martes, marzo 10, 2009

Mujeres venezolanas de Mérida exigen la puesta en marcha de políticas públicas con perspectiva de género

Carmen Teresa García/Rebelión
"Si eres machista no puedes ser socialista".
H.CH.F

Venezuela tiene como país un compromiso con sus mujeres ya que adquiere la responsabilidad y el deber de cumplir como país firmante de los acuerdos y tratados internacionales, tales como: la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, 1979); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará, 1994) y la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995), de la cual se desprende la Plataforma de Acción de Beijing con doce Líneas Estratégicas para superar las condiciones de exclusión de la mujer en todo el mundo y que nuestro país no escapa a ellas (la mujer y la pobreza; la educación y la capacitación de la mujer; la mujer y la salud; la violencia contra la mujer; la mujer y los conflictos armados; la mujer y la economía; la participación de la mujer en el poder y la adopción de decisiones; los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; los derechos humanos de la mujer; la mujer y los medios de comunicación; la mujer y el medio ambiente y la niña) [1].


Igualmente se comprometió alcanzar las Metas del Milenio entre otros, el Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre y el Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros, la autonomía y empoderamiento de la mujer. Se trata de un requisito indispensable para superar el hambre, la pobreza y las enfermedades. Igualdad entre los géneros implica igualdad en todos los niveles de la educación y en todos los ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una representación igual en la vida pública y política, [2] También el gobierno actual ha invertido muchos esfuerzos para que la legislación con relación a la igualdad y la no violencia hacia las mujeres se ponga a tono con los transformaciones del país y en este sentido las mujeres contamos -además de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela 1999, única por su lenguaje no sexista, inclusiva- con dos importantes leyes como son la Ley de igualdad de oportunidades (1993, reforma 1999), Ley Organiza Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y en las próximas elecciones hacer cumplir la Resolución Nº 050401-179 sobre los Derechos Políticas de las Mujeres (paridad y alternabilidad).
Todos estos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales subrayamos otra vez tienen que materializarse en políticas públicas concretas dirigidas a las mujeres, en plural porque las mujeres aunque estamos unidas por situaciones de subordinación, discriminación y violencia similares (desigualdad entre hombres y mujeres expresada en la discriminaciones y violencias), tenemos problemas concretas diversos por nuestras diferentes condiciones de clase social, condición socio-profesional que se expresan en desigualdades sociales y económicas entre las mujeres de las clases medias y las mujeres de los sectores populares, a las que se agrega las existentes entre las mujeres de la ciudad y del campo, entre las mujeres de diferentes edades, etnias, entre otras.

Por esta razón es que CEFORMAM ESTA EXIGIENDO Y HACIENDO PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS que tienen que ir en dos direcciones: Las primeras que tiendan a la disminución progresiva de la desigualdad, discriminaciones y violencias que son los problemas más apremiantes y específicos que soportan las mujeres históricamente (políticas públicas que aborden las necesidades estratégicas de las mujeres) y las segundas que permitan seguir mejorando las condiciones materiales de vida de las mujeres: servicios eficientes, ampliación de las misiones, empleo digno, etc. (políticas públicas que redunden en la satisfacción de las necesidades prácticas de las mujeres y por ende de toda la sociedad).

Consideramos que tanto para adelantar las primeras como las segundas tenemos que contar con una institución especializada y con suficientes recursos humanos (comprometidos y formados desde la perspectiva de género), financieros (suficientes y oportunos anuales) y un espacio adecuado y accesible a las mujeres sobre todo a las de los sectores populares, del campo, discapacitadas, de tercera edad, etc. Por tal motivo, la propuesta es la revisión, rectificación y reimpulso del Instituto Merideño de las Mujeres (hoy Instituto Merideño de la Mujer y la Familia IMMFA) adscrito a la gobernación y además que trabaje coordinadamente con las alcaldías, organizaciones de mujeres y consejos comunales.

