Activistas piden la liberación de 6 mujeres encarceladas en México por abortar

(EFE).- Decenas de activistas mexicanos pidieron hoy en una protesta en Ciudad de México al gobierno de Guanajuato, centro del país, que dejen en libertad a seis mujeres encarceladas "por causas de aborto", y que se detengan treinta procesos más contra otras tantas por el mismo motivo.

Tras el acto de protesta, al que acudieron unas ochenta personas, la activista Verónica Cruz, del Centro Las Libres, dijo a Efe que pretenden que el estado reconozca "la inocencia de las mujeres y en consecuencia las libere".

Un representante del gobierno del estado de Guanajuato a quien le entregaron una carta para el gobernador, Juan Manuel Oliva, les contestó que en cuanto a una posible revisión de los casos "no hay nada que hacer" porque las mujeres incriminadas "son asesinas" y deben ir "a la cárcel", según la versión de los hechos de Cruz.

En relación con las seis encarceladas, que cumplen penas de entre 25 y 30 años de cárcel, se presentarán recursos ante la justicia federal mexicana contra los encarcelamientos, agregó Cruz.

La activista sostuvo que "el problema más serio" que tienen en Guanajuato, donde gobierna el conservador Partido Acción Nacional (PAN), es "que sigan metiendo más mujeres a la cárcel", lo que podría ocurrir en 150 casos más en los que se quiere juzgar a las mujeres por abortar.

Los activistas que hoy protestaron crearon en diciembre pasado el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres (PVLDM) movidas por "la preocupación constante por el clima que enjuicia y criminaliza a las mujeres por decidir sobre su cuerpo y su vida reproductiva".

Así lo explicó a Efe la portavoz del Pacto, Guietzuun Ortiz, quien también estuvo en la manifestación y reclamó más atención a los casos en que mujeres mexicanas han sido penalizadas en distintos puntos del país.

"Se les ha acusado de homicidios en razón de parentesco pero todos los casos son por aborto", dijo la portavoz.

Desde comienzos de la década, más de cuarenta mujeres de Guanajuato han sido procesadas por aborto, penado con hasta tres años de cárcel por el código de justicia de ese estado.

La legislación sobre el aborto varía en los 32 estados de México.

La normativa federal establece que la interrupción del embarazo es legal sólo si la vida de la madre está en peligro, si el feto presenta malformación o si el embarazo fue producto de una violación o de una inseminación artificial no autorizada.

Fuera de esas causas el aborto puede implicar penas para la mujer que lo autorice y el médico que lo practique excepto en el Distrito Federal, la capital del país, donde está legalizado desde 2007 en las primeras doce semanas.

Mañana está previsto que la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de la ONU, Kyung-wha Kang, se reúna con algunos activistas de los que hoy se manifestaron para conocer de primera mano los casos durante una visita que realiza a México.

Buscan despenalizar el aborto en México...

Por Gladis Torres Ruiz / Cimac

Con el objetivo de que se establezcan los supuestos en que estará permitida la interrupción legal del embarazo (ILE) en México, la diputada Leticia Quezada Contreras del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una contrarreforma a la del gobernador de Veracruz, el priísta Fidel Herrera, que busca penalizar el aborto en el país.

En entrevista con Cimacnoticias, la diputada federal informó que la iniciativa que presentó ayer ante el pleno camaral, tiene como fin reformar el Artículo 4º de la Constitución Mexicana a fin de que el Estado garantice a la población el acceso efectivo a métodos anticonceptivos como una medida necesaria para asegurar la plena vigencia de sus derechos sexuales y reproductivos y que establezca las limitantes en que estará permitida la ILE en el país.

Enfatizó que esta propuesta surge como respuesta a las reformas realizadas en 17 estados del país con la que se protege la vida desde el momento de la concepción y se criminaliza el aborto, y también a la presentada por el gobernador de Veracruz Fidel Herrera que busca reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos primero y cuarto en el mismo sentido.

Actualmente, en 17 de las 31 entidades que han aprobado leyes de este tipo. Los grandes actores en este retroceso han sido el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en alianza coyuntural apoyada por integrantes de otros partidos, como el Verde Ecologista de México, los cuales han realizado modificaciones constitucionales locales que criminalizan el aborto y pasan por encima de los derechos y las decisiones de las mexicanas; a esos estados se suma Chihuahua, que aprobó una reforma antiaborto en 1994.

“La izquierda tiene que responder y proteger los derechos de las mexicanas, y sobre todo dar marcha atrás a las reformas aprobadas en los congresos locales, que violentan los derechos de las mujeres”, enfatizó la legisladora del sol azteca.

