Una agrupación ciudadana insta a despenalizar el aborto terapéutico, ético y eugenésico en El Salvador

AmecoPress. La Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico de El Salvador celebra que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de El Salvador como Estado Parte muestra su preocupación por la penalización de cualquier tipo de aborto y lamenta que el Gobierno se mantenga aún en silencio.

Para la Agrupación, el Comité ha puesto los ojos en dos realidades lacerantes para la vida de las mujeres, la violencia por razones de género y la penalización absoluta del aborto.

Sin embargo, respecto a la recomendación No. 10, donde “El Comité expresa su preocupación por la vigencia de disposiciones del Código Penal que criminalizan el aborto en todas sus formas, dada la circunstancia de que los abortos ilegales tienen consecuencias negativas graves para la vida, la salud y el bienestar de la mujer” las autoridades de los diferentes órganos del Estado persisten en su silencio, sin atender la necesidad de abordar de forma seria y con enfoque multi disciplinario, esta realidad que impone a muchas mujeres, sobre todo aquéllas que viven en situación de pobreza, severas limitaciones a su salud, libertades y seguridad personal.

En El Salvador las violaciones y agresiones sexuales contra mujeres se han incrementado, y como consecuencia de ello, también los embarazos en menores como resultado de violaciones. Para estas niñas, aún cuando en algunos casos enfrentan embarazos de alto riesgo, no existe ninguna alternativa en nuestro país, más que continuar el embarazo, a veces a riesgo de su vida y en muchos casos abandonar la escuela y sus proyectos de vida.

La Agrupación denuncia que no es una sola mujer la que ha sido condenada a graves penas por el delito de aborto o, como la misma observación del Comité de la ONU señala, por homicidio agravado. La mayoría de ellas manifiestan que han sido denunciadas desde hospitales públicos, donde se les niega el derecho a la presunción de inocencia, siendo procesadas por jueces que hacen “una interpretación extensiva de este delito”, o mejor dicho bajo el sesgo discriminatorio hacia las mujeres.

Esta situación, como ha señalado también el Comité de expertos de derechos humanos, es inaceptable, al igual que el silencio de las autoridades públicas, quienes además tienen compromiso de “difundir el texto del sexto informe” que contiene las observaciones y recomendaciones mencionadas.

En defensa de la vida digna de todas las salvadoreñas y salvadoreños, la Agrupación hace un llamamiento a las instancias del Poder Judicial, del Gobierno Central y de la Asamblea Legislativa, a que asuman su responsabilidad de “iniciar un dialogo nacional sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres”.