En 1997, las y los habitantes del entonces Distrito Federal logramos
la culminación de un largo proceso democrático a través del cual, entre
otras cosas, conquistamos el derecho a elegir a nuestras o nuestros
propios gobernantes a través del voto libre y secreto.
A partir de entonces, se aceleraron nuestras conquistas, por ejemplo,
fue el Distrito Federal el primero en contar con una red de Unidades
para atender la Violencia Familiar; la Ley Robles, que posibilitó cinco
causales para el aborto y más adelante, hace nueve años, la
despenalización de las mujeres y adolescentes que deciden abortar a
través de la interrupción legal del embarazo.
También tenemos la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en
el Distrito Federal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia en el Distrito Federal, entre otras que marcan, sin duda,
un antecedente histórico de la lucha feminista.
Nadie nos ha regalado nada, lo hemos tenido que pelear palmo a palmo y
en lugar de dotar los derechos sociales, económicos y culturales de
mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, se ha implementado una
serie de políticas populistas que no corrigen las causas estructurales,
ni la falta de oportunidades, ni la pobreza que padece el 60 por ciento
de la población de esta ciudad.
En los últimos años, las mujeres y las niñas hemos visto cada vez más
limitados nuestros derechos debido a un terrible contexto de
inseguridad nunca antes visto en esta ciudad, donde el crimen organizado
ha podido penetrar a sus anchas con la permisiva protección de
autoridades corruptas.
Más de 6 mil 500 mujeres han desaparecido en los últimos años en la
Ciudad de México, según arrojaron las respuestas a solicitudes de
información ingresadas a la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF), según informó el Observatorio contra la Trata
de Personas con fines de Explotación Sexual y el Centro Antonio
Montesinos (CAM). Casi mil por año.
No sabemos en dónde están estas mujeres y niñas, no sabemos si fueron
víctimas de trata o de cualquiera de las formas de explotación,
esclavitud o servidumbre; si fueron víctimas de feminicidio; si alguien
las busca o si fueron enviadas a una fosa común.
CAPEA y la PGJDF son puntos neurálgicos donde no se respetan los derechos de las mujeres, ni se actúa con la debida diligencia.
Esta situación se agravará con la implementación del nuevo sistema
penal adversarial y oral, que resulta un parche del sistema penal del
“common law” y más garantista de los derechos de los acusados que el
anterior, a pesar de que nos argumenten que equilibra los derechos de
los procesados y de las víctimas.
Ni jueces, ni ministerios públicos, ni policías están capacitados para implementar este modelo de justicia penal.
Con la reciente publicación del decreto que convierte al DF en Ciudad
de México da inicio el proceso de conformación de la Asamblea
Constituyente que culminará con el texto definitivo de la Constitución
local. Para ello, las y los capitalinos acudiremos a las urnas el
próximo 5 junio para elegir a 60 de 100 diputadas y diputados, que
tendrán la encomienda de aprobar dicha Constitución.
El proceso que se ha determinado para esta elección vulnera la
soberanía popular, limita nuestra participación en el proceso rumbo a la
elección de únicamente el 60 por ciento de las personas que integrarán
la Asamblea Constituyente, negándonos además el derecho como pueblo de
aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución.
La conquista de los Derechos Humanos (DH) de la población femenina y
el avance hacia la igualdad sustantiva es una lucha histórica de las
mujeres. La primera Constitución de la Ciudad de México debe garantizar
los DH plenos de las mujeres, derechos conquistados y que no pueden ser
excluidos de la letra y el espíritu constitucional.
Por todo lo anterior, el pasado 19 de enero participamos en el Primer
Encuentro de Mujeres CDMX rumbo a la Constituyente: Por una
Constitución democrática, popular, ciudadana y feminista, que reunió a
más de 820 mujeres y 420 ponencias de jóvenes, indígenas, adultas
mayores, empresarias, trans y activistas en general.
A partir de este encuentro habremos de generar procesos
organizativos, informativos y en determinado caso de movilización, para
exigir que tanto el grupo como la Asamblea Constituyente hagan caso del
principio de progresividad en el derecho, la diversidad en los
diferentes espacios, la paridad, la despatriarcalización y la igualdad
sustantiva.
Desde la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y El Caribe nos declaramos a favor de una Constitución
democrática, popular, ciudadana y feminista.
No permitiremos que se limite nuestra participación en el proceso
constituyente porque somos parte de la conquista por la igualdad de
género en la Ciudad de México, y exigimos el derecho de aprobar o
rechazar la nueva Constitución, porque hoy más que nunca se encuentran
vivas las letras de nuestro artículo 39 constitucional que señala
claramente:
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho
de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Exigimos la conformación paritaria de la Constituyente porque es la
única garantía de que no se dará marcha atrás en los derechos de las
mujeres ya conquistados.
Es una lucha histórica en la que muchas de nosotras hemos dejado gran
parte de nuestra vida, y eso no puede quedar excluido de la nueva
Constitución, que debe reflejar todo lo que somos y lo que aspiramos a
ser como humanas y ciudadanas libres de violencia, tal como lo
garantizan las leyes nacionales y los tratados internacionales en la
materia.
Por una Constitución democrática, popular, ciudadana y feminista. ¡Que vivan las mujeres y las niñas de la Ciudad de México!
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