En este sentido, durante su presentación ante el pleno Quezada Contreras, señaló que con la iniciativa presentada “no se trata de despenalizar el aborto, sino de reconocer el derecho que cada mujer tiene para decidir de manera libre sobre su cuerpo y reconocer que el derecho a la salud de las mujeres entraña el de acceder a los servicios médicos de calidad, de manera gratuita y eficiente, sin discriminación de ningún tipo, a efecto de salvaguardar su integridad física y su vida”.

Agregó que es primordial que quien decida interrumpir el embarazo sea la mujer embarazada y se regule la prestación de servicios médicos necesarios para tal efecto, en condiciones de gratuidad y calidad. Además de que se les debe garantizar el acceso a métodos anticonceptivos a fin de ejercer su derecho a la planificación familiar. “En general a ejercer sus derechos de salud sexual y reproductiva”.

Respecto a la objeción de conciencia, la legisladora señala que ésta tendrá un carácter estrictamente personal, siempre y cuando sea salvaguardada la integridad corporal, salud y vida de la mujer embarazada.

Quezada Contreras, adelantó que en las próximas semanas su grupo parlamentario presentará una serie de iniciativas para modificar la Ley General de Salud y el Código Penal, a fin de proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para que puedan ejercer una maternidad libre y voluntaria.

LA MODIFICACIÓN

La iniciativa presentada por la legisladora Leticia Quezada, señala a la letra que se modificará el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. El Estado promoverá y protegerá los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los hombres, velando por el libre ejercicio de los mismos”.

La Ley garantizará el acceso efectivo a los métodos anticonceptivos cuya eficacia terapéutica esté científicamente acreditada y como una medida necesaria para asegurar la plena vigencia de los derechos reproductivos de las mujeres, establecerá los supuestos en que estará permitida la interrupción legal del embarazo, siempre que concurra el consentimiento de la mujer embarazada, y regulará la prestación de servicios médicos necesarios para ello, en condiciones de gratuidad y calidad, así como la objeción de conciencia que tendrá un carácter estrictamente personal, siempre y cuando sea salvaguardada la integridad corporal, la salud y la vida de la mujer embarazada.

De igual manera, la iniciativa presentada por la perredista señala en un segundo articulo transitorio que de ser aprobada, la Federación, los estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán adecuar su legislación al contenido del párrafo segundo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

La Inquisición del Siglo XXI en México

Alianza Nacional por el Derecho a Decidir / Kaos en la Red

La ofensiva del clero católico contra el Estado Laico, ha posibilitado la versión de una nueva inquisición en nuestro país. En pleno siglo XXI y a más de cinco siglos de distancia, escuchamos en la voz de diferentes servidores públicos, argumentos cuyos fundamentos se encuentran en principios religiosos que han dado paso a lo largo de la historia a la intolerancia, al autoritarismo, al fanatismo y a la misoginia que, llevó a miles de mujeres a la hoguera, a la horca, a la tortura y a la cárcel por el solo hecho de tener una conducta diferente a la establecida por la moral religiosa y por la jerarquía de la iglesia católica.La inquisición fue una maquinaria de represión que bajo el argumento de velar por la pureza de los principios religiosos, difamó, encarceló y condenó a toda persona cuyas ideas fueran consideradas nocivas. Es así como gitanas, judíos, hombres de ciencia y mujeres que rompían las normas establecidas para su sexo eran condenadas y ejecutadas por tribunales inquisitorios que fomentaban el fanatismo y la ignorancia de la población.

Aquella institución oscurantista que quedó registrada en la historia como una de las más grandes expresiones de intolerancia de la jerarquía de la iglesia católica, se hace presente nuevamente en nuestro México y va tomando mayor fuerza con la complicidad de legisladores y gobernantes que imponen sus creencias personales en decisiones que solo deben ser del Estado.

Aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI cuando se empezaba hablar con mayor fuerza de derechos humanos; se reconocía la violencia de género y se utilizaban instrumentos internacionales para avanzar en la concreción de una ciudadanía plena para las mujeres, en trece de los congresos locales de nuestro país, se restringe la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos.

La manifestación de esta nueva inquisición en la vida civil, legislativa y política se observa claramente, en sus campañas impulsadas en contra de ampliar los servicios anticonceptivos para ofrecer el condón femenino y la pastilla de anticoncepción de emergencia; el uso del condón consciente e informado para evitar embarazos no deseados y su firme oposición a reconocer al aborto clandestino como una causa de muerte muy frecuente para las mujeres que lo practican en lugares insalubres.

