Perú Justicia Equitativa

La Ciudad de las Diosas

Al finalizar 2009, la Fiscalía Superior de Derechos Humanos del Perú archivó de manera definitiva el caso de esterilización forzada perpetrada contra más de dos mil mujeres durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000). El organismo judicial consideró que se trataba de hechos aislados de negligencia médica y no de un delito de lesa humanidad.

Rossy Salazar, abogada del Área Legal del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), rebatió ese pronunciamiento argumentando que el hecho configura una grave violación de los derechos humanos y, en consecuencia, es de naturaleza imprescriptible, por lo que sus autores pueden ser procesados en cualquier momento.

“No puede verse como una simple negligencia que más de dos mil mujeres en diferentes lugares del país fueran esterilizadas sin el debido consentimiento informado, durante un mismo periodo de tiempo. Definitivamente hubo detrás de ello una política de Estado que amparaba este procedimiento”, declaró la especialista, para afirmar luego que los hechos expuestos en la causa judicial revelan la existencia de una práctica sistemática y generalizada, condiciones que permiten que sean investigados y sancionados en la actualidad.

Salazar se refirió también al carácter discriminatorio de la decisión del Ministerio Público, al no conceder la debida importancia a la violación de derechos de miles de mujeres peruanas que, además, pertenecían a los estratos más excluidos del país.“Se trataba de mujeres en pobreza extrema, y en gran parte de los casos, analfabetas y hablantes del quechua. ¿Cómo se puede aseverar que estuvieron adecuadamente informadas y que accedieron voluntariamente a practicarse la operación cuando había tal asimetría entre ellas y el personal de salud que las presionaba para que coloquen su huella digital en un documento que ni siquiera entendían?”, cuestionó la abogada.

Libertad de decidir avasallada

La esterilización forzada de mujeres se produjo en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000, vigente durante el gobierno de Fujimori, hoy encarcelado por otras violaciones a los derechos humanos.

Investigaciones de organizaciones no gubernamentales y de la Defensoría del Pueblo peruana pudieron establecer que el mencionado programa impuso a los operadores de salud metas numéricas para la realización de operaciones de ligadura de trompas, lo que impulsó a muchos de estos trabajadores a presionar – y en muchos casos, a engañar – a mujeres de lejanos caseríos rurales para conseguir que aceptaran someterse a dicha intervención quirúrgica.

El caso de la campesina Mamérita Mestanza Chávez –quien murió en 1998 a causa de mala práctica en la cirugía y en los cuidados post-operatorios – es revelador de esta forma de proceder. Fue amenazada con pena de cárcel si no accedía a operarse, en vista de que tenía ya cinco hijos. La Defensoría del Pueblo ha reportado que el documento de consentimiento firmado por la víctima acusa serias irregularidades que afectan su validez.

Al no encontrar una solución satisfactoria en los estrados judiciales peruanos, los parientes de Mestanza acudieron en el 2000 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2003 la CIDH llegó a un acuerdo con el Estado peruano, que se comprometió a reparar económicamente a la familia de Mestanza y a investigar y sancionar a los responsables de la política pública en cuestión.

Con estos antecedentes, diversos especialistas consideran incoherente la decisión de la Fiscalía Superior de Derechos Humanos de archivar el proceso judicial contra cuatro ex ministros de salud y otros altos funcionarios del sector, con el argumento de que los hechos denunciados no configurarían un caso de lesa humanidad y por tanto estarían sujetos a prescripción legal.

Rossy Salazar alertó que, con esta actitud del Ministerio Público, el Estado peruano está incumpliendo el compromiso contraído con la CIDH, al tiempo que anunció que un equipo legal de DEMUS y de otras organizaciones de derechos humanos prepara una denuncia en el ámbito internacional, puesto que internamente “se han cerrado las puertas del acceso a la justicia. Es un camino largo, pero estamos dispuestos a emprenderlo de todas maneras, para evitar que estos hechos sigan sucediendo en nuestro país y prevalezca una cultura de impunidad frente a las violaciones de los derechos de las personas”, concluyó la abogada.

La esterilización forzada es considerada delito de lesa humanidad por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ratificado por el Perú en 2001. Actualmente existe una iniciativa legislativa para tipificar dicho delito en el Código Penal peruano, en el marco de la adecuación de las normas internas al mencionado instrumento supranacional.

Al margen de ello, los hechos denunciados en la causa por esterilización forzada enviada a archivo constituyen graves violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos, por lo que es pertinente reivindicar su imprescriptibilidad y la continuidad del juzgamiento a fin de determinar responsables y aplicar las sanciones que correspondan.

La conquista del Cuerpo

"En una doble perversión, a las mujeres se nos hace creer que somos cuerpo y poco más, pero no se nos enseña a adueñarnos de ese cuerpo, a habitarlo y vivirlo en libertad"

Por Atenea Acevedo

Los principales ejes de la liberación femenina se han organizado a partir de la distinción del espacio público y el espacio privado. La participación de las mujeres en los espacios públicos es quizás el aspecto más evidente de los logros del movimiento feminista, aunque tiende a desconocerse (y, muchas veces, deliberadamente se ignora) la compleja historia de largo aliento que ha derivado en el creciente número de trabajadoras remuneradas, la mayoría aún en empleos precarios y algunas en puestos de poder y toma de decisiones.

En los libros de historia que manoseamos en el colegio, aquellos con páginas plagadas de imágenes de héroes que, a caballo y uniformados, traían y llevaban la guerra por el planeta, faltó Marie Gouze y su Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. En las aulas nadie habló de las sufragistas ni de la mano de obra femenina que no atentaba contra la familia o las buenas costumbres, siempre y cuando alimentara la maquinaria de la guerra en tiempos de crisis. Más allá de la iconografía nacionalista que dibuja a la patria como madre frondosa y valiente, y de los tres o cuatro rostros de siempre, la historia oficial deja a las mujeres en el anonimato o el olvido.

