“Argentina está obligada por los tratados internacionales a despenalizar el aborto”

COMUNICAR IGUALDAD- En el día de ayer se reunieron en el Parlamento representantes de organizaciones de la sociedad civil – Amnistía Internacional (AI), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) e integrantes de la Campaña por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito- junto a un grupo de legisladoras y legisladores que representaban de todos los partidos políticos: Victoria Donda (Libres del Sur), Claudio Lozano, Liliana Parada (Unidad Popular), Laura Alonso (PRO), Araceli Ferreyra (Frente para la Victoria), Manuel Garrido (Unión Cívica Radical), y Virginia Linares (GEN). El objetivo del encuentro fue pedirles a quienes nos representan en el Parlamento que activen el tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El proyecto fue presentado una vez más en el Parlamento Nacional en marzo del 2012, y si bien cuenta con el apoyo de casi 60 legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos, en lo que va del año aún no fue abordado por las comisiones parlamentarias.

“El Estado argentino tiene la obligación de despenalizar el aborto por completo. Esto no es una opinión personal: es una obligación que asumió el Estado al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos –afirmó la especialista en derechos sexuales y reproductivos Marianne Mollman, integrante del cuerpo directivo de Amnistía Internacional e invitada especialmente al país para esta reunión-. Ahora, mientras se mantiene una situación de penalización generalizada, está claro que las mujeres y niñas violadas no van a tener mucho acceso sin lineamentos claros que indiquen al médico que no es necesaria una autorización judicial para proveer un servicio médico legal”.

El compromiso asumido por las y los legisladores incluye la realización de al menos un encuentro antes de fin de año para abordar el proyecto. Puede tratarse de un encuentro informal de debate parlamentario ampliado o de una audiencia pública convocada por la Comisión de Legislación penal, cabecera en el proyecto. La aspiración de las organizaciones es que se realice una audiencia pública, para la cual eventualmente Mollman podría volver al país como hizo en el 2010 durante el tratamiento del mismo proyecto en su etapa anterior. Sin embargo el presidente de la Comisión de Legislación Penal, el kirchnerista Oscar Albrieu, manifestó a COMUNICAR IGUALDAD que es difícil que esto pueda concretarse: “Nuestra prioridad en la comisión es sacar la Ley de Femicidio. Luego nos quedan aborto y trata, que son dos temas complicados. Por lo que venimos hablando con Agustín Rossi, no sería muy probable que se haga una audiencia pública sobre aborto este año”.

“Nuestro pedido como organizaciones es que el Parlamento debate el tema, que no decaiga –señala Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina-. Si es en el marco de la Comisión de Legislación Penal mucho mejor, porque se logra otro impacto, pero si es en un ámbito informal también lo valoramos.”