Incumplida, petición de la CIDH sobre violaciones y torturas a mujeres en Atenco

Víctor Ballinas/ La Jornada

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, informó ayer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno federal "un informe sobre los casos de las mujeres detenidas en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, quienes fueron violadas y torturadas por policías".

La CIDH presentó la petición el 10 de diciembre pasado, "y dio un plazo de dos meses para su cumplimiento, que venció el 26 de febrero de este año, pero como el gobierno federal no pudo responder oportunamente pidió una prórroga, que le fue concedida por un mes más, aunque también ya venció y el Estado no entregó el informe solicitado. Con ello demuestra el desdén por los derechos humanos y su incumplimiento a los tratados y acuerdos internacionales".

Arriaga sostuvo que han pasado cuatro años desde que ocurrió la represión policiaca en Texcoco y San Salvador Atenco, donde al menos 26 mujeres fueron violadas, torturadas, detenidas arbitraria e ilegalmente, y el Estado mexicano "se ha mostrado ineficiente para procesar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos".

En conferencia de prensa, y acompañado por el director de Amnistía Internacional (AI) en México, Alberto Herrera; Claudia Hernández, una de las 26 mujeres violadas que exigen justicia y castigo para los responsables, y Jaqueline Sáenz, del área jurídica del Centro Prodh, Arriaga dijo: "Hemos demandado ante la CIDH que declare que el Estado mexicano es responsable de las graves violaciones de derechos humanos: privación ilegal de la libertad, tortura, falta de acceso a la justicia y discriminación, entre otras".

Recordó que la incursión de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales "dejó un saldo de graves abusos en contra de la población civil. Los policías emplearon excesiva y brutalmente la fuerza pública mediante actos diversos, como tortura sexual en agravio de las mujeres que oportunamente denunciaron".

Claudia Hernández señaló que “en Atenco fuimos detenidas 240 personas y hubo dos asesinatos: los casos de Javier Cortés y Alexis Benhumea, sin que se hayan esclarecido y no hay sanciones para los responsables; 26 mujeres fuimos violadas y aún hay 12 presos políticos con sentencias aberrantes hasta de 112 años. Cuando nos detuvieron, en los camiones en los que nos trasladaban de Atenco a los penales, cerca de Toluca, nos violaron. Al llegar al Ministerio Público nos obligaron a firmar papeles en blanco y nos dijeron que nos acusaban de secuestro, de ataques a las vías de comunicación, entre otras cosas.

“Los responsables de esos operativos policiacos son: Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México; el ex secretario de Seguridad Pública Eduardo Medina Mora y Wilfrido Robledo”, concluyó.

Por su parte, Jaqueline Sáenz dio a conocer que el 17 de marzo de este año la embajada de México en Francia, a petición de funcionarios del gobierno de ese país, entregó un informe sobre los hechos en Atenco, en el que dice que "el 3 de mayo de 2006 varios floricultores fueron desalojados por la policía porque se instalaron sin permiso. Un grupo de pobladores de San Salvador Atenco, conocidos como los macheteros, bloqueron la carretera; la policía los desalojó y en el enfrentamiento resultaron varios policías secuestrados".

Ésas y otras "calumnias tiene el informe" dijo la encargada del área jurídica del Prodh.

México, evidenciado ante Naciones Unidas por impunidad en Atenco

Por Lourdes Godínez Leal

Las violaciones sexuales cometidas contra las mujeres de San Salvador Atenco, Estado de México, y la impunidad en torno a ellas continúa evidenciándose en el plano internacional, esta vez en la sesión interactiva del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CoDH), donde organismos defensores de derechos humanos acusaron a las autoridades mexicanas de ser omisas para la impartición de justicia.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) informó en un comunicado que su directora del Área de Relaciones Internacionales, Madeleine Penman, leyó este día un pronunciamiento durante las sesiones interactivas del Consejo de la ONU, específicamente ante la Relatora Especial contra la violencia contra la Mujer, Yakin Ertürk.

En el pronunciamiento, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Foro Asia-Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo (APWLD por sus siglas en inglés) conjuntamente con el Prodh, hicieron un llamado a la justicia por el caso Atenco, al que calificaron como un caso paradigmático “que evidencia cómo en México se usa la tortura sexual como herramienta de represión para las mujeres”.

