Sara Lovera(SEMlac).- Una decisión de Estado, para modificar la ley que regula las relaciones obrero-patronales en México desde 1931, podría afectar gravemente el futuro de al menos 40,5 millones de mujeres que participan en alguna actividad económica.
Entre otros puntos, la iniciativa no reconoce la labor doméstica; se propone el trabajo por horas, a sabiendas de que a ellas se les daría salario de 50 centavos de dólar la hora y que realizan trabajos precarios; están en la economía informal, en los subcontratos y sin derechos sociales.
El abogado Manuel Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, señaló a SEMLAC que las mujeres son las más dañadas, no solo porque representan el mayor número de personas que producen la riqueza mexicana, sino porque la iniciativa crea un mecanismo que las margina más.
"Y encima, por razones de género, laboran cuatro horas diarias más que los hombres, por ser las únicas responsables del trabajo doméstico", remarcó el jurista.
"La iniciativa laboral representa un grave retroceso en los derechos de los trabajadores", dice Fuentes y agrega que "es una confabulación de esa fuerza política y de los dirigentes de las centrales sindicales oficialistas, añejas e identificadas como subordinadas al poder presidencial, independientemente del partido político de que se trate".
En entrevista con SEMlac, en medio de la celebración global del Primero de Mayo, Valeria Scorza, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC, afirmó que la propuesta afecta, expresamente, a las mujeres, pues plantea cambios en la contratación que las perjudican a ellas, siempre dispuestas para que "sus hijos no sufran".
Pretende adoptar períodos de prueba, durante los cuales, para obtener un empleo, las mujeres suelen ser hostigadas sistemáticamente o abusadas sexualmente. Igualmente propone legalizar la contratación de personal sin aprobación sindical, que en México se llama subcontratación, modalidad por la cual laboran miles de mujeres, sobre todo en empresas de limpieza y de los llamados call centers (centros de atención telefónica trasnacional).
En su opinión, la nueva iniciativa trata a las mujeres únicamente como madres, sin evaluar sus diferencias histórico/culturales, lo que reafirma su papel tradicional, subordinado y dependiente.
Sostiene que la mayor presencia de las mujeres en el trabajo global —remunerado y no remunerado— es resultado de un proceso en que ha ido ganando terreno el trabajo paupérrimo, además del llamado 'familiar no remunerado'.
Las mujeres representan el 53,7 por ciento de la fuerza productiva del país superando, por primera vez, a los hombres en las estadísticas de la ocupación y el trabajo.
La Encuesta Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de las Mujeres sostiene que las madres trabajadoras en México suman 8,5 millones, lo cual representa más de la quinta parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y 63 por ciento de la población económicamente activa femenina.
Un texto firmado por más de 300 organizaciones sostiene que la propuesta menoscaba derechos fundamentales, como el de estabilidad en el empleo, salario remunerador, condiciones de trabajo dignas, seguridad social y el de libertad sindical, a cambio de que no sean trastocados los intereses de dirigentes sindicales tradicionales, que estos sigan manteniendo el control de la clase trabajadora y continúen usufructuando a los sindicatos como negocio.
La propuesta, que es impulsada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en complicidad con el gobernante Partido Acción Nacional (PAN), será debatida en audiencias públicas y podría aprobarse en las próximas semanas.
El proyecto ya se discutió en comisiones y fue parado por amplios sectores que, desde hace cuatro semanas, han tomado las calles y quieren evitar que se anulen los derechos laborales y se derribe la intervención de la actividad sindical independiente y democrática. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos encabeza las protestas.
El ingreso masivo de mujeres al trabajo llamado productivo creció en forma exponencial en la década del setenta del siglo pasado, cuando se crearon las empresas maquiladoras de exportación. Actualmente, las trabajadoras están en puestos vinculados a las nuevas tecnologías de la comunicación.
Al mismo tiempo, siguen siendo un porcentaje muy alto en el trabajo de hogar, en los negocios de economía subterránea y en el cuidado de otras y otros, calificado este último por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como las labores que sostienen al capitalismo de nuestra época.
El 42,5 por ciento de las mujeres mayores de 14 años que realizan alguna actividad económica reciben un ingreso menor que los varones, o por hora trabajada, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, referida al período de 2005 a 2009.
La misma fuente indica que 94,8 por ciento de las mujeres que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), lo hace en la producción de bienes y servicios, marginadas de la industria.
Mientras, —añade el sondeo— dos terceras partes (64,8 %) de las mexicanas que laboran son subordinadas asalariadas, una cuarta parte (25,8 %) son trabajadoras independientes o empleadoras y 9,4 por ciento realiza alguna actividad sin recibir pago.
