Por Yurién Portelles *(PL) Siempre distantes se las ve, en una dinámica monótona que parece no tener fin. Al amanecer, calladas marchan con su hijo a las espaldas, a encontrarse con el azadón mientras el sol ilumine las manos.
Son las mujeres rurales de América Latina y el Caribe, quienes laboran 22 horas semanales más que los hombres y siete más que las féminas de las ciudades, una cifra evidente de las brechas que las separan del resto de sus congéneres en pleno siglo XXI.
El III Encuentro de la Red Latinoamericana y Caribeña de Mujeres (EnLac), presidido por Luz Haro, coordinadora nacional y miembro de la agrupación regional, puso sobre el tapete aquellos rezagos que perturban aún el acceso al desarrollo de quienes viven más cerca de donde salen los frutos.
La tenencia de la tierra, el poco o nulo acceso al agua, la violencia en todas sus manifestaciones, la negación de derechos básicos, la desigualdad en los salarios con respecto a los hombres, son flagelos comunes de los que intentan librarse al intentar posicionar estos temas en las agendas políticas nacionales e internacionales.
Para las participantes en este foro, la ausencia de políticas públicas constituye la esencia del problema de las mujeres rurales, ya que al no ser consideradas como actores sociales, se invisibilizan sus luchas por la supervivencia y se las margina.
Esta situación redunda en la persistencia de las causas que ocasionan su atraso crónico y también permite la legitimación del avance arrasador de las transnacionales por sobre sus territorios, muchos de estos ancestrales, en la mayoría de los casos con consecuencias nefastas para el medioambiente.
EXPERIENCIAS COMPARTIDAS
En el III Enlac, realizado del 6 al 9 de marzo, más de 200 participantes de 16 países intercambiaron experiencias a fin de llegar a acuerdos que posicionen sus reclamos urgentes.
Lucida Quipealaya, de la Coordinación regional del Enlac en Perú, señaló a Prensa Latina que los temas más sensibles afectan por igual a las mujeres de la región, como son la pobreza, la desnutrición, la falta de acceso a la educación y la salud.
Sin embargo, dijo, las mujeres aportan el 70 por ciento de los alimentos que se consumen en sus países, trabajan la tierra, cuidan sus niños, los ríos y tienen iniciativas para solucionar muchos de los problemas por ellas padecidos.
La salvadoreña Dora Elizabeth Nieto afirmó que la situación actual de las campesinas en la región se debe a la inexistencia de estrategias gubernamentales sobre el agro, lo cual implica la falta de reconocimiento legal y deriva en el poco o nulo acceso de ellas a la participación en la vida socioeconómica de sus países.
Otro de los grandes temas ignorados, dijo, es el de la violencia contra las mujeres agricultoras porque al desconocer marcos legales para la defensa de sus derechos, no registran los casos y como resultante no existen estadísticas de este flagelo que las azota también.
Flora Elsa Cruz, líder de la provincia argentina de Jujuy, reiteró a Prensa Latina que este encuentro permitió fortalecer el movimiento de mujeres rurales en la región; su lucha tiene puntos comunes, entre estos el acceso a la tierra, el cual considera fundamental.
URGENCIA DE POLITICAS PUBLICAS
Durante los debates en Santo Domingo, las participantes coincidieron en que si fueran equitativos los ingresos de ellas y los derechos a créditos y a tierras, reduciría entre 100 y 150 millones el número de niños desnutridos en el mundo.
Los datos de organismos internacionales confirman una relación directamente proporcional entre los altos niveles de igualdad y género con respecto a la elevada productividad.
Las delegadas, en la declaración final de esta reunión, refirieron la necesidad de que se recuperen y conserven semillas nativas frente al uso de transgénicos.
Reclamaron garantizar el acceso de todas las mujeres rurales al seguro social campesino y generar estadísticas oficiales con enfoque de género sobre la situación de ellas en cuanto a salud, violencia, producción, comercialización y participación política.
El informe final señala la urgencia de políticas públicas para la entrega de tierras a las mujeres del campo y la abolición de las condiciones de pobreza en que viven mayoritariamente, además de reducir brechas del ingreso económico con respecto al de los hombres por el mismo oficio.
Indica que la intensiva explotación minera en sus territorios por parte de transnacionales, el desplazamiento forzoso a causa de conflictos sociales y la inequitativa comercialización de sus productos, demandan atención de los gobiernos nacionales y locales con financiamiento público para revertir estos procesos.
Señala que la pérdida de riquezas naturales, el calentamiento global, la escasez y contaminación del agua les recuerdan el derecho humano al acceso a los recursos de la tierra, y en especial demandaron que el agua sea declarada patrimonio de los pueblos, iniciativa que presentarán en la conferencia Río+20.
La Declaración final explica que el modelo sociocultural machista y patriarcal imperante en esta área geográfica es portador de la sumisión y de estereotipos sobre género, convertidos en barreras que impiden el acceso a espacios civiles y dan paso a la postergación de la conclusión de planes inmediatos.
Por otra parte, se advierte que la falta de acceso a la información y a las tecnologías de la comunicación y el desconocimiento de los derechos de las mujeres rurales, aisladas del conocimiento, les impiden proyectar su cotidianidad y desempeñar su papel social.
Ante la persistencia en el tiempo de varios de estos azotes, las campesinas clamaron por políticas públicas con financiamiento gubernamental para la mitigación del cambio climático, con programas y proyectos financiados que, además, incorporen sus demandas de merecer la titulación de tierras en igualdad de condiciones.
Exigieron, entre otros acuerdos, la adopción de Reformas Agrarias que garanticen la tenencia de la tierra, no solo de la capa cultivable, sino del subsuelo, e hicieron énfasis en la necesaria agricultura familiar y el enfoque de género para enfrentar la falta de oportunidades.
Las participantes acordaron elevar la posición de la Red Latinoamericana y Caribeña de Mujeres Rurales a la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible Río+20 que se realizará este año en Brasil.
Entre de las iniciativas emanadas de este foro figura la solicitud a la ONU para que declare la Década de las Mujeres Rurales a fin de reivindicar derechos y reconocer su participación en las transformaciones sociales.
Un nuevo balance de cuánto avanzarán está previsto durante el IV Encuentro regional, con sede en Panamá en el 2017, una fecha un poco distante en el tiempo que podría diluir la fuerza más reciente acopiada entre ellas para impulsar su batalla con vistas a obtener al menos la tierra, primero que todo.
*Corresponsal de Prensa Latina en Ecuador.
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