Como integrantes del Centro de Formación y Atención de las Mujeres de Mérida (CEFORMAM, ONG fundada en 1992) solicitamos al gobierno nacional y en particular a la Gobernación del Estado Mérida la instrumentación urgente de políticas públicas hacia las mujeres con perspectiva de género que hagan realidad los logros conseguidos a nivel legislativos señalados en párrafos anteriores. Pensamos que los institutos de las mujeres deben orientar -en primer lugar - todos sus recursos y esfuerzos en o hacia programas de acción que las mujeres no encuentran en otras instituciones y en segundo lugar, hacia la coordinación acciones con el resto de las instituciones para que se hagan efectivos los programas de atención en salud, vivienda, alimentación, etc. En este sentido proponemos lo siguiente:

POLÍTICAS PÚBLICAS HACIA LAS MUJERES DEL ESTADO MÉRIDA [3]

Sobre las primeras: Políticas Públicas que aborden las necesidades estratégicas de las mujeres

a.- LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES DE LAS MUJERES EN TODOS LOS ÁMBITOS

La igualdad es la piedra angular de toda sociedad democrática que aspire a la justicia social y a la realización de los derechos humanos. La norma jurídica básica de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW 1979) y su correspondiente nacional Ley de Igualdad de Oportunidades de la Mujer (Venezuela, 1993 y 1999) es la "prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer". Esta norma no puede cumplirse meramente promulgando leyes sino que hay hacer esfuerzos prácticos en todos los ámbitos (educativos, laborales, salud, etc.) para poder e rradicar la discriminación hacia las mujeres que es muy frecuente pero pasa desapercibida para la mayoría de la gente e incluso para el funcionariado de las instituciones públicas y privadas.

La incorporación del tema en los consejos comunales, red de usuarias de Banmujer, puntos de encuentro, en los centros educativos, comités de madres del barrio, entre otros, generarán diagnósticos y propuestas en las áreas: Salud (sexual y reproductiva e integral, calidad de los servicios públicos/monitoreo), Educación (éxitos y fracasos, cambios en la sociedad y en la educación, Internet y los medios de comunicación masivos como otros agentes socializadores, papel de la escuela/docentes, educación sexual). Seguridad/violencia (institucional hacia la mujer, hacia y desde los/as jóvenes,), Trabajo (paridad sindical, salarial, no discriminación), Política (paridad y alternabilidad) y la corresponsabilidad en la vida familiar. Esta visibilización permitirá adelantar acciones acertadas para la superación de la discriminación que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, realidad que se agudiza cuando se es mujer pobre, rural, afrodescendiente, indígena y/o discapacitada.

Esta política pública propuesta contra todo tipo de discriminación a las mujeres (2009-2013) constituye el reconocimiento de los derechos de las mujeres como ciudadanas y se desarrolla a través de líneas estratégicas, objetivos y acciones concretas en las que el instituto tiene que ejecutar acciones y en otros casos promoverlas y/o coordinarlas.

1.- La prevención y la sensibilización: con el objetivo de promover estrategias de prevención y sensibilización en todos los ámbitos, tanto institucionales como sociales, contra la discriminación que sufren las mujeres y la divulgación de una la cultura y educación para la no discriminación de las mujeres y de las personas en general.

2.-Asegurar la realización práctica del principio de igualdad, la no discriminación y, en general, resguardar los derechos de las mujeres del estado a través de acciones coordinadas con la Defensoría del Pueblo, universidades y las alcaldías del estado.

Esta política pública requiere de un presupuesto que lo acompañe, de un seguimiento y de una evaluación anual..

b.- LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES O VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO.

Las diversas formas que adopta esta violencia requieren de respuestas específicas y diversas, pero que todas ellas tienen un denominador común: la violencia sobre las mujeres está hondamente enraizada en las estructuras sociales y si no se incide sobre éstas la violencia no desaparecerá. Por eso creemos que son necesarias en primer lugar, intervenciones dirigidas a todas las mujeres (dimensión estructural de la violencia: erradicación de la pobreza y exclusión social) y, en segundo lugar, intervenciones específicas para comenzar a disminuir y a largo plazo erradicar las diversas situaciones de violencia hacia las mujeres, contemplando siempre la atención, la coordinación, la prevención y la sensibilización social. El Ministerio Público (2008) ha presentado recientemente estadísticas de 10 mil 843 actos conclusivos en materia de violencia de género correspondiente al lapso del 06 de febrero al 30 de junio, que equivale aproximadamente a 2 mil 711 casos mensuales [4] .