El fracaso en sus campañas para anular la ley que despenaliza del aborto en el Distrito Federal y su estrategia para impedir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los llevó a moverse a diferentes Estados de la República para promover, impulsar y en complicidades con diversos partidos políticos como el PRI y el PAN aprobar leyes que estigmatizan, violentan, restringen derechos y condenan a las mujeres por atreverse a tomar decisiones sobre cuando y en que condiciones desean tener hijos e hijas.

Esa jerarquía de la iglesia católica que se dice preocupada por sus fieles y que cierra los ojos cuando se trata de enjuiciar a curas pederastas, vuelca su intolerancia contra las mujeres, al quererlas reducir a máquinas reproductoras, sin decisión, ni toma de conciencia.

Con las nuevas modificaciones a las constituciones de Baja California, Colima, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Puebla y Quéretaro las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, son consideradas como criminales y sujetas de proceso legal.

Estas reformas que consideran al óvulo fecundado como persona y prohíben todo tipo de aborto podrían además:


- Convertir en delincuentes a las mujeres que usan Dispositivo Intrauterino (DIU)


- Criminalizar los servicios de reproducción asistida (fecundación in Vitro, conservación de óvulos fecundados


- Negar servicio médicos a las mujeres con embarazo eptópico (el ovulo se implantó fuera del utero)


- Negar alternativas a las mujeres las ponen en riesgo o son producto de una violación

Las mujeres reunidas en este acto y las organizaciones abajo firmantes demandamos al gobierno mexicano el respeto irrestricto a nuestros derechos, no queremos saber de una sola mujer más obligada a parir como el caso Paulina, la niña de Baja California que habiendo sido violada no se le permitió abortar o la de Guanajuato que para que no abortara fue amenazada por las autoridades de encarcelarla.

En esta plaza sede de grandes hechos de nuestra historia pero también de actos inquisitorios de la nueva España, alertamos a la población sobre el grave retroceso en nuestras legislaciones y de manera pública denunciamos que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se han convertido en fieles y sumisos lacayos de la jerarquía de la Iglesia Católica y de los grupos conservadores que operan en nuestro país, y se han erigido, de facto, en enemigos de los derechos de las mujeres instalando una nueva inquisición que violenta la laicidad del estado.


Una ley que penaliza, obliga a todas las mujeres. Una ley que despenaliza, no obliga a ninguna.

No queremos una solo mujer encarcelada por elegir, condenada a no poder decidir y sentenciada a solo parir.

Por nuestro derecho a decidir

Por: Asamblea Feminista Langresta

El objetivo del gobierno del estado español de dar una "imagen de carácter social" con esta supuesta nueva ley (en vigencia para el año 2010) no es más que otra de sus estrategias.

Por "aborto" se entiende la interrupción del embarazo, ya sea de forma accidental (aborto espontáneo) o voluntaria, lo que se conoce como "aborto inducido". Este último es, actualmente, motivo de gran polémica en Cantabria (y en todo el estado español), ya que en un tipo de sociedad como la actual es necesario enfrentarse a distintas convicciones prejuiciosas de carácter religioso o moral, que están fuertemente arraigadas entre el Pueblo.

Sí nos centramos en el Estado Español, su legislación permite la práctica del aborto desde el año 1985 únicamente en tres casos aislados:
1º caso: Se practica la interrupción para evitar cualquier daño físico o psíquico en la vida de la mujer embarazada. Dicho daño debe constar en un dictamen realizado previamente por un especialista distinto al que vaya a realizarla el aborto.
Asimismo, en este primer caso se detalla que si se tratara de un caso urgente no sería necesario dicho dictamen.

2º caso: Se podrá llevar a cabo el aborto si el embarazo ha sido producido por un hecho constitutivo de violación. Tal como menciona el artículo 429 del antiguo Código Penal, se impone el requisito de que este hecho haya sido denunciado previamente y la mujer no supere las doce semanas de gestación.

3º caso: Que exista riesgo seguro de que el feto naciera con graves taras físicas o psíquicas. En este último caso también existen requisitos para proceder al aborto: En primer lugar, que la mujer esté dentro de las veintidós semanas de gestación. En segundo lugar, se exige que un dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas del centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

Sí analizamos dicha "Ley estatal de Despenalización del Aborto" podemos comprobar que no otorga derecho alguno a decidir, sino que únicamente en tres casos concretos y muy vigilados podremos llevar a cabo un aborto seguro.
Además, podemos encontrar distintos artículos del Código Penal del Estado Español que desarrollan las sanciones impuestas a las personas que practican el aborto fuera de los tres casos ya comentados.

