Los derechos humanos de las mujeres

AmecoPress.- Es evidente que la historia ha sido escrita desde una mirada masculina, reconociendo al avance de los derechos humanos como el avance de los derechos de los hombres, lo que no considera las condiciones de desigualdad a las que las mujeres históricamente hemos sido sometidas.

Esa ha sido la situación en más de un tratado internacional, en más de una convención, situación que las mujeres denunciaron hasta conseguir plasmar gran parte de esta crítica en la esfera internacional. La defensa de los derechos humanos comienza hace muchos años, sin embargo la CEDAW, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (por sus siglas en inglés) se convierte en el paso más importante dado.

Esta convención se terminó de negociar en 1979, año en el que también comienza a ser ratificada por varios estados. Hasta el 2011 son 185 países los que la han ratificado, entre ellos Ecuador, ya que es reconocido como el principal instrumento obligatorio de protección de los derechos humanos de las mujeres y reconocido a nivel internacional. Son pocos los países que no han reconocido esta importante negociación que también es conocida como “La convención de la Mujer” por los grandes avances que plantea desde la crítica de la priorización de las necesidades de los hombres frente a la de las mujeres.

“La CEDAW es uno de los instrumentos más avanzados de protección de los derechos humanos a nivel internacional. Algunos de los elementos que la convierten en un instrumento casi único son los siguientes:

Replantea el concepto de igualdad, al incluir un concepto de igualdad sustantiva, aquella que no parte sólo de enunciar la igualdad (de reconocerla en una ley), sino de que se pueda vivir materialmente, que se pueda experimentar, gozar y desarrollar plenamente.

Reconoce que la discriminación contra las mujeres puede ocurrir en esferas públicas y privadas, con lo cual se trasciende el límite tradicional de los derechos humanos de quedarse en el ámbito público, sin trascender al privado, en donde numerosísimas violaciones a los derechos humanos de las mujeres suceden cotidianamente en el mundo.

Responsabiliza al Estado de impulsar medidas no sólo legislativas, sino también para promover cambios culturales, que aporten a la construcción de una cultura que respete plenamente los derechos humanos de las mujeres.”

La CEDAW es un instrumento que debe ser implementado por los países que la han ratificado, mediante leyes, políticas públicas y programas para eliminar la discriminación contra las mujeres. En el artículo 1 de este documento menciona el concepto que dentro de los estados se manejaría de discriminación:

“A los efectos de la CEDAW, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción, vasado en el sexo, que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independiente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil en cualquier otra esfera.”

Cabe recalcar que cada estado parte de la convención, tiene la responsabilidad de presentar de manera periódica (cada 4 años) los avances, resultado de la intervención del estado, de la eliminación de la discriminación contra las mujeres; sin embargo, las organizaciones de mujeres se han encargado de presentar informes alternativos, “informes sombra” para proporcionar al Comité de la CEDAW otra información que los estados no las mencionan por diferentes razones. El comité revisa los informes y emite recomendaciones para los estados.

Desde las organizaciones de jóvenes y de mujeres, siempre estamos presionando para que se implementen las leyes y políticas desde los enfoques ratificados en la CEDAW, porque reconocemos valiosos los aportes que feministas hicieron al plantear esta negociación.

El Observatorio Feminista demanda la urgente intervención de las relatoras de derechos de las mujeres

Por: Sara Lovera / Rebelión
En una acción concertada, mujeres de toda la región latinoamericana solicitarán, en sus respectivos países, la intervención inmediata de las relatoras internacionales para detener la violación de los derechos humanos de las mujeres en este país, como resultado del golpe de estado perpetrado el pasado 28 de junio.

La solicitud, una iniciativa de las feministas costarricenses, ya fue entregada aquí a Rebeca Arias, representante de la ONU en Honduras. En medio de demostraciones y actos políticos se hará lo propio en Costa Rica, México, Venezuela, El Salvador, Chile y otros siete países de la región.

Se trata, explicó Roxana Arroyo, abogada y notaria por la Universidad de Costa Rica, de que la relatora especial de los derechos de las mujeres, las representantes del Fondo de las Naciones Unidas de la Mujer, el Alto Comisionado por los Derechos Humanos y otras instancias atiendan los abusos e intimidación contra las mujeres que se resisten al golpe militar.
Hasta ahora las gestiones del frente Feministas en Resistencia y del Observatorio de la Trasgresión Feminista -constituido por 25 mujeres de seis países- han logrado una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre próximo, en Washington. El jueves se entregó un informe preliminar a Patricia Mejía, presidenta de esa comisión y relatora de los derechos de la mujer.

El documento, al que SEMlac tuvo acceso, establece que la masiva participación de las mujeres -obreras, campesinas, colonas y profesionales- en el rechazo al golpe del 28 de junio ha significado atropellos específicos y diferenciados contra ellas, en todos los actos de represión.

