Fuente: Panorama
Mujeres de Zulia, Lara, Vargas, Miranda, Caracas y Portuguesa, entre otros estado del país, acudirán hoy al Tribunal Supremo de Justicia, ubicado en Caracas, para adherirse al amparo constitucional que ordenó, el 6 de junio, el retiro y sustitución de implantes gratuitos a las personas portadoras de las prótesis elaboradas por la compañía francesa Poly Implant Prothèse (PIP), prohibidas luego de confirmarse que no cumplieron con los requisitos sanitarios y emplearon un gel no autorizado.
Bajo el lema “Nuestra urgencia es real”, la Asociación Civil de Mujeres Venezolanas Afectadas por PIP realizaron una invitación a todas las portadoras para unir fuerza a la demanda legal interpuesta por la Defensoría del Pueblo y que, luego de ser aprobada por el TSJ, deberá ser costeada por clínicas, cirujanos y empresa distribuidora.
“Nos concentraremos a las 11:00 de la mañana y luego entraremos al TSJ. Vamos a vestir de rosado con marrón y, además del documento de adhesión, introduciremos una carta de agradecimiento a las autoridades judiciales por la decisión que tomaron a nuestro favor”, expresó Adriana Bavaresco, integrante de la asociación.
Gilberto Andrea, abogado de las afectadas, indicó que el documento de adhesión permitirá demostrar la unión a la causa y fortalecer la decisión tomada por la Sala Constitucional del TSJ. “Presentarán pruebas médicas de la situación que van a reforzar y agilizar el proceso para el cumplimiento de la medida, porque hay casos de urgencia sanitaria. Las que no viajen podrán enviar un poder para ser representadas”, dijo.
La Asociación de Afectadas PIP explicó que quienes no puedan viajar deben enviar un correo a larapip@hotmail.com con datos como nombre completo, cédula, ciudad y número de teléfono.
“Nosotras enviamos sus datos al doctor Andrea, quien luego nos hará llegar el poder mediante una empresa de envío. Lo llevaremos a la notaría y allí nos informarán el día que la afectada debe ir a firmar. El documento debe llevarlo cada afectada a la notaría publica, decir que es un documento para un amparo constitucional y que en la Ley de Amparo constitucional dice que todo documento que tiene que ver con amparo es gratuito, por lo tanto no deben cobrarles”, manifestó la asociación en un documento oficial.
“Nos vamos a hacer parte de todas las causas que nos atañen como colectivo. A dejar claro que nuestra urgencia es real y que las afectadas somos gente de carne y hueso, que tenemos nombre y apellido, vamos todas a adherirnos al Recurso de Amparo Constitucional”, dijo Bavaresco.
Sobre el protocolo de atención para la ejecución de las intervenciones, Larry Davoe, director general de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, informó que solo están a la espera de que sea anunciado. “Hemos estado trabajando en esto, pero cada órgano tiene sus asignaciones y corresponde al Ministerio de Salud indicar el inicio de la distribución del protocolo”, señaló.
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