La represión en el Estado Español a aquellas mujeres que han decidido llevar a cabo el derecho a decidir sobre su propio cuerpo es una realidad. Uno de los primeros casos en ‘democracia española’, y más conocido, sucedió el año 1976 en Basauri (Euskal Herria) donde o­nce mujeres fueron detenidas, acusadas de haber abortado, y a las que se les exigían peticiones de cárcel muy altas.

Otro de los casos conocidos y posteriores a la ley de 1985 fue el "Caso Morín" en Barcelona, donde las Clínicas Privadas Morín fueron juzgadas por practicar abortos "ilegales". Este caso resulta importante porque la sentencia imponía que se desvelase la identidad de todas las mujeres que habían decidido practicar el aborto en dichas clínicas.

Esta represión fue una de las razones principales por las que el Movimiento feminista comenzará a reivindicar un "Aborto libre, gratuito y seguro" desde mediados de los años setenta: desde organizaciones en cada pueblo para hacer eco de la necesidad de un derecho hasta la creación de la Coordinadora estatal de organizaciones feministas con el fin de unir fuerzas para alcanzar a la legalidad del aborto. Veintitrés años después continuamos luchando por gozar de la oportunidad de decidir sobre nosotras mismas.

En Cantabria, menos del 12% de los abortos anuales se realizan en la salud pública. Por tanto, casi el 90% de las mujeres cántabras tratadas deben acudir a clínicas privadas, en las que es necesario pagar unos 400 € (que ascienden cuanto más avanzado esté el proceso de gestación). Además, Cantabria es el segundo Pueblo del Estado donde menos abortos se realizan (al lado de lugares como Madrid o Barcelona, con el triple de casos), y la oferta de clínicas a las que acudir es muy reducida, por lo que en muchas ocasiones es necesario trasladarse a otra ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Una vez más vemos cómo lo que se nos vende como un "derecho" es un lujo de difícil acceso y del que tan solo pueden hacer uso las clases acomodadas.

Hasta finales de 2008 el debate sobre el aborto había sido silenciado por el Gobierno y las Instituciones del Estado, pero debido a la nueva propuesta del Ministerio de "Igualdad" se ha vuelto a reabrir. Ésta se concentra en una Ley del aborto de plazos, donde dependiendo del periodo de gestación en que se encuentre la mujer podrá practicarse o no el aborto. Los detalles de dicha propuesta son mínimos, pero la pretensión aún así de reabrir la polémica entre los partidos políticos se ha cumplido.

El objetivo del gobierno del estado español de dar una "imagen de carácter social" con esta supuesta nueva ley (que se pondrá en vigencia para el año 2010) no es más que otra de sus estrategias de hipocresía para intentar convencernos de que nos encontramos ante una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, cuando ni siquiera está aprobada aún en el Parlamento español.

Pese a todas las trabas ya existentes, el sector conservador/reaccionario de la sociedad (fundamentalmente la iglesia y los partidos políticos derechistas y/o fascistoides), pretenden criminalizar aún más el proceso abortivo, tratando que se vea como un asesinato deliberado y buscando la total eliminación del derecho a interrumpir un embarazo. La mayor parte de quienes se dicen antiabortistas se basan en la idea de que el feto es un ser humano vivo, y por tanto, el aborto un asesinato, aunque enfocan esa idea central desde ópticas diferentes.

En primer lugar, la iglesia se basa en que tan solo Dios tiene derecho a dar o quitar la vida (la misma razón por la que se posicionan en contra de la eutanasia o los métodos anticonceptivos). Su último paso, conocido a estas alturas por todxs, ha sido una fortísima, y demagógica, campaña visual con numerosos carteles publicitarios de gran tamaño, en los que se afirma que un lince está más protegido que un "bebé", y que ha sido difundida a traves de todos los medios del Estado.

En segundo lugar, partidos políticos como Falange Española o el Partido Popular acostumbran a apoyarse en las que, dicen, son pruebas "científicas" (un embrión es ya un ser humano y, por tanto, tiene como derecho fundamental el de la vida), y en "principios morales", como afirmó recientemente el propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en lo que fue otra de sus habituales y vergonzosas declaraciones.

Además, dentro de la sociedad patriarcal en que vivimos, gran parte de la población se manifiesta en contra del aborto libre por considerar a la mujer un ser inferior sin capacidad intelectual o crítica para decidir correcta y conscientemente sobre un tema tan delicado.

