sábado, diciembre 10, 2011

La paz necesita de las mujeres afganas

AmecoPress. Durante los últimos diez años y tras el del derrocamiento de los talibanes en Afganistán, ha habido algunos avances: el acceso de las niñas a la educación ha aumentado, al igual que la representación de las mujeres en el Parlamento. Con la nueva Constitución, las mujeres y los hombres tienen la misma condición jurídica. No obstante, estos avances podrían verse gravemente comprometidos si el gobierno afgano y sus socios internacionales acceden a entablar un proceso de reconciliación y negociaciones de paz con los líderes de los talibanes y otros grupos insurgentes sin velar por que se establezcan mecanismos para garantizar los derechos humanos y en especial, los derechos de las mujeres. Amnistía Internacional ha desarrollado una campaña y he elaborado un informe para concienciar sobre esta situación y exigir que se garantice la participación de las mujeres en los procesos de negociación de la paz.

Muchas mujeres afganas temen que en la consecución de un acuerdo con los líderes talibanes se sacrifiquen sus derechos. En las zonas actualmente bajo su control, los talibanes continúan restringiendo gravemente los derechos humanos de las mujeres. Han lanzado un ataque concertado contra la educación de las niñas y asesinado a mujeres que habían destacado en la vida pública.

Representación de las mujeres

Las defensoras de los derechos humanos y las líderes afganas ven con preocupación la falta de representación de las mujeres en los órganos decisorios de alto nivel, como el Consejo Superior para la Paz, establecido para negociar con elementos de los talibanes. Hasta la fecha, sólo se ha designado a 9 mujeres para este órgano de 70 miembros.

Es esencial que las mujeres tengan representación significativa en los órganos decisorios, incluido el Consejo Superior para la Paz, y que sus motivos de preocupación queden plenamente reflejados. Se debe garantizar una representación adecuada con respecto al género en todos los equipos de negociación, incluidas la jirgas (consejos tribales) de paz, y fijar un cupo mínimo del 25 por ciento para las mujeres, conforme a la garantías constitucionales de representación de las mujeres.

Entre las personas asistentes a la conferencia sobre Afganistán celebrada en Londres, Reino Unido, en enero de 2010 no hubo casi ninguna mujer. La Red de Mujeres Afganas observó: “No se designó oficialmente a mujeres afganas para contribuir a las decisiones ni para negociar las conclusiones. En un acto que se extendió a lo largo de todo un día y en el que participaron más de 70 países había sólo una mujer afgana incluida en el orden del día oficial para que hablara”.

El 5 de febrero de 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó honda preocupación por la exclusión de las mujeres afganas de la conferencia de Londres y la ausencia de estrategias claras para proteger los derechos de las mujeres en el proceso de debate conducente a las negociaciones con representantes de los talibanes.

Las activistas y defensoras de los derechos humanos tuvieron más éxito, en cambio, a la hora de asegurarse su participación en la Jirga de Paz de junio de 2010, en la que el 20 por ciento de los participantes fueron mujeres.

Es esencial garantizar que las líderes comunitarias y las activistas de los derechos humanos pueden participar de manera significativa en el proceso de reconciliación. De lo contrario, las mujeres y las niñas afganas tendrán razones para temer las posibles consecuencias de la firma de un acuerdo político con los talibanes. No sólo tienen derecho a estar ahí, sino que además su participación en los procesos formales de paz ayudará a salvaguardar los derechos de las mujeres y las niñas y a consolidar una paz sostenible.

Garantías de los derechos

El gobierno afgano ha manifestado que los combatientes talibanes que participen en la reconciliación deben renunciar a la violencia, cortar los lazos con Al Qaeda y aceptar los principios de la Constitución afgana, que prohíbe la discriminación y dispone que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. La Constitución garantiza también el derecho a la educación de todos los afganos y afganas y la representación política de las mujeres en el Parlamento.

Sin embargo, muchas mujeres temen que las garantías constitucionales de sus derechos no sean suficientes, porque no han protegido los derechos de las mujeres anteriormente y porque, además, las constituciones pueden reformarse. La Constitución afgana brilla más por su incumplimiento que por su observancia.

El compromiso de respetar la Constitución debe ir acompañado de claros parámetros de referencia con que verificarlo y de una vigilancia constante de la conducta de todas las partes en el acuerdo alcanzado. Este requisito debe aplicarse a todos los grupos contrarios al gobierno afgano, así como a las milicias aparentemente aliadas con él.

Por qué la Paz necesita de las mujeres

Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres, apunta cuatro razones por las que la participación de las mujeres hace posible una paz mejor:

– La participación de las mujeres amplía el proceso de paz alcanzando a un sector más amplio de la población, más allá de las partes querellantes. Hace participar a las personas que pueden garantizar una amplia aceptación social y compromiso con el acuerdo de paz.

– Si se da respuesta a las inquietudes específicas de las mujeres, se puede conseguir una vuelta más rápida al Estado de derecho. Si se deja saber que hay una tolerancia cero a la violencia contra las mujeres, se puede comenzar a abordar la impunidad de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

– La participación de las mujeres en todos los aspectos de la consolidación de la paz, incluyendo los procesos de desarme, la justicia de transición y las comisiones de reforma constitucional, garantizará que una mayor diversidad de opiniones se vea reflejada en la toma de decisiones.

– La atención que se preste a las necesidades de las mujeres en las situaciones posconflicto puede contribuir a la recuperación económica. Un conflicto produce un incremento de familias con una mujer a su cabeza. Si estas mujeres no tienen un medio de vida, su pobreza puede empeorar. Si tienen algún grado de seguridad económica, harán rápidamente inversiones en el bienestar y en la educación de los niños, en crear una seguridad alimentaria y en reconstruir las economías rurales.

Reclamaciones de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional insta al gobierno afgano y a sus socios de la fuerza internacional de asistencia para la seguridad y Estados Unidos a que garanticen el respeto a los derechos humanos de las mujeres y el compromiso con la inclusión y la participación de las afganas en el proceso de paz.

Para ello, el gobierno afgano y los grupos insurgentes deben comprometerse a cumplir las obligaciones contraídas por Afganistán en materia de derechos humanos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y su legislación interna.

También debe garantizarse que todo acuerdo político que se alcance incluye parámetros de referencia verificables con que determinar que las partes cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos; por ejemplo, documentando: las tendencias en la asistencia a la escuela –especialmente de las niñas–, en el acceso de las mujeres a la atención de la salud y en la mortalidad materna y la salud infantil, y la capacidad de los trabajadores humanitarios y los activistas de la sociedad civil –en particular las defensoras de los derechos humanos de las mujeres – de desarrollar sus actividades en zonas bajo el control respectivo de las partes.

Es necesario que las conversaciones de reconciliación den cabida y reflejen a toda la sociedad civil afgana, incluidas las minorías, las mujeres y la comunidad empresarial. Las mujeres afganas deben estar representadas de manera significativa en las etapas de planificación y durante las conversaciones de reconciliación, conforme a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU.

AI exige que las conversaciones de reconciliación hagan imposible la impunidad de las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de guerra y que se incorpore a la estrategia de reconciliación un sólido mecanismo de vigilancia para garantizar que no se violan derechos humanos durante el proceso de reconciliación ni después de él.

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