Pronunciamiento de las Feministas Socialistas mexicanas*El debate sobre el aborto en México no es nuevo, como tampoco lo es la posición intolerante y conservadora de la Iglesia católica, la cual se ha mantenido estable desde 1869. El clero considera la interrupción del embarazo un homicidio —bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento de la gestación— y define al aborto como pecado grave y causa de excomunión.
Para la Iglesia católica, los sectores conservadores del PAN y el PRI, junto con sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza (PANAL), e incluso algunos diputados locales del PRD, el PT y Convergencia, el aborto es un crimen. Para las feministas, es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y para el Estado laico consecuente, una garantía individual, un derecho humano ciudadano, que debiera ser respetado.
La alianza de los partidos políticos con la Iglesia católica es un claro ejemplo de la vulnerabilidad de nuestro Estado laico. Las y los legisladores locales del PRI y el PAN anteponen e imponen sus creencias y valores personales a las leyes y a los derechos de la ciudadanía, y de manera específica, a los derechos de las mujeres.
El cuerpo de las mujeres, de nuevo está en disputa. Sin embargo, ahora estamos viviendo una ofensiva nacional de la derecha y de los sectores más conservadores, no sólo en contra del cuerpo de las mujeres y de sus derechos sexuales y reproductivos, sino también poniendo en tela de juicio una vez más el carácter laico del Estado mexicano y violentando la Constitución Política de nuestro país, así como contraviniendo las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por el Estado Mexicano, tales como el protocolo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención de Belem do Pará, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
La población en general y las mujeres en particular estamos ante un escenario nunca antes visto en la historia de nuestro país. Las reformas a las Constituciones locales de 17 estados para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, aprobadas por legisladores/as panistas y priístas, con anuencia de la jerarquía eclesial, significan un enorme retroceso para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y, más específicamente, para su derecho a una maternidad libre y voluntaria. Una de las más graves consecuencias de esto es la criminalización de las mujeres por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo, algunas de las cuales han sido sujetas a encarcelamiento en varios estados de la República y alrededor de 700 más, que se han amparado.
Responsabilizamos a la Iglesia católica, al PAN, al PRI y demás aliados parlamentarios de fomentar el aborto clandestino y propiciar la muerte de mujeres, en su mayoría pobres, quienes seguirán recurriendo a interrumpir un embarazo no deseado en condiciones insalubres.
Consideramos que la lucha por despenalizar el aborto no sólo aboga por la atención de un problema de salud publica, también defiende el derecho de las mujeres a decidir de manera libre y autónoma sobre sus cuerpos y sus vidas para ejercer así plenamente su ciudadanía.
Para ejercer el poder sobre los demás, es necesario quitarles su autonomía, su poder de decisión. A las mujeres, históricamente se nos ha quitado ese poder, esa autonomía, dándonos incluso órdenes sobre el uso de nuestros propios cuerpos.
La autonomía implica asumir la propiedad de nosotras mismas, la propiedad absoluta de nuestros cuerpos, de decidir qué deseamos a partir de ser sujetas y mujeres íntegras. No somos objetos sexuales al servicio de otros, sino sujetas con cuerpos sexuados que exigimos todos nuestros derechos.
La autonomía de las mujeres implica una pérdida de control por parte de otros (léase instituciones y hombres en particular) sobre las mujeres concretas. La pérdida de los beneficios que trae ese control, conlleva la pérdida de privilegios y promueve el uso y abuso del trabajo de las mujeres. La autonomía no sólo implica que las mujeres tengamos poder para decidir, significa también fuerza individual y colectiva, no sólo en el discurso o en la ley, sino en la práctica.
El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, como derechos humanos, ha sido producto de una larga lucha de organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres de todo el mundo.
En la actual ofensiva conservadora en contra de nuestros derechos, consideramos de vital importancia la defensa del Estado laico, ya que la laicidad permite que las mujeres ejerzamos nuestra ciudadanía plenamente, permite la libertad de conciencia y de pensamiento de todas las personas, incluidas las minorías. Esto significa, que son las y los ciudadanos los responsables de sus decisiones y actos con base en sus creencias y valores personales, que pueden ser religiosas o no.
El derecho de las personas a decidir el número de hijos/as y su espaciamiento, como lo especifica el artículo 4° Constitucional, es una conquista social, y es una obligación del Estado garantizar su cumplimiento. El derecho a decidir cuándo y cuántos hijos/as se desea tener es una decisión privada, íntima, que ni el Estado ni la Iglesia católica pueden imponer, ni condenar, sino sólo respetar.
Es conocida la histórica e intolerante posición de la Iglesia católica en contra de la sexualidad humana placentera y su sistemática oposición al uso de anticonceptivos, del condón, del libre ejercicio de la sexualidad y de las relaciones sexuales sin fines de reproducción.