Al estudiar estos argumentos reaccionarios, llegamos a la conclusión de que no se sostienen, ya que se apoyan en teorías científicas falsas o en simples creencias religiosas (que no deben influir nunca en la política de un estado), además de manifestar una continua actitud hipócrita al respecto. ¿Acaso el lujoso tren de vida de la Iglesia no acaba con muchas más vidas de las que "pretende salvar"? ¿Qué sucede con todas las personas que no quieren asesinar a un embrión pero se muestran a favor de la pena de muerte? Ni siquiera es cierta la consideración del feto como ser humano consciente, ya que hasta el tercer mes de embarazo no tiene los órganos formados, y es a partir del cuarto cuando comienza a tener cierto contacto con el mundo exterior.

Por último, es erróneo pensar que, si se despenalizase verdaderamente el aborto, las mujeres dejarían de preocuparse por sus relaciones sexuales o acudirían en masa a abortar: la interrupción del embarazo, ya sea involuntaria o no, jamás es una decisión fácil de tomar, y siempre precisa de una profunda reflexión, por lo que casi nadie lo elegiría como su primera opción.

Partiendo de estas observaciones, y de la consideración de la mujer como persona con derecho a elegir sobre su cuerpo y su vida, abogamos por un aborto verdaderamente libre, con garatías, y gratuito, al alcance de toda mujer que lo necesite, sin ningún tipo de criminalización. Además creemos básico y necesario que se generen planes de formación e información para una educación sexual completa, libre, y sin tapujos.

Esta información/educación es estrictamente necesaria para desarrollar una posterior vida sexual consciente y responsable, que eliminará muchos riesgos, y garantizará el conocimiento del derecho para que así cualquier mujer se pueda acoger a él cuando así lo crea necesario.

¡EN NUESTRO CUERPO, DECIDIMOS NOSOTRAS!
¡ABORTO LIBRE Y GRATUITO!
Asamblea Feminista Langresta

Rechazo feminista a la Ley del Aborto

Por: Teresa García Espejo / Rebelión

Las reacciones al Anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva aprobado por el Consejo de Ministros han sido rápidas y contundentes. Las organizaciones feministas consideran insuficiente y regresivo el actual texto y han advertido al Gobierno de que habrá movilizaciones si no se reconoce “verdaderamente” el derecho de las mujeres a decidir. Por su parte, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que representa a los y las profesionales del sector, pese a hacer “en términos generales una valoración positiva del proyecto”, confía que en el trámite parlamentario se puedan superar “algunas deficiencias importantes”.

Una amplia plataforma de más de 60 organizaciones feministas y colectivos sociales, agrupadas en torno al manifiesto Mujeres ante el Congreso, ha anunciado que si el Gobierno no rectifica, llamarán a la movilización social. El lema de su comunicado no puede ser más claro: “Damos al Gobierno tres días para reflexionar. Reforma sí, pero no así”.

Abortar fuera de plazo

El punto más polémico del proyecto, que genera debate incluso dentro del movimiento feminista, es el límite de la libre decisión para la interrupción del embarazo fijado en 14 semanas. Empar Pineda, del grupo Otras Voces Feministas, propone que exista un período de libre decisión de 22 semanas, alegando que a partir de este momento el feto podría vivir de forma autónoma, pero no acepta el límite legal de las 14 semanas que plantea el Gobierno, porque a su juicio “se queda corta” y alienta la inseguridad jurídica. Por su parte, Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid, lo califica de “restrictivo” y asegura que establecer plazos es una forma de limitar “el derecho legítimo de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad”. Añade que la propuesta es “claramente insuficiente” porque “miles de embarazos no deseados” tardan más tiempo en detectarse, sobre todo los que se producen “en situaciones especialmente sensibles”, como en casos de marginación social o de embarazos en adolescentes. En ello coinciden otras organizaciones, como Mujeres Jóvenes, que interpretan que los plazos tratan de mantener “una de las bases sobre las que siempre se ha sustentado el patriarcado”, que es considerar a la población femenina como menor de edad, según su portavoz, Mayka Cuadrado.