La encuesta destaca que el número de mujeres que desempeña un trabajo calificado supera al 68 por ciento de la población ocupada; es decir, ocho puntos porcentuales más que el de los hombres, cuyo indicador es de 60,4 por ciento, y agrega que, en años recientes, las mujeres lograron mayor acceso al sistema educativo, ya que en la actualidad 40 de cada 100 cuentan con algún grado de educación media básica.
En su entrevista con SEMlac, Scorza consideró que, pese a esto, el número de mexicanas con formación media o superior sigue siendo menor a los hombres, al representar 28,8 por ciento contra 34,4 por ciento de los varones.
Conforme a la encuesta, uno de cada cuatro hogares son dirigidos por una mujer, de estos 8,4 por ciento tiene menos de 30 años; 37,3 de 30 a 49 años; 20,9 de 50 a 59 años y una tercera parte son adultas mayores.
La iniciativa de Ley Federal del Trabajo pretende reafirmar violaciones que se realizan por empleadores desde hace dos décadas. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las mujeres sufren discriminación laboral por recibir salarios menores y por la constante segregación a labores mal pagadas o no reconocidas.
Pretensiones de la reforma laboral
La propuesta de Ley Federal del Trabajo, presentada el jueves 10 de marzo por el Grupo Parlamentario del PRI, integrado por 238 diputados, se suma a 329 iniciativas existentes en la Cámara de Diputados que piden modificar, adicionar o derogar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
La iniciativa más vieja acumulada se presentó en 1997 y, según información de la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados, ninguna fue discutida o debatida por el pleno. Solo una, propuesta por la diputada Marcela Lagarde, en 2005, propone una visión no discriminatoria para las mujeres.
Actualmente está archivada otra, presentada por la Unión Nacional de Trabajadores, que da mayor equilibrio, pero que no se ha discutido.
Con una trayectoria laboralista de más de 30 años, Fuentes agrega que la intentona afecta, sobre todo, la estabilidad en el empleo, ya que, de aprobarse el contrato de trabajo, dependerá exclusivamente de la voluntad del patrón y no de la existencia de la materia de trabajo.
Se terminaría la tradición mexicana de que el Estado es quien tutela los derechos de los trabajadores, según dice la Constitución, que protege el derecho al empleo, a un salario remunerador y al desarrollo de la clase.
Crea "Normas nuevas" dirigidas a los jornaleros agrícolas y referidas a un "Registro especial de trabajadores eventuales o de temporada" para justificar el despido libre y sin costo, en un país de agroindustria limitada, pero de amplio empleo.
Por otra parte, legaliza la contratación de terceristas —hoy ilegal—, permitiendo que los patrones no asuman sus obligaciones laborales y lo hagan por ellos los contratistas, materializándose "fraudes legales", lo que afecta principalmente a mujeres en zonas urbanas y en grandes consorcios, precisó el abogado.
Más grave aún es la desaparición del salario mínimo, con la creación del "salario infinitesimal", para que el sueldo se pueda pagar, de manera proporcional, por el tiempo laborado, sobre la base del salario mínimo; si se trabaja una hora diaria, se podrá pagar un octavo del salario mínimo, $7,47 pesos por hora (60 centavos de dólar). Así, a quien labore cuatro horas diarias, se le pagarían apenas $29,90 diarios (2,70 centavos de dólar), la mitad del salario mínimo.
De aprobarse la propuesta, legalizaría la subcontratación u outsorcing, reduciendo el costo de la fuerza de trabajo y permitiendo que, en una misma empresa, haya trabajadores con iguales funciones, con diferente salario y prestaciones. También afecta las condiciones de trabajo, con tareas, cambios de días de descanso y más horas en la jornada de trabajo, según las necesidades de producción.
A juicio del abogado Fuentes, esta reforma afecta a jóvenes y mujeres: los primeros representan cerca de 30 por ciento de la población del país, y ellas son ahora la mayoría laboral.
La crisis y el creciente desempleo, explica, permitirán mayor explotación en el trabajo con los jóvenes, salarios más bajos e incremento negativo de los accidentes laborales, ya que, al no tomarse medidas legales para evitarlos, no se otorgan facultades a inspectores para cerrar centros de trabajo, en caso de incumplimiento de normas de seguridad, sino que se establecen ridículas sanciones, no superiores a los 300 dólares por incumplimiento.
Además, la iniciativa carece de perspectiva de género, permitiendo se mantenga la inequidad, explotación y hostigamiento sexual contra las mujeres, coinciden las fuentes consultadas.
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