La toma del espacio público por las mujeres pertenece a la historia marginal, esa de la que una sólo se entera si le interesa estudiar el feminismo. Pero ahí estamos, unas con conciencia de género y otras negadas a toda ideología, trabajando a cambio de un sueldo, desarrollando ideas, ocupando talleres, tribunas y oficinas. Y, sin embargo, el espacio público no es un tema acabado desde la reflexión feminista, democrática y equitativa. La pobreza, la explotación laboral, el acoso y el hostigamiento afectan, hasta hoy, mayoritariamente a las mujeres. El trabajo doméstico no remunerado sigue siendo sostén del capitalismo en tanto reproductor de mano de obra e infraestructura básica gratuita indispensable para el funcionamiento social.

Hay, sin duda, temas no resueltos en lo que respecta a la participación de las mujeres en la vida pública. No obstante, el quid de la cuestión femenina se encuentra en el espacio privado, concretamente en el cuerpo. Si bien se ha ganado un vasto terreno en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos gracias al motor de la lucha feminista, el cuerpo de las mujeres sigue en manos del Estado, del templo, de la iniciativa privada, de su pareja sentimental y de las costumbres.

El caso de las niñas rurales de Mauritania, cebadas a golpes para conseguir marido y ser un digno símbolo de opulencia, no se diferencia demasiado de otros ritos y creencias acaso menos brutales, pero que persiguen o perpetúan principios análogos. Es inevitable pensar en esas niñas sin que la mente nos lleve a las anoréxicas y bulímicas que viven dentro y fuera de la gran pantalla, al igual que resulta inevitable pensar en los pies vendados de las chinas de antaño sin evocar los juanetes de las modelos e hijas de vecino occidentales que usan tacones desde la pubertad, o en la mutilación femenina sin reflexionar en la total ausencia del clítoris en nuestros libros de anatomía, las charlas con nuestras madres o, peor aún, con nuestros compañeros sexuales.

En efecto, la barbarie que caracteriza la violación de los derechos humanos en otras culturas debe motivarnos a la indignación y la denuncia, pero también representa la oportunidad de pulir una mirada que no debe carecer de autocrítica.

Las mujeres, en todas las latitudes, crecemos con la convicción de que es indispensable modificar nuestro cuerpo para hacerlo apetecible, para agradar al otro, para complacer. Siempre hay algo que sobra (en mi cultura: vello, grasa, arrugas, celulitis...) y algo que falta (en mi cultura: pechos generosos y firmes, aromas delicados, maquillaje, ropa de moda...). Y el mensaje subyacente tampoco cambia según la geografía: nadie te va a querer tal como eres, nadie va a querer casarse contigo.

En ese discurso, un discurso que por desgracia está adquiriendo matices de universalidad, el amor y el bienestar, bajo el tramposo disfraz de la vida en pareja, quedan condicionados por la imagen. Cada vez más hombres caen en un engaño similar, pero las mujeres tenemos siglos de experiencia en la materia y conocemos al dedillo la doble moral que hace de nuestra anatomía el mejor regalo y el peor castigo.

El cuerpo y su imagen son el salvoconducto o la condena en diferentes etapas de la vida: ser delgada u obesa, pudorosa o coqueta, mesurada o promiscua, discreta o golfa. El cuerpo y su biología nos marcan a los ojos de la sociedad a través del tamiz de la sexualidad: nuestro estado de ánimo, temperamento y carácter, se supone, se explican por pura fisiología y nunca escapan a comentarios socarrones.

Desde la joven marginada que llega a la maquila mexicana o al taller filipino y debe someterse mes a mes a una prueba de embarazo dentro de la empresa bajo amenaza de perder el trabajo si se niega o se encuentra en estado, hasta la ministra española o la presidenta argentina a quienes se mide primero y fundamentalmente por el atuendo o cuán bien o mal cumplen con su papel de esposa o madre, el criterio para calificar a toda mujer pasa, antes o después, por el cuerpo. En una doble perversión se nos hace creer que somos cuerpo y poco más, pero no se nos enseña a adueñarnos de ese cuerpo, a habitarlo y vivirlo en libertad. Libertad de elegir cuándo, cómo y con quién arroparlo, disfrutarlo, desnudarlo, cuidarlo, compartirlo y quererlo como vehículo para desplazarnos y comunicarnos con el mundo.

Tampoco la izquierda ha conseguido entender del todo que no somos propiedad colectiva. ¿Cuántas revoluciones reclaman para sí la recuperación y usufructo de sus tierras, sus recursos y sus mujeres? ¿Cuántos camaradas se refieren a sus compañeras como mi mujer? Las palabras no son inocentes: reflejan cosmovisiones, creencias, supuestos.

El argumento aparentemente más sólido para afirmar que el feminismo está superado se basa en la participación pública femenina, pero el camino es largo y las ideas no dejan de cobrar vigencia. Cuánto echamos de menos la rabia del feminismo setentero: aquellas mujeres que malamente la mayoría sigue tildando de locas porque la única imagen que los medios rescatan es la quema de sostenes, sin reconocer que todo movimiento social necesita un impulso radical para poner sobre la mesa lo urgente y lo importante.

Hoy son necesarias aquellas que tuvieron la visión de plantear la ajenidad del propio cuerpo como la raíz del control patriarcal y, en consecuencia, su conquista como vía hacia una genuina liberación.