática para ser trans o algo así", relata Vicente.

Tras estos trámites, debió someterse nuevamente al examen psicológico porque el primer perito se encontraba en proceso de sumario, y la experiencia fue todavía más brutal cuando ni siquiera lo llamaron por su actual nombre y lo hicieron callar cuando quiso explicarle sobre su niñez.

"A veces te da rabia e impotencia ver que te ponen tantos obstáculos para poder ser quien quieres ser", indica. Actualmente, Vicente se realizó un tratamiento hormonal y una mastectomía para que su cuerpo se parezca más a su identidad de género, si bien señala que no se auto percibe como un hombre sino como una persona trans, más allá de los binarismos impuestos que obligan a tomar la decisión de ser hombre o mujer.

La normativa actual

En Chile no existe una normativa específica que permita cambio de nombre y género para las personas trans, y solo existe una ley que autoriza cambios de nombres y apellidos en ciertas causales, como aquellos irrisorios o que puedan producir humillaciones, por lo que cuando una persona trans quiere realizar este cambio, depende del criterio del juez y no hay garantía de este derecho.

Según el informe "Cartografía de los derechos trans en Chile", realizado por OutRight Action International, con apoyo de Fundación TranSítar y Organizando Trans Diversidades (OTD Chile), y disponible en https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/TransRpt_Chile_SP.pdf, acceder al cambio de nombre y sexo "requiere que el demandante presente una petición a un Tribunal Civil, junto con diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, y certificados que acrediten tratamientos quirúrgicos o farmacológicos".

Estos incluyen la histerectomía (remoción de los órganos reproductores femeninos), mastectomía (remoción de las mamas) y tratamiento hormonal para hombres trans, e implantes mamarios, vaginoplastia, y tratamiento hormonal para mujeres trans.

Los tribunales civiles requieren que el demandante presente exámenes médicos, diagnósticos y pruebas de cirugías del Instituto Médico Legal para poder proceder con la rectificación. También se requiere de testigos que acrediten ante el tribunal que el solicitante vive como varón (o mujer), que ha sido conocido y reconocido por su nombre de varón (o de mujer) por lo menos durante cinco años. El Tribunal toma la decisión final, y puede rechazar ambas solicitudes, aprobar solo el cambio de nombre y rechazar la rectificación de sexo, o modificar ambos.

En el país se cuenta también con una Ley Antidiscriminación que incluye la orientación sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación, y cuyo objetivo fue crear un mecanismo legal apropiado para restablecer los derechos en casos en los que las personas se enfrenten a actos de discriminación arbitraria.

Sin embargo, el informe indica que esta tiene dos limitaciones: primero que "el juez puede retirar el carácter arbitrario de la discriminación, y establecerla como razonable si el acto está protegido por otro derecho fundamental de la Constitución (por ejemplo la libertad de religión), por lo tanto, el juez puede no considerar el contexto ni ponderar los hechos para tomar su decisión", cuestión que redundaría en que los jueces en vez de combatir la discriminación la promuevan.

Como segunda limitación, que exista falta de claridad sobre los entes y procedimientos responsables de definir, implementar y monitorear la efectividad de esta ley.

La ley de identidad de género

En materia internacional, los Principios de Yogyakarta disponen que los Estados deben "tomar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra naturaleza necesarias para que se respete plenamente y se reconozca legalmente la identidad de género definida por cada individuo", entendiendo el género como "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, que puede o no corresponder con el sexo asignado al momento de nacer".

Sin embargo, esto no se aplica todavía en este país, como se indica en la Cartografía de los derechos trans, en la que se recomienda la aprobación de una Ley de identidad de género que regule casos como el de Vicente.

Con estos fines, en 2013 se presentó un proyecto que va en esta dirección y que, de convertirse en ley, asegurará que la identidad de género se reconozca como un derecho humano, y ayudará a garantizar la igualdad ante la ley de las personas trans, independiente del cuerpo que tengan, por lo que no exigiría transformaciones corporales para llevarse a cabo.

Después de dos años de presentar y revisar reformas en el Congreso, en noviembre de 2015 la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó un texto final, con 15 artículos más otros dos de carácter transitorio, que permitirá rectificar las partidas de nacimiento de las personas trans. En el caso de mayores de 18, bastará hacer el trámite en el registro civil, mientras en el caso de los menores de edad tendrían que realizar la gestión en los tribunales de familia apoyados por sus progenitores.