Las feministas denuncian que esta concepción está detrás de otro de los apartados más criticados del anteproyecto, el que establece que las mujeres deberán ser informadas por escrito de las ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y pasar después por un período obligatorio de tres días de reflexión antes de solicitar la intervención. En este sentido, el presidente de la asociación de clínicas ACAI, Santiago Barambio, sostiene que es innecesario porque “cuando una mujer solicita un aborto, ya ha reflexionado sobre ello”. En el fondo del debate planea la reivindicación, tanto de feministas como de profesionales, de despenalizar el aborto de forma total. Para el movimiento feminista, el anteproyecto no satisface esta exigencia, sino que mantiene la inseguridad jurídica y amenaza la intimidad, pues las mujeres que interrumpan su embarazo después de las 14 semanas podrían ser denunciadas y terminar en los juzgados. Además, agrega Barambio, “según como se midan [los plazos] se pueden generar retrasos”. Y remacha: “Nos podemos quedar atrás” como otros países europeos cuyas ciudadanas se ven obligadas a salir a abortar a otros países. El anteproyecto de ley prevé permitir el aborto en algunos supuestos, como cuando en las 22 primeras semanas de gestación exista un grave riesgo para la vida de la mujer o graves anomalías en el feto. Tras este período, sólo se permitiría la interrupción cuando las malformaciones sean incompatibles con la vida. ACAI está de acuerdo con este punto, pero no entiende por qué el comité clínico que debe valorar estos supuestos tiene que contar con dos médicos, en lugar de uno. “Tenemos experiencia en ello, introduce retrasos y genera más angustia en la mujer”, declara Barambio. Por el contrario, sí valoran como positivo que sea la mujer quien elija a uno de sus miembros y que se cierren las puertas al comité a los profesionales que se hayan manifestado en contra del aborto.

Otra de las críticas es que la reforma no dice nada de la objeción de conciencia, un asunto que debería delimitarse para que “ningún médico de la sanidad pública se pueda negar a practicar un aborto”, explica Lucía Mazarrasa, del Fórum de Política Feminista. Santiago Barambio también cree que la objeción debe regularse aunque matiza que es un asunto complicado en el que entran en juego otros actores, como los colegios de médicos.

El anteproyecto de ley, que está ahora en manos del Consejo Fiscal, tendrá que pasar por el Consejo General del Poder Judicial y por las dos Cámaras, para convertirse en ley. Mientras, PP y PSOE eclipsan todos estos temas centrándose en la disputa sobre si se debe permitir a las mujeres de 16 años abortar sin consentimiento paterno. Para las feministas esto no genera discusión; puesto que la ley permite tener relaciones sexuales a esa edad, les parece obvio que también se pueda decidir sobre si se aborta. Santiago Barambio, añade que las chicas de 16 años que acuden a las clínicas por un embarazo no deseado tienen la misma madurez que las de 22 años, salvo en casos de marginación social.

Prohibir el Aborto es negar el Derecho a la Vida...

El aborto terapéutico, tratamiento médico indicado para interrumpir el embarazo, cuando el feto todavía no puede sobrevivir fuera del útero y se realiza con el único propósito de proteger la salud y la vida de las mujeres, adolescentes y niñas, es necesario para contrarrestar el riesgo de muerte de millones de mujeres en el mundo.

Éste se indica cuando la mujer presenta una enfermedad que puede agravarse con el embarazo, incluso hasta poner en riesgo la vida de ella y la del embrión. Así lo refiere el estudio ¿Por qué sí al aborto terapéutico? realizado por la organización Protegiendo la salud de las mujeres, promoviendo el respeto a sus derechos reproductivos (IPAS de América Central).

También cuando la salud de la mujer empeora con el embarazo por padecimientos que pueden comprometer la vida y la salud de ella durante el embarazo, la lista de enfermedades es muy amplia y entre las más frecuentes están el cáncer de mama, cérvico-uterino u otro tipo de cáncer, menciona el estudio.

Además de diabetes, leucemia, tuberculosis, rubéola, enfermedades renales severas, como la insuficiencia renal, problemas cardiacos y graves enfermedades de los huesos, e inmunológicas como el lupus y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Otra indicación médica para interrumpir el embarazo, es cuando el producto o feto trae malformaciones incompatibles con la vida, como el caso en que el feto viene sin cerebro.

Y cuando el embarazo es producto de la violación en mujeres de cualquier edad y en especial en las adolescentes y niñas. Las adolescentes entre 15 y 19 años de edad, tienen doble de probabilidad de morir a causa de complicaciones durante el embarazo, que las mujeres entre los 20 y 24 años de edad.

Las menores de 15 años de edad tienen un riesgo cuatro veces mayor. El cuerpo de una niña o adolescente no está listo para el proceso de reproducción, aun cuando ese embarazo sea producto de una relación aceptada voluntariamente, su salud y su vida se pone en riesgo, afirma la investigación.

Una niña o adolescente que queda embarazada producto de una violación no debe ser obligada a llevar a término ese embarazo, que además de poner en riesgo su vida, le provoca dolor y sufrimiento emocional, cortándole la posibilidad de disfrutar de esa etapa de su vida y de desarrollarse normalmente.

Impedir que se interrumpan estos embarazos es una violación del derecho a la vida, la salud, la libertad individual, sometiendo a esas niñas y adolescentes a tratos crueles e inhumanos, asegura IPAS.

