México DF, 30 oct 08 (CIMAC).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en la posición crucial de prestar una debida atención a las violaciones y abusos que defensoras de los derechos humanos de las mujeres enfrentan en América, declararon hoy cuatro organizaciones de derechos humanos luego de una audiencia histórica en la que por primera vez se dieron a conocer estos asuntos ante la Comisión.De acuerdo con un comunicado de Human Rights Watch (HRW), El Centro de Derechos Reproductivos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Human Rights Watch y Mulabi (Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos), exhortaron conjuntamente a la Comisión a urgirles a los Estados a que protejan a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres y eliminen políticas y leyes que impiden su trabajo.
“Las personas que trabajan por los derechos de las mujeres deben dejar de ser sometidas a ataques e irrespeto por parte de funcionarios gubernamentales”, dijo Valéria Pandjiarjian, responsable del Programa de Litigio Internacional de Cladem.
“La Comisión se encuentra en una posición fuerte para decirles a los gobiernos de toda la región que quienes procuran los derechos humanos fundamentales merecen reconocimiento y protección”.
En Nicaragua, varias lideresas feministas han sido sujetas a repetidas amenazas y actos de intimidación; también se enfrentan a investigaciones penales sobre su trabajo, dijo la abogada.
En Colombia, mujeres sindicalistas y lideresas de movimientos por los derechos económicos, sociales y culturales han sido víctimas de asesinato, ataques y amenazas en los últimos años.
En su sesión del 28 de octubre de 2008, la Comisión escuchó testimonios de defensoras de los derechos de las mujeres en Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua y Perú. Ellas hablaron sobre los riesgos que corren en sus países cuando protegen a las mujeres contra toda forma de violencia, garantizan sus derechos sexuales y reproductivos y luchan contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. También destacaron las leyes y políticas nacionales que obstaculizan sus misiones.
LOS CASOS
La directora de una clínica de salud reproductiva en los Estados Unidos entregó en forma escrita una explicación sobre cómo extremistas opositores del aborto dirigen violencia, amenazas y campañas difamatorias contra profesionales médicas de la clínica.
En vez de aprobar medidas para brindar una mejor protección, legisladores estatales y federales han respondido promulgando leyes que restringen el acceso al aborto, señala. Estas leyes les crean imposibles cargas económicas a profesionales de la medicina que prestan servicios de aborto seguro, como también a las mujeres que procuran esos servicios, e imponen duras sanciones a quienes no pueden cumplirlas.
“Entre las defensoras de los derechos de las mujeres hay tanto activistas por los derechos reproductivos como proveedoras de éstos”, dijo Katrina Anderson, abogada del Centro de Derechos Reproductivos. “Ya es hora de que el gobierno estadounidense intensifique sus esfuerzos por proteger a quienes arriesgan sus vidas para ayudar a que las mujeres tengan acceso a cuidados de salud reproductiva”.
También las defensoras de los derechos sexuales están bajo ataque. Una de ellas describió cómo un ambiente de violencia homofóbica hace sumamente peligrosa toda discusión pública de los derechos de las lesbianas en Jamaica, donde la conducta homosexual continúa penalizada.
Defensoras de los derechos de personas transgénero e intersexuales de Costa Rica y Perú ofrecieron a la Comisión ejemplos vivos de los repetidos ataques que enfrentan cuando luchan contra la discriminación, violencia y exclusión por motivos de identidad y expresión de género.
“La ‘historia oficial’ de la humanidad, tal como la conocemos, es una en la cual mujeres travestis, transgénero e intersexuales somos invisibles”, afirmó Natasha Jiménez, de Mulabi.
“A la mayoría de nosotras se nos obliga a vivir en los márgenes de la sociedad después de haber sido rechazadas por nuestras familias y la comunidad en su conjunto. Cuando nos organizamos para defender nuestros derechos, por lo general enfrentamos abusos y extorsión por parte de la policía. Con frecuencia, el precio que pagamos por convertirnos en líderes y alentar a nuestras compañeras a oponer resistencia es el asesinato, la tortura, el arresto arbitrario o el desplazamiento forzado”, dijo.
MEDIDAS CAUTELARES SON INSUFICIENTES
En algunos de estos casos, la Comisión ya ha otorgado medidas cautelares para proteger la vida y seguridad de las defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, esas medidas no son suficientes. Los gobiernos no aplican estas protecciones en todos los casos y la Comisión no siempre les da un seguimiento adecuado. Cuando las amenazas provienen de funcionarios estatales, los llamados a brindar protección pueden de hecho estar en contubernio con los perpetradores.
“Los Estados deben proteger a todas las personas que defienden los derechos de las mujeres, en cada aspecto de las vidas de las mujeres”, dijo Juliana Cano Nieto, investigadora del Programa sobre Derechos de Lesbianas, Gays, Personas Bisexuales y Transgénero de Human Rights Watch.
Las cuatro organizaciones de derechos humanos instaron a la aplicación inmediata y un riguroso seguimiento de las recomendaciones del informe de 2006 de la Comisión, a fin de mejorar la situación de las defensoras de los derechos de las mujeres en América.
Urgieron a la Comisión a reconocer que una amplia gama de defensoras de los derechos de las mujeres se encuentra en riesgo y a continuar promoviendo las protecciones que sean necesarias para asegurar que todas estas defensoras puedan trabajar con libertad, seguridad y eficacia.
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