Esto último ha significado una discusión, puesto que parlamentarios de derecha han señalado que los niños y niñas no tienen clara su identidad sino hasta mayores, mientras que organizaciones como TranSítar, que trabaja con niños niñas y adolescentes trans, indican que debieran remitirse al mismo trámite administrativo que las personas adultas, y que -incluso- entre los 14 y 18 años no debieran requerir del acuerdo de los adultos responsables, ya que tendrían edad para discernir su propia identidad.

Para Niki Raveau, directora de Fundación TranSÍtar, "la Ley de identidad de género significa que un derecho humano fundamental como lo es el derecho a la identidad -negado a un sector de la población- será por fin reconocido y devuelto".

"Esta ley debe tomar en cuenta el derecho a la autopercepción identitaria y fuero interno: la población transgénero de todas las edades debe tener derecho a legalizar su identidad sin tener que pasar por jueces ni peritajes absurdos y anacrónicos", indicó a SEMlac.

En la Cartografía, Niki indica que "nuestra Fundación cuenta con niñas y niños perfectamente capaces de afirmar su género ya desde los cuatro y cinco años de edad. Niñas y niños trans saben perfectamente quiénes son. Son los jueces y el Estado de Chile quienes no conocen ni saben quiénes son las niñas y niños trans".

TranSíTar es una organización en que se comparte "una visión no binaria del género, en construcción permanente y donde la niñez es la voz principal. Nuestro principal objetivo es visibilizar la niñez y juventud trans: darle un rostro cultural y resaltar la construcción identitaria transinfantil, tanto como una Revolución del Género, así como la necesidad urgente y real que es.

Consideramos que somos más que una demanda en torno a una ley: nuestro objetivo es hacer comunidad, reconocer nuestras luchas históricas y tomarnos todos los espacios que nos estaban siendo vetados", explica Niki.

Mientras la Ley no sea un hecho, menores de edad no podrán rectificar sus nombres, lo que implica una abierta discriminación por ejemplo en los establecimientos educacionales que pueden definir si aceptan o no llamarlos por sus nombres sociales; mientras que las personas adultas deberán seguir exponiéndose al proceso vivido por Vicente, siendo patologizadas antes de permitírseles definir cuál es el género con el que se identifican de manera más cómoda.

Para Niki, es importante comprender que la ley de identidad de género es solo un avance en torno a derechos fundamentales para la comunidad trans, pues "devolverá un derecho fundamental que faltaba, quedando aún pendiente, además de los procesos idóneos para alcanzarla, todo lo que refiere a salud, educación y ámbito laboral, respecto a los cuales no se pronuncia la legislación, a diferencia de legislaciones avanzadas de países como Malta y Argentina".

"Las personas trans somos más que una demanda en torno a una ley. Existimos desde siempre y esta ley es un paso más en la necesaria conquista de espacios", indicó a SEMlac.

Argentina: Al fin se cumplió el sueño de la identidad

Fuente: Página 12

En la mayoría de los casos, primero se debe modificar la partida de nacimiento, con la nueva identidad, y en diez días se les entrega el DNI. En La Plata, por primera vez se realizó una operación de cambio de sexo sin necesidad de permiso judicial.

Alrededor de cien personas concurrieron a sedes del Registro Civil de todo el país para estrenar la Ley de Identidad de Género y comenzar el trámite que les permitirá tener un DNI que respete quiénes sienten ser. A excepción de San Luis, Salta y Formosa (donde mediaron cuestiones administrativas que estarían resueltas hoy), se realizaron pedidos en todo el país, tanto de mujeres como de varones que quisieron ejercer su derecho a que el Estado les reconozca la identidad autopercibida. En algún caso, el DNI fue entregado al cabo de la gestión; en otros, la mayoría, quienes iniciaron el trámite deberán esperar entre 10 días y dos meses, de acuerdo con la ciudad, para hacerse con el documento. En todos los casos, señalaron las organizaciones de la diversidad –que por la tarde se reunieron con el ministro del Interior, Florencio Randazzo–, se trató de trámites realizados de manera sencilla y sin complicaciones. En tanto, en La Plata, ayer mismo por primera vez se realizó una operación de cambio de sexo sin necesidad de permiso judicial (ver aparte).

