Sandra ChaherArtemisa Noticias El debate por la legalización del aborto en la Cámara Baja del Parlamento Nacional continuará el próximo año con nueva formación legislativa, luego de las tres audiencias públicas en las que expusieron referentes internacionales que promovieron que el mismo fuera aprobado.
El 30 de noviembre del 2010 se produjo la primera audiencia pública convocada por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputadas/os para debatir los proyectos sobre interrupción del embarazo presentados a esa comisión, fundamentalmente el de legalización de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. A esa reunión fue invitada Mariane Mollman –investigadora y directiva de la organización internacional Human Right Watch (HRW)- quien planteó, entre otros conceptos, que 'la penalización del aborto es incompatible con los derechos humanos' y 'no sólo trae consecuencias graves para la salud y la vida de la mujer que necesita interrumpir su embarazo, sino también crea un problema de salud pública' porque da lugar a 'prácticas clandestinas e inseguras que durante décadas han constituido una de las principales causas de mortalidad materna en la Argentina'. La opinión de Mollman está fundamentada en dos investigaciones sobre derechos sexuales y reproductivos que hizo HRW en Argentina y que ella presidió.
En julio del 2011 se realizó la segunda audiencia convocada por la Comisión de Legislación Penal, a la que asistió Luz Patricia Mejía - presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos- cuyo aporte fundamental al debate fue señalar que la legalización del aborto encaja perfectamente dentro del marco de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica). 'La legalización del aborto no es contraria a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Cuando la Convención dice que el derecho a la vida estará protegido a partir del momento de la concepción, se aclara que es ‘en general’. Esto se hizo así para que los Estados que en el momento de la sanción de la Convención tenían el aborto legalizado pudieran formar parte de la misma', afirmó Mejía en esa presentación, dejando así archivado de una vez el principal argumento jurídico de los sectores conservadores para oponerse a la legalización del aborto.
El 30 de noviembre del 2010 se produjo la primera audiencia pública convocada por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputadas/os para debatir los proyectos sobre interrupción del embarazo presentados a esa comisión, fundamentalmente el de legalización de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. A esa reunión fue invitada Mariane Mollman –investigadora y directiva de la organización internacional Human Right Watch (HRW)- quien planteó, entre otros conceptos, que 'la penalización del aborto es incompatible con los derechos humanos' y 'no sólo trae consecuencias graves para la salud y la vida de la mujer que necesita interrumpir su embarazo, sino también crea un problema de salud pública' porque da lugar a 'prácticas clandestinas e inseguras que durante décadas han constituido una de las principales causas de mortalidad materna en la Argentina'. La opinión de Mollman está fundamentada en dos investigaciones sobre derechos sexuales y reproductivos que hizo HRW en Argentina y que ella presidió.
En julio del 2011 se realizó la segunda audiencia convocada por la Comisión de Legislación Penal, a la que asistió Luz Patricia Mejía - presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos- cuyo aporte fundamental al debate fue señalar que la legalización del aborto encaja perfectamente dentro del marco de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica). 'La legalización del aborto no es contraria a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Cuando la Convención dice que el derecho a la vida estará protegido a partir del momento de la concepción, se aclara que es ‘en general’. Esto se hizo así para que los Estados que en el momento de la sanción de la Convención tenían el aborto legalizado pudieran formar parte de la misma', afirmó Mejía en esa presentación, dejando así archivado de una vez el principal argumento jurídico de los sectores conservadores para oponerse a la legalización del aborto.
La tercera audiencia pública, propuesta inicialmente para unos días antes de las elecciones nacionales del pasado 23 de octubre, se concretó finalmente el martes 1 de noviembre. Luego de varias horas de debate, parecía que se había logrado un dictamen de mayoría a favor del proyecto de legalización de la Campaña, pero al día siguiente esto fue desmentido por Vega, presidente de la Comisión. Un nuevo intento de obtener dictamen se produjo 10 de noviembre cuando Vega convocó también a debatir a las comisiones de Acción Social y Salud y de Familia, Mujer y Minoridad, pero sus integrantes no acudieron.
El debate pasó así para el año 2012 cuando deberá ser retomado con nueva formación parlamentaria y con una nueva presentación del proyecto de legalización de la Campaña, que vence en marzo de ese año. La evaluación que hacen en la Campaña de los dos años de atravesó el proyecto en la Cámara Baja es más que positiva: 'La despenalización y legalización del aborto ya está en debate. La Campaña es impulsora y protagonista del mismo, estuvo, está y estará con presencia en todos los debates sobre despenalización y legalización del aborto que se desarrollen dentro y fuera del Parlamento. Seguimos en Campaña, seguimos fortaleciendo en todas las instancias el compromiso y fuerza necesaria para que el cambio social operado en nuestro país respecto a la ilegalidad del aborto se transforme en un cambio de Ley, que de cuenta y respete las decisiones que las mujeres toman cotidianamente sobre su sexualidad y reproducción. Por esto ratificamos el esfuerzo permanente por la implementación de las leyes de Educación Sexual Integral, y la vigencia plena del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, por la pronta sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo' señalaron en un comunicado reciente.
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