martes, junio 19, 2012

VENEZUELA: Defensoría asumió caso de afectadas por biopolímeros


AVN.- La Defensoría del Pueblo atenderá el caso de las mujeres y hombres afectados por la inyección de biopolímeros, y lo asumirá con carácter de prioridad, de acuerdo con declaraciones del director general de Servicios Jurídicos de la Defensoría, Larry Devoe, citado en una nota informativa del organismo estatal.

“En primer lugar, debemos diseñar los mecanismos más idóneos para atender a las personas afectadas, luego debemos trabajar en la sanción para los responsables y, finalmente, en las estrategias para hacer efectiva la prohibición sobre el uso de estas sustancias en nuestro país”, indicó, en referencia a una resolución emitida por el Ministerio para la Salud, en diciembre de 2011, que ilegalizó la práctica de inyectar biopolímeros para agrandar glúteos y otras partes del cuerpo.

Tras reunirse con representantes del movimiento No a los Biopolímeros, que agrupa a más de 920 mujeres afectadas, Devoe dijo que la Defensoría acordó convocar al Ministerio para la Salud, el Ministerio Público y la Asamblea Nacional, con el objetivo de instalar una mesa de trabajo interinstitucional que defina soluciones de acuerdo con la competencia de cada organismo.

Las voceras del citado movimiento quieren que el Estado precise medidas contra los distribuidores y las estéticas que aún se siguen lucrando con el procedimiento. Además, que se haga efectiva la prohibición absoluta de la comercialización y uso de biopolímeros para evitar más perjuicios y que se diseñen los mecanismos para que las afectadas tengan acceso gratuito a los tratamientos e intervenciones quirúrgicas orientados a corregir el problema.

Consecuencias nefastas, como la migración de la sustancia hacia otras partes del cuerpo, en forma de tumores o infecciones, por mencionar las más comunes, e incluso la muerte de muchas mujeres, hicieron que estas sustancias fueran prohibidas desde hace más de 10 años en Estados Unidos y países de Europa.

En las estéticas, estas sustancias son promocionadas con nombres que enmascaran la realidad, como Biofil, Polifil, Polifil Metacrilato, Biosiluet, Metacol, PMMA o células expansivas, pese a que en realidad se trata de sustancias no biodegradables, derivadas del petróleo, que son objeto de uso industrial para rellenar cauchos, entre otras aplicaciones.

De lograrse una salida como la que proponen las activistas de No a los Biopolímeros, sería el segundo caso en el que el Estado venezolano interviene en un problema de salud pública relacionado con la industria de la estética. Apenas la semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un fallo en el que se obliga a las comercializadoras y clínicas responsables de la colocación de miles de prótesis mamarias PIP a retirar gratuitamente aquellos implantes con defectos de fabricación.

“Este es un problema de salud pública de graves consecuencias, por ello celebramos que el Estado nos esté apoyando. Esperamos que este tema sea asumido de manera urgente por todas las instituciones con competencia, para ayudar a las personas perjudicadas ”, apuntó Taylée Castellanos, coordinadora de la campaña, tras el encuentro con la Defensoría del Pueblo.

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