Acusaron a las autoridades mexicanas de no haber hecho ninguna consignación por los abusos sexuales y violaciones cometidos por elementos policíacos de San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, contra 26 de las 47 mujeres que fueron detenidas durante los operativos policíacos para desalojar al campesinado que comerciaba flores en la localidad.

Asimismo, que a tres años de los hechos y de haber denunciado ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra), ésta tampoco ha actuado conforme a sus funciones, pese a contar con elementos suficientes para consignar a los presuntos responsables de estos abusos.

Tampoco, dijo la responsable de las cuestiones internacionales del Prodh, se han acatado las recomendaciones hechas sobre el caso por el Comité contra la Tortura (CAT) y el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Cabe recordar que la primera recomendación internacional hecha al Gobierno mexicano fue a cinco meses de realizados los operativos, en octubre de 2006, por el CAT, quien reconoció a través del Protocolo de Estambul, la existencia de tortura señalando al Estado mexicano como responsable de ejercerla, por lo que consideró que era su “obligación” reparar el daño en todos los niveles de las víctimas y sus familias.

El mismo delito de tortura fue reconocido también en los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), en junio de 2006, donde señalaban la existencia de ésta durante los operativos para desalojar a los floristas mexiquenses.

Otros organismos internacionales de derechos humanos y el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Amnistía Internacional (AI), la ONU, han pedido en reiteradas ocasiones al Estado mexicano castigo para los responsables y justicia para las mujeres.

Asimismo, las expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reunidas en agosto de 2006, exigieron al Gobierno mexicano otorgar a la entonces Fevim, presidida por la ex fiscal Alicia Elena Pérez Duarte, la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco.

No obstante, tres años después, la Fevim desapareció, su titular renunció y la ahora responsable de Fevimtra, Guadalupe Morfín Otero, ex comisionada de la Comisión especial encargada de investigar el feminicidio en Ciudad Juárez, ha evadido reunirse con las mujeres, argumentando que tiene que hacer una nueva revisión del caso.

Por ello, recordó Penman ante el Consejo de la ONU, el Prodh asumió la defensa legal de 11 mujeres que en abril de 2008 presentaron su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea admitida y así obtener justicia.

Reiteraron ante el pleno del Consejo que, a más de tres años de ocurridos los hechos, la justicia permanece ausente para las mujeres violadas por policías, ya que de los 20 procesados sólo algunos fueron acusados por delitos menores como abuso de autoridad y actos libidinosos, por lo que no purgaron condenas en la cárcel al obtener su libertad bajo caución mientras que quienes ordenaron el operativo permanecen en la impunidad.

Ante este panorama, hicieron un llamado a la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, para que visite próximamente nuestro país y conozca de primera mano los hechos.

MÉXICO: Mujeres de Atenco, tortura sexual e impunidad

Por: Sanjuana Martinez / Kaos en la Red

Hace tres años, el Estado mexicano detuvo a 47 mujeres en Atenco. Fueron violadas, agredidas, amenazadas y torturadas. El principal responsable se llama Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y aspirante a la Presidencia, que goza de absoluta impunidad para seguir, por ejemplo, reivindicando los hechos. Nieto es uno de los eslabones de una larguísima cadena de impunidad, que ahorca a los ciudadanos. Mientras tanto, las mujeres de Atenco continúan resistiendo y nos ofrecen una invaluable lección de entereza y compromiso social.

El Estado mexicano violó sus garantías individuales. Fueron agredidas con golpes en todo el cuerpo, despojadas de su ropa, violentadas sexualmente, mordidas, pellizcadas… les cubrieron el rostro, les introdujeron dedos y objetos anal y vaginalmente, las violaron, las humillaron, las insultaron, las amenazaron de muerte y finalmente se les negó la asistencia ginecológica para que no pudieran demostrar la tortura sexual…

Ese fue el calvario por el que pasaron 47 mujeres detenidas en Atenco hace tres años; de las cuales, solo 11 han decidido continuar con las denuncias contra los policías de los tres niveles que ejecutaron la tortura sexual buscando aniquilarlas como mujeres y como colectivo.

La tortura sexual en Atenco tiene nombre de hombre: se llama Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y actual aspirante a la presidencia del país, por el Partido Revolucionario Institucional. Fue quien ordenó la represión contra campesinos y floristas, violando todas las leyes que garantizan el respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales que el gobierno de México ha ido firmado de manera hipócrita, pero no respeta.

