Concha Muñoz JiménezDiagonal
Una de las autoras del informe más exhaustivo sobre el aborto en el Estado, realizado por grupos feministas, analiza la ley desde el prisma del derecho a decidir.
Hasta que se considere que tener un aborto es tan moralmente aceptable como usar la anticoncepción, las mujeres no habrán alcanzado completamente sus derechos reproductivos” (Mette Lokeland, Frente de Mujeres Noruegas). El derecho al aborto sigue siendo un tema central para las propuestas feministas. La razón de su importancia reside en que está directamente relacionado con el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y con una maternidad libremente elegida. El grado de liberalización del aborto dice mucho del desarrollo de un país en políticas de igualdad de género. La nueva Ley va a ser la que siente las bases de las políticas públicas de servicios de salud sexual y reproductiva. Nuestra valoración de la misma es la siguiente:
- La financiación de los anticonceptivos la celebramos, así como todas las medidas en el ámbito sanitario y educativo. Habrá que dotarla de los medios necesarios para que no se quede en buenas intenciones.
- La nueva Ley no asegura la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la red de la sanidad pública. Lo entendemos como una gran oportunidad que se pierde, realizar abortos farmacológicos y quirúrgicos en el hospital más cercano ayudaría a normalizar este servicio. Hay experiencias que demuestran que con voluntad política se puede ofrecer con calidad en los centros públicos.
- Se va a regular con límites el derecho a la objeción de conciencia. Debería en todo caso garantizar la presencia de profesionales no objetores en la sanidad pública.
Hasta que se considere que tener un aborto es tan moralmente aceptable como usar la anticoncepción, las mujeres no habrán alcanzado completamente sus derechos reproductivos” (Mette Lokeland, Frente de Mujeres Noruegas). El derecho al aborto sigue siendo un tema central para las propuestas feministas. La razón de su importancia reside en que está directamente relacionado con el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y con una maternidad libremente elegida. El grado de liberalización del aborto dice mucho del desarrollo de un país en políticas de igualdad de género. La nueva Ley va a ser la que siente las bases de las políticas públicas de servicios de salud sexual y reproductiva. Nuestra valoración de la misma es la siguiente:
- La financiación de los anticonceptivos la celebramos, así como todas las medidas en el ámbito sanitario y educativo. Habrá que dotarla de los medios necesarios para que no se quede en buenas intenciones.
- La nueva Ley no asegura la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la red de la sanidad pública. Lo entendemos como una gran oportunidad que se pierde, realizar abortos farmacológicos y quirúrgicos en el hospital más cercano ayudaría a normalizar este servicio. Hay experiencias que demuestran que con voluntad política se puede ofrecer con calidad en los centros públicos.
- Se va a regular con límites el derecho a la objeción de conciencia. Debería en todo caso garantizar la presencia de profesionales no objetores en la sanidad pública.
- Supone una mejora sustancial para las mujeres que solicitan IVE en las primeras 14 semanas de gestación porque no van a tener que justificar ningún motivo, pero a las mujeres que sobrepasan ese número de semanas no se les garantiza el acceso al aborto. Las legislaciones más avanzadas permiten el aborto a decisión de la mujer durante un periodo más amplio. Para nosotras el tiempo de embarazo no es lo que debe determinar el derecho al aborto. Las mujeres que desean abortar lo solicitan lo antes posible; los casos en que aumentan las semanas de embarazo son pocos y están justificados: normalmente circunstancias sobrevenidas graves que cambian totalmente la situación de esa mujer y su proyecto de vida. No es comprensible que con la nueva ley aumenten las limitaciones e incluso sean ilegales abortos que habían tenido cabida en la regulación del año ‘85. Desde Francia y Bélgica ya nos han alertado de que mujeres que deseen abortar con más de un trimestre de embarazo viajarán fuera de España para poder realizar el aborto en condiciones legales.
- Sobre la obligación de esperar tres días y la información previa al consentimiento, mantenemos la opinión de que no está justificado. Las mujeres que solicitan un IVE no necesitan saber sobre la cobertura sanitaria del embarazo o sobre las ayudas de apoyo a la maternidad. El objetivo de esta medida es condicionar la libertad de las mujeres que deciden abortar.
- Autorización de otras personas. No nos parece adecuado el tratamiento especial que se da al aborto en comparación con las demás intervenciones sanitarias en lo que se refiere a las menores, con la información a los progenitores o tutores. Tampoco estamos de acuerdo en que se necesite la autorización (en abortos que superan un trimestre) bien de profesionales o de comités clínicos, porque pensamos que ésta es una decisión que compete únicamente a la mujer embarazada.
- Y no aceptamos que el aborto continúe en el Código Penal (CP): la Ley no suprime el artículo 145 del CP, sólo lo modifica, con lo que se podrá condenar a mujeres y profesionales, dejando nuevamente la puerta abierta a la inseguridad jurídica. Una vez aprobada la Ley será necesaria su implementación y ello requiere entre otras muchas cosas la participación de las organizaciones feministas, que debemos exigir que se cumpla y se amplíe hasta conseguir el derecho a decidir.
Concha Muñoz Jiménez del Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca-Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Un-analisis-feminista-de-la-ley.html
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