Por: Julia Vicuña Yacarine(Especial de SEMlac).- Una exitosa abogada, una cantante de música andina, una escolar y un ama de casa, murieron en forma violenta y cruel, sólo en el mes de enero.
Según el Observatorio de Medios del Estudio para Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), en lo que va del año, se han producido ya 16 casos de feminicidio en el Perú.
Pero son las muertes de la cantante folklórica ayacuchana Rina Chiara Prado —conocida como "La Voz de Incuyo"— y de la abogada Elizabeth Vásquez Marín, exitosa profesional y socia de un estudio jurídico, las que más llamaron la atención de los medios de comunicación, debido a que fueron cometidas por sendas mujeres, en un caso la ex esposa del hombre con el que Chiara sostenía una relación amorosa y, en el otro, por la hija, y por la crueldad con la que fueron ultimadas.
Pero otras siete mujeres más que forman parte de esta dramática lista no han merecido la misma atención de los medios debido a que los feminicidios ya no son 'noticia', según señaló a una radioemisora local la psiquiatra Martha Rondón. Once de las víctimas murieron a manos de hombres con los cuales tuvieron o mantenían vínculos afectivos. Una de ellas permanece sin ser identificada, y solo se sabe que ejercía la prostitución en Arequipa, a 1009 kilómetros al sur de la capital peruana.
Los 16 crímenes se perpetraron de manera premeditada y violenta, mediante el uso de armas de fuego o arma blanca; las ahorcaron, masacraron y no pocas fueron previamente torturadas y al final quemadas.
"Cada vez los índices de violencia contra las mujeres son más altos, pero ya a nadie le llaman la atención", dijo Rondón durante un conversatorio propiciado por Radioprogramas del Perú para analizar los últimos feminicidios.
También reveló que en un reciente estudio de la OMS, el Perú aparece entre los países con mayor violencia en el hogar en el mundo, siendo las mujeres del Cusco —al suroriente peruano— las más agredidas, mientras que las limeñas ocupan el tercer lugar.
DEMUS ha alertado sobre la creciente tendencia al feminicidio en el país ya que a las asesinadas por razones de género en enero, se suman otras 118, registradas durante 2009 por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). Esa cifra dio un promedio de nueve de estos crímenes por mes, tendencia que se mantiene.
Un informe publicado recientemente por el Ministerio Público reportó que en 10 de 79 casos de feminicidio, ocurridos entre septiembre del 2008 y junio de 2009, las víctimas habían denunciado violencia familiar; situación que confirmaría que el sistema de justicia peruano no está garantizando la seguridad ni la vida de las mujeres.
Jeannette Llaja, directora de DEMUS, dijo a SEMlac que es urgente que el gobierno incorpore, dentro de sus prioridades, la modificación de la actual ley de violencia familiar, pues esta no responde a las necesidades de las mujeres.
Si bien la ley 26260 contribuyó a que se reconociera la existencia del problema de la violencia en las relaciones de pareja, una práctica legitimada socialmente, la norma no lo abordó desde un enfoque de derechos humanos.
"No puede haber más indiferencia estatal frente a esta realidad que implica violencia cotidiana y muerte diaria de mujeres. Pareciera que a los encargados de tomar decisiones poco les importan estas cifras, que dan cuenta del nivel de agresión por razones de género en el Perú", manifestó.
Para Llaja, el feminicidio es el último peldaño en esta escalada de violencia que se explica, no por la celopatía masculina, con la que algunos pretenden justificar estas muertes, sino por el afán de control de la sexualidad de las mujeres por parte de los varones, en una sociedad fuertemente machista como la peruana.
"Necesitamos un nuevo marco legal frente a las diferentes formas de violencia que, por razones de género, vivimos las mujeres, el cual nos asegure una actuación estatal con la debida diligencia", manifestó la directora de DEMUS.
Informó que han presentado a la Comisión Especial Revisora de la Ley de Violencia Familiar, presidida por la congresista Olga Cribilleros, una propuesta con modificaciones estructurales a dicha norma, que implique adoptar una ley de violencia de género contra las mujeres en el ámbito doméstico.
"La nueva ley debe contar con un incremento progresivo del presupuesto asignado, además, por resultados, como parte del Programa Estratégico contra la violencia familiar y sexual que viene diseñando el Ministerio de Economía y Finanzas. De esta forma, el Estado podrá cumplir con sus deberes en materia de protección, atención y sanción", argumentó.
El Presupuesto por Resultados (PpR) constituye un nuevo enfoque del Estado Peruano que busca desarrollar un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público, por lo cual desembolsará los recursos asignados previa evaluación del desempeño, en función de cambios específicos alcanzados en favor del bienestar de la ciudadanía.
"Lamentablemente el MIMDES aún no ha presentado el plan operativo para 2010. En 2009 no entregó el que correspondía a ese año, de ahí que no se contara con recursos para implementar las acciones comprendidas en el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015", lamento Llaja.
¿Suficiente?
Al respecto, la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, declaró a un medio local que las leyes existentes para proteger a las mujeres de la violencia son "suficientes", que existen 89 Centros de Emergencia Mujer donde hay abogados, psicólogos y asistentas sociales, todos preparados para prevenir y atender no solo a la agredida sino también para ocuparse de la salud mental del agresor.
"Lo que falta es afianzar el trabajo de prevención. Necesitamos sensibilizar a la sociedad, a través de los gobiernos locales para que, ante un acto de violencia, este sea inmediatamente denunciado", señaló.
La ley 26260 no desarrolla sanción para el agresor y, en consecuencia, las agresiones suelen ser calificadas como faltas. Esta situación deja a las víctimas totalmente desprotegidas, pues sólo tienen amparo real de su integridad física quienes sufren lesiones graves y precisan de 10 días de descanso médico para recuperarse. En esos casos, sí se configura como delito.
El Estado peruano tiene la obligación de dar las normas y políticas necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones, tal como lo establecen distintos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos, como la Convención de Belem do Pará a nivel de la Organización de Estados Americanos, y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), en el sistema de Naciones Unidas, señaló la directora de DEMUS.
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