En la Ciudad de Buenos Aires, la primera persona en pedir al Estado argentino que modifique sus datos en la partida de nacimiento tal como lo permite la Ley de Identidad de Género fue Kalim Adrián, un activista que en cerca de 10 días tendrá un DNI con ese nombre, luego de que el Registro Civil modifique la partida de nacimiento con su identidad femenina. “Hace 22 años que espero esto. Estoy feliz”, dijo al salir de las oficinas del Registro de la calle Uruguay acompañado de su mujer, con quien se casará en cuanto el DNI esté en sus manos, y de activistas de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt).

Por ese mismo Registro Civil, al mediodía, también pasó la actriz y docente del IUNA y la EMAD Maiamar Abrodos. Hace poco más de un año, un juez le había negado, además de la modificación de su identidad en el DNI, el acceso a la intervención quirúrgica para sentir propio su cuerpo, por considerar ambas cosas contrarias a las “leyes naturales”. La respuesta a su apelación, meses después, había sido favorable, pero hasta ayer Abrodos seguía sin lograr su documento. Por eso, acompañada de activistas de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), concurrió al Registro Civil, “para cerrar este ciclo”. “Hago uso de la ley y empiezo mi trámite de manera independiente, sin explicar nada a nadie.” El trámite, contó a este diario, fue sencillo: “Llenás una planilla con todos tus datos registrales actuales, como están hasta ahora, y también aclarar el sexo autopercibido y tu nombre, el que tiene que figurar en tu documento. Hacés una declaración jurada como adulta que sos. La sensación es de libertad, no tenés que estar esperando que nadie te diga nada. No estás dependiendo de nadie”.

En todos los casos, lo que comenzó ayer fue el trámite administrativo por el cual se modificarán los datos que constan en la partida de nacimiento de las personas interesadas. Luego, con esa nueva partida, podrán tramitar un DNI acorde con su identidad.

En Santa Fe, la primera en pedir la aplicación de la ley 24.743 fue Marina Quinteros, una activista de la Asociación Travestis Transexuales Transgéneros de la Argentina (Attta) de 49 años, que en 2003 ya había reclamado ante la Justicia y cuyo pedido, en 2011, fue reconocido por decreto del entonces gobernador Hermes Binner. “Es volver a empezar, es volver a nacer, porque cambiar el DNI es muy lindo. Me llevó 49 años”, dijo tras comenzar el trámite. En La Rioja, once personas trans presentaron solicitudes con el aval de la delegación provincial del Instituto contra la Discriminación (Inadi).

A media mañana, en Río Gallegos, Gabriela, una mujer trans treintañera, fue la primera ciudadana santacruceña en firmar el formulario. “Es mucho lo que siento en este momento, pero deseo decirles a todos y todas que no se queden, que en la vida todo se puede”, dijo al salir del Registro Civil, mientras que en la otra punta del país, en Resistencia, Rihana Amancay Trinca, militante de Barrios de Pie, hacía lo mismo. El Registro Civil de Córdoba recibió cuatro presentaciones; el neuquino, al menos otros seis. En tanto, en La Plata, una mujer trans oriunda de esa ciudad, logró empezar y terminar el trámite en el día: dejó el Registro Civil con su nuevo DNI en mano.

Por la tarde, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, explicó la reglamentación de la ley y pidió “disculpas desde el Estado por tantos años que pasaron hasta que finalmente fue tenido en cuenta este reclamo” del activismo LGBT. El funcionario, en reunión con el interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Pedro Mouratian, y representantes de organizaciones de la diversidad sexual, señaló que en la reglamentación de la ley 24.743 “presentamos un formulario único por lo cual el interesado puede iniciar el trámite desde cualquier punto del país”.

“No hay ninguna barrera infranqueable cuando se busca una sociedad más justa”, declaró Randazzo. En el encuentro, los activistas pidieron al ministro que se simplificara el trámite completo, al unificar en un solo paso la rectificación de los datos registrales de la partida de nacimiento y la emisión del nuevo DNI, que de momento debe solicitarse en un paso separado luego de obtenida la partida de nacimiento.

Argentina tiene ley de Identidad de Género

Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género / Kaos en la Red

El texto aprobado tomó como base principal el proyecto elaborado por el FNLIG donde se reconoce el trato digno (conforme al nombre, sexo e imagen propia), la rectificación registral, la terapia hormonal y las intervenciones quirúrgicas.