El programa propuesto para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres (2009-2013) constituye el reconocimiento de los derechos de las mujeres como ciudadanas y se desarrolla a través de líneas estratégicas, objetivos y acciones concretas en las el instituto tiene que ejecutar y en otros casos promover y coordinar.

1.- La atención directa: con el objetivo de definir y desarrollar modelos de atención integral, mediante una red de servicios de calidad en todos los ámbitos y en todos los municipios, capaces de dar respuesta a las necesidades de las mujeres que están o han estado en situaciones de violencia, así como de sus hijos e hijas en ese sentido se propone la creación de programas de atención integral por municipios y centros específicos para la atención y recuperación (casas de abrigo)

2.- La coordinación y la cooperación : con el objetivo de establecer las estructuras de coordinación y cooperación entre todos los ámbitos (ministerios: educación (inclusión en pensa de estudios), salud (epidemiología de la violencia) M.Público/TSJusticia (Justicia de género- Tribunales de Violencia contra la Mujer) , policial, ongs de mujeres y con los entes municipales para la prevención, detección e intervención de todas las situaciones derivadas de las violencias contra las mujeres.

3.- La prevención y la sensibilización: con el objetivo de promover estrategias de prevención y sensibilización en todos los ámbitos, tanto institucionales como sociales, contra las violencias sobre las mujeres y la asunción de todos los parámetros de la cultura de la no violencia: el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos y la convivencia entre los géneros.

Esta política pública también requiere de un presupuesto que lo acompañe, de un seguimiento y de una evaluación anual.

Sobre las segundas: coordinar Políticas Públicas que satisfagan las necesidades prácticas de las mujeres y por ende de sus familias

a.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENTES MUNICIPALES Y NACIONALES LA EJECUCIÓN DE POLITICAS PUBLICAS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, EDUCATIVOS, LABORALES, CULTURALES (DESC) DE LAS MUJERES DEL ESTADO, EN ESPECIAL A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL .

Red institucional con los entes municipales y nacionales (alcaldías, M. pp para la Participación Social y Desarrollo Social, Mercal y Fundaproal, M,pp de Vivienda y Hábitat, M.pp Salud, Mintra (IVSS, Dirset), misiones, entre otros, para incrementar la eficiencia de sus políticas públicas en beneficio de las mujeres.

PROGRAMAS CONCRETOS por municipio: ampliar cobertura de Misión Madres del Barrio; atención a la salud de las mujeres, embarazo adolescente, educación sexual; aumentar el número de sustitución de rancho por vivienda (suvi); ampliar la cobertura de las casas de alimentación (preferencia mujeres embarazadas); instalación de mercales y pdvales permanentes, aumentar el número de trabajos dignos a través de la Misión Che Guevara, BanMujer, entre otros.

b.-PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES POR MUNICIPIO PARA EFECTOS DEL SEGUIMIENTO Y DE CONTRALORÍA SOCIAL EFECTIVA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LAS MUJERES DEL ESTADO.

Red con las organizaciones de mujeres y comunales (Puntos de encuentro, red de usuarias de BanMujer, comités de madres del barrio, consejos comunales, ONGs de mujeres, entre otras) para ampliar el seguimiento, evaluación y contraloría las políticas públicas en beneficio de las mujeres.

Esperamos que los discursos de este día se conviertan en acciones concretas en estas direcciones.

Carmen Teresa García. Centro de Formación y Atención de las Mujeres de Mérida (CEFORMAM).

ctgarcia9@gmail.com

Junto a otras integrantes de este centro: Carmen Rosillo, Elena Paredes Salerno, Viki Ferrara, Josefina Alarcón, Nahir Monsalve, Ma Edilia Escalante, Tamara Pearson y Raquel Barrios.
Notas:

[1] http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm

[2] http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/

[3] Este documento fue entregado (previa solicitud) a los organizadores del Plan de gobierno de Marcos Díaz Orellana, pero sin darnos explicación no fue incorporado en el programa final publicado: Pedimos explicación y la estamos esperándola todavía.

[4] 18 de julio de 2008 en http://www.ministeriopublico.gob.ve

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