En proceso irregular, lleva casi 3 años sin sentenciaOrganizaciones civiles exigieron a las autoridades de Guerrero que liberen de forma inmediata a Virginia, indígena náhuatl que desde hace dos años y 10 meses está presa, acusada de homicidio en razón de parentesco, tras sufrir un aborto espontáneo durante el tercer trimestre de gestación.
En un comunicado, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Colectivo Nosotras y la organización guanajuatense Las Libres, informaron que la originaria de Huamixtitlan, Guerrero, fue denunciada por los prestadores de los servicios de salud, a donde llegó después de varias horas de sufrir una caída en su casa que no le permitió levantarse.
En abril de 2006 Virginia fue trasladada a un hospital en Puebla, luego los médicos la denunciaron ante el Ministerio Público (MP). El personal de salud la acusó de inducirse el aborto porque el útero de la indígena náhuatl sufrió desgarres. Ahí comenzó “su calvario”.
En ese mismo mes las autoridades catearon sin orden judicial la casa de la guerrerense y encontraron rastros de que la indígena tuvo una hemorragia, así como al producto sin lesiones, ni evidencia de la causa de muerte. No se practicó la necropsia para conocer la causa del deceso.
A pesar de no tener evidencia, el MP inició la averiguación contra Virginia por el delito de homicidio en razón de parentesco, sin proporcionarle un traductor y un defensor que conozca su cultura y costumbres, pues esta mujer sólo habla y entiende su lengua.
En un proceso colmado de irregularidades, en febrero de 2009 la indígena náhuatl fue detenida sin orden de aprehensión e internada en el Centro de Readaptación Social en Tlapa, Guerrero, porque en Huamuxtitlan no hay reclusorio.
Siete meses después, el Tribunal de Apelación ordenó auto de formal prisión en contra de Virginia por el delito de homicidio en razón de parentesco.
Desde entonces, han pasado dos años y 10 meses sin que la guerrerense reciba sentencia, por lo que apoyada por organizaciones civiles, en abril de 2011 su defensa interpuso un amparo indirecto en el que enunciaron las múltiples violaciones a los derechos de Virginia.
De acuerdo con las organizaciones, el Tribunal de Apelación la declaró culpable ignorando que la indígena fue juzgada sin entender el proceso porque no le proporcionaron un traductor.
Además los testimonios utilizados para responsabilizarla “carecen de eficacia”, como los de los peritos que participaron en “el cateo inconstitucional”. De igual modo, uno de los testigos es el hijo de Virginia, quien al momento de su declaración tenía 4 años de edad y fue forzado por una de sus tías. Tampoco se comprobó la causa de muerte del producto porque no se realizó la necropsia.
En respuesta a estos señalamientos, el juez federal que resolvió el amparo indirecto ordenó al juez mixto de Primera Instancia en Huamuxtitlan que reponga el proceso, y mediante una necropsia compruebe las causas de la muerte del feto.
En este escenario, las organizaciones demandaron que el juez mixto dicte sentencia absolutoria a Virginia y ordene su libertad inmediata. Además piden que su caso “sea revisado a la luz de la legislación y los tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres indígenas”.
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