Sostiene, asimismo, que se recabaron testimonios y evidencias que describen con suficiencia abusos sexuales; golpizas con toletes (porras de goma) en el cuerpo, especialmente en el busto y glúteos de las mujeres; intimidación y el desplazamiento de decenas de mujeres de las ciudades principales de Honduras, y también de pequeñas poblaciones "cercadas por el miedo".

Respecto a este último punto, el informe precisa que muchas mujeres se han visto obligadas a esconderse, a dejar sus casas para no poner en peligro a sus hijos, pues los soldados las amenazan con llevarse a los mayores en virtud de un decreto que obliga al servicio militar, que es voluntario desde 1994.

Como consecuencia de esta situación, y para evitar allanamientos, se han desplazado a otras ciudades o se han ocultado.

Por todos estos hechos, urge la investigación y análisis por parte de las relatoras especiales en los derechos de las mujeres, porque se explica que ellas reciben un impacto diferenciado.

Para la elaboración del informe se hicieron entrevistas de campo; se examinaron los expedientes de al menos 56 mujeres que se han acogido a medidas cautelares y se constató la existencia de denuncias recibidas por instancias civiles de Derechos Humanos, aunque hasta ahora no han sido recibidas por la comisionada de Derechos Humanos de la Nación.

También se recogieron denuncias de las mujeres que han experimentado los atropellos policiales y del ejército en las calles, y se incluye la investigación y vivencias de las Feministas en Resistencia, que aglutina a una docena de organizaciones y cientos de mujeres independientes. El informe, que se presentó ante los medios de comunicación locales en conferencia de prensa el pasado jueves 20, fue descrito por María Suárez, de la red Petateras, Gilda Rivera, del Centro de Mujeres de Honduras (CDM), y comentado por el grupo de abogadas que forman parte del Observatorio.

Conclusiones preliminares

- Aunque la violencia es general contra hombres y mujeres, ha aumentado el número de mujeres golpeadas. Antes los policías, cuando detenían a las mujeres, no las agredían y las dejaban en libertad; en cambio, ahora, las capturan.

- Se constató que el aumento de la violencia contra las mujeres avanza en forma progresiva en las manifestaciones. El ensañamiento de la policía contra ellas es mayor a medida que tienen un papel más evidente. Esta violencia aumenta también desde la mayor visibilización de las mujeres en la resistencia.

- Las indagaciones han constatado que las actuaciones de la Fiscalía Especial de la Mujer y del Comisionado Nacional de Derechos Humanos han sido nulas y no existe en este momento un espacio, ni para mujeres ni para hombres, donde poder realizar judicialmente las denuncias.

- Para el observatorio, es necesario plantear como preocupación el aumento de la violencia doméstica y el estado de indefensión en que se hallan las mujeres. La desaparición de las instancias oficiales legítimas ha significado la nulidad de los procesos de violencia, tanto institucional como de pareja.

- Las mujeres se perjudican por el cierre de los programas radiales "Tiempo de hablar" y "La bullaranga", del Centro de Derechos de Mujeres y del Centro de Estudios de la Mujer, respectivamente. Afirma el informe: "Cuando se corta espacios a las mujeres es muy grave porque se violenta la libertad de expresión, se limita la palabra y se silencia, como hace siglos, a las mujeres".

Demandas

Se seguirán validando y documentando las violaciones, pero el informe contiene algunas demandas específicas, para casos claros y consistentes:

1. Acceso a la justicia: caso de Alba Leticia Ochoa, destacada feminista detenida.

2. Integridad sexual: testimonio de la comunidad de Suyapa. Las mujeres no denuncian porque tienen temor.

3. Aumento de la violencia en las manifestaciones.

4. Ejecuciones extrajudiciales: 4 mujeres están en tal situación.

5. Amenazas a organizaciones: varias entidades tienen policías apostados a la entrada de sus instalaciones.

6. Además, se realiza el seguimiento a la desaparición de dos mujeres, detenidas durante una manifestación el 11 de julio, y que hasta ahora no aparecen.

Defensoras de los DDHH de las mujeres urgen a CIDH protección.

México DF, 30 oct 08 (CIMAC).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en la posición crucial de prestar una debida atención a las violaciones y abusos que defensoras de los derechos humanos de las mujeres enfrentan en América, declararon hoy cuatro organizaciones de derechos humanos luego de una audiencia histórica en la que por primera vez se dieron a conocer estos asuntos ante la Comisión.

De acuerdo con un comunicado de Human Rights Watch (HRW), El Centro de Derechos Reproductivos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Human Rights Watch y Mulabi (Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos), exhortaron conjuntamente a la Comisión a urgirles a los Estados a que protejan a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres y eliminen políticas y leyes que impiden su trabajo.