Desde el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género (FNLIG) celebramos la nueva conquista de derechos y expresamos nuestra alegría y orgullo por este histórico avance en la inclusión y la igualdad en el marco de la política de derechos humanos que lleva adelante la Argentina. En la votación en la Cámara de Senadorxs el proyecto consiguió un fuerte respaldo transversal de todos los bloques, con 56 votos a favor, NINGÚN voto negativo y una sola abstención.

Lohana Berkins, militante travesti de la Cooperativa Nadia Echazú e integrante del FNLIG dijo que “el Senado demostró estar a la altura del gesto histórico de la Cámara de Diputadxs, ya que sin la real inclusión de travestis, transexuales y trans no hay democracia e igualdad posibles”.

El texto aprobado tomó como base principal el proyecto elaborado por el FNLIG donde se reconoce el trato digno (conforme al nombre, sexo e imagen propia), la rectificación registral, la terapia hormonal y las intervenciones quirúrgicas.

Blas Radi, militante trans independiente del Frente sostuvo que “para las personas trans, lo que se jugaba en el texto de la Ley de Identidad de Género era acceso pleno a la ciudadanía. Hoy conquistamos el reconocimiento de nuestras identidades sin que se nos demande un certificado psiquiátrico ni se nos exija modificar nuestros cuerpos y que a la vez se contemple el acceso a las modificaciones corporales de aquellxs que lo requieran”.

El criterio de acceso a los derechos que dispone esta ley busca evitar la judicialización mediante un trámite administrativo simple, y además rechaza la patologización, es decir, las personas no deben ser diagnosticadas como “enfermas” para que sus derechos sean reconocidos. Por ende, el Estado debe garantizar el reconocimiento integral de la identidad de género y el acceso a las prácticas y trámites necesarios.

Diana Sacayán, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), integrante del FNLIG dijo que "este es un momento histórico para la comunidad trans, a quien sistemáticamente se intentó marginar de la vida política y social. Hoy el Congreso tuvo la posibilidad restituir nuestros derechos y dejar atrás el pasado de persecución, exclusión y olvido”.

Con la aprobación de esta ley no sólo se están reconociendo los derechos de un colectivo de nuestra sociedad sino que se amplían los límites de nuestro país como comunidad etico-politica. Hoy la Argentina es un país más inclusivo y justo, aún faltan cambios culturales, sociales y económicos pero esta ley es un paso muy importante hacia la igualdad y la justicia social.


Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género

Contactos:
Lohana Berkins, Cooperativa Nadia Echazú: 15-6471-1756
Mauro Cabral, Global Action for Trans* Equality (GATE): 0351-15-558-9876
Diana Sacayán, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberacion: 1533131193
Blas Radi, militante trans independiente: 15-5583-1281
Marlene Wayar, Futuro Transgenérico: 15-3875-2113
Emiliano Litardo, abogado redactor del proyecto: 15-5523-7647

http://frentenacionaleydeidentidad.blogspot.com.ar/
https://www.facebook.com/#!/pages/Frente-Nacional-x-la-Ley-de-Identidad-de-Genero/106272632790525

Argentina: SOY: Ante la ley...

El no reconocimiento de la identidad de género es causal de toda clase de violaciones a los derechos humanos de las personas que viven una identidad distinta de la asignada al nacer o al ser inscriptas como ciudadanas en partidas o documentos: expulsión del sistema educativo y de la atención a la salud, falta de oportunidades laborales o de acceso a la vivienda social, entre otras violencias como la estigmatización o la represión policial basada en edictos y códigos. A lo largo del debate sobre la ley de matrimonio fueron muchas las voces que enunciaron la necesidad de una ley de identidad de género como paso siguiente. Ese futuro ya llegó.

Por Mauro ï Cabral / Página 12

Habían pasado apenas unas horas desde que el Senado argentino aprobara la ley de matrimonio igualitario cuando Jorge Rial puso al aire una entrevista con Florencia de la V. A ella, justamente a ella, este conductor había mandado preguntarle si estaba pensando en casarse. La respuesta de Florencia de la V tuvo dos partes. Primero dijo que sí, que estaba pensando en casarse. Luego dijo que no, y no porque hubiera cambiado de idea, sino porque para casarse quería contar, antes, con el reconocimiento legal de su identidad femenina. Rial no soportó el revés, ni la tentación de devolverlo con creces. Al presentar la entrevista ya grabada decidió “explicar” a su audiencia la respuesta que estaba a punto de escuchar al aire. ¿Qué mejor “explicación” que repetir varias veces el nombre legal masculino de quien es públicamente conocida como Florencia de la V?