A Peña Nieto no le tembló la mano a la hora de administrar violencia, pero los hechos de Atenco constituyen un crimen de Estado que no prescribe y le perseguirá mientras viva. Orgulloso de su delito, el hombre conocido como “el gavioto” se atreve a declarar que Atenco, “más que un error, fue un acierto” porque él mismo fue capaz de restablecer el orden. Y que si “volviera a suceder, lo volvería a hacer”.

Sabiendo que goza de una patente de corzo, avalada por la Tremenda Corte de Justicia que continua en su camino institucional de impartir impunidad, Peña Nieto ahora nos sorprende lanzando una campaña nacional para “dignificar” a Mujeres destacadas.

El funcionario capaz de administrar la peor tortura sexual de la historia reciente del país se disfraza de hombre respetuoso de las mujeres, de la mano de Lucero, aquella cantante que utilizando el uso de la fuerza de sus escoltas armados, arremetió contra los periodistas que cubrían su espectáculo. Dios los cría y ellos se juntan. Por lo menos ambos tienen algo en común: el gusto por la violencia.

Peña Nieto no está solo en la lista de represores, también lo acompañan Eduardo Medina Mora, procurador de México, y ex secretario de Seguridad Pública Federal; Wilfrido Robledo Madrid, ex comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública, y el ex procurador del Estado de México, Abel Villicaña Estrada. Todos tienen el común denominador de ser funcionarios por encima de la ley. Ninguno está sometido al escrutinio de la Constitución. Son los impunes de Atenco.

Impunes, porque en Atenco participaron a sus órdenes 3 mil elementos de seguridad que cometieron cientos de violaciones a los derechos humanos. De estos policías que denigran su propio uniforme y corporación, solo 20 han sido procesados. Por supuesto, todos han acudido a su cita con la justicia gozando de libertad, debidamente amparados y apoyados por sus superiores.

La represión en Atenco fue un escándalo internacional, documentado por organismos de derechos humanos independientes y el Estado mexicano no ha encarcelado a ningún responsable. Los policías pueden argumentar “obediencia debida” a sus superiores, pero los superiores actuaron con el respaldo del presidente Vicente Fox y ahora --en perpetuar la impunidad-- con el de Felipe Calderón. La cadena de mando está clara.

De los 20 policías procesados. Ninguno pisó la cárcel, solo el violador Doroteo Blas Marcelo fue condenado por “actos libidinosos”. Su víctima, Ana María Velasco Rodríguez, obligada a practicarle sexo oral, pudo reconocerlo gracias a que el torturador cuando terminó, le estiró de los cabellos y le dijo mirándole a la cara: “Ahora te lo vas a tragar, perra!... El juez Tomás Santana Malvaez lo condenó con una multa de solo mil 877 pesos y lo absolvió del pago de la reparación a la víctima.

Esa ha sido la constante en el “caso Atenco”: el aparato de impartición de justicia al servicio de la protección del Estado y no de sus ciudadanos. Mientras los magistrados sigan recibiendo un sueldo que funciona como un cohecho entregado por el Ejecutivo de casi de un millón de pesos mensuales, jamás serán independientes.

Por eso nos preguntamos: ¿Será capaz el Estado democrático mexicano de autoinculparse? Jamás. No existen los instrumentos, ni los protocolos jurídicos, mucho menos la voluntad política de hacer justicia a las mujeres víctimas de la tortura sexual en Atenco.

En México la tortura del Estado no es un delito, es una constante sin castigo. Y lamentablemente el gobierno utiliza a otra mujer para perpetuar la impunidad: Guadalupe Morfín, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos Violentos contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra), quien no ha sido capaz ni siquiera de atraer el caso que anómalamente se lleva a cabo en el Estado de México, para garantizar la imparcialidad necesaria.

Al contrario, ha sido la Fevimtra la que ha obstaculizado la búsqueda de la justicia de las víctimas y las ha revictimizado aplicándoles estrictos métodos para comprobar la tortura, sin respetar el Protocolo de Estambul.

Las mujeres de Atenco, mientras tanto, resisten y nos ofrecen una invaluable lección de entereza y compromiso social.

*Sanjuana Martínez es periodista de investigación freelance, autora de varios libros, el más reciente: “Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical” (Editorial Planeta).