Y advierte que a cualquier edad, en cualquier parte del mundo, el aborto terapéutico es un tratamiento médico necesario. Aun en los países desarrollados, el embarazo asociado con una enfermedad grave puede representar riesgo de muerte para muchas mujeres, por lo que la única salida es el aborto terapéutico.

La situación se agrava para las mujeres que no tienen acceso a una atención adecuada y oportuna para el cuidado de su salud, como el diagnóstico temprano del riesgo y el manejo de las complicaciones del embarazo.

La penalización del aborto terapéutico coloca al personal de salud en un conflicto ético y moral entre cumplir con su misión de salvar vidas o cumplir una ley que condena a las mujeres a la muerte, señala la organización, especializada en el tema de salud sexual y reproductiva.

La auténtica conquista de libertad para las mujeres

Por: Luisa Posada Kubissa/Fuente: Nosotras Decidimos

La doctrina de la Iglesia católica sobre el aborto no ha sido ni invariable ni infalible. Hasta la “Apostolica Sedis” de Pío IX, es decir, hasta 1869, se mantuvo que el feto se convertía en ser con alma, no desde el momento de la concepción, sino unos cuarenta días más tarde (Jane Hurst, La historia de las ideas sobre el aborto en la Iglesia católica: lo que no fue contado. Católicas por el Derecho a Decidir, Montevideo, 1992). Tampoco la prohibición del aborto por parte de la Iglesia, contra lo que se cree comúnmente, constituye materia infalible, porque entra dentro de las cuestiones que, a falta de una tradición continuada y clara de su tratamiento como homicidio y en razón de la disparidad de opiniones, componen una obligación moral que no puede ser impuesta más que como tal a la conciencia individual.

La campaña de la Iglesia contra la Ley del aborto se quiere presentar como una defensa de la vida humana y, dándole la vuelta a la realidad, como si fuera ésta la que está en peligro de extinción. Tenemos que practicar la sospecha para preguntar “¿qué se está reclamando realmente con esta campaña?” Como ya se han expresado muchas opiniones, no hace falta volver sobre la falta de preocupación que la Iglesia ha demostrado tener y sigue demostrando tener por la muerte de millones de niños y niñas (y de seres humanos en general) en regiones enteras de nuestro mundo actual. Como ya está claro, no es precisamente la Iglesia actual un ejemplo de denuncia permanente y de lucha contra las situaciones infrahumanas de vida en nuestro planeta. Como hemos sabido recientemente, tampoco la transmisión de enfermedades como el SIDA apea al Papa de seguir condenando el uso de preservativos en África, extendiendo su doctrina de castidad y muerte por todo el continente.

Esta campaña vocea un miedo ancestral, que no es otro que el miedo a perder poder. Como muy bien lo expresa Victoria Sendón, la maternidad libre es una auténtica conquista de libertad para las mujeres, una conquista que arrebata a la Iglesia el poder de seguir dictando las decisiones que sólo a ellas les conciernen. No estamos ante una campaña contra el aborto: estamos ante una campaña contra la ley que viene a legitimar y a instituir ese derecho de las mujeres a su libertad.

Quizá la Iglesia se identifica con el lince de la campaña y lo que está reclamando es que se la proteja de ser, poco a poco, una especie en vías de extinción.

Santo Domingo: Feministas denunciarán en el extranjero prohibición constitucional del Aborto

Un grupo de dominicanas anunció hoy que acudirá a organismos internacionales para denunciar la aprobación en el Congreso Nacional de un artículo que establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, lo que prohibiría el aborto aun en casos en que la madre corra peligro. En un comunicado, el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional subrayó que la aprobación del polémico artículo "quedará registrada en la historia de la República Dominicana como un hecho vergonzoso, atentatorio contra el derecho a la vida de las mujeres".

"La aprobación de dicho artículo constituye también la violación de otros derechos humanos de las mujeres dominicanas como el derecho a la salud, al libre desarrollo de su personalidad", además de "a sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho a la ciudadanía plena y su autonomía", señaló.

El artículo en cuestión del texto constitucional que se debate en la Asamblea Nacional Revisora, planteado en la forma en que solicitaron el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica entre otros organismos, fue sancionado favorablemente el martes por 167 asambleístas y rechazado solo por 32.

"El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte", reza el artículo aprobado, que generó una gran polémica en el país por las encendidas posiciones hechas públicas por sus defensores y por quienes exigían su modificación.

El Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional calificó de "nefasta" la sesión donde se conoció dicha pieza, en la que además "se impuso el autoritarismo", precisó en su comunicado.

Según el foro, la aprobación del artículo "responde a intereses particulares y electoreros, coincidiendo con las ideas de los sectores más conservadores y fundamentalistas del país".

