Cuando la violencia golpea un cuerpo de mujer

Por Marianny Sánchez/ AVN.-

El pasado fin de semana fueron dos, dos al menos que ocuparon un lugar en la prensa. El feminicidio, o asesinato de las mujeres por su condición de mujer suele ser, al representar la máxima expresión de la violencia de género, el hecho violento que atrae la atención de los medios y trastoca, aunque sea brevemente, la sensibilidad de quienes se enteran de esta realidad que no es aislada, que es un problema de salud pública.

Fue en Caucaguita, el sábado 23 de marzo, cuando Yesenia Simanca, de 36 años y su hermana Scarlet Acevedo, de 18, perdieron la vida en manos del ex marido de la primera. De acuerdo a versiones de testigos apostados en el lugar del suceso, la otrora pareja de Yesenia le disparó varias veces hasta ocasionarle la muerte, un proyectil alcanzó a su hermana y otro impactó en el vientre a Irina López, de 22 años, un vientre que albergaba un embarazo de tres meses.

La imagen golpea con dureza, pero si bien la agresión hecha golpe, hecha bala, hecha muerte atrae – muy necesariamente – el interés tanto de medios como de los entres encargados de diseñar y aplicar políticas públicas, hay otras múltiples formas de violencia, solapadas, naturalizadas que atraviesan la existencia de las mujeres diariamente y que abonan el terreno para que la violencia machista alcance su punto máximo.

“Eso es problema de marido y mujer, mejor no me meto”, “allí están de nuevo peleando y ella no lo deja, debe ser que le gusta“; frases como estas se escuchan frecuentemente no sólo de la boca de hombres, la mayor parte del tiempo son pronunciadas por las mismas congéneres. Y es que la violencia mal llamada “doméstica” en este caso, sigue pensándose como un flagelo perteneciente a la esfera de lo “privado”.

Esta realidad no es aislada, que es un problema de salud pública
Para 2011 la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que durante ese año el Ministerio Público había recibido 95.877 denuncias de violencia de género, de las cuales habían sido atendidas el 60%. La cifra representaba un incremento de 42% en relación al balance final de 2010. Ante la problemática, la fiscal general enfatizó la necesidad de que la violencia de género se convierta en un “problema de Estado”.

No lo consideraba así K. (cuyo nombre completo no se revelará por petición propia) hasta que fue su cuerpo el sustrato donde se materializó la violencia. Un embarazo no planificado la sorprendió a los 22 años, cuando estaba ya segura de que la relación que había mantenido los últimos 3 años con su pareja debía terminar. Sutiles demostraciones de violencia como insultos, frases que menospreciaban sus capacidades, ligeros empujones y vejaciones verbales se habían vuelto moneda corriente.

“Yo de verdad me sentía como un trapo, me decía (su ex pareja) cosas horribles y era muy inteligente para hacerme creer que me las decía porque me quería o porque yo me las merecía. Salí embarazada, quise abortar, pero no lo hice. Mis papás me dijeron que asumiera mi responsabilidad y le diera una familia a mi hijo, me mudé con él, a su casa, con sus papás, lo intenté, de verdad que lo intenté, pero los problemas no paraban. Una noche, tenía yo ya siete meses de embarazo, discutimos porque yo sospechaba que estaba saliendo con alguien más, le reclamé y me haló del cabello en la puerta de su edificio, me dio una cachetada y me rompió la boca, me dijo que no lo volviera a molestar jamás con ese tema y me tiró al suelo. El vigilante lo vio todo, pero no movió ni un dedo”, relata seis años después de aquel suceso.

K. permaneció en la casa, sin muchas opciones para salir de allí. Llamó a una prima, llorando. “Me rompió la boca, me la rompió”, decía. Su prima le dijo, sin rechistar que tenían que denunciarlo, que ella misma hablaría con sus papás para que la sacaran de aquella casa. “Por favor, prima, no le digas nada a mis papás, me da pena, no les digas, yo voy a salir de aquí”.

