México: Acusan y encarcelan a 3 indígenas por “matar a sus hijos”

Patricia Chandomí

(CIMAC).- Como crudo ejemplo de la exclusión social, la marginación y la negación de sus derechos reproductivos por parte del gobierno, tres mujeres indígenas están encarceladas en el estado de Chiapas, acusadas de homicidio, por haber sufrido partos o abortos en pésimas condiciones.

Carmen, Juana y Rosario son mujeres jóvenes, pobres y analfabetas. No hablan español y han padecido violencia por parte de sus parejas. Las tres están presas en el penal de San Cristóbal de las Casas por el delito de homicidio agravado en grado de parentesco.

“No fueron sentenciadas por aborto, sino por homicidio agravado en grado de parentesco”, explica la abogada defensora Martha Figueroa.

Abunda: “Nosotras (las mujeres) quisimos agravar el feminicidio en grado de parentesco, porque no es lo mismo que te asesine un desconocido a que te mate una persona que ha sido tu compañero; sin embargo para el delito de homicidio por grado de parentesco cuando las procesadas son mujeres, sí aplica hasta con un sólo testigo”.

Figueroa lleva los casos de Carmen, Juana y Rosario; las tres son indígenas choles de la zona norte de Chiapas. “En realidad estas mujeres tuvieron malos partos, todas fueron señaladas de malas madres cuando el que falló fue el Estado por mantenerlas en total marginación y exclusión”, denuncia.

TRATADA COMO ANIMAL

En marzo del 2012 Carmen cumplirá un año en el ala femenil del penal número 5 de San Cristóbal de las Casas. Está en espera de ser sentenciada.

“No tengo el valor ni de matarme”, dice la indígena a Cimacnoticias con ayuda de un traductor. Luego hace una gran pausa y no vuelve a hablar. Sus compañeras de celda la justifican: “Es por el maltrato del marido; le llegó a pegar hasta con leños del fogón en la cabeza, la pateaba como si fuera hombre, como si fuera animal, como si no sintiera nada”.

Su abogada explica: “Carmen ha vivido mucha violencia; eso le ha provocado una visible disminución mental”.

La mujer es madre de cinco niños. Su esposo –de nombre José– la torturó por años, la amenazaba de muerte. Carmen lo denunció en repetidas ocasiones, pero él salía libre “como si nada”.

Durante su sexto embarazo, la indígena se separó de su pareja y comenzó una relación con su cuñado. José le decía que ese hijo que ella esperaba no era de él, y amenazó con matarla junto con el menor de edad en cuanto naciera. “Viví todo el embarazo con mucho miedo; tenía miedo de que nos matara,” cuenta Carmen.

“Como todas las mañanas me fui a la milpa; no sabía que ahí me iba a agarrar el parto… tuve tanto miedo de que llegara él y nos matara que tuve al niño y me puse a gritar para que nos ayudaran, pero como nadie llegaba me arrastré por el campo con mucho dolor y miedo… nadie me ayudó; cuando regresé a buscar a mi hijo ya no estaba; llegó la policía y me trajo a la cárcel por homicidio”.

NI PARA COMER

Juana y su esposo, Caralampio, llevan 10 meses encarcelados. Los dos están acusados de tentativa de homicidio agravado por grado de parentesco.

“Somos muy pobres; había veces que a mis seis hijitos les daba una tortilla al día. Yo decía: ‘mis hijos se me van a morir de hambre’. Ésa era mi preocupación de todos los días; nos poníamos a llorar de tanta pobreza, todos trabajábamos en el campo y no alcanzaba”, relata Juana también en entrevista.

Su parto ocurrió en un cafetal: “Nunca visité doctor ni nada, no podía parar a descansar, había que trabajar todos los días. Trabajando me llegó el niño; nació ahí en el monte, lo dejé arrimado a unas plantas mientras fui a avisarle a mi marido; cuando regresé ya no estaba, pensé que había caído al barranco. Al regresar a mi casa ya nos estaba esperando la policía; nos acusaron de intentar matarlo”.

Prosigue: “Ahí supe que mi hijo vivía; nos lo quitaron. El DIF ya lo dio en adopción… Me siento muy impotente; me preocupan mis hijos. Si con nosotros a duras penas comían, qué es de ellos ahora que su padre y su madre están encerrados”.

NUEVE AÑOS ENCARCELADA


Rosario es originaria de una comunidad de Palenque. Soltera, trabajó de mesera con un embarazo de ocho meses. En el bar donde trabajaba, por órdenes de su patrón, tenía que acompañar al cliente a beber unos tragos.

“Era el único lugar donde me aceptaban con ocho meses de embarazo; ese dinerito me permitía pagar mi cuarto. Ese día dejé de beber en cuanto me sentí un poco mareada. Yo vivía en un cuartito de azotea, donde se subía por una escalera de madera. Iba subiendo cuando me caí y perdí a mi bebé. Ni bien me había repuesto de la pérdida cuando me dijeron que yo debía ir a la cárcel por matar a mi hijo”, cuenta.

Rosario fue sentenciada a 15 años de prisión por “homicidio agravado en grado de parentesco”. Ya lleva nueve años en la cárcel.

En ese tiempo, ella aprendió español y hoy puede contar su historia sin ayuda de un traductor. Rosario se embarazó un par de veces en el penal, pero ninguno llegó a buen término por su deficiente estado de salud. Ella suspira por sus dos hijos que dejó antes de ingresar al penal.

La abogada Martha Figueroa comenta: “Las autoridades juzgaron a Rosario por el contexto. Como era sola, pobre y trabajaba de mesera, dieron por hecho que le estorbaba tener un hijo. Es absurdo esperar ocho meses y después dejarte caer de una escalera que pone en peligro tu vida misma”.

SIN DERECHOS

La defensora subraya que en los tres casos de estas mujeres presas está clara la misoginia y el castigo corporal y social a las más pobres e históricamente marginadas. Por ello, Figueroa exige su liberación inmediata.

Advierte que con estos encarcelamientos el Estado mexicano violenta la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en lo referente a que tiene la obligación de garantizar el acceso a servicios de atención médica y planificación familiar a las mujeres.

Además incumple en el otorgamiento de servicios apropiados para atender el embarazo, parto y puerperio de manera gratuita –cuando sea necesario–, así como la nutrición adecuada para las mujeres durante el embarazo y la lactancia.