Es cierto: lo único que vuelve especial este intercambio es que tuvo lugar en la televisión, vista y oída por un número impreciso pero grande de personas (¿Unas millones? ¿Unas miles? ¿Unas cientas? ¿Unas cuantas?). También es cierto que es precisamente ese carácter televisivo el que la archiva, la atesora y, al mismo tiempo, la produce y la mantiene disponible como evidencia. Y ahí estará, ahora y para siempre, como una muestra –como una muestra más– de lo que significaba ser trans* en Argentina allá por el 15 de julio del 2010.

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La Argentina no ha tenido, ni tiene, una ley de identidad de género. Tiene distintas ordenanzas que garantizan su reconocimiento en escuelas, hospitales y otras instituciones públicas –desde la semana pasada, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (ver entrevista pág. 8). También cuenta con diversos fallos judiciales (incluyendo uno de la Corte Suprema) y compromisos internacionales asumidos por este y otros gobiernos. Hay doctrina jurídica para todos los gustos (incluyendo, por supuesto, el mal gusto). Hay un proyecto de ley que ya fue introducido en Diputados (elaborado por Silvia Ausburguer y avalado por la Falgtb), y hay más proyectos en camino. Hay, sobre todo, una diversidad irreductible, expectante y decidida, una diversidad que cabe en la lista de “travestis, transexuales y transgéneros” y que también la desborda. En este lugar nombraré a esa diversidad como trans* –siendo el asterisco la marca escritural de su incontenible apertura–.

Es precisamente esa diversidad trans* la que en este momento se encuentra ante la ley –ante la posibilidad real y concreta de esa ley, de su discusión, su elaboración, su negociación, su aprobación o su desaprobación–. Durante años y años la hemos estudiado, debatido, anhelado, rechazado, necesitado hasta la desesperación, luchado. La política de la diversidad sexual ha instituido este tiempo como el tiempo de esa ley.

Este puede ser también, por fin, nuestro tiempo.

Cada vez que se habla de una ley de identidad de género la cuestión que surge de inmediato, como demanda primera, es la cuestión del reconocimiento. Pero, ¿se trata de un reconocimiento, o de varios? Empecemos a contar. Uno, hablamos del reconocimiento de la identidad de género personal (toda vez que ésta no coincida con el sexo asignado en el momento del nacimiento). Dos, hablamos también del reconocimiento del derecho a encarnar, a producir, expresivamente, esa identidad de género (a través de medios tales como la vestimenta y el calzado, el corte de pelo y los ademanes, las hormonas, las cirugías y las prótesis...). Tres, hablamos además del reconocimiento de la identidad de género como causal de violaciones a los derechos humanos (discriminación, exclusión, hostigamiento, persecución, confinamiento, tortura, muerte). Cuatro, hablamos, y muy seriamente, del reconocimiento de la deuda histórica del Estado argentino con todas aquellas personas que hemos sufrido y sufrimos violaciones a nuestros derechos humanos sobre la base de nuestra identidad de género, así como del reconocimiento de su deber de cancelar esa deuda a través de acciones concretas (aquellas que no sólo deroguen toda legislación que nos discrimine, patologice y/o criminalice, sino también aquellas que nos aseguren el pleno acceso a derechos tales como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y la Justicia). Y hay más.