“Las personas que trabajan por los derechos de las mujeres deben dejar de ser sometidas a ataques e irrespeto por parte de funcionarios gubernamentales”, dijo Valéria Pandjiarjian, responsable del Programa de Litigio Internacional de Cladem.

“La Comisión se encuentra en una posición fuerte para decirles a los gobiernos de toda la región que quienes procuran los derechos humanos fundamentales merecen reconocimiento y protección”.

En Nicaragua, varias lideresas feministas han sido sujetas a repetidas amenazas y actos de intimidación; también se enfrentan a investigaciones penales sobre su trabajo, dijo la abogada.

En Colombia, mujeres sindicalistas y lideresas de movimientos por los derechos económicos, sociales y culturales han sido víctimas de asesinato, ataques y amenazas en los últimos años.

En su sesión del 28 de octubre de 2008, la Comisión escuchó testimonios de defensoras de los derechos de las mujeres en Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua y Perú. Ellas hablaron sobre los riesgos que corren en sus países cuando protegen a las mujeres contra toda forma de violencia, garantizan sus derechos sexuales y reproductivos y luchan contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. También destacaron las leyes y políticas nacionales que obstaculizan sus misiones.

LOS CASOS

La directora de una clínica de salud reproductiva en los Estados Unidos entregó en forma escrita una explicación sobre cómo extremistas opositores del aborto dirigen violencia, amenazas y campañas difamatorias contra profesionales médicas de la clínica.

En vez de aprobar medidas para brindar una mejor protección, legisladores estatales y federales han respondido promulgando leyes que restringen el acceso al aborto, señala. Estas leyes les crean imposibles cargas económicas a profesionales de la medicina que prestan servicios de aborto seguro, como también a las mujeres que procuran esos servicios, e imponen duras sanciones a quienes no pueden cumplirlas.

“Entre las defensoras de los derechos de las mujeres hay tanto activistas por los derechos reproductivos como proveedoras de éstos”, dijo Katrina Anderson, abogada del Centro de Derechos Reproductivos. “Ya es hora de que el gobierno estadounidense intensifique sus esfuerzos por proteger a quienes arriesgan sus vidas para ayudar a que las mujeres tengan acceso a cuidados de salud reproductiva”.

También las defensoras de los derechos sexuales están bajo ataque. Una de ellas describió cómo un ambiente de violencia homofóbica hace sumamente peligrosa toda discusión pública de los derechos de las lesbianas en Jamaica, donde la conducta homosexual continúa penalizada.

Defensoras de los derechos de personas transgénero e intersexuales de Costa Rica y Perú ofrecieron a la Comisión ejemplos vivos de los repetidos ataques que enfrentan cuando luchan contra la discriminación, violencia y exclusión por motivos de identidad y expresión de género.

“La ‘historia oficial’ de la humanidad, tal como la conocemos, es una en la cual mujeres travestis, transgénero e intersexuales somos invisibles”, afirmó Natasha Jiménez, de Mulabi.

“A la mayoría de nosotras se nos obliga a vivir en los márgenes de la sociedad después de haber sido rechazadas por nuestras familias y la comunidad en su conjunto. Cuando nos organizamos para defender nuestros derechos, por lo general enfrentamos abusos y extorsión por parte de la policía. Con frecuencia, el precio que pagamos por convertirnos en líderes y alentar a nuestras compañeras a oponer resistencia es el asesinato, la tortura, el arresto arbitrario o el desplazamiento forzado”, dijo.

MEDIDAS CAUTELARES SON INSUFICIENTES

En algunos de estos casos, la Comisión ya ha otorgado medidas cautelares para proteger la vida y seguridad de las defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, esas medidas no son suficientes. Los gobiernos no aplican estas protecciones en todos los casos y la Comisión no siempre les da un seguimiento adecuado. Cuando las amenazas provienen de funcionarios estatales, los llamados a brindar protección pueden de hecho estar en contubernio con los perpetradores.

“Los Estados deben proteger a todas las personas que defienden los derechos de las mujeres, en cada aspecto de las vidas de las mujeres”, dijo Juliana Cano Nieto, investigadora del Programa sobre Derechos de Lesbianas, Gays, Personas Bisexuales y Transgénero de Human Rights Watch.

Las cuatro organizaciones de derechos humanos instaron a la aplicación inmediata y un riguroso seguimiento de las recomendaciones del informe de 2006 de la Comisión, a fin de mejorar la situación de las defensoras de los derechos de las mujeres en América.

Urgieron a la Comisión a reconocer que una amplia gama de defensoras de los derechos de las mujeres se encuentra en riesgo y a continuar promoviendo las protecciones que sean necesarias para asegurar que todas estas defensoras puedan trabajar con libertad, seguridad y eficacia.

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