Pero no salió, no lo hizo sino hasta un año después, cuando la convivencia se hizo insoportable. Los insultos ya eran frente al bebé, el desprecio más abrasivo, ahora con la añadidura de comentarios despectivos acerca de su cuerpo tras el parto. Volvió a casa de sus padres – abogados – que durante un tiempo justificaron la violencia que intuían. “Es cosa de ellos”, decían.

Sabe ahora que soportó quizá demasiado. Lo que visto desde afuera puede criticarse ligeramente, para ella fue difícil de comprender: se sentía en parte merecedora de la violencia, en parte haciendo el sacrificio necesario para “darle un padre a mi hijo”.

“Ahora entiendo que nada de eso vale la pena, que para criar a un hijo una debe estar bien, segura, fuerte, con una persona que te maltrata todas las semanas eso es imposible, además, es el peor ejemplo que le podía dar a D. (su niño de 5 años), porque iba a crecer siendo un hombre agresivo, que no respeta a las mujeres, maltratador. Sólo con la ayuda de mi prima, y unas amigas me di cuenta que yo debía salir de ahí”, cuenta K. para finalizar el relato de una mujer anónima, como muchas, cuyas historias permanecen ajenas a los medios. Historias de violencia, sí, pero también de empoderamiento. K. No se asume víctima, no llora, el tiempo ha hecho costra y la vida que se ha labrado también, es ahora una profesional universitaria, coordinadora en una empresa pública. D. tiene cinco años ya y D. es un curioso estudiante de preescolar.

Violencia simbólica, el caldo de cultivo invisible

De acuerdo a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia – instrumento legal sancionado por el Estado venezolano en 2007 para combatir el flagelo de la violencia que experimentan las féminas por razón de su género – son 19 los tipos de agresiones que deben ser tanto prevenidos como sancionados en caso de su incumplimiento.

La violencia simbólica, según lo consagrado en este marco legal, obedece a las representaciones, íconos, mensajes y valores que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.

Precisamente sobre este tipo de violencia vuelca la mirada la psicóloga social, socióloga y coordinadora de investigación en el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM – UCV), Jessie Blanco, para ubicar el núcleo de las otras manifestaciones violentas, exacerbadas con la agresión física que puede conducir a la muerte.

¿Qué es lo que hace posible la materialización de la violencia en violencia física directa? se pregunta la especialista ¿No será que debemos pensar en un tipo de violencia más complejo y sutil?, plantea en su artículo titulado Rostros visibles de la violencia invisible, publicado en 2009 en la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer.

Para Blanco, la cultura es el mejor sujeto enunciar de violencia – la misma cultura que afirma que la violencia contra la mujer es “problema ajeno”, “cosa de parejas”. La violencia simbólica, continúa la psicóloga, sostiene su función ideológica de dominación en tanto no halla materialidad alguna ni en su desarrollo ni en su invisibilidad.

“Es esa violencia más sutil y perversa que se sostiene en el lenguaje y en las representaciones culturales que, al naturalizarse e invisibilizarse, dan garantía de éxito en tanto no se cuestiona lo que no se puede ver. Es la imposibilidad misma de ser identificada la que sostiene su poder simbólico. En palabras de Inés Alberdi y Natalia Mata, en el informe sobre los malos tratos de las mujeres en España: la violencia simbólica es la que asegura la dominación y la que justifica y legitima la violencia estructural y la violencia directa”, sostiene Blanco en su análisis.

Ejemplo de esa violencia simbólica naturalizadora de las conductas sexistas es la cobertura que de los feminicidios se hace en la prensa nacional, abordados casi en su totalidad como”crímenes pasionales”. Tildar de “pasional” el arrogamiento de ciertos hombres para poner coto a la vida de sus compañeras soslaya el sesgo de género inherente a estos sucesos. A finales de 2012 el colectivo de mujeres En Jaque – perteneciente al conglomerado de movimientos La Araña Feminista – denunció el tratamiento periodístico de los 12 asesinatos de mujeres (registrados) que empañaron el pasado año, al considerar que sólo ayudaban a mostrar como parte de la violencia social el hecho de que un grupo de mujeres hubiese perdido la vida en manos de hombres, generalmente ex parejas.

