Tacuazina Morales (SEMlac).- 'Vilma' trabaja junto a sus hijas en el mercado de Comayagüela, en Tegucigalpa, la capital de Honduras. En enero de 2009 escuchó el llamado desesperado de su hija María Soledad, de 21 años, a quien habían disparado por la espalda a pocas cuadras de su puesto de trabajo, mientras se dirigía a almorzar.
"Llegué a tiempo para cargarla en brazos. Allí se me desangró mientras esperaba un taxi para llevarla al hospital", cuenta esta mujer, cuyo nombre real prefiere ocultar, por temor a represalias.
María Soledad estaba embarazada de cinco meses al momento de su asesinato y tenía un hijo pequeño de dos años que quedó al cuidado de la abuela. Cáceres piensa que los responsables de la muerte de su hija son integrantes de la Policía Nacional, ya que antes habían recibido amenazas de muerte y cateos ilegales a su vivienda por parte de los delegados de la Posta policial de su colonia. María Soledad hacía vida de pareja con un miembro de una mara (pandilla en el argot centroamericano).
"Yo creo que su muerte fue por venganza; nos pasaban diciendo que eso iba a pasar, que ella iba a pagar por él y hasta ahora creo que todo quedó en el olvido, porque las veces que he ido a la Fiscalía no me hacen caso y, cuando regreso, acá me siento amenazada porque están los policías", relata a SEMlac.
Vilma se refiere a la Fiscalía de la Mujer, organismo del Ministerio Público que se encarga de los crímenes contra las mujeres. Actualmente cuenta con una oficina especializada de crímenes contra la vida de las mujeres, con representación en ocho regionales y 12 fiscales encargados a nivel nacional.
"Llegué a tiempo para cargarla en brazos. Allí se me desangró mientras esperaba un taxi para llevarla al hospital", cuenta esta mujer, cuyo nombre real prefiere ocultar, por temor a represalias.
María Soledad estaba embarazada de cinco meses al momento de su asesinato y tenía un hijo pequeño de dos años que quedó al cuidado de la abuela. Cáceres piensa que los responsables de la muerte de su hija son integrantes de la Policía Nacional, ya que antes habían recibido amenazas de muerte y cateos ilegales a su vivienda por parte de los delegados de la Posta policial de su colonia. María Soledad hacía vida de pareja con un miembro de una mara (pandilla en el argot centroamericano).
"Yo creo que su muerte fue por venganza; nos pasaban diciendo que eso iba a pasar, que ella iba a pagar por él y hasta ahora creo que todo quedó en el olvido, porque las veces que he ido a la Fiscalía no me hacen caso y, cuando regreso, acá me siento amenazada porque están los policías", relata a SEMlac.
Vilma se refiere a la Fiscalía de la Mujer, organismo del Ministerio Público que se encarga de los crímenes contra las mujeres. Actualmente cuenta con una oficina especializada de crímenes contra la vida de las mujeres, con representación en ocho regionales y 12 fiscales encargados a nivel nacional.
"Estoy muy triste, pero sigo adelante. No hay respuestas para nosotras, no hay apoyo, por eso tengo que trabajar y dejar que las cosas pasen, pues tengo nietos que mantener", prosigue.
El caso de María Soledad se agrega a los más de 2.000 asesinatos de mujeres cometidos en los últimos ocho años en el país, según datos de la campaña nacional contra los feminicidios en el país y de los cuales 1.010 corresponden al período 2008-2010, reporta Oxfam-Honduras.
El pico más alto de estos crímenes ocurrió en 2009, año en que se cometieron 407 asesinatos, según la Fiscalía de la Mujer, frente, a 351 en 2010. La investigación Femicidios en Honduras, presentada por la Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios, que agrupa diversas organizaciones de mujeres a nivel nacional, destaca que 2009, el año del Golpe de Estado, hubo más asesinatos de este tipo debido a la fractura de la institucionalidad del Estado.
En esos momentos, las instancias de administración de justicia no sólo no atendieron las denuncias por violaciones a los derechos humanos de las mujeres, sino que se convirtieron, como en el caso de la Policía, en agentes represores y violadores de esos derechos.
Entre 2009-2010 se conocieron 456 casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, incluyendo amenazas de muerte, ataques físicos y verbales, violaciones y abusos sexuales entre otros, reporta en informe presentado por la organización Feministas en Resistencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2010.
En el actual año se han reportado a la Fiscalía de la Mujer más de 60 asesinatos de mujeres, por lo que la tendencia parece igualar a la de 2009, con una muerte violenta de mujer por día. En un país con poco más de ocho millones de habitantes, donde las mujeres constituyen 51 por ciento de la población, el problema parece agravarse en tanto se calcula que ocurren 10 muertes por cada 100.000 mujeres, con poca o ninguna respuesta del Estado, indica la misma fuente.
