Por Lourdes Godínez Leal La violencia contra las mujeres ha sido regulada históricamente por los Estados y el derecho, a través de normas civiles y penales que no reconocen muchas formas de violencia porque “no son ejercidas contra sujetas de derecho”, consideró Patsilí Toledo Vásquez, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona.
En su ponencia sobre la normatividad existente en distintos ordenamientos jurídicos para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio/feminicidio en Centroamérica y México, como parte de los trabajos de la campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres que inició ayer, Toledo Vásquez hizo un recuento de cómo las leyes han abordado el tema de la violencia a lo largo de la historia.
Enfatizó que la prohibición de la violencia no ha incluido la violencia que se ejerce contra las mujeres. Lo que han hecho las leyes en el mundo, dijo, es regular la violencia justificándola a través de diversas figuras como la “autoridad marital”, es decir, el “supuesto derecho” de los maridos para violentar a sus esposas o el derecho de los padres de familia.
Reconoció que a partir de la segunda mitad del siglo pasado hubo un avance, producto del reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres como el derecho al voto, a la educación universitaria, entre otros, es decir, que empezaron a eliminar algunas normas que discriminaban a las mujeres
Durante su recuento, la también investigadora en Ciencias Penales por la Universidad de Chile, recordó que en la década de los ochenta se reconoció ampliamente la violencia contra las mujeres y se comenzaron a exigir leyes para combatirla además de considerarla como una violación a los derechos humanos.
Fue en esta época también, explicó Toledo Vásquez, cuando se habló de la responsabilidad del Estado frente a la violencia. “En la medida en que los Estados no previenen, investigan y sancionan, también son responsables de esta violencia”, insistió.
“NEUTRALIZAR” LA VIOLENCIA
La especialista en el tema, explicó que desde los años 80 lo que ha hecho el derecho penal es enfocarse a la violencia “que a ojos del Estado era menos grave” utilizando palabras neutras, por eso dijo, se habla de violencia familiar para señalar que mujeres y hombres son víctimas, aunque en su mayoría la padezcan las mujeres.
Es en el año 2000, dijo Patsilí Toledo, cuando en América Latina se crean leyes específicas para atender la violencia contra las mujeres, principalmente por el tema del feminicidio/femicidio.
Si bien el derecho internacional de los derechos humanos es un instrumento internacional que reconoce que la violencia contra las mujeres es grave, Patsilí Toledo destacó que aún persisten desafíos en la región latinoamericana, principalmente en los casos de asesinatos contra mujeres y en lo que tiene que ver con la prevención, investigación y sanción.
Destacó que los casos que se investigan son los que se ejercen por conocidos ya que son los “más fáciles de investigar”, por eso, explicó, al hablar de impunidad “nos referimos” a los otros casos que no se investigan porque no son ejercidos por personas que no son conocidos y por lo tanto cuesta mas trabajo investigar, por ende, pocos son sancionados, lo que favorece a su vez, la impunidad
En este sentido, recordó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2007 sobre violencia contra las mujeres, reconoce la falta de recursos porque el tema no es una prioridad, que las investigaciones no son adecuadas y son tan deficientes, que han provocado que este delito tenga un número ínfimo de sanciones.
El informe destacó Patsilí Toledo, reconoce también un patrón de impunidad sistemático con respecto de la violencia hacia las mujeres, que las medidas de protección no son eficaces para proteger a las mujeres, y que si bien existen programas de capacitación a funcionarios de justicia estas no tienen un impacto suficiente.
LA CAMPAÑA
Los objetivos de esta campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres, lanzada por cinco países de la región (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México), convocada en esta ciudad del 17 al 20 de febrero por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, es revisar, discutir y documentar la problemática en Centroamérica y México a fin de generar propuestas para cada país e intercambiar experiencias internacionales para atender los crímenes violentos contra las mujeres.
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