Afortunadamente, gran parte de la población mexicana y que profesa la religión católica, contradice en la práctica los dogmas que la Iglesia trata de imponer en su vida íntima; la sociedad moderna tolera más la diversidad sexual, así como el uso de anticonceptivos y la búsqueda de relaciones sexuales placenteras.
Los derechos sexuales y reproductivos obedecen a principios de libertad, de democracia, autonomía e igualdad, y deben ser protegidos por el Estado laico. Los derechos humanos no obedecen a leyes “divinas”. Somos las mujeres y los hombres de este país, quiénes debemos proponerlos, defenderlos, respetarlos, ejercerlos y presionar al Estado para que los proteja y vigile su cumplimiento.
Es indudable que el Partido Acción Nacional y sus respectivos presidentes de la República abrieron las instituciones a una visión conservadora-religiosa y están permitiendo la injerencia de los jerarcas eclesiales en la elaboración de las políticas públicas demográficas, sexuales, de género y familia.
Es lamentable e indignante que algunos partidos políticos y funcionarios públicos, incluidos algunos de izquierda, buscan su legitimidad haciendo concesiones con las autoridades religiosas, anteponiendo sus creencias personales al interés público, es decir, el de toda la ciudadanía. Pero tampoco es nuevo. Es conocido que en 1988 Carlos Salinas de Gortari pactó con la jerarquía católica la Reforma Constitucional, consumada en 1992, permitiendo el retorno de las iglesias al espacio público, a cambio del apoyo a los polémicos resultados de las elecciones presidenciales, con lo cual el Estado pierde autonomía e independencia con respecto al clero.
Nos parece injusto e indignante que las mujeres tengamos que pagar, a costa de nuestro derecho a decidir, las pugnas entre los partidos con miras a las próximas elecciones presidenciales en el 2012. Está claro que esta alianza PRI-PAN tiene como un objetivo importante recuperar el Distrito Federal, único espacio geográfico donde aún está permitida la interrupción legal del embarazo.
Los movimientos feministas y amplios de mujeres estamos ante un reto muy grande: parar la ofensiva conservadora que se está dando en el ámbito nacional en contra de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Reconocemos los diversos esfuerzos que han realizado las organizaciones feministas y protagonistas en todo el país para frenar las reformas misóginas en los estados. Sin embargo, consideramos que las mujeres necesitamos empoderarnos individual y colectivamente para realmente ejercer y defender nuestros derechos. De poco sirve la mejor ley si las mujeres no consideran que es un derecho cobijarse en ella. Mucho menos se podrá poner fin a la ofensiva de la derecha sin la participación decidida de un gran número de mujeres.
El proceso de empoderamiento de las mujeres pasa por sus propias vivencias, por encontrar fuerzas y retroalimentación en las de al lado, por identificarse como semejantes y encontrar intereses comunes en un contexto de condiciones compartidas. Para la gran mayoría, esto implica necesariamente entrar en procesos organizativos colectivos que ofrecen, por un lado, la posibilidad de crear la fuerza política necesaria para frenar la ofensiva y, por otro, la oportunidad de la transformación individual, personal, a través de nuevas, inesperadas experiencias de vida y mayor autoestima y confianza que trae fraguarlas.
Las estrategias de presión política siempre serán mucho más efectivas si se cuenta con fuerza social, con un movimiento masivo organizado y pro-activo de mujeres conscientes de sus derechos reproductivos. Estas estrategias se llevarían a cabo con la plena participación de y con referencia a las aspiraciones conscientes de las mujeres mismas.
Consideramos fundamental unir nuestras fuerzas como mujeres conscientes de nuestros derechos y actuar como movimiento amplio y organizado, impulsando diversas estrategias.
Las Feministas Socialistas hacemos un llamamienrto para actuar todas juntas por la defensa de la autonomía y la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida.
Consideramos la reproducción un derecho personal y rechazamos la imposición del Estado y su intento de convertir en delito un derecho básico de las mujeres.
Denunciamos el silencio cómplice del Congreso de la Unión y las instituciones de salud pública ante esta violación flagrante a la Constitución y al cuerpo de las mujeres.
Las Feministas Socialistas exigen la libertad de las mujeres que se encuentran presas por interrumpir un embarazo no deseado. ¡Ni una mujer presa más por abortar!, detener el avance de la criminalización del aborto, alto a la injerencia de la jerarquía católica en las leyes y las políticas públicas y la preservación del Estado laico y en definitiva la despenalización del aborto en todo el país.
Firmado: * Ruth Betancourt, Ingrid Elisheva Camarena, Josefina Chávez, Heather Dashner Monk, Fanny D’Argence, Leticia García, Muriel García, Isabel González, Frida Hartz, Karen Apud Hernández, Naomi Yoko Hernández, Ana Ma. Hernández López, Patricia Illescas, Sara Lovera López, Ángeles Márquez, Georgina Martínez Antúnez, Alicia Mendoza, Melisa Morán Esteva, Martha Nava, Aimé Jezabel Pérez G., Paula Regueiro Noriega, Milisa Villaescusa V., y Gabriela Zanabria