Consideremos el primer reconocimiento de todos: la identidad de género de todas aquellas personas que nos identificamos de un modo distinto al que se nos asignó al nacer. El Estado argentino reconoce sólo dos sexos, varón y mujer –y hasta ahora sólo ha concedido cambiar de un sexo al otro–. ¿Alcanza? A muchas personas trans* sí, y ese reconocimiento sería la piedra angular de sus derechos. A muchas personas trans* no y ese reconocimiento sería impreso más en su opresión. ¿Mantendremos el binario de la diferencia sexual en nuestra demanda de reconocimiento? Esa medida sin duda beneficiaría a quienes se identifican en el sexo opuesto al que les fuera asignado, pero ¿esa es la única salida posible? Tal vez ésta sea la oportunidad de expandir el repertorio estatal de identidades (para incluir, por ejemplo, travestis, trans, intersex, etcétera). O, quien sabe, quizá sea el momento de acabar con el dispositivo estatal de control en el que consisten las identidades sexogenéricas legalmente reconocidas. Y de preguntarnos ¿De qué modo (si ese modo existe) podemos evitar que el reconocimiento estatal que sepamos conseguir (de dos, cinco o diez identidades) no perpetúeel mismo régimen de asignación forzada en el que vivimos? La multiplicación de los géneros legales ¿hará estallar la diferencia sexual legalizada, su naturalidad y sus privilegios? ¿O sólo multiplicará al infinito sus clasificaciones, reglas y jerarquías? ¿Podremos transformar esta aspiración normativa, este deseo de ley, en un trabajo emancipador?

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No nos olvidemos: estamos lidiando con un Estado. Peor aún, con la vetusta pasión borbónica del Estado argentino por la regulación. Las condiciones para el reconocimiento de la identidad de género que han impuesto nuestras Cortes son una excelente muestra de esa pasión desorbitada: evaluaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas y ambientales; diagnóstico diferencial; tratamientos hormonales; cirugías; esterilidad; dictámenes de comités de bioética; testigos; comparecencia ante el tribunal a fin de proceder a la verificación de la biografía y comprobar que quien demanda ese reconocimiento pasa como un hombre o una mujer heterosexual.

Esta es la ocasión perfecta para desmantelar esta cadena jurídico-normativa de producción, esta cadena perversa que nos produce como desiguales en el momento mismo de declarar nuestra igualdad ante la ley, este sello de inferioridad humana que se nos impone como precio al reconocimiento. Esta es la oportunidad de recordar que nuestros derechos no empiezan ni terminan en la identidad de género. Tenemos derecho al matrimonio y a la materpaternidad. Tenemos derechos sexuales y derechos reproductivos. Tenemos derecho a ser quienes somos sin someternos al juicio de quienes se arrogan el saber y el poder sobre el cuerpo, el género y la sexualidad de alguien más.

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La teoría, la política y el sentido común suelen colocar a las personas trans* dentro del conjunto diverso de las minorías sexuales. Lo cierto es que cuando se trata del derecho a intervenciones sobre el cuerpo sexuado no somos, en lo absoluto, una minoría. En la Argentina somos, más bien, como todo el mundo: dependemos de permisos extraordinarios que muy rara vez son concedidos. Aunque se trate de carne de nuestra carne, ese cuerpo sexuado no nos pertenece -le pertenece a la medicina, la bioética, las disciplinas psi, al derecho, a la especie (sí, hay quienes lo dicen), a las Iglesias y, en última instancia, al Estado–. Bien lo sabemos: sin autorización judicial no es posible acceder en nuestro país a procedimientos hormonales y quirúrgicos de modificación corporal (lo que es decir, es posible acceder a esa cirugías pagándolas por nuestra cuenta aquí o en otra parte). Las consecuencias están a la vista, y no solo en nuestros cuerpos. La propia formación de especialistas se ha resentido por la persistencia absurda de la prohibición, y el mercado negro de siliconas, hormonas y cirugías se cobra sus víctimas lejos, muy lejos, del interés del Estado.

La intersección entre medicina y derecho ha producido una de las mayores aberraciones contra las que tenemos que enfrentar en este debate: la patologización trans* como condición de posibilidad para acceder a derechos. Hasta nuestros días, sólo quienes podamos acreditar fehacientemente un diagnóstico de transexualismo verdadero o trastorno de la identidad de género podemos aspirar al permiso necesario para modificar quirúrgicamente nuestro cuerpo sexuado y al reconocimiento legal de nuestra identidad de género. Sin embargo, la patologización de nuestras vidas no es solamente un requisito –es también una matriz–. Crea, diferencia y administra experiencias, normales y anormales, sanas y enfermas, del cuerpo y de la identidad, de la expresión de género y la sexualidad. La patologización trans* es uno de los modos privilegiados en los que funciona la matriz heterosexual, reproduciendo subjetividades masculinas y femeninas estereotipadas y estigmatizando a todas las demás. Incluso quienes advierten que la patologización es necesaria para acceder a la cobertura pública de las intervenciones- deberían considerar si no ha llegado el momento de cuestionar la naturalidad con la que se impone este argumento. Es cierto que la lógica del diagnóstico ha hecho posible, para muchas personas, el acceso a cirugías y hormonas; para muchas, muchas otras, lo ha hecho imposible (o bien porque rehusamos someternos a esa lógica, bien porque nuestra expresión de género, nuestra sexualidad o, en general, nuestra biografía no se ajustan a criterios diagnósticos). Y ése es el momento de decidir si hemos de ignorar, avalar o subvertir este estado de cosas.