La impunidad que acompaña estos casos también se refleja en su judicialización, ya que entre 2008 y 2010 solo se logró ingresar 221 casos a los Juzgados de Letras de lo Penal y a los Tribunales de Sentencia apenas llegaron 58, de los cuales 48 corresponden a resoluciones para las víctimas, informaron la Fiscalía de la Mujer y el Centro Electrónico de Documentación Judicial.
Gladys Lanza, representante del Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla", asegura a SEMlac que "la situación es grave, tanto por el problema en sí mismo, como por el retroceso institucional en las instancias administradoras de justicia, en las que la población no confía".
En su opinión, la situación creada en el contexto del Golpe de Estado no ha sido superada, las violaciones siguen ocurriendo y no se ha dado respuesta a los casos presentados, pese a los reclamos del movimiento feminista y de mujeres.
Nuevo escenario: la violencia política
La investigación "Femicidios e impunidad: la guerra contra las mujeres" tipifica, entre otros hallazgos, el contexto, los roles y actores que participan en las muertes violentas de mujeres. Estos escenarios, según el estudio, corresponden al de la pareja en siete por ciento, el crimen organizado (trata de personas y narcotráfico) en 22 por ciento, el de "venganza contra terceros" en 13 por ciento y violencia política en tres por ciento.
Este último, pese a no ser nuevo en Honduras, se identifica de forma reciente con la participación de las mujeres en actividades políticas de resistencia popular posgolpe de Estado.
El informe "La continuidad del Golpe de Estado y su impacto en la vida de las mujeres", emitido por Feministas en Resistencia el pasado año, revela que hasta agosto de 2010 se reportaron nueve casos de feminicidio en que los familiares y compañeros de las víctimas exponen, como causa de la muerte, la implicación directa de estas mujeres en actividades políticas de resistencia.
Este escenario no es aceptado por los organismos del Poder Judicial, responsables de la Administración de la Justicia, ni por otros entes estatales; sin embargo, es definido como tal por el movimiento feminista y de mujeres, que exige su reconocimiento público y demandan acciones al respecto.
Si bien la figura de femicidio no está contenida en la legislación hondureña, sí se han creado unidades para la prevención y combate del delito, tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional.
En la Fiscalía de la Mujer existe la unidad de crímenes contra la vida de las mujeres, que incluye la trata de mujeres y el feminicidio, y al interior de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) se ha creado la unidad de Femicidios.
Sin embargo, estas unidades enfrentan serias dificultades, a criterio del movimiento de mujeres. Dulce Ulloa, de la Organización Intibucana de Mujeres "Las Hormigas", precisó a SEMLAC que "no hay que perder de vista que el actor principal sigue siendo desconocido, lo que nos lleva a creer que hay fallas en la investigación criminal".
Los cálculos indican que más de 60 por ciento de los asesinatos ocurre en escenario desconocido y casi 70 por ciento de los agresores también son desconocidos.
"Estos son datos del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía, son datos gruesos. No podemos creer que, en la mayoría de los casos, simplemente se desconozca quién es el culpable", sostiene Ulloa, partidaria de que "no hay voluntad política, ni interés de parte de los agentes correspondientes para investigar y dar solución a estos feminicidios", subraya.
El Foro internacional sobre feminicidios, llevado a cabo en la ciudad de Tegucigalpa el pasado 8 de marzo con la participación de organizaciones de mujeres, sociedad civil y organismos del Estado, concluyó que "el problema no es de capacitación porque se ha invertido a lo largo de la última década en formación de policías, de agentes de investigación y de jueces que no han dado respuesta al problema. Al contrario, han sido estos mismos actores los responsables de diversos actos de represión y hostigamiento contra las mujeres".
El foro consideró, además, que los feminicidios están íntimamente relacionados con la cultura armamentista de la región, ya que la mayoría de las mujeres asesinadas son ejecutadas (en más de 60%) con armas de fuego.
El padre de una víctima de femicidio que participó en la investigación afirmó, en un dossier entregado durante el foro, que le envió una carta al Ministro de Seguridad, pero nunca recibió una respuesta del funcionario.
"El Ministro de Seguridad se jacta de que es solo una percepción de uno, pero si a él le mataran una hija y estuviera sufriendo el dolor que uno siente, creo que sí se preocuparía por resolver el caso", manifestó.
En este mismo foro, la Tribuna de Mujeres exigió a las instancias públicas responsables de tutelar los derechos de las mujeres que asuman su responsabilidad en función de la investigación y judicialización de los casos de femicidio y presenten un informe, respetando y haciendo valer los acuerdos y convenios internacionales que el Estado ha firmado para hacer frente a la violencia contra las mujeres y que actualmente no se están aplicando.
También sugirieron la sanción a funcionarios que no cumplan con el deber de investigar y sancionar los feminicidios.
