Por: Erika Blumenfeld/IPSCristina Reyes cumple su segundo período como presidenta de la junta directiva de la comunidad Ciudad Romero, situada en el departamento de Usulután, sobre el océano Pacífico. El trabajo que ha hecho, y por el que fue reelegida, va desde conseguir electricidad, agua potable y caminos hasta instalar servicios para combatir la violencia contra las mujeres.
Pero, antes de esta etapa de construcción, su vida y la de muchos en esta zona puede contarse como una historia épica de aventuras, supervivencia y resistencia.
Reyes y su familia tuvieron que huir de su aldea natal en los años de violencia política que desembocaron en la guerra civil (1980-1992), que dejó unos 75.000 muertos. Ocultándose con una hermana en la selva de los militares que combatían toda oposición apoyados por Estados Unidos, Reyes buscó refugio en la vecina Honduras.
Pero “en 1980 debimos regresar porque los militares hondureños ejecutaban una campaña de represión contra la sociedad civil exactamente igual a la de El Salvador”, recuerda Reyes. De vuelta en su país, “el ejército continuaba con la misma política”.
Pero, antes de esta etapa de construcción, su vida y la de muchos en esta zona puede contarse como una historia épica de aventuras, supervivencia y resistencia.
Reyes y su familia tuvieron que huir de su aldea natal en los años de violencia política que desembocaron en la guerra civil (1980-1992), que dejó unos 75.000 muertos. Ocultándose con una hermana en la selva de los militares que combatían toda oposición apoyados por Estados Unidos, Reyes buscó refugio en la vecina Honduras.
Pero “en 1980 debimos regresar porque los militares hondureños ejecutaban una campaña de represión contra la sociedad civil exactamente igual a la de El Salvador”, recuerda Reyes. De vuelta en su país, “el ejército continuaba con la misma política”.
Reyes describe acciones brutales como el incendio de casas, los arrestos y la represión a sacerdotes católicos que defendían los derechos humanos. El nombre de la que ahora es su comunidad honra a uno de ellos, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 mientras oficiaba misa.
“Cuando volví a casa no quedaba nada, ni un perro. Nos sumamos a la guerrilla por las masacres que presenciamos”, recuerda Reyes.
Para entonces, distintos grupos armados se habían unificado en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Reyes y su hermana trabajaban en una estación de radio de la insurgencia y ayudaban a las mujeres que habían perdido a sus esposos e hijos en la guerra.
Esas tareas la llevaron a sumarse a organizaciones de mujeres en la capital y finalmente a mudarse a la zona del bajo río Lempa, en Usulután, donde Ciudad Romero y otras comunidades se conformaron con ex combatientes y refugiados que regresaban al país.
Hoy mira hacia delante. “Ayudamos a crear programas de alimentos y ahora estamos trabajando en mejorar el servicio eléctrico. Y tenemos el plan de construir un hospital”, afirma.
Reyes es parte de un movimiento social que se aglutina en La Coordinadora del Bajo Lempa y Bahía de Jiquilisco, una coalición de grupos de base que actúan en más de 100 comunidades de esta región a la que la Unesco declaró en 2007 Reserva de la Biosfera Xiriualtique Jiquilisco.
Se trata de una planicie costera, regada por el río Lempa y bordeada de manglares.
Las juntas directivas de cada comunidad, constituidas legalmente, son las encargadas de tomar las decisiones políticas.
La Asociación Mangle, que forma parte de La Coordinadora, funciona como respuesta a las frecuentes crisis que está causando el cambio climático: inundaciones y desbordes de ríos.
El movimiento social intenta fortalecer la agricultura sustentable y diversificada, la alimentación orgánica, la seguridad alimentaria y la adaptación a las alteraciones del clima.
“En este movimiento las comunidades manejan sus propios recursos”, explica a IPS Estela Hernández, que integra la junta directiva de la Asociación Mangle.
“Y al mismo tiempo trabajamos para que las políticas del nuevo gobierno nacional incluyan nuestras acciones para conseguir la soberanía alimentaria, el manejo ambiental e hídrico y la toma de decisiones en el plano local”, sostiene Hernández, entrevistada en su oficina.
El nuevo gobierno nacional del que habla Hernández está en manos del FMLN, que dejó las armas tras los acuerdos de paz de 1992 y, convertido en el principal partido opositor, ganó las elecciones de 2009 y llevó a la izquierda al poder por primera vez en este pequeño país de seis millones de habitantes.
María Elena Vigil, también dirigente de la Asociación Mangle, se dedica a organizar a la población afectada por las operaciones de la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que administra cuatro represas.
En la estación lluviosa, las descargas de agua de una de las presas, 15 de Septiembre, a veces sin aviso, destruyen las siembras situadas río abajo. Así se han perdido muchos cultivos, e incluso algunas vidas, asegura.
“Las comunidades se están yendo por la inundación”, describe Vigil. “Así que las estamos organizando contra las hidroeléctricas”.
Vigil también destina tiempo a combatir las prácticas de la industria azucarera local, que aplica a los cañaverales productos agrotóxicos a los que se atribuye el aumento de enfermedades como la insuficiencia renal.
“Hay más enfermedades. El veneno cae de los aviones que usan para rociarlos y entra en nuestra comida y nuestra agua, e incluso se derrama en los manglares de la costa”, describe.
Dolores Esperanza Maravilla pone su capacidad organizativa al servicio de la resistencia contra la CEL, a la que responsabiliza de agravar las inundaciones.
“Las hidroeléctricas son responsables de esto. Y hay otras grietas como ésta”, dice Maravilla señalando un terraplén agrietado por la inundación unos meses atrás.
Ella fue una de las primeras en llegar al lugar cuando la barrera cedió, y usó las fotos del desastre que tomó con su teléfono celular para exigir al Ministerio de Agricultura que hiciera presencia en la zona y tomara medidas.
Además de estos esfuerzos, muchas mujeres salvadoreñas asumieron la tarea de educarse a sí mismas aprovechando un programa nacional de alfabetización.
En un círculo de lecto-escritura organizado en la aldea de El Carmen, tres mujeres resuelven problemas matemáticos como la conversión de divisas.
“Esperamos mucho por esto”, dice una de las estudiantes, María Concepción Ortillo. “La guerra nos impidió estudiar, la mayoría estábamos en la guerrilla o en el ejército. Hoy estoy feliz de estar aquí y de que las mujeres podamos avanzar en la sociedad”.
Para Reyes, uno de los logros mayores es “la confianza que nos damos unas a otras y, sobre todo, cómo combinamos esto con la crianza de los hijos”. Ella ayudó a construir un refugio administrado por su comunidad, que proporciona asistencia psicológica y un mecanismo para que las mujeres puedan denunciar en forma confidencial si sufren violencia doméstica o abuso sexual y obtengan ayuda.
Su propia vida es un ejemplo del papel relevante que están jugando las mujeres en la organización social de la zona.
“Estamos en un lugar donde intentamos hacer más por las mujeres”, dice. “Esperamos el futuro y más trabajo como éste”.
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