El proceso histórico que vivimos puede ser –y ojalá lo sea– una oportunidad imperdible para examinar a conciencia el modo en el que se construye públicamente el sujeto trans* de derechos y, quién sabe, para poner en crisis los límites férreos de esa construcción. A lo largo de los últimos años, y con mayor insistencia que nunca tras la aprobación de la ley de matrimonio, se ha insistido en la importancia del reconocimiento de la identidad de género para transformar la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentra la comunidad travesti en la Argentina. Esa situación es innegable e insostenible, pero también lo son las situaciones por las que atravesamos muchas personas trans* que no somos travestis –y aun debemos construir un vínculo real entre el reconocimiento legal de la identidad de género y la transformación de nuestras conexiones materiales de existencia–. No sólo eso: así como es cierto que la propia discusión pública sobre la ley de identidad de género ya está contribuyendo a visibilizar esa situación extrema de vulnerabilidad, es cierto también que en la producción de esa visibilidad otros colectivos trans* somos borrados del mapa –en particular, los hombres trans–.

Luchar en pos de la aprobación de esta ley puede ser, además, una ocasión para examinar críticamente el recurso habitual a la victimización como estrategia política, y las consecuencias profundas de ese recurso –entre las que sobresale la lógica de la representación–. Son muy raras las oportunidades que tenemos de hablar con nuestra propia voz, y mucho más raras aquellas en las que podemos decidir nuestras propias agendas y nuestras propias alianzas. Y eso sí que no es raro, dado que hasta ahora siempre nos ha tocado jugar el rol clave de las víctimas. El victimismo militante comporta otro riesgo al que atender: el riesgo de tener que conformarnos con derechos de mínima, ofrecidos a quienes ya no tienen nada que perder y para quienes cualquier oferta representa algo que ganar. Tal vez éste sea el momento adecuado para ampliar nuestras estrategias, incorporando al registro del sufrimiento aquel otro registro, el de la resistencia, y a la cuenta del genocidio aquella otra, la del número de quienes, todos los días y como sea, sobrevivimos. Y respondemos.

Creamos, administramos y dirigimos cooperativas de trabajo. Impulsamos y protagonizamos cambios en la OEA y en Naciones Unidas. Coordinamos redes nacionales, regionales e internacionales. Ideamos e hicimos realidad normativas que nos franquean la entrada a instituciones públicas bajo nuestros propios nombres. Editamos El Teje, primer periódico travesti latinoamericano. Hemos educado sin pausa a quienes nos quieren y a quienes nos odian. Le hemos puesto el cuerpo y el alma a la lucha contra los Códigos Contravencionales y de Faltas. Los padecemos. Los enfrentamos. Hemos transformado para siempre al feminismo y al movimiento de derechos humanos. Logramos que la Corte Suprema validara nuestra personería jurídica, y que al cabo de demasiados años nuestra identidad de género fuera reconocida. Formamos a los mismos médicos que iban a atendernos y a los mismos abogados que iban a representarnos. Disputamos incansablemente el control del dinero destinado a nuestras comunidades. Redactamos informes, escribimos artículos, editamos La gesta del nombre propio y Cumbia copeteo y lágrimas, contribuimos a la redacción de los Principios de Yogyakarta (ver recuadro). Acompañamos a gays y lesbianas en todas sus luchas. Logramos que medios, políticos y financiadoras confiaran en nuestras capacidades. Participamos de eventos en distintos lugares del mundo, y hace dos meses apenas nuestra voz se oyó fuerte y clara en el Congreso Internacional sobre Identidad de Género y Derechos Humanos. Y hay que decirlo: quienes hacemos activismo trans* en nuestro país no somos, ni de lejos, una comunidad. Pero hoy, ante esta ley, podemos ser un movimiento.