El presidente del país, Leonel Fernández, "para congraciarse con la cúpula de la Iglesia Católica no tuvo la menor consideración ni respeto a los derechos humanos de las mujeres, al proponer la disposición que condena a cientos de miles de mujeres, la mayoría pobres y católicas, a morir frente a la imposibilidad de interrumpir un embarazo riesgoso en condiciones seguras", señaló.

En ese sentido, anunció que recurrirá ante las instancias nacionales y organismos internacionales, que no identificó, para denunciar el caso y llamó a la población, en especial a las organizaciones de mujeres, a rechazar este hecho "arbitrario" y "antidemocrático".

Organizaciones de salud y defensoras de los derechos de la mujer, principalmente, pedían que el artículo fuera modificado para que legalizara el aborto terapéutico, el que se realiza en los casos en que la vida de la madre corre peligro.

Algunos de estos grupos reclamaron ante el Parlamento el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo y advirtieron que, de aprobarse el texto en la forma que se sancionó, quedaría abierta la posibilidad de prohibir la utilización de métodos anticonceptivos y se crearían las condiciones para vetar constitucionalmente los tratamientos de infertilidad.

En uno de los momentos más álgidos del debate en torno al tema, el cardenal dominicano Nicolás de Jesús López llamó "carniceros" a los grupos médicos que favorecen el aborto terapéutico.

El purpurado llevó la voz cantante de los religiosos locales y advirtió a los legisladores que la mayoría del pueblo rechaza "cualquier" tipo de interrupción del embarazo desde su concepción.

El derecho al aborto: una reivindicación colectiva

María Viadero Acha / Rebelión

Encontrándonos ante el día Internacional de las Mujeres y en pleno proceso de debate y aprobación de la próxima reforma de la Ley del Aborto en el estado español, consideramos imprescindible defender la legalidad del aborto, su retirada del código penal y su desarrollo en la sanidad pública (actualmente 98% son en centros privados). Así como el derecho a una educación sexual y al acceso a métodos anticonceptivos como políticas preventivas claves.

El acceso al aborto seguro y legal es un derecho humano de las mujeres y su penalización y regulación es una forma de control de las mujeres aquí y a nivel internacional. Es importante recordar y hacer visible cómo la prohibición del aborto vulnera los siguientes derechos de las mujeres: derecho a la salud y a la atención medica; a la vida; a la no discriminación - derecho a la igualdad; a la seguridad personal; a la libertad; a la privacidad; a la información; a no ser sometida a trato cruel, inhumano y degradante; a decidir el número y espaciamiento entre las y los hijos; a gozar de los beneficios del progreso científico y el derecho a la libertad religiosa y de conciencia.

Centrándonos en America Latina, donde como ONG de desarrollo apoyamos, entre otros, procesos de defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y las Mujeres, encontramos distintos niveles de reconocimiento de este derecho de las mujeres. Algunos de los más restrictivos son los casos de El Salvador y Nicaragua, donde en 1998 y 2006 respectivamente, se realizaron reformas de su Código Penal condenando hasta a 8 años de prisión tanto a la mujer como a quien le practique el aborto, sin tener en cuenta ni los riesgos para la vida de la mujer, ni las situaciones en las que se diera el embarazo. Encontramos países que permiten el aborto terapéutico, como ejemplo Guatemala y Bolivia, cuando el embarazo conlleva riesgo para la vida de la mujer o es producto de una violación y Colombia añade las malformaciones en el feto. También debemos destacar países como Cuba donde el aborto es legal y libre en las primeras 12 semanas.

En todos estos casos y también en nuestra realidad más cercana coincide la lucha de los movimientos feministas por reivindicar el reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas y el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo sin la influencia de razones morales ni religiosas que aparecen en el debate tanto sobre los supuestos como en los plazos en los que se “permiten” los abortos.

En la actualidad los movimientos feministas y de mujeres que apoyamos en America Latina como clave en el proceso de transformación social, están luchando por el derecho al aborto, así como contra aquellos contextos que obstaculizan el empoderamiento de las mujeres y la construcción de nuevos modelos de desarrollo y de relaciones entre personas y colectivos: los fundamentalismos y la persecución del movimiento denunciada en el último año en Nicaragua, la situación de feminicidio en Guatemala y más globalmente contra el neoliberalismo, la remilitarización y la represión de los movimientos sociales.

Después de décadas de lucha por el derecho al aborto ya llegó el momento de garantizar el derecho de las mujeres a decidir y ser libres.

María Viadero Acha. Responsable de género de Mugarik Gabe