Luis Ángel Pérez Gómez*/excelsior
La batalla femenina por ejercer su derecho de voto y decisión empezó formalmente con la publicación de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791) y en nuestro país existen registros que muestran que desde el siglo XIX las mujeres ya demandaban ciudadanía, justicia y equidad política.
La lucha por conseguir el voto ciudadano de las mujeres mexicanas continuó durante varias décadas, pero no fue sino hasta el 17 de octubre de 1953, cuando las mujeres consiguieron lo que tanto habían deseado: el voto. Se consumaba un sueño, se atendía una demanda de género y se emprendía una nueva cruzada contra la discriminación, marginación e inequidad. Hoy las mujeres del mundo entero son líderes dinámicas y firmes defensoras del cambio; sin embargo, el espacio y la apertura para su liderazgo y participación política aún es limitado.
El papel familiar, social y político de la mujer ha cambiado drásticamente durante las últimas décadas. Pasó, de ser un individuo abocado a la vida familiar y a la procreación, a incorporarse activamente al mundo de la productividad, la competencia e insertarse en la vida política del país. Su presente ya no es su pasado, pero su futuro dista mucho de su condición actual.
De acuerdo con la ONU Mujeres, México ocupa el lugar 31 de 143 al evaluar y medir el porcentaje de escaños y curules que ocupan las mujeres en ambas cámaras legislativas. En la de Diputados tienen solamente 142 curules de 500 y en la de Senadores tan sólo 29 de 128 escaños. Para corregir las distorsiones del mercado político se han creado y aplicado las cuotas de género; no obstante, hemos observado cómo siempre existe la manera de evadir la legislación e imponer intereses antes que el equilibrio y la equidad democrática. Las cuotas de género son necesarias, mas no suficientes. Necesitamos mecanismos que garanticen la calidad y no sólo la cantidad, reformas que propaguen la profundización de la democracia y no sólo obliguen a cubrir un objetivo de equidad.
El sufragio femenino va más allá del derecho a emitir el voto durante cada proceso electoral; significa el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el empoderamiento de las mujeres como dignas representantes de una democracia y el entendimiento de que sin la participación activa de las mujeres en todos los niveles de gobierno no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.
El progreso de una democracia depende en gran medida de la existencia de una auténtica asociación entre hombres y mujeres que actúen con igualdad y complementariedad, es decir, nuestra democracia debe crecer y enriquecerse a partir de nuestras diferencias.
* Estudiante de Economía y Finanzas del ITESM CEM, presidente de la Sociedad de Alumnos en Economía (SALEC), escritor de La Revolución del Pensamiento y de la revista universitaria Espacio Latinoamericano.
@LuisAngel_Perez
No hay comentarios:
Publicar un comentario