EFE.- La joven indígena Valentina Rosendo Cantú pidió ayer a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenen al Estado mexicano por la violación sexual de la que fue víctima en 2002 a manos de militares.“Espero de los jueces justicia, que los militares estén en la cárcel y que el gobierno acepte que fueron militares los que abusaron de mí”, declaró Rosendo en un receso de la audiencia ante la Corte, donde su testimonio se presentó de forma privada.
Para Rosendo, quien al momento de los hechos era menor de edad, aseguró que “valió la pena ocho años de espera, de tanto sufrimiento, porque llegar hasta aquí (la CIDH) fue importante.
“Me sentí muy bien con los jueces, todos ellos muy amables”, declaró la afectada.
La demanda se relaciona con la supuesta violación y tortura de Valentina Rosendo, una indígena Me’phaa, el 16 de febrero de 2002, en el estado de Guerrero, así como con la supuesta falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.
Evitan declarar
Los representantes del Estado mexicano comentaron que no darán declaraciones a la prensa hasta el final del día, cuando concluya la audiencia con los alegatos finales de las partes.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que actúa como representante de la víctima ante la CIDH, ha criticado que este caso se encuentra en el fuero militar y que en ese sentido México está ignorando una orden del alto tribunal expresada en una sentencia por otro caso en 2009.
Según CEJIL, el Estado mexicano está en “completo desacato” de una orden de la Corte Interamericana que indica que en México la jurisdicción militar no puede investigar violaciones sobre derechos humanos.
En la audiencia los jueces también escucharon como peritos a Hipólito Lugo, representante de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero, y a Roxana Vargas, experta en temas de violencia de género.
Denuncia generó amenazas
Lugo aseguró que el Estado no veló por la condición de mujer, menor de edad e indígena llamada de Valentina Rosendo Cantú, a quien, según él, no se le ofreció una atención especializada a la hora de interponer la denuncia ante las autoridades mexicanas.
Rosendo explicó el martes en conferencia de prensa que tras interponer denuncias en su país recibió una serie de amenazas, tuvo que abandonar su comunidad por temor a represalias y que el Estado se ha negado a reconocer responsabilidad alguna.
Este es el segundo caso de este tipo por el que México se sienta en el banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en abril pasado los jueces vieron el caso de la indígena Me´phaa Inés Fernández, quien fue abusada por militares también en 2002, y del cual no ha dictado sentencia. (EFE)
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