José Adán Silva(IPS) Un caso de violación a una joven que se convirtió en emblemático en Nicaragua, fue transformado por el máximo tribunal del país en un delito producto de "un arrebato" del agresor, en un fallo este viernes 22 al que se le atribuye connotaciones políticas.
"No hay excusas. Es un mal precedente para la justicia nicaragüense que un delito tan grave contra una mujer, para el máximo tribunal sea un caso menor y beneficie a un violador", dijo a IPS Juana Jiménez, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, una de las organizaciones que realizaron una vigilia de protesta por el dictamen.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rebajó de ocho a cuatro años la pena a Farinton Reyes por la violación de Fátima Hernández, bajo el argumento de que en la agresión sexual no se demostró violencia y fue "bajo un estado de arrebato por el alcohol", con la "colaboración permisiva" de la víctima, ya que tomó con él unas cervezas.
Además, ordenó la liberación de Reyes, que llevaba 18 meses en prisión, con base en una serie de atenuantes, como falta de antecedentes, buena conducta o carencia de premeditación dolosa, que contempla el Código Penal para reducir las condenas.
Paradójicamente, el CSJ lanzó con boato hace menos de un mes el programa "Mujer no estás sola", que pretende combatir la violencia sexista contra la mujer y el mismo viernes anunció que en octubre realizará un seminario enfocado en la violencia sexual, que es la tercera causa de atención médico legal en el país.
El fallo de un caso que adquirió especial notoriedad por la determinación de Hernández en demanda de justicia y por las vinculaciones del agresor con el poder político, fue rechazado por activistas de derechos humanos, juristas independientes y organizaciones feministas, que han apoyado a la joven durante el proceso.
Después de diferentes protestas, que incluyeron 25 días en huelga de hambre, Hernández, de 23 años, logró que en junio de 2010 un tribunal sentenciase a Reyes a ocho años de prisión por violación agravada, ocurrida la noche del 25 de julio de 2009, cuando ambos eran compañeros de trabajo en el Ministerio de Gobernación.
En diciembre el Tribunal de Apelaciones de Managua rebajó la sentencia a seis años, y poco después los abogados de Reyes demandaron a la CSJ que anulase esa sentencia y lo declarase inocente, mientras los de Hernández pidieron confirmar la de primera instancia.
Llamativamente, el Ministerio Público apoyó a Reyes "por dudas razonables" que no tuvo durante el proceso en primera instancia en que fue condenado.
En el fallo inapelable en instancias nacionales, organizaciones feministas y analistas políticos coinciden en ver un trasfondo político, porque Reyes es miembro del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al igual que su madre, Xiomara Larios, una famosa exatleta con muchas conexiones en los diferentes poderes.
La ponente de la sentencia fue la magistrada Juana Méndez, ligada al izquierdista FSLN, y que en diciembre de 2001 ya se hizo famosa por ser la autora de otra sentencia sobre agresiones sexuales contra una mujer, que tuvo determinantes implicaciones políticas.
Entonces, la CSJ sobreseyó toda causa contra el actual presidente y entonces diputado y líder del FSLN, Daniel Ortega, por las acusaciones de su hijastra, Zoilamérica Narváez, de que había sido víctima suya de abusos, violación y acoso sexual, desde 1978, cuando tenía 11 años, hasta 1998.
El sobreseimiento se produjo con base a que el periodo para iniciar una acción penal por los alegados delitos ya había prescrito, y allanó el camino para que Ortega volviese al poder en 2007, después de haber gobernado el país entre 1985 y 1990.
El principal abogado defensor de Reyes es Ramón Rojas, el mismo que representó al presidente Ortega en su causa ante la CSJ.
Méndez alegó al explicar el fallo que este reconoce que Reyes "sí cometió un delito, pero sin previa planificación o dolo" y que "la víctima fue permisiva", ya que departió con él y habría ido voluntariamente al lugar de la agresión, algo desmentido por Hernández.
"Lo que hubo fue un exceso en el acto sexual", aseguró.
El dictamen contó con el voto disidente de la magistrada Yadira Centeno que en su fundamentación calificó la reducción de la pena como "antijurídica".
Aseguró que a la luz de los hechos y de todo lo alegado "no encuentro demostrado que su proceder (el de Reyes) haya sido producto de una relación violenta o de un estímulo tan poderoso que haya minado su voluntad, de manera que disminuya su imputabilidad y por ende venga a disminuir su pena".
Vilma Núñez, presidenta del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo a IPS que en el dictamen de la CSJ se violaron elementales procedimientos que favorecen a la víctima ante el agresor, sobre todo porque se comprobó que sí se cometió el delito de violación.
"Hay una víctima, un victimario, un delito, una pena, evidencias, testigos, pruebas, pero la Corte valoró sobre su criterio, que el reo debía salir libre y que ella era en cierto modo culpable de permitir el delito. Es inaudito", dijo Núñez.
La activista consideró "gravísimo" para las mujeres nicaeraguenses agredidas el precedente de "víctima colaboradora" o que el CSJ considere que es un atenuante si la violación es fruto de un "arrebato" que provoca un estado de "furor" y "excitación" sexual.
Hernández descontaba que el máximo tribunal no mantendría la condena a ocho años, pero saber que Reyes quedará libre le causó "un fuerte impacto emocional", que la obligó a volver al hospital, donde ha ingresado varias veces desde 2010, la última a fines de junio tras 12 días de nueva huelga de hambre frente a la CSJ.
Su padre, Esteban Hernández, dijo que ella no estaba en condiciones de dar declaraciones, pero que cuando se reponga fijará su posición en una comparecencia con sus abogados y activistas de derechos humanos nacionales e internacionales.
"Solo sé decirle que ella pese a la debilidad de salud, se mantiene firme y digna para seguir demandando justicia, aunque eso nos cueste el exilio", dijo a IPS.
Antes del fallo, la joven afirmó que si le era adverso podría aceptar asilo político ofrecido por un país no identificado y recurriría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para iniciar el proceso que le permita sentar en el banquillo al Estado de Nicaragua en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogados y familiares de Reyes no respondieron a las solicitudes de pronunciamiento hechas por IPS y medios informativos locales.
Según cifras del Instituto de Medicina Legal, en los primeros cinco meses del año se reportaron un promedio de 14 casos diarios de violencia sexual contra mujeres en Managua.
En 2010, en este país de 5,8 millones de personas se registraron 89 asesinatos de mujeres, la casi totalidad feminicidios o muertes por razones de género. Durante los primeros cinco meses de 2011, las mujeres asesinadas fueron 40.
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