De allí que, como afirma Jessie Blanco, la violencia de género se nos presenta como un fenómeno complejo, de urgente abordaje, pues “supone la articulación de toda una serie de violencias que irían desde una violencia simbólica que construye culturalmente los cuerpos tensionándolos, hasta esa violencia física que amenaza a las mujeres por el mismo hecho de serlo”.

Cuerpos (y vidas) que no se tocan, no se violan, no se matan

Cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional Contra la Violencia de Género. Quienes toman las calles esa fecha – no sólo para honrar la memoria de las tantas desaparecidas a causa de la violencia machista, como las mujeres de Ciudad Juárez (México), objetos de la trata, la violación y el asesinato – encuentran una consigna común tanto en carteles como en franelas: “¡Mi cuerpo es mío, ni se toca, ni se viola, ni se mata!”.

Al corriente del malestar subyacente en este grito de lucha, el Estado venezolano, firmante de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) y asumido como feminista a partir del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías no sólo creó el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), ente avocado a la defensa integral y empoderamiento de la mujer, también promulgó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instrumento legal encaminado al mismo fin.

Se trataba de medidas necesarias para saldar una deuda histórica de las administraciones pasadas para con los derechos de las mujeres. La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Yolanda Jaimes Guerrero comenta que para 2009 cerca de 97% de los casos de justicia de paz estaban vinculados a la violencia contra la mujer en el seno de la familia.

El Ministerio Público (MP) también ha contribuido con esta causa al crear Fiscalías especializadas en justicia de género. Existen actualmente 56 fiscalías en todo el país, de las cuales 20 corresponden al Área Metropolitana de Caracas.

No obstante de lo logrado, falta mucho por hacer, como admite la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Nancy Pérez. “Estamos debatiendo las medidas de protección con las que trabajamos actualmente, porque no son las mujeres agredidas las que deberían salir de su hogar, sino los agresores, de modo que la mujeres sea protegida por el Estado dentro de su propio ámbito”, informó.

“Son 19 los tipos de agresiones que deben ser tanto prevenidos como sancionados en caso de su incumplimiento”
Mientras se da la discusión, el despacho presidido por Pérez administra cinco casas de abrigo a las cuales son trasladadas las mujeres cuya integridad corra riesgo por vivir en contextos de violencia. Allí reciben atención psicológica y jurídica para obtener órdenes de alejamiento de sus agresores. Estos entornos protegidos son destinados también a los hijos de las mujeres trasladadas, que se reinsertan en la educación formal, así como sus madres se vinculan a proyectos socioproductivos. Posteriormente el Estado se encarga de la reubicación habitacional o del otorgamiento de una nueva vivienda – lejos del agresor – cuando es esto posible.

Para formalizar las denuncias por agresiones y la necesidad de salir del entorno en el que se dan, el Inamujer pone a disposición la línea gratuita 0-800MUJERES, activa los 365 días del año, las 24 horas del día. El Instituto cuenta con ocho casas de abrigo en todo el país, que prestan un servicio similar al de los centros administrados por el Ministerio.

Para asesoría psicológica y jurídica de las mujeres que han estado o están padeciendo situaciones violentas, el Centro de Estudios de la Mujer presta ambos servicios de forma gratuita, con previa cita. Para agendar la asesoría se debe llamar a los números 212-334.5456 y 212-693.3286

La sede principal de Atención a la Víctima del MP está ubicada en la Avenida Urdaneta, esquina de Ánimas. Para mayor información o para denunciar alguna agresión está disponible la línea telefónica 212-562-5737.

Todas estas herramientas de orden legal, formal, han demostrado ser tan necesarias como insuficientes, tocaría analizar en profundidad el núcleo de esta agresión, por no decir que queda pendiente la sensibilización de la sociedad toda para desnaturalizar este flagelo. Las mujeres, principales afectadas, llevan la punta de lanza en la lucha, le pone el cuerpo, la voz, necesario es ahora que todos, no sólo el Estado, se sume a la lucha y al padecimiento que nace cuando la violencia golpea esos cuerpos, cuerpos de mujer.