Guadalupe Cruz Jaimes(CIMAC).- La aprobación de reformas constitucionales que penalizan la interrupción del embarazo, al proteger la vida desde la "concepción-fecundación" en 17 estados del país, recrudeció la violencia institucional en contra de las mujeres que acuden a hospitales públicos para atenderse por un aborto espontáneo o inducido en condiciones inseguras.
Para las habitantes de entidades como Baja California, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí y Quintana Roo, interrumpir un embarazo no deseado se traduce en “cárcel o muerte” al practicarse en la “clandestinidad”, dijo la ex diputada federal Martha Tagle, integrante del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos Humanos de las Mujeres.
Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
La violencia institucional es definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como los actos u omisiones de servidores públicos que discriminen, obstaculicen o impidan el ejercicio de los Derechos Humanos (DH) de las mexicanas, como en este caso los derechos reproductivos.
DENUNCIADAS COMO CRIMINALES
Silvia Solís, vocera de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), detalló que “cuando una mujer llega con un aborto en curso o con complicaciones derivadas de aborto, inmediatamente sin acabarla de atender médicamente, el personal de salud la denuncia ante el Ministerio Público (MP)”.
Con las modificaciones a las leyes locales, aprobadas de 2008 a diciembre de 2010, “hay una reacción de más violencia contra las mujeres, no importa si el aborto fue inducido o no, el aborto criminaliza”, criticó la activista.
Tagle coincidió en que la violencia de funcionarios contra las habitantes de esos estados “se recrudeció, aumentó la persecución de mujeres por aborto, y lo único que generó fue que el aborto se dé en condiciones más peligrosas para las mujeres”.
Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, con sede en Guanajuato, informó que su organización –junto con otros grupos civiles que integran el Pacto Nacional– conoce de casos de mujeres encarceladas por aborto, o acusadas de homicidio en razón de parentesco en al menos 11 estados de la República.
Se trata de San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Aguascalientes, Sonora, Chiapas y Baja California.
Las Libres han documentado la situación en su entidad, donde encontraron que de 2000 a 2010 160 guanajuatenses fueron denunciadas por aborto. La organización encontró a ocho mujeres acusadas de homicidio en razón de parentesco luego de sufrir abortos espontáneos.
BATALLA LEGAL
Las Libres y la Clínica de Interés Público, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), lograron que las presas quedaran libres tras defenderlas legalmente y denunciar el hecho públicamente.
Cruz detalló que “en general, las acusadas de homicidio en razón de parentesco no se indujeron un aborto; algunas de ellas deseaban ser madres y otras no sabían que estaban embarazadas”. La mayoría de estas mujeres son de zonas rurales, pobres, sin acceso a la educación básica y sin servicios de salud mínimos.
Ellas “acudieron a hospitales públicos porque tenían un dolor intenso, porque no sabían que hacer. Cuando llegaron a los servicios de salud las fueron denunciando”, abundó la defensora de los derechos reproductivos.
Otra coincidencia es que las mujeres no pudieron defenderse legalmente por falta de recursos y porque los MP “creyeron que ellas eran culpables por no ejercer la maternidad, como el mandato social lo establece para las mujeres”, apuntó.
La misma historia se repite en otros estados, como en el caso de la indígena náhuatl Virginia, quien está presa desde hace dos años y 10 meses en el reclusorio de Tlapa, Guerrero, acusada de homicidio en razón de parentesco luego de sufrir un aborto espontáneo en su casa.
Ella fue acusada por personal de salud ante el MP, el cual inició una averiguación en la que violó los DH de la guerrerense, ya que no le proporcionó un traductor, ni un abogado que hablara su lengua. Actualmente Virginia está en espera de que el juez local cumpla una orden federal para reponer el proceso.
INVISIBILIZADAS
El número de mujeres presas en el resto del país se desconoce debido al “hermetismo” de las autoridades de justicia estatales, que se niegan a transparentar la información, acusaron las activistas y advirtieron que buscar “penal por penal” es una tarea que rebasa a las organizaciones civiles.
La violencia institucional cometida por personal de salud e impartidores de justicia es “poco visibilizada, pero no menos dura que la violencia física, psicológica o sexual que sufren las mujeres”, indicó Tagle.
La ex legisladora mencionó que las autoridades y la sociedad en los estados que penalizaron el aborto consideran la interrupción del embarazo “como un delito y no como un derecho de las mujeres”, el de decidir ser madre o no, en qué momento serlo y cuántas hijas o hijos tener.
Recientemente, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, propuso una reforma al apartado de salud mental de la Ley de Salud estatal para que en vez de que las mujeres acusadas de aborto sean procesadas penalmente reciban tratamiento psiquiátrico.
“También ha habido propuestas de cambiarlo por trabajo comunitario para que se haga escarnio público de quienes han abortado”, en el fondo –concluyó Martha Tagle– no se trata de ver qué pena es menos severa, sino denunciar que mientras siga la criminalización del aborto la vida y la libertad de las mujeres continúa en riesgo.
